Enrique Parada Bello

Expediente 862/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de septiembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
862/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
27/09/2019

Partes del expediente

  • Enrique Parada Bello

Actuaciones

  1. Principal

    De la certificación secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el término legal para interponer recurso de queja contra el acuerdo por el que se desechó la demanda de amparo origen de este juicio, sin que la parte quejosa lo haya hecho valer; por lo tanto, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo, la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), así como las anotaciones respectivas en la carátula del expediente y archívese este asunto como concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de destrucción, en razón que encuadra en la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda, el cual carece de relevancia documental en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto, por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis, previa la anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del citado acuerdo normativo. Finalmente, en razón que obra en autos un documento original exhibido por la parte quejosa con su escrito de demanda (foja 5), en términos de lo dispuesto en el último párrafo del punto décimo primero del aludido Acuerdo General, requiérase al promovente para que comparezca a recogerlo en un plazo de noventa días naturales, en día y hora hábil ante este Juzgado; en el entendido que de no hacerlo, podrá ser destruido junto con el expediente.

  2. Principal

    Xalapa de Enríquez, Veracruz, diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por *********, por derecho propio, contra actos del Superintendente Regional de la Comisión Federal de Electricidad Zona Teziutlán y otra autoridad; por lo tanto, se ordena formar el expediente respectivo, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y registrarlo en el Libro de Gobierno con el número de juicio 862/2019 que le corresponde. PROPUESTA DEMOSTRATIVA El artículo 113 de la Ley de Amparo, otorga facultad al órgano jurisdiccional para que, previo análisis de la demanda de amparo, de advertir un motivo manifiesto e indudable de improcedencia la deseche de plano. DESECHAMIENTO HIPÓTESIS NORMATIVAS De la lectura integral del escrito de demanda, se advierte que es manifiesta e indudable la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los diversos 1º, fracción I y 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, los cuales disponen: " Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. (.) Artículo 1º. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.) Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. (.)" Conforme a los preceptos legales transcritos, la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada al hecho que los actos u omisiones, normas generales o tratados internacionales que en el mismo se reclamen provengan de autoridad, entendiéndose por tal aquélla que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. En efecto, autoridad para efectos del juicio de amparo es aquella que cuenta con las características de órgano público que le dan las normas jurídicas y que tiene la potestad de emitir o realizar actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados, sin requerir de la voluntad del afectado o aún en contra de ella. En relación con el concepto de autoridad, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que acorde con la doctrina existen los siguientes tipos de relaciones jurídicas que derivan de la actuación del Estado y sus órganos:  Las relaciones de coordinación, que son los vínculos que se entablan por una diversidad de causas entre dos o más personas físicas o morales, en su calidad de gobernados.  Las relaciones de supraordinación, que son las que se efectúan entre los diferentes órganos de gobierno en el desempeño de sus atribuciones.  Las relaciones de supra a subordinación, que son las que surgen entre los órganos de autoridad por una parte, y el gobernado por la otra. En estas relaciones la autoridad desempeña frente al particular actos de autoridad propiamente dichos, que tienen como características la unilateralidad, la imperatividad y la coercitividad. Se dice que tales actos son unilaterales porque su existencia depende sólo de la voluntad de la autoridad, son imperativos en virtud de que se imponen aun en contra de la voluntad del gobernado y son coercitivos dado que si no se acatan voluntariamente se puede lograr su cumplimiento coactivo mediante el uso de la fuerza pública. Así, el calificativo de acto de autoridad involucra a un órgano del Estado constituido por una persona o por un cuerpo colegiado, que ejecuta ciertos actos en ejercicio del poder de imperio, que modifican, crean o extinguen una situación de hecho o de derecho por medio de una decisión, con la ejecución de esa decisión, o bien por ambas. Con base en lo anteriormente expuesto, la referida Segunda Sala del Máximo Tribunal del País emitió el siguiente criterio con número de registro y rubro: 194367 "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES." Otros argumentos que resultan ilustrativos para distinguir cuándo se está en presencia de una autoridad para los efectos del juicio de amparo y que complementan a los anteriores, son los expresados por la propia Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando estableció que las notas distintivas de los actos de autoridad son las siguientes: 1. La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. 2. Que la relación tenga su nacimiento en la norma legal que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio resulta irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de donde emana. 3. Que emita actos unilaterales en virtud de los cuales cree, modifique o extinga, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera jurídica del particular. 4. Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precisar del consenso de la voluntad del afectado. Lo anterior, en términos de la jurisprudencia de registro y rubro. 161133 "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS.." Además, por su relación con el tema debe precisarse que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 250/2017, analizó cuál es la vía procedente para impugnar los actos de la Comisión Federal de Electricidad derivados del contrato de suministro de energía eléctrica celebrado bajo la vigencia de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, para lo cual expuso las siguientes consideraciones: "Esta Segunda Sala considera que la vía procedente es la ordinaria mercantil, por tratarse de cuestiones inherentes a los derechos y obligaciones que se derivan del contrato de suministro de energía eléctrica a la quejosa, por parte de la Comisión Federal de Electricidad, tal como lo señaló esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 4729/2014. La conclusión alcanzada en el párrafo anterior se puede corroborar de la lectura de los artículos 75, fracciones V y XXV, y 1049 del Código de Comercio, los cuales establecen lo siguiente: "Artículo 75. La ley reputa actos de comercio: "... "V. Las empresas de abastecimientos y suministros; "... "XXV. Cualesquiera otros actos de naturaleza análoga a los expresados en este código." "Artículo 1049. Son juicios mercantiles los que tienen por objeto ventilar y decidir las controversias que, conforme a los artículos 4o., 75 y 76, se deriven de los actos comerciales." Así, de acuerdo a la interpretación armónica de lo previsto en dichas porciones normativas, debe entenderse que el suministro de energía eléctrica que proporciona la Comisión Federal de Electricidad a los particulares tiene origen en un acuerdo de voluntades de naturaleza comercial que se traduce en una relación de coordinación y, en consecuencia, las controversias que se susciten entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones que se generan en el marco del contrato de suministro de energía eléctrica o con motivo de éste, deben ventilarse y decidirse en la vía ordinaria mercantil y no ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Lo anterior, ya que la determinación del consumo facturable y, en su caso, el corte o suspensión del suministro de energía eléctrica, deriva de actos de una relación de coordinación entre la empresa -Comisión Federal de Electricidad- y el usuario del servicio, en virtud de un contrato de suministro de energía eléctrica, en ejercicio legítimo del derecho de retención que genera cualquier relación contractual. Por tanto, la Comisión Federal de Electricidad no actúa en ejercicio de una potestad administrativa que le otorgue atribuciones de tal magnitud, que actualicen una relación de supra subordinación frente a los particulares, ni realice actos equiparables a dicha relación. En virtud de lo anteriormente expuesto, se concluye que en contra de los actos de la Comisión Federal de Electricidad derivados del contrato de suministro de energía eléctrica celebrado bajo la vigencia de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, resulta procedente la vía mercantil, al constituir dicho contrato un acto de comercio." Lo que dio origen a la jurisprudencia de registro y rubro siguiente: 2015944 "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. CONTRA LOS ACTOS DERIVADOS DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CELEBRADO BAJO LA VIGENCIA DE LA LEY DEL SERVICIO PÚBLICO RELATIVA PROCEDE LA VÍA ORDINARIA MERCANTIL." HECHOS En el caso, de la lectura integral a la demanda de amparo y sus anexos, se advierte que la parte quejosa reclama:  El requerimiento de pago indebido de energía eléctrica. Al respecto, en los antecedentes narrados por el quejoso bajo protesta de decir verdad, refiere que el once de septiembre del año en curso se presentaron en su domicilio dos personas con el uniforme de Comisión Federal de Electricidad, quienes le entregaron un documento en el cual se le requiere del pago de la cantidad de $*********, amenazándolo con suspenderle el suministro de energía eléctrica en caso que no realice dicho pago en su recibo de luz con número de servicio ********. Asimismo, de la documental que exhibe como prueba, consistente en el oficio que le fue entregado por el personal de Comisión Federal de Electricidad, se advierte en su texto lo siguiente. "Como es de su conocimiento, usted sostiene un adeudo por concepto de energía eléctrica por ajuste a su facturación número *********,derivado de la detección de uso ilícito del fluido eléctrico respecto a su servicio número ********* y a pesar de que esta Comisión Federal de Electricidad en uso de sus facultades le ha notificado debidamente dicho ajuste, no ha cubierto el adeudo en cantidad de $48,885.00 (CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.), por ende con fundamento en la Ley de la Industria Eléctrica, se concede un término de tres días contados a partir de la notificación del presente documento a fin de que acuda a las oficinas ubicadas en calle Av. Humboldt S/N de la Col. Centro de Perote, Veracruz o al Centro de Atención a Clientes de su localidad en horario de oficina de 08:00 a 15:00 horas de lunes a viernes, a fin de que liquide su adeudo mediante pago en una exhibición o en su defecto solicite por escrito la suscripción de convenio de pago en parcialidades, pues una vez transcurrido dicho plazo sin verse favorecida esta empresa con el pago del monto citado, en uso de sus atribuciones que le confiere la Ley, procederá a la interposición de los medios legales ante autoridad judicial competente a fin de recuperar el adeudo. Asimismo es de recordarle que la reconexión del suministro de electricidad en su domicilio sin el consentimiento de esta empresa constituye un delito federal que implica la presentación de denuncia ante la Fiscalía General de la República por lo que se le sugiere abstenerse de dicha práctica." (Lo subrayado es propio). CONCLUSIÓN En atención a lo expuesto, este órgano jurisdiccional estima que el acto que se reclama en el presente juicio de amparo, no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, al no advertirse la existencia de un ente de hecho o de derecho que haya establecido una relación de supra a subordinación con el particular. En efecto, como se advierte de las consideraciones vertidas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la interpretación de los artículos 75, fracciones V y XXV y 1049 del Código de Comercio, el suministro de energía eléctrica que proporciona la Comisión Federal de Electricidad a los particulares tiene su origen en un acuerdo de voluntades de naturaleza comercial que se traduce en una relación de coordinación y, en consecuencia, las controversias que se susciten entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones que se generan en el marco del contrato de suministro de energía eléctrica o con motivo de éste, deben ventilarse y decidirse en la vía ordinaria mercantil. Lo anterior, refirió la Corte, ya que la determinación del consumo facturable y, en su caso, el corte o suspensión del suministro de energía eléctrica, derivan de actos de una relación de coordinación entre la empresa Comisión Federal de Electricidad y el usuario del servicio, en virtud de un contrato de suministro de energía eléctrica, en ejercicio legítimo del derecho de retención que genera cualquier relación contractual. Por lo tanto, concluyó la Corte, en esos casos la Comisión Federal de Electricidad no actúa en ejercicio de una potestad administrativa que le otorgue atribuciones de tal magnitud, que actualicen una relación de supra subordinación frente a los particulares, ni realiza actos equiparables a dicha relación; y por ende, en contra de los actos de la Comisión Federal de Electricidad derivados del contrato de suministro de energía eléctrica resulta procedente la vía mercantil, al constituir dicho contrato un acto de comercio. Así las cosas, es evidente que el acto reclamado en el presente juicio se ubica en dicha hipótesis, pues precisamente se reclama el requerimiento de pago "indebido" por consumo de energía eléctrica, y como consecuencia el corte de dicho servicio; pues como se indicó con anterioridad, dicho acto deriva del contrato de suministro de energía eléctrica celebrado entre el quejoso y la Comisión Federal de Electricidad, lo cual se corrobora con los documentos que anexó como pruebas, de los que se advierte que cuenta con servicio número*********y que tiene un adeudo por ajuste a su facturación número *********, derivado de la detección de uso ilícito de fluido eléctrico. En ese orden de ideas, el acto que pretende controvertir no es susceptible de ser revisado a través del juicio de amparo, pues proviene de una relación de coordinación y no de supra-subordinación, al ser emitido por un ente que no puede considerarse como autoridad para efectos del juicio de amparo. No pasa inadvertido para este Juzgado que con motivo de la llamada reforma energética, Comisión Federal de Electricidad es una empresa productiva del Estado con régimen especial cuyo objeto es, entre otros, la comercialización de la energía eléctrica, para lo cual celebra contratos de suministro eléctrico con los usuarios finales bajo la Ley de Comisión Federal de Electricidad -los cuales se deben ajustar a lo determinado por la Comisión Reguladora de Energía, que es quien determina los derechos y obligaciones del suministrador y del usuario final-. No obstante, la jurisprudencia 156/2017 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación citada con anterioridad, también resulta aplicable a los contratos celebrados bajo la Ley de Comisión Federal de Electricidad pues, al igual que los celebrados bajo la vigencia de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, tienen su origen en un acuerdo de voluntades, motivo por el cual, cuando se reclaman actos derivados del contrato de suministro de energía eléctrica acaecidos durante la vigencia de cualquiera de dichas leyes -incluidos el corte o suspensión de dicho suministro-, la Comisión Federal de Electricidad no tiene el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo y, por ende, cualquier controversia derivada de dichos actos, debe ser ventilada en la vía ordinaria mercantil. En ese sentido, es evidente que en el caso a estudio, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los diversos 1º fracción I, y 5º, fracción II de la Ley de Amparo, con motivo que el acto reclamado no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio amparo y en consecuencia, procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO ORIGEN DE ESTE JUICIO, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Sin que obste lo anterior la jurisprudencia de registro y rubro siguiente: 2016321 "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SE IMPUGNA CUALQUIER ACTO RELACIONADO CON LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO POR LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, EN EJERCICIO DE SU FACULTAD CONSTITUCIONAL." Sin embargo, como se precisó, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya emitió jurisprudencia respecto del tema analizado en el sentido que cualquier acto derivado del contrato de suministro de energía eléctrica -incluido el corte de suministro de energía eléctrica-, independientemente de la causa que lo origine, incluso un procedimiento de verificación, no puede ser considerado como un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, y conforme al artículo 217 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito se encuentra obligado a acatar dicho criterio. DOMICILIO Y AUTORIZADOS En virtud que el quejoso señala como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este órgano jurisdiccional, con fundamento en los artículos 27, fracción III inciso a) y 29 de la Ley de Amparo, las notificaciones, aun las de carácter personal, practíquensele mediante lista de acuerdos que se fije en los referidos estrados. Tiene aplicación al caso la tesis siguiente: Registro: 195064 "NOTIFICACIÓN PERSONAL AL QUEJOSO. DEBE HACERSE POR LISTA CUANDO ÉSTE SEÑALA LOS ESTRADOS DEL TRIBUNAL." Asimismo, se autorizan con las facultades amplias a que se refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo a ********* y *********, por contar con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS De conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se permite a las partes la utilización de medios electrónicos a efecto de obtener la reproducción de los acuerdos que obran en el presente juicio, previa constancia que al respecto se deje en autos, en el entendido que deberán conducirse con lealtad procesal y no reproducir documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal. Lo anterior, sin que implique que la fe pública de la Secretaria quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que realicen los interesados. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS Conforme al artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles para que los Actuarios de la adscripción practiquen alguna notificación, con el objeto de evitar dilaciones en el procedimiento. LEY DE TRANSPARENCIA De conformidad con lo establecido en los artículos 18, 23, 24, fracción VI, 68, 73, fracciones II y V, 111, 113, fracción V, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 1, 9, 16, 110, fracción V, 113, fracción I, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, se hace saber a las partes en el presente asunto el derecho que tienen para oponerse a que se publiquen o den a conocer sus datos personales en aquellos casos en que la resolución que ha de publicarse o la constancia o prueba que se soliciten, contenga información reservada por poner en peligro su vida, seguridad o salud, o confidencial, por así prevenirse en un tratado internacional o la ley nacional; en la inteligencia que, de no hacer manifestación alguna, se tendrán por inconformes con la divulgación de sus datos personales. DIGITALIZACIÓN En cumplimiento a lo ordenado en el artículo 3° de la Ley de Amparo, digitalícese el expediente y fórmese tanto el impreso como el digital.

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