Enrique Pastor López
Expediente 116/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 12 actuaciones registradas, la última del 22 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 116/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 22/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Enrique Pastor López
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, veintidós de abril de dos mil veintidós. Visto el estado de los autos, y la certificación de cuenta, este órgano de control constitucional se pronuncia con relación al cumplimiento del presente juicio de amparo, por ser de orden público y análisis oficioso. Señalado lo anterior, el que aquí resuelve considera necesario realizar un análisis bajo los lineamientos que se expondrán en apartados subsecuentes. I. Efectos de la ejecutoria. El catorce de octubre de dos mil veintiuno, se emitió la sentencia correspondiente al presente juicio de amparo, consecuentemente en proveído de nueve de marzo de dos mil veintidós, causó ejecutoria la sentencia derivada del presente juicio, por lo que, se requirió el cumplimiento de la sentencia amparadora a la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Guerrero, para que realizara lo siguiente: a) Dejara sin efectos el acuerdo de veintidós de enero de dos mil veinte, solo en la parte en la que señaló data para el desahogo de la prueba testimonial, en el expediente laboral 749/2018. b) Dictar otro en el que señale hora y fecha que tenga verificativo el desahogo de la prueba de referencia, ajustándose al plazo establecido en la Ley de la Materia. c) Realizar la notificación a las partes del proveído que al efecto dicte. II. Trámites de la responsable. La Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, informó lo siguiente: Mediante oficio 2627/2022 de veintidós de marzo de dos mil veintidós, remitió copias certificadas de los autos de uno de diciembre de dos mil veintiuno, diecisiete de enero y veintitrés de marzo estos dos de dos mil veintidós; constancias de las cuales se advierte que: 1.- En auto de primero de diciembre de dos mil veintiuno, difirió el desahogó de la prueba testimonial ofrecida por la parte demandada en el expediente laboral de origen 749/2018, y señaló las once horas del diecisiete de enero de dos mil veintidós para su verificativo. 2.-El diecisiete de enero de dos mil veintidós, hizo efectivo el apercibimiento decretado por auto de primero de diciembre de dos mil veintiuno y tuvo por no ofrecida la prueba testimonial ofrecida por la parte demandada con cargo a Marco Antonio Leyva Mena, Luis Trejo Rodríguez y Enrique Cuevas Bahena. 3.- El veintitrés de marzo de dos mil veintidós, el tribunal laboral responsable certifico que no quedaba pruebas pendientes por desahogar en el juicio laboral de origen ni diligencia que practicar y otorgó un término de tres días a las partes para formular sus respectivos alegatos. III. Verificación del cumplimiento. En ese orden de ideas, analizadas que fueron las mencionadas constancias, este Juzgador Federal está obligado de manera ineludible a hacer cumplir las sentencias que se dicten por este órgano jurisdiccional, cuando ello esté dentro de sus posibilidades, en el presente juicio constitucional se declara que no existe materia para la ejecución de la sentencia que concedió el amparo y la protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, esto es así toda vez que si bien es cierto los efectos de la concesión fueron para que el tribunal de trabajo dejará sin efectos el acuerdo de veintidós de enero de dos mil veinte, solo en la parte en la que señaló data para el desahogo de la prueba testimonial, en el expediente laboral 749/2018; dictará otro en el que señale hora y fecha que tenga verificativo el desahogo de la prueba de referencia, ajustándose al plazo establecido en la Ley de la Materia y realizará la notificación a las partes del proveído que al efecto dictara, cierto es también que para la fecha en la que causo ejecutoria la sentencia emitida en el presente juicio y cuando se requirió el cumplimiento de la misma a la responsable (nueve de marzo de dos mil veintidós) dicha prueba testimonial ofrecida en el expediente laboral de origen 749/2018, ya se había tenido por no ofrecida (diecisiete de enero de dos mil veintidós) y la autoridad laboral responsable se pronunció respecto a la etapa de alegatos en el juicio de origen (veintitrés de marzo de la presenta anualidad). IV. Conclusión. Se declara que en el presente juicio no existe materia para la ejecución de la sentencia que concedió el amparo y la protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa. Por tanto, con fundamento en los artículos 196 párrafo cuarto y 214, ambos de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación se determina: De acuerdo con el supuesto que prevé el artículo 18, fracción I, inciso b), el expediente principal transcurridos tres años a partir de que surta efectos la notificación personal del presente proveído, será DEPURABLE, toda vez que se concedió la protección de la justicia federal, debiendo conservar la demanda, la sentencia respectiva y el acuerdo de archivo. Lo anterior, atendiendo a lo establecido en los diversos artículos 12, 14 del referido Acuerdo General. En términos del diverso artículo 15 del señalado Acuerdo General, este expediente no es de relevancia documental, ni con trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional; aunado a que no existen documentos originales que devolver a las partes. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario Jesús Humberto Muñoz Escoto, que autoriza y da fe.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, veinticuatro de marzo de dos mil veintidós. Glósense a los autos el oficios y anexos de cuenta enviados por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, por los cuales en acatamiento a la ejecutoria federal, informa la imposibilidad jurídica que dice tener para dar cumplimiento al fallo protector; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa, para que manifieste lo que a su derecho convenga; en la inteligencia de que transcurrido dicho plazo, con el desahogo de la vista o sin él, este juzgado se pronunciará en relación a la imposibilidad que dice tener la responsable de trato para cumplir con la ejecutoria de amparo en el presente asunto. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario Jesús Humberto Muñoz Escoto, que autoriza y da fe.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, nueve de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado de los autos, así como la certificación de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubieran recurrido la sentencia de catorce de octubre de dos mil veintiuno; en consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, en términos del artículo 2 de la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia que concede a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal; ha causado EJECUTORIA; háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Por tanto, con fundamento en los artículos 107, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 192 de la actual Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, a través de su Presidente para que dentro del término de DIEZ DÍAS HÁBILES, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, cumpla con la sentencia dictada por este órgano jurisdiccional, que lo obliga a: a) Dejar sin efectos el acuerdo de veintidós de enero de dos mil veinte, solo en la parte en la que señaló data para el desahogo de la prueba testimonial, en el expediente laboral 749/2018. b) Dictar otro en el que señale hora y fecha que tenga verificativo el desahogo de la prueba de referencia, ajustándose al plazo establecido en la Ley de la Materia. c) Realizar la notificación a las partes del proveído que al efecto dicte. Hecho lo anterior, de inmediato deberá informar a este juzgado y, remitir las constancias correspondientes, sin necesidad de un ulterior requerimiento. Debe precisarse que el término concedido a la autoridad responsable para dar cumplimiento a la sentencia de amparo, se otorgó tomando en consideración a lo establecido en los efectos de la ejecutoria de amparo. Conforme a lo anterior, se apercibe a Miriam Cortes Cisneros, en su carácter de Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, que de no dar cumplimiento a la sentencia de amparo, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, con fundamento a los artículos 238, 258 y 193 de la Ley de Amparo, equivalente a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional), tomando en cuenta que el valor de dicha unidad de medida es de $96.22 (noventa y seis pesos 22/100 moneda nacional), y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado que por turno corresponda, con el fin de que se inicie el procedimiento de inejecución respectivo, que podrá concluir con la separación y consignación del funcionario público contumaz ante el Juez de Distrito. Cabe destacar que la referida sanción puede ser impuesta aún en el caso de que se deje el cargo si se acredita que incurrió en responsabilidad al evadir los efectos de la protección constitucional, como lo prevé el artículo 198 de la Ley de Amparo. Sin que haya lugar a requerir al superior jerárquico del órgano laboral responsable, dado que el mismo, al ser un organismo jurisdiccional plenamente autónomo en el ámbito jurídico, que realiza funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, está desvinculado de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional; es decir, no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirle cómo ha de resolver y cumplir sus juicios. Apoya a lo anterior, la tesis: 2a./J.36/2011 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro IV, enero de 2012, Décima Época, tomo 4, página 3515, con registro 2000099, de rubro y texto siguiente: "JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. De los artículos 612, 617, fracción IV, 621 a 623 y 939 de la Ley Federal del Trabajo, así como de la evolución histórica de las Juntas y Tribunales Laborales deriva que para efectos del procedimiento previsto en el artículo 105 de la Ley de Amparo, relativo al cumplimiento de las ejecutorias protectoras de garantías, las referidas Juntas y Tribunales, al ser organismos jurisdiccionales plenamente autónomos en el ámbito jurídico, que realizan funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, están desvinculados de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional; es decir, ésta no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirles cómo han de resolver y cumplir, por lo que no tienen superior inmediato a quién requerirle que los conmine a cumplir con una ejecutoria de amparo." Notifíquese. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario Jesús Humberto Muñoz Escoto, que autoriza y da fe.
- Principal
R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia Federal ampara y protege a Enrique Pastor López, contra la fecha lejana reclamada del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, para los efectos establecidos en el considerando sexto de la presente resolución SEGUNDO. Publíquese esta sentencia en términos de lo ordenado en el último considerando. TERCERO. Procédase a su captura en el módulo "Sentencias" del Sistema Integral de Seguimiento de Expediente que para el efecto se lleva en este Juzgado Federal, y glósese a los presentes autos la constancia de la captura generada por el sistema aludido. Notifíquese.
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