Enrique Pastor López

Expediente 383/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 6 actuaciones registradas, la última del 13 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
383/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
13/06/2022

Partes del expediente

  • Enrique Pastor López
  • Enrique Pastor López y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, trece de junio de dos mil veintidós. Visto el estado procesal de los autos y la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído de veintitrés de mayo de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, en términos del numeral 2 de la Ley en Aplicación, se declara que dicho auto que sobresee fuera de audiencia, ha causado estado. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación se determina: De acuerdo con el supuesto que prevé el artículo 21, inciso a), el expediente principal transcurridos tres años a partir de que surta efectos la notificación personal del presente proveído, será DESTRUIBLE, en su totalidad, porque se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio. Lo anterior, atendiendo a lo establecido en los diversos artículos 12 y 14 del referido Acuerdo General. En términos del diverso artículo 15 del señalado Acuerdo General, este expediente no es de relevancia documental, ni con trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional; aunado a que no existen documentos originales que devolver a las partes. Notifíquese; y personalmente a las partes. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario Jaime González García, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, uno de junio de dos mil veintidós. Glósese a los autos únicamente para que obre como corresponda, el oficio y anexos de cuenta signado por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, por medio del cual remite copias certificadas de la totalidad de las actuaciones que obran en el juico laboral ***, toda vez que el veintitrés de mayo de dos mil veintidós, se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio. Luego, para un mejor manejo del presente asunto, se ordena la apertura de un tomo de pruebas, previa certificación que se realice, conservando el folio correspondiente. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado José Francisco Herrera García, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, Encargado del Despacho, por licencia concedida al Titular de este órgano jurisdiccional, en términos del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizada por la Comisión de Carrera Judicial, ante el Secretario Jaime González García, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, veintitrés de mayo de dos mil veintidós. Visto el oficio y anexos de cuenta signado por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se le tiene por rendido su informe justificado. Mientras que, a las constancias allegadas por la autoridad responsable, relativas al juicio laboral 749/2018, se le otorga valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2 de la Ley de Amparo. Ahora, de acuerdo al artículo 62 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional analizará de oficio las causales de improcedencia y en el caso, de las constancias que la autoridad responsable anexó, se observa que el acto reclamado es inexistente por las siguientes consideraciones. Por escrito presentado el dieciocho de abril de dos mil veintidós, ante este órgano jurisdiccional, Enrique Pastor López, a través de su apoderado Jesús Montalván Ramírez, solicitó el amparo y protección de la justicia federal en contra de actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, que hizo consistir en la omisión de concluir el desahogo de pruebas y emitir el laudo correspondiente. Ahora, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 fracción I, de la Ley de Amparo, el acto reclamado debe fijarse de manera clara y precisa en las sentencias de amparo. Además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que, el juez debe tomar en consideración todos los datos emanados de la demanda de amparo, sus escritos aclaratorios e incluso la totalidad de la información del expediente, en atención al pensamiento e intención de su autor, descartando las imprecisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Entonces, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el promovente reclamó del Tribunal de Conciliación y Arbitraje: La omisión de concluir el desahogo de las pruebas y dictar el laudo correspondiente en el juicio laboral 749/2018. Respecto de lo cual, este juzgador advierte que el acto reclamado es inexistente, de conformidad con el artículo 63 fracción IV, de la Ley de Amparo, que prevé lo siguiente: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y (.)" Dicho artículo señala que, el juicio de amparo no es procedente, cuando de las constancias que existan en autos, no se encuentre demostrado el acto reclamado o no esté probada su existencia en la audiencia constitucional. Entonces, a contrario sensu el juicio de amparo es procedente contra aquellos actos que existen al momento de promoverlo, que infieran un agravio o lesión a cualquier derecho o bien del gobernado, asistiéndole así, un interés jurídico al reclamarlo, lo que deriva de los elementos y datos que hay en las constancias presentadas en este juicio de amparo. Ahora de las documentales que adjuntó la autoridad responsable a su informe justificado, se desprende que mediante proveído de veintitrés de maro de dos mil veintidós, emitió en el juicio laboral 749/2018, la potestad laboral responsable acordó que no quedaban pruebas pendientes por desahogar, y otorgó un término de tres días a las partes, a fin de expresar sus correspondientes alegatos. Luego, el quejoso presentó su demanda de amparo el dieciocho de abril de dos mil veintidós, como se advierte de la boleta y sello respectivo que obran en autos, reclamando la falta de pronunciamiento respecto a la conclusión de desahogo de las pruebas en el juicio laboral de origen. Entonces, es inexistente la omisión reclamada porque, a la fecha de presentación de la demanda de amparo, que lo fue el dieciocho de abril de dos mil veintidós, no existía la omisión por parte de la autoridad responsable de pronunciarse respecto a la conclusión de desahogo de las pruebas en el juicio laboral 749/2018; puesto que, desde el veintitrés de marzo de dos mil veintidós, ya había emitido el pronunciamiento respectivo, e incluso otorgó el término de tres días a las partes, a fin de expresar sus correspondientes alegatos, para estar en posibilidad de proceder al cierre de instrucción. Además, debe puntualizarse que en los actos de omisión, debe realizarse el análisis de la aptitud para actuar de la autoridad responsable, es decir, si aquella estaba en condiciones de emitir una actuación; pues al tratarse los actos reclamados de omisiones, el juzgador debe verificar si esa autoridad podía o no emitir una determinación, al ser éste el parámetro a través del cual el juzgador obtiene certeza sobre la existencia de la omisión. Tales argumentos se leen en la ejecutoria que se trascribe: "49. La autoridad responsable tiene diversas cargas durante la sustanciación del juicio, entre ellas, rendir el citado informe;(15) sin embargo, dicha etapa lleva inmersa la oportunidad para la responsable de defender la constitucionalidad del acto u omisión atribuida. 50. Dentro de las oportunidades de defensa, la responsable puede negar lo atribuido y las implicaciones de dicha negativa dependerán del tipo de conducta que se reclame. 51. Por ejemplo, en el caso de que fuera una conducta positiva, cuando la responsable contesta el informe negándola, dicha respuesta es la manifestación de un no actuar, que se traduce en la afirmación de que lo dicho por la parte quejosa es falso, pues si bien ésta le atribuye a la responsable la realización de una conducta sin fundamento legal o más allá de sus facultades, la responsable señala simplemente que no lo realizó. 52. Sin embargo, en el caso de la omisión (como ocurre en los amparos indirectos origen de los asuntos en controversia), no basta con que la responsable no actúe, sino que es indispensable que exista la posibilidad, condiciones o aptitud de actuar y que ésta se haya incumplido. 53. Ello porque, cuando las responsables niegan haber incurrido en la omisión reclamada, lo que en realidad implica que: (1) sí actuaron, o (2) no actuaron porque no estaban en condiciones de actuar. 54. Cabe señalar que cuando la autoridad sostiene que el acto reclamado no existe, su dicho goza de presunción de veracidad, por lo que el quejoso debe probar lo contrario, lo que puede ocurrir dentro del juicio de amparo indirecto o incluso hasta la audiencia constitucional, como lo prevén tanto el artículo 63, fracción 4IV, de la Ley de Amparo vigente, como el numeral 74, también fracción IV, de la Ley de Amparo abrogada. 55. Sin embargo, tratándose de actos de omisión, la autoridad no sólo debe expresar, sino también probar -ya sea con argumentos o pruebas-, que no existe, al tenor de la tesis: "ACTO RECLAMADO NEGATIVO. LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEBE COMPROBAR QUE CUMPLIÓ LOS REQUISITOS QUE SE LE RECLAMAN. Advirtiéndose que los actos reclamados consisten en omisiones o hechos negativos de las autoridades responsables, debe entenderse que la carga de la prueba de esas omisiones o de los hechos negativos, no corresponde a la parte quejosa, sino que es a las responsables a las que toca demostrar que no incurrieron en ellos."(16) 56. Es justo en este escenario y, sobre todo, a efecto de que el juzgador adquiera convicción de que el acto no existe, que es pertinente que en el capítulo de existencia, se realice el análisis de la aptitud para actuar de la autoridad responsable, es decir, si ésta estaba en condiciones de emitir una actuación; pues al tratarse el acto reclamado de una omisión, cuando la autoridad la niega bajo la justificación de que no estaba en posibilidad de actuar (porque la petición, solicitud o procedimiento de origen no estaba en una situación que permitiera su resolución), el juzgador debe verificar esta circunstancia, es decir, si esa autoridad podía o no emitir una determinación. 57. En la determinación respecto del sobreseimiento por inexistencia de la omisión reclamada, revisar las condiciones de la solicitud, petición o procedimiento de origen es el parámetro a través del cual el juzgador obtiene certeza sobre la existencia de la omisión. 58. Por tanto, en el caso que los actos reclamados sean omisiones, como en los asuntos contendientes, la verificación de si la autoridad está en el momento de contestar o resolver una petición o procedimiento debe hacerse al estudiar la existencia de dicha omisión, pues, como ya se ha señalado, en este tipo de actos no bastan las manifestaciones de la autoridad responsable, sino que el Juez debe verificar que realmente no estaba constreñido a su realización, por lo que la omisión está justificada y en consecuencia puede decretarse el sobreseimiento por inexistencia. 59. En ese orden de ideas, esta Segunda Sala considera que el aspecto referido en el párrafo precedente constituye un elemento, cuyo estudio da certeza al juzgador sobre si hay razón para tener por cierta o no la omisión reclamada; es decir no implica un estudio de fondo en el que se determine la constitucionalidad del acto, sino una cuestión previa." El subrayado no forma parte del texto, fue añadido por este juzgado. Consideraciones que dieron lugar a la jurisprudencia 2a./J.99/2018 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos." En el caso, la parte quejosa también reclamó de la potestad laboral responsable, la omisión de emitir el laudo en el juicio laboral 749/2018. Empero, como se ve de las constancias allegadas por la responsable, las mismas ponen de manifiesto la inexistencia de la omisión de dictar el laudo correspondiente; puesto que, si la potestad no ha decretado el cierre de instrucción, evidentemente no se encuentra en posibilidad de emitir el laudo. Tiene aplicación al caso, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, correspondiente a la Octava Época, materia común, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XIII, enero de 1994, visible en la página 254, con número de registro 213793, cuyo rubro y texto disponen: "JUICIO DE AMPARO. IMPROCEDENCIA DEL. POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Es improcedente el juicio de amparo cuando a la fecha de presentación de la demanda no existía el acto reclamado, por lo que es correcto el sobreseimiento decretado con fundamento en la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo, toda vez que la existencia del acto reclamado debe analizarse con relación a la fecha de la presentación de la demanda, y no por hechos posteriores a ésta, ya que de lo contrario la sentencia tendrá que ocuparse de actos posteriores y distintos de los que dieron origen al juicio de garantías." En consecuencia, como se actualiza de manera indudable y manifiesta la hipótesis de sobreseimiento antes analizada, por ende, lo procedente es SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio de amparo. Es aplicable la jurisprudencia 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." Sin que pase desapercibido el criterio de rubro: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. POR REGLA GENERAL, LA NEGATIVA DEL ACTO RECLAMADO NO CONSTITUYE UNA CAUSA NOTORIA, MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA PARA DECRETARLO CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO"; no obstante, en este asunto, es evidente que la autoridad responsable se pronunció, respecto a la conclusión del desahogo de las pruebas en el juicio laboral de origen, desde antes que el quejoso promoviera su demanda de amparo, situación que no podría desvirtuarse con algún otro elemento probatorio, como tampoco el hecho que al presentar la demanda de amparo, la potestad no se encontraba en aptitud legal de emitir el laudo, puesto que no había decretado el cierre de instrucción ni había ordenado turnar el expediente para la elaboración del proyecto de laudo, por lo cual, aun no se le podía atribuir omisión de tal naturaleza, de acuerdo a lo argumentado anteriormente. En las narradas circunstancias, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada en autos para las DIEZ HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL VEINTIUNO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Lo anterior hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar; y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario Jaime González García, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, veinte de mayo de dos mil veintidós. Glósese a los autos para que surta sus efectos legales correspondientes el alegato ministerial de cuenta, signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, sin perjuicio de ser relacionado en la etapa procesal oportuna y tomarse en consideración al momento de resolverse la presente instancia constitucional. Asimismo, con relación a las copias fotostáticas que solicita de la sentencia que se dicte en su momento; dígasele que ello deberá instarlo una vez que se emita la misma, a fin de que éste órgano jurisdiccional se encuentre en condiciones de agendar una cita con la finalidad de que se le expida la reproducción referida; lo anterior, en términos del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el cual indica el procedimiento para las visitas al órgano correspondiente a través del módulo denominado "Agenda de Visitas". Notifíquese. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario Jaime González García, que autoriza y da fe.

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