Enrique Pastor López
Expediente 1543/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 5 actuaciones registradas, la última del 3 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1543/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 03/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Enrique Pastor López
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, tres de enero de dos mil veintitrés. Visto el estado de los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, de los que se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído de treinta de noviembre de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, en términos del numeral 2° de la Ley en Aplicación, se declara que dicho auto que sobresee fuera de audiencia, ha quedado firme. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación se determina: De acuerdo con el supuesto que prevé el artículo 21, inciso a), el expediente principal transcurridos tres años a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, será DESTRUIBLE, en su totalidad, porque se sobreseyó fuera de audiencia respecto de todos los actos reclamados por la parte quejosa. Lo anterior, atendiendo a lo establecido en los diversos artículos 12 y 14 del referido Acuerdo General. En términos del diverso artículo 15 del señalado Acuerdo General, este expediente no es de relevancia documental, ni con trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional; aunado a que no existen documentos originales que devolver a las partes. Notifíquese; y personalmente a las partes. Así
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, treinta de noviembre de dos mil veintidós. Visto el oficio y anexos de cuenta signado por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se le tiene por rendido informe justificado y por ofrecidas las documentales que adjunta al mismo. Ahora, de acuerdo al artículo 62 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional analizará de oficio las causales de improcedencia y en el caso, de las constancias que la autoridad responsable remite, las cuales merecen pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2 de la Ley de Amparo, se advierte que han cesado los efectos del acto reclamado, como se aprecia en el estudio siguiente. Por escrito presentado vía electrónica el tres de noviembre de dos mil veintidós, ********************en su carácter de apoderado de********************solicitó el amparo y protección de la justicia federal en contra de los actos y autoridades siguientes: "III. AUTORIDAD RESPONSABLES: H. TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO. "IV. ACTO RECLAMADO: LA OMISIÓN DE CONCLUIR DESAHOGO PRUEBAS Y DICTAR EL LAUDO,." Ahora, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el promovente reclamó del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero: I. La omisión de concluir con el desahogo de pruebas dentro del expediente laboral ********************. II. La omisión de emitir el laudo en el juicio laboral ********************. Por lo que hace al acto reclamado I, esta Juzgadora advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXI, de la Ley de Amparo, que prevé lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. [.]" La causa de improcedencia del juicio de amparo consistente en la cesación de efectos, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J.59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: En el caso, de las constancias que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, acompaño a su informe justificado, relativas al expediente laboral ********************, se advierte que el veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, la autoridad responsable, una vez que certificó que no quedaban pruebas pendientes por desahogar, declaró cerrada la instrucción y turnó los autos para la elaboración del proyecto de laudo correspondiente. Por tanto, la omisión que reclamó la parte quejosa de la autoridad responsable, en el sentido de omitir concluir con el desahogo de pruebas en el juicio laboral de origen, cesó en sus efectos debido a que, el veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, certificó que ya no quedaban pruebas pendientes por desahogar, luego decretó el cierre de instrucción y turno el expediente para la elaboración del proyecto de laudo; lo que trae como consecuencia que, los efectos del acto reclamado desaparecieron en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional. En cuanto al acto II, se tiene por inexistente, toda vez que no basta con que la responsable no actúe, sino que es indispensable que exista la posibilidad, condiciones o aptitud de actuar y que ésta se haya incumplido. Al efecto, debe realizarse el análisis de la aptitud para actuar de la autoridad responsable, es decir, si estaba en condiciones de emitir una actuación; pues al tratarse el acto reclamado de una omisión, se debe verificar si esa autoridad podía o no emitir una determinación, al ser éste el parámetro a través del cual se obtiene certeza sobre la existencia de la omisión. Tales argumentos se leen en la ejecutoria que se trascribe: "49. La autoridad responsable tiene diversas cargas durante la sustanciación del juicio, entre ellas, rendir el citado informe;(15) sin embargo, dicha etapa lleva inmersa la oportunidad para la responsable de defender la constitucionalidad del acto u omisión atribuida. 50. Dentro de las oportunidades de defensa, la responsable puede negar lo atribuido y las implicaciones de dicha negativa dependerán del tipo de conducta que se reclame. 51. Por ejemplo, en el caso de que fuera una conducta positiva, cuando la responsable contesta el informe negándola, dicha respuesta es la manifestación de un no actuar, que se traduce en la afirmación de que lo dicho por la parte quejosa es falso, pues si bien ésta le atribuye a la responsable la realización de una conducta sin fundamento legal o más allá de sus facultades, la responsable señala simplemente que no lo realizó. 52. Sin embargo, en el caso de la omisión (como ocurre en los amparos indirectos origen de los asuntos en controversia), no basta con que la responsable no actúe, sino que es indispensable que exista la posibilidad, condiciones o aptitud de actuar y que ésta se haya incumplido. 53. Ello porque, cuando las responsables niegan haber incurrido en la omisión reclamada, lo que en realidad implica que: (1) sí actuaron, o (2) no actuaron porque no estaban en condiciones de actuar. 54. Cabe señalar que cuando la autoridad sostiene que el acto reclamado no existe, su dicho goza de presunción de veracidad, por lo que el quejoso debe probar lo contrario, lo que puede ocurrir dentro del juicio de amparo indirecto o incluso hasta la audiencia constitucional, como lo prevén tanto el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente, como el numeral 74, también fracción IV, de la Ley de Amparo abrogada. 55. Sin embargo, tratándose de actos de omisión, la autoridad no sólo debe expresar, sino también probar -ya sea con argumentos o pruebas-, que no existe, al tenor de la tesis: "ACTO RECLAMADO NEGATIVO. LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEBE COMPROBAR QUE CUMPLIÓ LOS REQUISITOS QUE SE LE RECLAMAN. Advirtiéndose que los actos reclamados consisten en omisiones o hechos negativos de las autoridades responsables, debe entenderse que la carga de la prueba de esas omisiones o de los hechos negativos, no corresponde a la parte quejosa, sino que es a las responsables a las que toca demostrar que no incurrieron en ellos."(16) 56. Es justo en este escenario y, sobre todo, a efecto de que el juzgador adquiera convicción de que el acto no existe, que es pertinente que en el capítulo de existencia, se realice el análisis de la aptitud para actuar de la autoridad responsable, es decir, si ésta estaba en condiciones de emitir una actuación; pues al tratarse el acto reclamado de una omisión, cuando la autoridad la niega bajo la justificación de que no estaba en posibilidad de actuar (porque la petición, solicitud o procedimiento de origen no estaba en una situación que permitiera su resolución), el juzgador debe verificar esta circunstancia, es decir, si esa autoridad podía o no emitir una determinación. 57. En la determinación respecto del sobreseimiento por inexistencia de la omisión reclamada, revisar las condiciones de la solicitud, petición o procedimiento de origen es el parámetro a través del cual el juzgador obtiene certeza sobre la existencia de la omisión. 58. Por tanto, en el caso que los actos reclamados sean omisiones, como en los asuntos contendientes, la verificación de si la autoridad está en el momento de contestar o resolver una petición o procedimiento debe hacerse al estudiar la existencia de dicha omisión, pues, como ya se ha señalado, en este tipo de actos no bastan las manifestaciones de la autoridad responsable, sino que el Juez debe verificar que realmente no estaba constreñido a su realización, por lo que la omisión está justificada y en consecuencia puede decretarse el sobreseimiento por inexistencia. 59. En ese orden de ideas, esta Segunda Sala considera que el aspecto referido en el párrafo precedente constituye un elemento, cuyo estudio da certeza al juzgador sobre si hay razón para tener por cierta o no la omisión reclamada; es decir no implica un estudio de fondo en el que se determine la constitucionalidad del acto, sino una cuestión previa." Consideraciones que dieron lugar a la jurisprudencia 2a./J.99/2018 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dice: "ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos." En el caso, la parte quejosa reclamó la omisión de dictar el laudo correspondiente en el juicio laboral ********************. Empero, de las constancias que adjuntó la autoridad responsable a su oficio de cuenta, se conoce que en auto de veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, se declaró cerrada la instrucción y se turnó el expediente al Presidente del Tribunal laboral para la formulación del laudo que en derecho proceda, en términos del artículo 885 de la Ley Federal del Trabajo supletoria a la ley de la materia. Entonces, es evidente que la omisión de dictar laudo reclamada es inexistente, porque a la fecha de la presentación de la demanda (tres de noviembre de dos mil veintidós), la autoridad responsable no estaba en condiciones de emitir el laudo en el juicio laboral ********************, dado que aún no se cerraba la instrucción en el mismo, pues ello aconteció hasta el veintinueve de noviembre de dos mil veintidós. Por tanto, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en los autos del presente juicio de amparo al quedar demostrado que la omisión reclamada es inexistente. En consecuencia, como se actualizan de manera indudable y manifiesta las causales de improcedencia antes citadas, por ende, lo procedente es SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio desde este momento con fundamento en el artículo 63, fracciones IV y V de la Ley Amparo. En las narradas circunstancias, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada en autos para las diez horas con treinta minutos del veinte de diciembre de dos mil veintidós. Lo anterior hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar; y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Notifíquese; y personalmente a las partes. Así lo proveyó y firma la licenciada Karina Castillo Flores, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario Jaime González García, que autoriza y da fe.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, veintiocho de noviembre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, de lo que se advierte que no es posible llevar a cabo la celebración de la audiencia constitucional señalada para este día en el presente juicio de amparo, en virtud que se encuentra transcurriendo el plazo de quince días concedido a la autoridad señalada como responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, para que rinda informe justificado, tal y como se advierte de las constancias de notificación que obran agregada en autos (foja 15). Para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para este día se difiere y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo. Notifíquese.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, diecisiete de noviembre de dos mil veintidós. Glósese a los autos para que surta sus efectos legales correspondientes el alegato ministerial de cuenta, signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, sin perjuicio de ser relacionado en la etapa procesal oportuna y tomarse en consideración al momento de resolverse la presente instancia constitucional. Asimismo, con relación a las copias fotostáticas que solicita de la sentencia que se dicte en su momento; dígasele que ello deberá instarlo una vez que se emita la misma, a fin de que éste órgano jurisdiccional se encuentre en condiciones de expedirle la reproducción referida. Por otro lado, hágase del conocimiento a las partes, para los efectos legales procedentes, que el dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, tomó posesión como titular de este Juzgado Federal la licenciada Karina Castillo Flores. Notifíquese; y personalmente a las partes.
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