Enrique Osorio Bernaldez

Expediente 414/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de julio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
414/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
10/07/2017

Partes del expediente

  • Enrique Osorio Bernaldez

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, diez de julio de dos mil diecisiete. Agréguese a estos autos el escrito de cuenta, signado por Francisco Flores González, autorizado en términos amplios de la parte quejosa, visto su contenido, como lo solicita, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, devuélvase a la parte quejosa los documentos exhibidos en su demanda de amparo, y toda vez que los mismos no son documentos valor, téngase por autorizada para recibirlas al ocursante, previa toma de razón de su devolución y copia de las mismas que se deje en autos, en el horario comprendido de nueve a doce horas, de lunes a jueves, por así permitirlo las labores del juzgado. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Visto el estado que guardan los autos de este juicio de amparo, de los que se aprecia que mediante proveído de diecisiete de febrero de dos mil diecisiete, se dio vista a las partes para que en el término de tres días manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento que dice la autoridad responsable dio al fallo protector, sin que lo hubieran hecho, de acuerdo a la certificación de cuenta, se provee: Se hace efectivo el apercibimiento decretado en el citado auto de diecisiete de febrero de dos mil diecisiete y, por tanto, este juzgado de distrito procede resolver de oficio, si de acuerdo a las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. En ese contexto se tiene que por sentencia de uno de diciembre de dos mil dieciséis, dictada por el Juez Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con sede en esta ciudad, se concedió a la moral quejosa Industrial Tamto de Puebla, Sociedad Anónima de Capital Variable, la protección constitucional solicitada, contra actos de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, con sede en la Ciudad de México, y otras autoridades, para el efecto de: ".respecto del artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, para el efecto de que, en caso de haberse instaurado el procedimiento de revisión electrónica a la parte quejosa y ésta no haya ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos para ello, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con tal propósito deberá declararse insubsistente. Lo anterior, sin perjuicio de que la autoridad hacendaria, en ejercicio de sus facultades de comprobación, emita la resolución definitiva correspondiente en la que, previa calificación de los hechos u omisiones advertidos, se determine en cantidad líquida el monto de las contribuciones omitidas, dejando a salvo el derecho de la parte quejosa para ofrecer las pruebas que estime conducentes en el recurso de revocación para desvirtuar esos hechos u omisiones, o en su caso, el monto de las contribuciones omitidas." En cumplimiento a lo anterior, el Director General de Amparos Contra Leyes, en suplencia y por ausencia del Subprocurador Fiscal Federal de Amparos, quien representa al Presidente de la República, con sede en la Ciudad de México, a través del oficio recibido el dieciséis de febrero del presente año (fojas 304 a 306), expuso que no existe acto alguno que realizar para dar cumplimiento a la sentencia de mérito, toda vez que el Presidente de la República, únicamente ejerció facultades legislativas y el acto reclamado al mismo, consistió en la promulgación y orden de publicación del decreto reclamado. Por su parte, el Director General de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, con sede en la Ciudad de México, mediante el telegrama recibido el dos de febrero del presente año (fojas 293 y 294), informó que esa Cámara Legislativa Federal no debe ser requerida para el cumplimiento de ejecutoria alguna, pues está impedida para incurrir en inejecución de sentencia, en virtud de que los actos que de ella se reclaman solamente son producto de ejercicio de facultades legislativas, por lo que debe tenerse por cumplida en todos sus términos la sentencia de amparo, en lo que concierne a esa autoridad. Asimismo, el Administrador Central de Amparo e Instancias Judiciales en representación del Jefe del Servicio de Administración Tributaria, con sede en la Ciudad de México, a través del telegrama recepcionado el tres de febrero del año en curso (fojas 296 a 298), manifestó que no se realizó procedimiento de fiscalización electrónica a la moral quejosa, por lo que no existen actos de cobro que dejar insubsistentes. Por su parte, la Subdirectora de Amparos de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con sede en la Ciudad de México, en el oficio presentado el siete de febrero de la presente anualidad (fojas 300 y 301), refirió que en razón a la naturaleza de las funciones legislativas, se encuentra imposibilitada jurídicamente para efectuar actos de cumplimiento de la ejecutoria. Del examen de las documentales antes citadas, las que de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, tienen pleno valor probatorio, se desprende que las autoridades responsables, DIERON CUMPLIMIENTO AL FALLO PROTECTOR. En las relatadas condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafos segundo y cuarto de la Ley de Amparo SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA, y se ordena el ARCHIVO del presente asunto como totalmente concluido. En esa tesitura, háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno respectivo, ingrésese esta información en el sistema integral de seguimiento de expedientes y glósese el original del incidente de suspensión. Asimismo, en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo número 1/2009, del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por tratarse el presente asunto de archivo reciente guárdese en este juzgado, y en su oportunidad cuando se trate de archivo medio remítase al Centro Archivístico Judicial de la Casa de la Cultura Jurídica de esta ciudad o depósito documental que corresponda, para su guarda definitiva; archívese por separado el duplicado del incidente de suspensión, para su posterior destrucción en el término de seis meses a partir del presente proveído.

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