Enrique Pérez Mier
Expediente 125/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de febrero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 125/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 27/02/2018
Partes del expediente
- Enrique Pérez Mier
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintisiete de febrero de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guarda el presente expediente, se advierte, como consta en la certificación secretarial que antecede que ha transcurrido el plazo de cinco días que prevé en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de queja, en consecuencia, con fundamento en el artículo 288, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO el auto de nueve de febrero de dos mil dieciocho, para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno correspondiente y ARCHÍVESE el presente asunto como concluido. Asimismo, en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se hace constar que en su oportunidad el presente expediente, será susceptible de destrucción siguiendo los lineamientos contenidos en el acuerdo de referencia. Notifíquese.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, nueve de febrero de dos mil dieciocho. Vistos los autos que integran el juicio de amparo en que se actúa, se advierte que el peticionario de garantías Enrique Pérez Mier, no dio cumplimiento al requerimiento realizado por este juzgado federal el veinticuatro de enero de dos mil dieciocho; por lo tanto, es legal hacer efectivo el apercibimiento decretado en autos, en virtud de que es indispensable para la admisión de la demanda, que se cumplan cabalmente los requisitos que establece el artículo 108 de la Ley de Amparo, ya que de no hacerlo así, como en el caso acontece, al no realizar lo siguiente: Precisar el acto que reclamaba en la presente instancia constitucional. Narrar de forma precisa y cronológica los hechos o abstenciones acontecidos desde el auto de radicación hasta la etapa actual en que se encentrará el juicio mercantil 296/2016 del Juzgado Sexto Especializado en Materia Mercantil del Distrito Judicial de Puebla. En consecuencia, con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda promovida por Enrique Pérez Mier. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
1 EXPEDIENTE Y REGISTRO Con la demanda de amparo promovida por Enrique Pérez Mier, contra actos del Juez Sexto Especializado en Materia Mercantil del Distrito Judicial de Puebla y otras autoridades; fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado de Distrito bajo el número estadístico 125/2018; y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. 2PREVENCIÓN A efecto de acordar sobre su admisión, si en el caso procede, con fundamento en lo establecido en los artículos 108, fracciones IV y V y 114, fracciones I, II y IV, de la Ley de Amparo, requiérase a Enrique Pérez Mier, para que dentro del término de cinco días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, bajo protesta de decir verdad, realice lo siguiente: Precise el acto que reclaman en la presente instancia constitucional. Esto es, si lo que reclama es la falta de emplazamiento al juicio mercantil 296/2016 del Juzgado Sexto Especializado en Materia Mercantil del Distrito Judicial de Puebla, y como consecuencia, todo lo actuado con posterioridad al mismo, incluida la multa que le fue impuesta a través del oficio 845 de cuatro de mayo de dos mil dieciséis, que dio origen al crédito fiscal 3997261, mismo que fue impugnado a través del recurso de revocación, que fue desechado por improcedente mediante resolución de cinco de diciembre de dos mil diecisiete; o en su caso, únicamente reclama dicha resolución. Ello, porque de conformidad con la naturaleza y fines del juicio de amparo, el acto reclamado a la autoridad debe señalarse con claridad y precisión, ya que el suscrito no puede presumir cuál es el acto reclamado a ésta, pues es un requisito de forma de la demanda que la ley o acto que de cada autoridad se reclame se señale con exactitud, en virtud, de que, a través de los mismos sólo puede juzgarse sobre la constitucionalidad o no de lo impugnado en los términos en que se hace la reclamación y se acredita ante la responsable, en atención a que esto resulta indispensable para establecer la relación procesal en los juicios de garantías. Esto es, de la interpretación sistemática del artículo 108, fracción IV (que establece que en la demanda de amparo debe señalarse el acto reclamado), en relación con el 74 (que dispone el principio de congruencia de las sentencias de amparo), ambos de la Ley Amparo, se concluye que en la demanda de amparo debe precisarse el acto o actos reclamados, de manera tal que queden definidos y no ambiguos, porque ello va a permitir fijar la litis constitucional y la resolución sobre los actos reclamados. Narre de forma precisa y cronológica los hechos o abstenciones acontecidos desde el auto de radicación hasta la etapa actual en que se encuentre el juicio mercantil 296/2016 del Juzgado Sexto Especializado en Materia Mercantil del Distrito Judicial de Puebla. Entre lo que deberá destacar: Si comparece a la presente instancia constitucional con el carácter de tercero extraño a juicio en estricto sentido, o como tercero extraño por equiparación. En caso de comparecer como tercero extraño por equiparación, señale la naturaleza del juicio de origen, las prestaciones reclamadas, las reformas aplicables a la legislación por la que se siga el mismo, y si compareció al citado juicio. Ello es así, ya que en términos de la fracción V del artículo 108 de la Ley de Amparo, es requisito indispensable para la procedencia del juicio de amparo narrar los hechos y abstenciones que le constan a la parte quejosa y que constituyan los antecedentes del acto reclamado, lo que en la especie no acontece y da lugar a realizar el presente requerimiento. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis I.7o.A.100 K, emitida por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 990, Tomo XXIII, Abril de 2006, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "DEMANDA DE GARANTÍAS. FORMA EN QUE DEBE CUMPLIRSE EL REQUISITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO A LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS Y ABSTENCIONES QUE LE CONSTEN AL GOBERNADO Y QUE CONSTITUYAN ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO O FUNDAMENTO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Conforme al precepto legal aludido, la parte quejosa debe manifestar los hechos y abstenciones descritos con antelación; sin embargo, en la hipótesis de que no sea satisfecha dicha carga procesal, el Juez Federal debe requerir para que sea subsanada la irregularidad. Ahora bien, en el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, página mil ciento noventa y dos, vigésima segunda edición, Editorial Espasa Calpe, Sociedad Anónima, dos mil uno, Madrid, España, se establecen distintas acepciones de la palabra "hecho", entre ellas, las siguientes: "hecho, cha. [...] 5. Cosa que sucede. 6. [...] Acción que se ha llevado a cabo, adelantándose a cualquier evento que pudiera dificultarla o impedirla [...]". Por su parte, en la página ciento sesenta y dos de la obra consultada, es definido el vocablo "antecedente" de diferentes maneras, entre las cuales destaca la que se reproduce a continuación: "[...] 2. m. Acción, dicho o circunstancia que sirve para comprender o valorar hechos posteriores.". De la misma manera, en la página veintiuno del diccionario mencionado se establecen los conceptos de la palabra "acción", entre otros, los que se transcriben enseguida: "[...] Ejercicio de la posibilidad de hacer. 2. Resultado de hacer". En la página catorce se define el vocablo "abstención" de la manera siguiente: "[...] Acción y efecto de abstenerse". En esas condiciones se concluye que para dar cumplimiento al requisito previsto en la fracción IV del artículo 116 de la Ley de Amparo, concerniente a la manifestación bajo protesta de decir verdad sobre los hechos o abstenciones que le constan al gobernado y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, es necesario realizar una narración precisa de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de garantías, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público conforme al último párrafo del artículo 73 de la citada ley." Asimismo, se hace del conocimiento de la parte quejosa que el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo, señala que se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días de salario, al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, cuando en la demanda afirmen hechos falsos u omitan los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En la inteligencia de que la parte inconforme deberá presentar el escrito aclaratorio en el que dé cumplimiento a esta prevención en original y con las copias suficientes en términos del artículo 110 de la Ley de Amparo, para ser distribuidas entre las partes. Se apercibe a la parte inconforme que de no dar cumplimiento a la presente prevención en los términos indicados, se procederá conforme a lo dispuesto en el penúltimo párrafo del numeral 114 de la Ley de Amparo, esto es, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. 3 DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Se tiene como domicilio de la parte promovente para oír y recibir notificaciones el que indica en el escrito de cuenta y, por autorizada en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Judith Hernández Juárez, en virtud de no haber acreditado tener inscrita su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. 4 COMUNICACIONES ENTRE ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. Se hace saber a las partes que en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, el envío y recepción de información, notificaciones, requerimientos o comunicaciones entre los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito y Centros de Justicia Penal Federal, se realizará mediante oficio digitalizado y con la firma electrónica de los servidores públicos que intervengan. 5 EXPEDIENTE ELECTRÓNICO De conformidad con lo dispuesto en el artículo 89 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Consejo de la Judicatura Federal, así como en el diverso numeral 3 de la Ley de Amparo, se ordena integrar el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para lo cual, se digitalizará oportunamente y de manera legible las constancias de los juicios que se presenten de manera impresa, y se imprimirán las que se presenten de forma electrónica. 6 HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS, Y NOTIFICACIONES EN ZONA CONURBADA. Con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este asunto, se faculta a los Actuarios de la adscripción a practicar las notificaciones que se les ordenen en este juicio, aun en días y horas inhábiles en términos del artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2. Ahora bien, en razón de que el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, establece que se podrá comisionar al Actuario Judicial de la adscripción para realizar notificaciones en zonas conurbadas y en atención a que mediante Decreto del Ejecutivo del Estado de Puebla, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los Municipios de Cuautlancingo, Puebla, San Andrés Cholula y San Pedro Cholula, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once, se reconoce la conurbación entre los referidos Municipios, aglutinados en la denominada Reserva Territorial Atlixcáyotl-Quetzalcóatl; en consecuencia, se instruye al Actuario Judicial adscrito a este juzgado para que practique las notificaciones derivadas de este asunto en la referida zona conurbada. Sirve de apoyo en lo conducente la tesis 1a./J. 43/2010, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 164473, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL AMPARO. EL QUEJOSO, TERCERO PERJUDICADO O PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO, PUEDEN SEÑALARLO EN LA ZONA METROPOLITANA O CONURBADA AL MUNICIPIO O CIUDAD DONDE EL JUEZ O TRIBUNAL QUE CONOZCA DEL ASUNTO TENGA SU LUGAR DE RESIDENCIA. Conforme al artículo 30, fracción I, de la Ley de Amparo, para efectos de recibir notificaciones personales en el juicio de garantías, el quejoso, tercero perjudicado o persona extraña al juicio deben señalar domicilio en el lugar de residencia del juez o tribunal que conozca del asunto. La expresión "lugar de la residencia del juez o tribunal que conozca del asunto" contenida en el citado artículo, debe entenderse como el municipio o ciudad donde se asienta el domicilio de dichas autoridades. Por tanto, si el domicilio del juez o tribunal se encuentra en determinado municipio o ciudad, que a su vez forma parte de una zona conurbada o área metropolitana por estar declarado así en la ley o decreto emitido por la autoridad competente para ello, es indudable que los interesados pueden señalar domicilio en la zona conurbada al municipio o área metropolitana donde esté ubicada la sede o residencia del juez o del tribunal que conozca del asunto, siempre y cuando dicha área metropolitana o zona conurbada corresponda al circuito judicial del juzgado o tribunal de que se trate, establecido por el Consejo de la Judicatura Federal mediante acuerdos generales." 7 RESERVA DE INFORMACIÓN De conformidad con los artículos 1°, 3º, 5º, 6º, 9º, 15 y 16 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, -que entró en vigor al día siguiente de su publicación- y reformado mediante decreto publicado en dicho órgano de difusión el veintisiete de enero de dos mil diecisiete; 1°, 2°, fracción V, 3°, fracción X, 4°, 7°, 17, 18 y 24 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete -que entró en vigor al día siguiente de su publicación-; así como los diversos numerales 1º, fracción I, 14, 25 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos -este último aplicable al caso concreto de conformidad con los artículos Segundo Transitorio del decreto por el que se expidió la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Cuarto y Séptimo transitorios del decreto por el que se emitió la Ley General en comento-, este órgano jurisdiccional como parte del Poder Judicial de la Federación, debe de garantizar el derecho de acceso a la información, pero siendo responsable de los datos personales, contenidos en los acuerdos y resoluciones que se dicten y cumplir con las obligaciones establecidas en las leyes de la materia. De ahí que de conformidad con el artículo 6º de la Constitución, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y a los datos personales de los particulares considerados como confidenciales. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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