Enrique Luna Carreto
Expediente 65/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 12 de febrero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 65/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 12/02/2018
Partes del expediente
- Enrique Luna Carreto
Actuaciones
- Principal
En doce de febrero de dos mil dieciocho, doy cuenta con un oficio. Doy Fe.San Andrés Cholula, Puebla, doce de febrero de dos mil dieciocho. Con fundamento en los artículos 219, 220 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, agréguese a sus autos el oficio 974 signado por el Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de San Pedro Cholula, Puebla, por medio del cual informa las gestiones realizadas para dar cumplimiento a la ejecutoria dictada dentro del presente juicio de amparo en que se actúa, lo que se toma en consideración para los efectos legales procedentes. Notifíquese.
- Principal
1 CUMPLIMIENTO A LA PREVENCIÓN Agréguese a los autos el escrito de cuenta por el que Enrique Luna Carreto, desahoga el requerimiento que se formuló en proveído de quince de enero de dos mil dieciocho; en consecuencia, se acuerda el escrito de demanda, así como el diverso aclaratorio en los siguientes términos: 2 DESECHAMIENTO Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la nueva Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo, en razón a que se actualiza de manera manifiesta e indudable una causal de improcedencia. En principio, es necesario precisar que de la lectura integral al escrito de demanda de amparo y aclaratorio al mismo, se advierte que el acto reclamado en la presente instancia constitucional lo constituye el emplazamiento realizado dentro del incidente de petición de herencia promovido dentro del juicio sucesorio intestamentario 13/2011, del Juzgado Segundo de lo Civil de Tehuacán, Puebla. Precisado lo anterior, el suscrito Juez Federal advierte que respecto del citado acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)" La fracción transcrita contiene el principio de definitividad que rige al juicio de amparo y sus acepciones. Dicho principio consiste en la obligación de la parte quejosa de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de garantías es un procedimiento extraordinario de carácter constitucional, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia federal. De modo que aquellas resoluciones que pueden ser revocadas, modificadas o nulificadas a través de tales medios de defensa ordinarios, no pueden ser impugnadas directa e inmediatamente a través del juicio de garantías por no ser definitivas (como ocurre en el presente asunto), pues dicha característica es de aquéllas que recaigan a tales medios de defensa ordinarios previstos en la ley aplicable al caso en concreto, si ello fuere procedente. En apoyo a lo anterior, cobra aplicación la tesis I.6o.C. J/37, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que se localiza en la página 902, Tomo XV, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de Mayo de 2002, de rubro y texto siguientes: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Por otra parte, resulta importante destacar que de las manifestaciones del quejoso, mismas que realizó bajo protesta de decir verdad, y por tanto, hacen prueba plena en términos de los artículos 95, 197 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, se desprende que es parte dentro del juicio sucesorio intestamentario 13/2011, del Juzgado Segundo de lo Civil de Tehuacán, Puebla, del que deriva el citado incidente de petición de herencia, en virtud de tener el carácter de coheredero dentro de dicha Litis. Hecha la precedente anotación, debe indicarse que en el presente caso se actualiza la citada causa de improcedencia toda vez que contra del emplazamiento que reclama la parte quejosa, procede el incidente sobre declaración de nulidad de lo actuado, previsto en el artículo 74, fracción I, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, que en lo conducente dispone: "Artículo 74. Cuando una notificación se hiciere en forma distinta de la prevenida en este Capítulo, o se omitiere, se aplicarán las siguientes disposiciones: I. La parte agraviada podrá promover ante el Tribunal que conozca del juicio, incidente sobre declaración de nulidad de lo actuado, a partir de la notificación impugnada. (.)" Como se advierte del numeral en cita, el incidente sobre declaración de nulidad de lo actuado procede en contra de las notificaciones hechas indebidamente u omitidas dentro de un procedimiento civil, y cuyo resultado puede ser el de nulificar la notificación que no se haya hecho conforme a la ley de la materia, así como lo actuado con posterioridad a la misma. Así las cosas, la diligencia reclamada puede ser impugnada a través del incidente sobre declaración de nulidad de lo actuado, mismo que de resultar fundado tendrían por efecto dejar insubsistente el emplazamiento impugnado y todo lo actuado con posterioridad al mismo. Por tanto, el citado quejoso debió promover dicho medio ordinario de defensa antes de acudir a la presente instancia constitucional, a fin de respetar el principio de definitividad que impera en el juicio de amparo, máxime que no se actualizan ninguno de los supuesto de excepción que establece la fracción XVIII del numeral 61 de la Ley de Amparo, ya que el impetrante Enrique Luna Carreto, tiene el carácter de coheredero en el juicio sucesorio de origen. En consecuencia, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de garantías. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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