Enrique Marín Rebollar

Expediente 514/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 8 actuaciones registradas, la última del 26 de septiembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
514/2018
Año
2018
Actuaciones
8
Última actuación
26/09/2019

Partes del expediente

  • Enrique Marín Rebollar

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve. PARTE QUEJOSA SOLICITA SE GIRE OFICIO AUTORIDAD RESPONSABLE Agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta, signado por Enrique Marín Rebollar, parte quejosa, a través del cual solicita se gire atento oficio al Juez Menor de Zitácuaro, Michoacán, a fin de que se le informe el cabal cumplimiento que dio a la ejecutoria de amparo, pronunciada por este juzgado, ya que en el Juicio Ejecutivo Mercantil 443/2017, no obra constancia de ello. Atento a lo anterior, dígasele que no ha lugar acordar de conformidad su petición toda vez que el dieciocho de octubre de dos mil dieciocho, se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo, de lo cual se le hizo de su conocimiento, aunado a que dicha situación se corrobora con el acuse de recibo a foja ciento cinco de los presente autos, en el que se advierte la recepción de dicho oficio el cinco de noviembre del año pasado, en la oficialía de partes de aquel juzgado. SOLICITA COPIAS. Por otra parte, en relación con el segundo escrito; atento a su contenido, dígase al ocursante que se esté a lo acordado en auto de quince de junio de dos mil dieciocho, en que se autorizó a las partes la expedición de copias simples y certificadas del presente juicio, salvo las que por su naturaleza deben permanecer en sigilo; por otra parte, se tienen como autorizadas para tal efecto, a las personas que refiere en el propio escrito. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza.- Doy fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, dieciocho de octubre de dos mil dieciocho. Cuenta con autos Vista la certificación que antecede, de la cual se desprende que ha transcurrido el término concedido a las partes, para que manifestaran lo que a sus intereses conviniera en relación al cumplimiento dado al fallo protector, sin que lo hayan hecho. En mérito de lo anterior, se hace efectivo el apercibimiento que les fue formulado en auto de cuatro de octubre de dos mil dieciocho y se procede a dictar lo procedente en torno al cumplimiento del fallo protector. Ahora bien, tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, se procede a analizar el mismo con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, con apoyo en lo sustentado por la jurisprudencia 2ª./J.26/2000, publicada en la página 243, del Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Precisión de los efectos del amparo En sentencia dictada el quince de agosto de dos mil dieciocho, se concedió la protección constitucional a ENRIQUE MARÍN REBOLLAR, para el efecto de que el Juez Menor de Zitácuaro, Michoacán, realizara lo siguiente: ".1. Deje insubsistente la resolución interlocutoria de treinta de mayo de dos mil dieciocho. 2. Emita otra en la que siguiendo los lineamientos vertidos en esta ejecutoria, analice la planilla de liquidación de honorarios profesionales aplicando la Ley de Arancel de Abogados en el Estado de Michoacán, considerando que la naturaleza del negocio es de cuantía determinada en términos del artículo 6 de la normativa citada." Trámites para cumplir con la ejecutoria de amparo Así, por oficio presentado el trece de septiembre del año en curso, la autoridad responsable, allegó copia certificada de la sentencia interlocutoria dictada el seis de ese mismo mes y año en el juicio ejecutivo mercantil 443/2017, con la que pretendía dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo pronunciada por este juzgado. Mediante proveído de dieciocho del mismo mes y año, se declaró ejecutoriada la sentencia de amparo y en ese propio auto se analizaron las constancias remitidas por el Juez responsable de las cuales se advirtió se había analizado la planilla de liquidación de honorarios profesionales, cuantificando las prestaciones reclamadas en términos del artículo 6 de la Ley de Arancel de Abogados en el Estado de Michoacán que contempla lo relativo a la liquidación de honorarios profesionales cuando se trata de asuntos de cuantía determinada; para lo cual, tomó como base la suma de la suerte principal más el concepto de gastos y costas que procedieron, dando un total de $40,425.00 (cuarenta mil cuatrocientos veinticinco pesos 00/100), de tal manera que, al realizar las cuantificaciones para determinar el concepto de honorarios profesionales, concluyó que la cantidad correcta lo era $4, 064.00 (cuatro mil sesenta y cuatro pesos 60/100 ) y no la diversa de $28,560.00 (veintiocho mil quinientos sesenta pesos 00/100) como lo señalaba el aquí tercero interesado Camilo Garduño Aguilar. No obstante lo anterior, este juzgado advirtió que había sido omiso en dejar insubsistente la resolución interlocutoria de treinta de mayo de dos mil dieciocho, y que de igual manera constituía la materia del reclamo en esta instancia de control constitucional, por lo que en el propio auto de dieciocho de septiembre de este año, se le requirió a efecto de que cumpliera con el lineamiento omitido. Es así que, por diverso oficio presentado el tres de octubre del presente año, el Juez Menor del Distrito Judicial de Zitácuaro, Michoacán, allegó copia certificada de la Aclaración de Sentencia Interlocutoria de veintiséis de septiembre del año en curso, a través de la cual subsanó la omisión de declarar insubsistente la resolución reclamada, señalándose que esa aclaración forma parte integrante de la interlocutoria pronunciada el seis de septiembre de dos mil dieciocho. Situación con la que se consideró daba cabal cumplimiento al fallo protector, por lo que se ordenó dar vista a las partes para que manifestaran lo que a sus intereses conviniera. Se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo De ahí que con lo anterior, se estima que se encuentran satisfechos los extremos contemplados en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, en atención a que en lo esencial se cumple con los lineamientos trazados en la ejecutoria de amparo, al haberse dejado insubsistente la resolución interlocutoria de treinta de mayo de dos mil dieciocho, dictada en la planilla de liquidación de pago de honorarios, derivada del juicio ejecutivo mercantil 443/2017, promovido por Pedro Peralta Villegas, en cuanto endosatario en procuración de Camilo Garduño Aguilar, frente Enrique Marín Rebollar; y, al haber dictado una diversa en la cual analizó la planilla de liquidación aplicando la Ley de Arancel de Abogados en el Estado de Michoacán, al considerar que era de cuantía determinada y resolvió en condenar al demandado y aquí quejoso por la cantidad de $4, 064.00 (cuatro mil sesenta y cuatro pesos 60/100 m.n.) y no la diversa de $28,560.00 (veintiocho mil quinientos sesenta pesos 00/100) como lo señalaba el aquí tercero interesado, de acuerdo a lo establecido en el artículo 6 de la Ley de Arancel de Abogados en el Estado de Michoacán, con lo que se restituyó en el goce de las garantías violadas. En consecuencia, al no existir exceso en el cumplimiento (actuaciones que se extralimitan en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la ejecutoria) o defecto (cumplimiento parcial de lo ordenado o deficiente), con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene cumplida la ejecutoria de amparo. Se ordena el archivo del presente juicio Con fundamento en el invocado artículo 196, cuarto párrafo, de la Ley de la Materia, se ordena remitir al ARCHIVO el expediente en que se actúa, en razón de que no existe diligencia pendiente por desahogar, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. En la inteligencia de que, la remisión del juicio al archivo físico de este juzgado, se hará una vez que obren en autos las constancias de notificación relativas al presente proveído a las partes y se desprenda que ha transcurrido el término que la Ley de Amparo les otorga para impugnar éste acuerdo. Juicio susceptible de depuración En términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se estima que como en el presente asunto se concedió la protección constitucional y no es de relevancia documental, entonces es susceptible de DEPURACIÓN, de acuerdo con la fracción IV del artículo vigésimo primero, por lo que deberá conservarse la demanda y la sentencia respectivas, haciéndose constar dicha circunstancia en la carátula del mismo. Asimismo, una vez que transcurran los tres años que se refiere el punto décimo tercero del citado acuerdo, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial que corresponda, previa generación de la documentación a que se refiere dicha disposición. No existen cuadernos de suspensión Sin que se haga pronunciamiento respecto de los cuadernos incidentales por no haberse formado. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza.- Doy fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, cuatro de octubre de dos mil dieciocho. Cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponde, el oficio signado por el Juez Menor de Zitácuaro, Michoacán, mediante el cual, remite copia certificada de la aclaración de sentencia interlocutoria de veintiséis de septiembre de este año, dictada en la planilla de liquidación de sentencia derivado del juicio ejecutivo mercantil número 443/2017, en la cual se subsana la omisión apuntada por este juzgado (dejar insubsistente la resolución reclamada), señalándose que esa aclaración forma parte integrante de la interlocutoria pronunciada el seis de septiembre de dos mil dieciocho. Vista a las partes. En consecuencia, con la referida resolución de seis de septiembre de este año y con la aclaración de sentencia de veintiséis de ese mismo mes y año, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo en vigor, dése vista a la parte quejosa y tercero interesada, para que dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente al en que queden debidamente notificadas del presente proveído, manifiesten lo que a sus intereses convenga y transcurrido dicho término con manifestación o sin ella, ténganse nuevamente los autos a la vista para dictar lo procedente en torno al cumplimiento del fallo protector. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza y da fe.- Doy fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho. Causa ejecutoria. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, específicamente la certificación que antecede de la que se desprende que ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de quince de agosto de dos mil dieciocho, en la que SE CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa Enrique Marín Rebollar; en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Se da cuenta con oficio de cumplimiento. Por otra parte, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el oficio de cuenta signado por el Juez Menor de Zitácuaro, Michoacán, a través del cual, remite copia certificada de la resolución interlocutoria de seis de septiembre del año en curso, dictada para dar cumplimiento al fallo protector. Es conveniente señalar que los lineamientos trazados en la ejecutoria de amparo, constriñen al juez responsable para que realice lo siguiente: "1. Deje insubsistente la resolución interlocutoria de treinta de mayo de dos mil dieciocho. 2. Emita otra en la que siguiendo los lineamientos vertidos en esta ejecutoria, analice la planilla de liquidación de honorarios profesionales aplicando la Ley de Arancel de Abogados en el Estado de Michoacán, considerando que la naturaleza del negocio es de cuantía determinada en términos del artículo 6 de la normatividad citada.". Análisis de la nueva resolución interlocutoria dictada en cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Ahora, el Juez Menor de Zitácuaro, Michoacán, pretende acatar la ejecutoria de amparo emitiendo una nueva resolución interlocutoria, en la que analiza la planilla de liquidación de honorarios profesionales que fue promovida por Camilo Garduño Aguilar frente al aquí quejoso, cuantificando las prestaciones reclamadas en términos del artículo 6 de la Ley de Arancel de Abogados en el Estado de Michoacán, según se colige de la parte final de su considerando segundo; no obstante lo anterior, lo cierto es que es omiso en dejar insubsistente la resolución interlocutoria de treinta de mayo de dos mil dieciocho y que constituyó la materia del reclamo en esta instancia de control constitucional, pues al efecto únicamente expresó en la parte final de su resultando segundo lo siguiente: "[.] Enrique Marín Rebollar, interpuso demanda de amparo indirecto, del cual tocó conocer al Juzgado Tercero de Distrito, mismo que resolvió el día 15 quince de agosto del año en curso, en el cual concedió el amparo y protección de la justicia al quejoso Enrique Marín Rebollar, en consecuencia, ordenó a este juzgado dejar insubsistente la resolución dictada en data 30 treinta de mayo del año en curso y emitir otra en la que se sigan los lineamientos vertidos en la ejecutoria en cuestión, momento que ha llegado de pronunciar [.].". (Lo resaltado es propio). En mérito de lo anterior, resulta evidente que los lineamientos que le fueron trazados en la ejecutoria de amparo no han sido acatados en su totalidad, por lo que lo procedente es requerir al juez responsable para que en términos del ordinal 192 párrafo segundo de la Ley de Amparo en vigor, dentro del término de tres días, contado a partir de la legal notificación del presente auto, de cumplimiento al fallo protector, esto es, proceda a dejar insubsistente la resolución interlocutoria de treinta de mayo de dos mil dieciocho, en cuyo caso deberá realizar la aclaración correspondiente en el sentido de que subiste la diversa de seis de septiembre del año actual, o bien, además dejar sin efecto dicha resolución y emitir otra en la que cumplan con los lineamientos trazados en la ejecutoria, remitiendo copia certificada de las constancias con las que acredite lo anterior. Lo anterior, para estar en condiciones de analizar el debido cumplimiento del fallo protector. Bajo el apercibimiento que de no hacerlo así dentro del tiempo señalado, le será impuesta una multa, conforme al artículo 258 de la ley antes citada; y si aun así es omiso se dará inicio al procedimiento previsto en el diverso ordinal 193 de la ley en aplicación. No tiene superior jerárquico. Sin que en la especie sea el caso proceder en los términos precisados en los artículos 192 y 194 de la nueva Ley de Amparo, puesto que el Juez Menor de Zitácuaro, Michoacán, no tiene superior jerárquico que le ordene cumplir con el fallo protector, y que sea por tanto su corresponsable por la falta de cumplimiento del mismo. Sustenta lo anterior, la siguiente jurisprudencia: "Época: Décima Época Registro: 2007295 Instancia: Plenos de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 9, Agosto de 2014, Tomo II Materia(s): Común Tesis: PC.I.C. J/3 K (10a.) Página: 1378 JUECES DE PRIMERA INSTANCIA, NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO, EN MATERIA JURISDICCIONAL, PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. La función jurisdiccional se ejerce por diversos órganos con competencias definidas para decidir los asuntos sometidos a su conocimiento, con plena autonomía e independencia, razón por la que los jueces de primera instancia no se encuentran sometidos al tribunal de alzada, ya que cuentan con facultades y atribuciones propias para cumplir con las sentencias de amparo, con total independencia y autonomía. Si bien dichos órganos de segunda instancia son superiores por razón de grado, dicha superioridad no les otorga un poder o mando sobre los jueces de primera instancia, ya que ello sólo acontece por la competencia derivada por razón de grado, que les concede la facultad de someter a una segunda revisión las sentencias dictadas en primera instancia, provocada por el afectado al interponer los medios de defensa legal. Pero carecen de poder o mando sobre los jueces, en virtud de que éstos cuentan con facultades y atribuciones para admitir a trámite las demandas, dictar medidas provisionales y abrir incidentes para continuar el juicio de origen, por lo que los tribunales de segunda instancia están impedidos para obligarlos a actuar o dejar de actuar en la forma exigida en la sentencia de amparo, pues carecen de competencia constitucional y legal para vincular al juzgador a acatar el fallo en determinado sentido, ya que se trata de actuaciones dictadas en el procedimiento de primera instancia, en la que los tribunales de grado no tienen injerencia alguna. De igual forma, en caso de que los jueces de primera instancia no cumplan con la sentencia de amparo, los tribunales de grado están impedidos legalmente para dar cumplimiento por sí al fallo protector porque carecen de competencia legal y constitucional para pronunciar decretos, proveídos, medidas provisionales, incidentes y resoluciones en el procedimiento que se desarrolla en primera instancia. Además, la jerarquía, poder o mando, es incompatible con la función jurisdiccional porque los jueces de primera instancia, cuentan con autonomía e independencia para resolver las controversias sometidas a su conocimiento, con sujeción sólo a la ley y a la Constitución, en donde se regulan sus facultades y competencias. PLENO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Contradicción de tesis 8/2013. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Tercero y Décimo Tercero, ambos en Materia Civil del Primer Circuito. 3 de junio de 2014. Mayoría de doce votos de los Magistrados Gilberto Chávez Priego, Luis Gilberto Vargas Chávez, Daniel Patiño Pereznegrón, Víctor Francisco Mota Cienfuegos, José Leonel Castillo González, Walter Arellano Hobelsberger, Ismael Hernández Flores, María Concepción Alonso Flores, Indalfer Infante Gonzales, Gonzalo Arredondo Jiménez, Carlos Arellano Hobelsberger y Adalberto Eduardo Herrera González. Disidentes: Ma. del Refugio González Tamayo: quien se reservó su derecho a formular voto y Virgilio Solorio Campos: quien formula voto particular. Ponente: Adalberto Eduardo Herrera González. Secretario: Arnulfo Mateos García. Tesis y/o criterios contendientes: El sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en el juicio de amparo directo DC. 199/2013 y el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en la misma materia y circuito, al resolver el juicio de amparo directo DC. 365/2013. Esta tesis se publicó el viernes 29 de agosto de 2014 a las 08:13 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 01 de septiembre de 2014, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.". De igual forma, sirve de apoyo a lo anterior la tesis de rubro y contenido siguiente: "Época: Novena Época Registro: 187835 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XV, Febrero de 2002 Materia(s): Administrativa Tesis: 2a. VII/2002 Página: 69 CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. NO ES UN ÓRGANO JERÁRQUICAMENTE SUPERIOR A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES QUE INTEGRAN EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. De la interpretación integral de lo dispuesto en los artículos 94 y 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 68 y 81 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se desprende que el consejo en cita es un órgano administrativo del Poder Judicial de la Federación, con funciones distintas a las de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a las del Tribunal Electoral, a las de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y a las de los Juzgados de Distrito, por lo que entre aquel órgano y éstos no existe un orden jerarquizado de naturaleza jurisdiccional, toda vez que sus atribuciones están plenamente delimitadas por la mencionada Constitución Federal, al encomendar a tal consejo una actividad meramente administrativa con singulares funciones de vigilancia y sanción. Lo anterior se confirma con el contenido de la exposición de motivos de seis de abril de mil novecientos noventa y nueve, así como del dictamen de veintisiete de abril siguiente elaborado en la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión y de su discusión, respecto de la reforma al citado artículo 94 de la Constitución Federal, la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación de once de junio del mencionado año, en el sentido de que la modificación introducida en este precepto precisa el sentido de las reformas constitucionales de 1994, en tanto hace evidente que no existen jerarquías orgánicas al interior del Poder Judicial, sino fundamentalmente una distribución de funciones. Facultad de atracción 10/2001. Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito. 18 de enero de 2002. Cinco votos. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretaria: Verónica Nava Ramírez.". Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Alfredo Montoya Revilla, Secretario que autoriza. Doy fe. Ecr

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