Enrique Mateo Hernández

Expediente 1029/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 7 actuaciones registradas, la última del 16 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1029/2023
Año
2023
Actuaciones
7
Última actuación
16/10/2023

Partes del expediente

  • Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado
  • Enrique Mateo Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, a dieciséis de octubre de dos mil veintitrés. VISTA CON ESTADO DE AUTOS; CAUSA EJECUTORIA Visto el estado que guardan los presentes autos, en específico la certificación secretarial de cuenta, se obtiene que ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa ******************** por conducto de su apoderado, hubiere interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente asunto, en la que se sobreseyó en el juicio de amparo en que se actúa (que es la parte a quien pudiera afectarle el sentido de esa determinación); en tal virtud, se acuerda lo siguiente: Con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes. SE ORDENA ARCHIVO FÍSICO Siguiendo con la vista del estado que guardan los presentes autos, específicamente la primera parte de la certificación que obra al rubro, se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE En ese orden de ideas, tomando en consideración que el presente juicio no se considera de relevancia documental, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el expediente en que se actúa, encuadra en la hipótesis contenida en el artículo 20, fracción I) del aludido acuerdo, en razón de haberse sobreseído en este juicio; por lo que una vez transcurridos tres años del periodo de conservación que prevé el aludido numeral, dentro de los treinta días naturales siguientes, destrúyase el juicio. Sin que haya lugar a realizar pronunciamiento respecto al cuaderno incidental, toda vez que no se formó el mismo. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Mirna Rodríguez Calderón, secretaria que autoriza. Doy fe.-

  2. Principal

    OMAR ALEJANDRO ELIZALDE HERRERA, JUEZ TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO, quien actúa con Mirna Rodríguez Calderón, Secretaria que autoriza y da fe declara abierta la audiencia: Secretaria, dé cuenta por favor. LA SECRETARIA: Juicio de amparo VI-1029/2023, promovido por ********************, por conducto de su apoderado Enrique Mateo Hernández, contra actos de la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad y otra autoridad; se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Así también, que dentro del presente juicio de amparo no existe tercero interesado. Asimismo, se da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes se encuentra presente. EL JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede. LA SECRETARIA: Se da cuenta con el informe justificado rendido por: Presidente de la Junta Especial Número 30 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, en representación de la junta y el actuario de su adscripción. EL JUEZ: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe de referencia. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas. Secretaria dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. LA SECRETARIA: Se hace constar que la parte quejosa adjuntó documentales al libelo constitucional; por otra parte la autoridad señalada como responsable remitió copia certificada de constancias relativas al juicio laboral 970/2019 de su índice, con las que se formó un tomo de pruebas por separado; medios de convicción que se tienen por admitidas y desahogadas en atención a su propia y especial naturaleza en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo. EL JUEZ: Téngase por hecha tal relación de pruebas y al no existir pruebas que desahogar, se declara abierto el período de alegatos. Secretaria, dé cuenta con los que hayan formulado las partes. LA SECRETARIA: Se hace constar que el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional formuló manifestaciones mediante escrito de alegato 661/2023. EL JUEZ: Se tienen por formulados los alegatos del representante social adscrito; y, se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a engrosar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión. V I S T O S los presentes autos, para resolver el juicio de amparo VI-1029/2023, promovido por ********************, por conducto de su apoderado Enrique Mateo Hernández, contra actos de la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad y otra autoridad. R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito depositado el tres de agosto de dos mil veintitrés, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, y turnado el mismo días por razón de turno, a este Juzgado Federal, ********************, por conducto de su apoderado Enrique Mateo Hernández, promovió demanda de amparo indirecto contra actos de la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad y otra autoridad. La moral quejosa precisó como violados en su perjuicio el derecho fundamental consagrado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite de la demanda de amparo. Mediante proveído de cuatro de agosto de dos mil veintitrés, se registró la demanda de amparo bajo el número VI-1029/2023 de este índice; se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se dio la intervención que compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. En el mismo proveído se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que fue celebrada en términos de la presente actuación, previos diferimientos; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. LEY DE AMPARO APLICABLE. Es necesario precisar que la resolución que se dicte dentro del presente asunto, se hará aplicando la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del día siguiente (artículo Primero Transitorio), toda vez que la demanda de garantías fue presentada con posterioridad su entrada en vigor. No obstante, cabe precisar que para resolver el presente juicio es factible invocar criterios de jurisprudencia que hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues su contenido no se opone a lo que la ley de la materia dispone en cuanto al tema de las mismas, ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo que entró en vigor el tres de abril de dos mil trece. SEGUNDO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente por materia, territorio y grado para conocer y resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y Punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. En el presente caso, la parte quejosa reclama un acto de una autoridad laboral con sede en la circunscripción territorial sobre la que ejerce competencia este juzgado, además de que el acto reclamado es de naturaleza omisiva cuyos efectos son de imposible reparación. TERCERO. Fijación del acto reclamado. Se procede a la fijación del acto reclamado, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente al momento de la presentación de la demanda y con apoyo en la tesis del contenido literal y datos de localización siguientes: "Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.". En ese tenor, de la lectura integral de la demanda de amparo, se obtiene que el acto reclamado consiste en: La reiterada omisión de no realizar el emplazamiento a los demandados dentro del juicio laboral 970/2019. CUARTO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Por otro lado, del contenido del informe justificado rendido por el Presidente de la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, en representación de la junta el actuario de su adscripción, se advierte que expresamente negó la existencia de la omisión reclamada, ya que dentro del juicio laboral 970/2019, el catorce de julio del año actual, se levantó una razón actuarial en donde se expresó la imposibilidad de llevar a cabo el emplazamiento a la Secretaría de Educación Pública del Estado de Michoacán. Derivado de la imposibilidad actuarial, la junta responsable emitió el auto de tres de agosto del año en curso, en el que concedió el plazo de tres días a la parte actora a efecto de que proporcionara domicilio de la dependencia demandada, el cual le fue notificado el siete de agosto de este año; actuaciones realizadas en cumplimiento a la concesión de la ejecutoria de amparo IV-647/2023 de este índice. Sin embargo, dicha negativa debe desvirtuarse en razón de que de las constancias remitidas por la autoridad responsable se advierte que a la fecha de la presentación de la demanda, tres de agosto de dos mil veintitrés, existía el acto reclamado, toda vez que a la fecha no se ha podido emplazar a la parte demandada Secretaría de Educación Pública del Estado de Michoacán dentro del juicio de origen. En esos términos lo procedente es considerar ciertos los datos asentados por la parte quejosa en su escrito de demanda, pues de las constancias remitidas por la autoridad responsable se advierte que el acto reclamado existió. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: Registro digital: 249047 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Séptima Época Materias(s): Común Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen 181-186, Sexta Parte, página 15 Tipo: Aislada "ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL, AUNQUE LAS RESPONSABLES LO NIEGUEN, SI DE LA LECTURA DEL INFORME CON JUSTIFICACION SE DESPRENDE SU CERTEZA. Si las responsables niegan en sus informes con justificación la existencia de los actos reclamados, pero de la lectura de dichos informes se desprenden datos que desvirtúan tal negativa, aun cuando no existan pruebas a ese respecto, necesariamente deben tenerse como ciertos los actos reclamados, ya que procesalmente el reconocimiento que hacen las partes dentro de un juicio, surte efectos de confesión; en consecuencia, al equiparse las autoridades responsables a la parte demandada en el juicio constitucional, resulta lógico y jurídico concluir que el reconocimiento que hagan sobre algún punto de la litis que en sí los perjudique, surte efectos de una confesión, y por ende, dicho punto no está a debate y sí plenamente reconocido" Además, dicha existencia del acto reclamado se corrobora con las constancias que el Presidente de la Junta responsable remitió del juicio laboral 970/2019. Documentales a las que se le concede pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo estatuye su numeral 2°, por tratarse, en la especie, de actuaciones llevadas a cabo por funcionarios públicos en ejercicio de sus atribuciones, los cuales, con arreglo a la ley, gozan de fe pública. Apoya lo anterior, la jurisprudencia del contenido literal siguiente: Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153 "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena.". QUINTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Sea que las partes las aleguen o no, habrá de analizarse si en la especie operan causales de improcedencia de las previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que se trata de un estudio oficioso y preferencial, por ser una cuestión de orden público, en términos de lo dispuesto en el diverso precepto 62 del ordenamiento en cita. En el caso, el que suscribe advierte que la demanda de amparo que se examina deviene improcedente, pues se actualiza de forma notoria e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción IX de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas;" En efecto, el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, prevé que el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas. En el caso, se encuentra en etapa de ejecución el juicio de amparo IV-647/2023 de este índice, promovido por Susana Magaña Ramírez (actora dentro del juicio laboral 970/2019 del índice de la junta responsable); en el que medularmente reclamó: "La reiterada omisión de no realizar el emplazamiento a los demandados dentro del juicio laboral 970/2019". En audiencia constitucional de veintiocho de junio de dos mil veintitrés se emitió sentencia en el sentido de conceder el amparo para los efectos siguientes: "Si a la fecha en que cause ejecutoria la presente resolución, la junta responsable por conducto de su actuario adscrito no ha practicado el emplazamiento de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Michoacán, ordenado dentro del juicio laboral 970/2019, una vez que se le notifique el auto donde se declare que causa ejecutoria la presente sentencia, la Junta responsable deberá ordenar al actuario de su adscripción que realice el emplazamiento a la citada secretaría, en el domicilio proporcionado para tal efecto dentro de los autos del juicio de origen". Luego, mediante auto de diecisiete de julio de dos mil veintitrés, causó ejecutoria la sentencia en comento; y, mediante diverso proveído de siete de agosto del año actual, se tuvo al presidente de la junta responsable informando los trámites que se encuentra realizando para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Lo que constituye un hecho notorio de conformidad con lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º. Es aplicable la jurisprudencia común sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 10, Tomo I, Junio de 2018, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente." Ahora bien, en el caso concreto en que se actúa se advierte que el aquí quejoso ********************, es parte demanda demandada en el juicio natural; y, reclama sustancialmente 2La falta de emplazamiento por parte de la Actuario y/o Actuario, que atenta en contra el derecho DE JUSTICIA PRONTA Y EXPEDITA (.) porque la (sic) se omitió realizar el emplazamiento a la parte demandada, conducta que obstaculiza el curso normal del procedimiento (.)". Luego, de las constancias allegadas por el presidente de la Junta responsable se advierte que Susana Magaña Ramírez, en ejercicio de acción principal de la indemnización constitucional por despido injustificado y otras prestaciones demandó de manera inicial a (1) Marcela Pulido Bravo; (2) Martha Vega Soria; (3) ******************** o quien resulte responsable de la fuente de trabajo ubicada en calle Morelos Norte, número 125 de la Colonia Centro de esta ciudad; (3) Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT); e (4) Instituto Mexicano del Seguro Social (Visible a fojas 1 a 6 del tomo de pruebas). Posteriormente, mediante escrito de diecisiete de marzo de dos mil veinte, la parte actora amplió el escrito inicial de demanda en contra de (1) Colegio Fray Pedro de Gante, Zamora, A.C.; (2) Ma. Guadalupe Gómez Arias; (3) Secretaría de Educación Pública del Estado de Michoacán; y, (4) Sistema de Administración Tributaria (SAT), respecto de los actos que indicó en ese ocurso (Visible a fojas 57 a 58 del tomo de pruebas). En diligencia de quince de febrero de dos mil veintitrés, dada la falta de la constancia de emplazamiento de la parte demandada Secretaría de Educación Pública del Estado de Michoacán, difirió la audiencia de conciliación, demanda, excepciones para las doce horas del doce de mayo de dos mil veintitrés (Visible a fojas 134 a 135 del tomo de pruebas). Luego, llegada la fecha de la audiencia en comento, se volvió a diferir para las trece horas del veintitrés de agosto de dos mil veintitrés, por la misma circunstancia del anterior diferimiento (Visible a fojas 137 a 138 del tomo de pruebas). En diligencia de veintitrés de agosto de dos mil veintitrés, se advierte que dada la falta de la constancia de emplazamiento de la parte demandada Secretaría de Educación Pública del Estado de Michoacán, se difirió la audiencia de conciliación, demanda, excepciones para las diez horas con treinta minutos del dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés (Visible a fojas 163 a 164 del tomo de pruebas). De manera que de la anterior diligencia se advierte que la autoridad responsable hizo referencia a que únicamente falta la constancia de emplazamiento de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Michoacán. En consecuencia, si el acto reclamado que nos ocupa del presente juicio se constriñe a la falta de emplazamiento de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Michoacán, entonces, equivale al mismo acto reclamado del que se ocupó el juicio de amparo IV-647/2023 de este índice, -el que se encuentra en etapa de ejecución-; de ahí que no procede otro juicio de la misma naturaleza, porque sería tanto como establecer la procedencia de dicho juicio contra resoluciones dictadas en otros juicios de amparo o en su ejecución, lo cual sería contrario a lo establecido en la casual que se estudia, esto es, implicaría ejercer un control sobre otro control constitucional y se harían interminables los juicios de garantías. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía jurídica sustancial, la jurisprudencia de rubro y contenido siguientes: "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2018315 Instancia: Primera Sala Décima Época Materias(s): Constitucional, Común Tesis: 1a./J. 57/2018 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 60, Noviembre de 2018, Tomo I, página 829 Tipo: Jurisprudencia IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA RESOLUCIONES DICTADAS EN CUMPLIMIENTO DE UN FALLO PROTECTOR. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN IX, DE LA LEY DE AMPARO QUE LA PREVÉ, NO TRANSGREDE EL DERECHO A CONTAR CON UN RECURSO EFICAZ. El precepto citado, al establecer que el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en su ejecución, se refiere a aquellas que indefectiblemente deben emitir las autoridades responsables, en las cuales el juzgador de amparo las constriñe a realizar determinadas acciones, esto es, en las que les fija lineamientos para cumplir con el fallo protector y, por ende, la responsable no tiene libertad de jurisdicción, sino que debe emitir la nueva sentencia conforme a los efectos precisados por el órgano jurisdiccional federal. Ahora bien, la improcedencia referida deriva del hecho de que la resolución dictada por la responsable es producto del análisis jurídico realizado en el juicio de amparo que se cumplimenta, por lo que, admitir uno nuevo, afectaría el principio jurídico de cosa juzgada y generaría inseguridad jurídica. En ese sentido, el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo no transgrede el derecho a contar con un recurso eficaz, al no contradecir los artículos 8, numeral 1, y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues la norma referida no tiene como propósito limitar o cerrar la posibilidad de ejercer un derecho fundamental, sino establecer un caso de inadmisibilidad del juicio de amparo atendiendo a razones de seguridad jurídica y de cosa juzgada. Además, el precepto citado también cumple con el postulado previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en procurar una justicia pronta y expedita, que asegure su correcta y funcional administración". En esas condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, con relación al artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento, procede sobreseer en el juicio promovido por ********************, por conducto de su apoderado Enrique Mateo Hernández, contra actos de la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad y otra autoridad. Circunstancia que impide a quien resuelve entrar al estudio de las cuestiones de fondo hechas valer en contra de los actos reclamados cuyo sobreseimiento se decretó en este apartado, de conformidad con la jurisprudencia II.3o. J/58, del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Núm. 70, Octubre de 1993, a pág. 57, de contenido siguiente: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." Finalmente, con relación al pedimento formulado por la Ministerio Público, resulta innecesario pronunciarse expresamente al respecto, pues constituye sólo una manifestación u opinión de una de las partes del juicio sujeta a la apreciación que del acto reclamado se haga en la presente ejecutoria. Por compartirse se cita en lo sustancial el siguiente criterio: "MINISTERIO PÚBLICO SU PEDIMENTO NO OBLIGA EN EL JUICIO DE AMPARO. El juzgador constitucional no está obligado en la sentencia que pronuncia, a acoger el sentido del pedimento del Ministerio Público, toda vez que conforme al artículo 5o. de la Ley de Amparo, la representación social es parte en el juicio de garantías, por lo que tal pedimento constituye sólo una manifestación sujeta a la apreciación que del acto reclamado se haga en la propia sentencia, como lo establece el artículo 78 de la misma Ley Reglamentaria." Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 124, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se, R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio promovido por ********************, contra los actos de autoridad precisados en el considerando tercero, por los fundamentos y motivos indicados en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Mirna Rodríguez Calderón, Secretaria que autoriza.- Doy fe. aeol

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, a siete de septiembre de dos mil veintitrés. REMITE COPIA CERTIFICADA DEL EXPEDIENTE Agréguese a los autos el oficio signado por la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual, en atención al diverso 14346 de treinta de agosto del año en curso, remite copia certificada del expediente ordinario laboral 970/2019. En ese sentido, con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se tiene por admitida y desahogada en atención a su propia y especial naturaleza, la documental precisada en el párrafo que antecede, sin perjuicio de hacer relación de la misma en la audiencia constitucional; con la que se ordena formar un tomo de pruebas por separado. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, actuando con Mirna Rodríguez Calderón, secretaria que autoriza. Doy fe.-

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, treinta de agosto de dos mil veintitrés. SE REQUIEREN CONSTANCIAS A AUTORIDAD RESPONSABLE Visto el estado procesal de autos, de los que se obtiene que la autoridad responsable Junta Especial Número 30 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, al momento de rendir su informe justificado no acompaño copia certificada de la totalidad de las constancias que integran el juicio laboral de origen 970/2019, la cual es necesaria para resolver el presente, por tanto, con fundamento en el tercer párrafo, del artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase a dicha autoridad, para que dentro del término de tres días, contados a partir del siguiente al en que se le notifique el presente acuerdo, remita copia certificada, completa y legible del juicio laboral de referencia, con el apercibimiento que de no hacerlo dentro del plazo concedido, se le impondrá multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafos Sexto y Séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir el día siguiente, en relación con los artículos 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo. SE DIFIERE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Para dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para esta fecha y se fijan las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTICINCO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIRÉS, para que tenga verificativo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza. Doy fe.ROVECon fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, la Secretaria Esperanza Fuentes Reyes CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.

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