Enrique Lopez Hernandez

Expediente 171/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
171/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
31/05/2021

Partes del expediente

  • Enrique Lopez Hernandez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el término que alude el artículo 196 de la Ley de Amparo, para que las partes alegaran el defecto o exceso en el cumplimiento al fallo protector, ha transcurrido, por lo que este órgano procede a resolver al respecto. El acto reclamado materia de análisis de este juicio fue el retardo en la impartición de justicia derivado de la omisión de ejecutar el laudo dictado en el juicio laboral D-3/455/2013 del índice de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla. Por resolución dictada el veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa Juan Carlos Ramos González, contra los actos de la Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, para los siguientes efectos En las relatadas circunstancias, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por Juan Carlos Ramos González, para que el Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla en el término de setenta y dos horas siguientes al en que se le requiera el cumplimiento de esta sentencia, dicte todas las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio sean procedentes para ejecutar el laudo de cuatro de septiembre de dos mil quince, dictado en el juicio laboral D-3/455/2013, hasta lograr que se cubra la totalidad de la condena económica impuesta, o bien, determine que es imposible cubrir alguna de ellas. Debiendo informar a este Juzgado de Distrito el trámite que vaya dando hasta el total cumplimiento del laudo...". En consecuencia, una vez transcurrido el término previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes se inconformaran con la sentencia a pesar de estar debidamente notificadas; por ello, el dieciocho de junio de dos mil dieciocho la sentencia causó ejecutoria; y se requirió el cumplimiento respetivo a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla. Posteriormente, la Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, ha remitido diversas constancias que obran en el juicio laboral D-3/455/2013 de su índice, a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, de las cuales se procede a hacer relación: El seis de septiembre de dos mil dieciocho, remitió copia certificada del auto de seis de septiembre de la citada anualidad, a través del cual, informó que giro oficio a la Fiscalía General del Estado para que en auxilio de sus labores designara un perito valuadora fin de que valuara los libros embargados a la parte demandada. Luego, por símil 9616/2018 recibido el cinco de octubre de dos mil dieciocho, la Presidenta responsable, remitió el avaluó emitido por el perito oficial a través del cual determinó que el valor de los libros embargados a la parte demandada, era de $39,444.00 (treinta y nueve mil cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos 00/100MN). En atención a lo anterior, el catorce de diciembre de los dieciocho, tuvo verificativo la audiencia de remate en primer y publica almoneda respecto de los libros embargados, de la cual se advirtió que no se recibió postura alguna, por lo que la Junta responsable procedió conforme a lo establecido en el artículo 973 de la Ley Federal del Trabajo, y señaló una nueva fecha para el verificativo de la segunda almoneda, precisando que al valor de los libros se le restaría el veinte por ciento. Luego, se advierte que del periodo comprendido del catorce de diciembre de los dieciocho al veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, se llevaron a cabo diecinueve almonedas publicas respecto de los libros embargados a la parte demandada, siguiendo los lineamientos estipulados en el artículo 973 de la Ley Federal del Trabajo, y fue hasta esta última, donde se logró una postura por Wendy Olivares Cervantes, por la cantidad de $500.00 (quinientos pesos cero centavos M/N) y en la misma fecha, se le hizo entrega de los 95 libros que se le adjudicaron. Por lo anterior, el siete de octubre de dos mil diecinueve, se actualizó la condena en la cantidad liquida y a la cual se le resto de la cantidad de la última postura legal quedando la cantidad de $123,137.38 (ciento veintitrés mil ciento treinta y siete pesos treinta y ocho centavos M/N). Y, el diecisiete de octubre de dos mil diecinueve, tuvo verificativo la diligencia de requerimiento de pago, sin que al efecto se pudiera embargar bienes, por lo que el actor solicito se giraran las instrucciones necesarias a fin de lograr la ejecución del laudo. Así, el ocho de noviembre de la citada anualidad, la Junta responsable giró oficios a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y al Registrador Publico de la Propiedad de la Circunscripción Territorial de Puebla para que tuviera a bien informar si contaban con registros de la demandada "Angelibro", Sociedad Anónima de Capital Variable. En atención a lo anterior, las autoridades Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y el Registrador Publico de la Propiedad de la Circunscripción Territorial de Puebla, dieron contestación a lo solicitado por la Junta, de lo que se advirtió que la demanda tenía registrada una cuenta en la Institución Financiera Banco Santander y que se encontraba radicado un concurso mercantil en el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, por lo que la Presidenta responsable, ordeno girar oficio a la Institución Financiera para que tuviera conocimiento que la demandada "Angelibro", Sociedad Anónima de Capital Variable, debía de pagar al actor la cantidad de $123,137.38 (ciento veintitrés mil ciento treinta y siete pesos treinta y ocho centavos M/N), a fin de ejecutar el laudo; por otra parte, giro oficio al Juzgado de Distrito, para que informara el estado de ejecución en que se encontraba el concurso mercantil de su estadística, y en su caso, se tomara en consideración al actor Juan Carlos Ramos González. Respecto a lo solicitado por la Junta, el Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, practicó la notificación a Juan Carlos Ramos González -aquí quejoso-, a fin de que compareciera ante dicha autoridad a deducir sus derechos en el concurso mercantil 325/2015 de su índice. Y, por lo anterior, la Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, procedió a remitirle copia certificada del laudo emitido el cuatro de septiembre de dos mil quince, con sus respectivas notificaciones y el auto de dos de marzo de dos mil veinte, a fin de que el actor estuviera en aptitud de comparecer en el citado concurso y hacer valer sus derechos, atendiendo lo estipulado en el artículo 981 de la Ley Federal del Trabajo. Luego, por oficio 760/2021 recibido el veintiocho de enero de dos mil veintiuno, la Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, remitió copia certificada del auto de veinticinco de enero de dos mil veintiuno, emitido en el juicio laboral D-3/455/2013 de su índice, por el cual, hizo relación de las gestiones practicadas a fin de lograr la ejecución del laudo de cuatro de septiembre de dos mil quince, sin embargo, agotó los medios que estaban a su potestad para llevarlo acabó, por lo que se declaró imposibilitada para ejecutar el mismo. Máxime, que por diverso 2052/2021 de nueve de marzo de dos mil veintiuno, informó que del concurso mercantil 325/2015 del índice del Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, se emitió sentencia respecto a los derechos de preferencia del actor Juan Carlos Ramos González -aquí quejoso-. Por lo anterior, el veintinueve de enero de dos mil veintiuno, se dio vista a las partes con las constancias remitidas por la Junta responsable, el cual se notificó a la quejosa el veintitrés de febrero de la presente anualidad; y a la parte tercera interesada el dieciocho de los citados mes y año. Ahora, este órgano jurisdiccional procede a resolver de oficio, si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Del examen de las documentales exhibidas por la Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, las que de conformidad con los artículos 129, 197, 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, tienen pleno valor probatorio, se desprende que llevo a cabo todas las gestiones que estaban en su potestad a fin de ejecutar el laudo de cuatro de septiembre de dos mil quince, en el juicio laboral D-3/455/2013 de su índice, pues de las constancias se advierte que siguió los lineamientos establecidos en la Ley Federal del Trabajo respecto a los procedimiento de ejecución, embargo y remates, concluyendo la preferencia de créditos, por lo que este Juzgador estima que se colma la garantía de seguridad jurídica. Máxime que los efectos de la ejecutoria de precisaron para que la responsable tomara las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio sean procedentes para ejecutar el laudo, o en su caso, determine que es imposible cubrirlo, y como aconteció, el veinticinco de enero de dos mil veintiuno, relaciono las gestiones practicadas a fin de lograr la ejecución del laudo, sin embargo, agotó los medios que estaban a su potestad para llevarlo acabó, por lo que se declaró imposibilitada para ejecutar el mismo. En las relatadas condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo segundo y cuarto de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria dictada en este juicio, sin excesos ni defectos. Por otra parte, sin que se óbice las manifestaciones vertidas por la parte quejosa en su escritos presentados en la oficialía de este Juzgado Federal el diecinueve de febrero y veintinueve de marzo ambos del dos mil veintiuno, mediante los cuales manifiesta que la Junta responsable no está imposibilitada para dar cumplimiento máxime que por el retardo de impartición de justifica es por lo que no se pudo ejecutar el laudo, toda vez que el concurso mercantil es posterior a la radicación del juicio laboral D-3/455/2013, por lo que solicita que se hagan efectivos los apercibimientos decretados y se remite el presente juico a inejecución de sentencia. Atento a lo anterior, este juzgador estima que la Junta responsable, atendió los efectos precisados en la sentencia de amparo, pues como quedo relatado en párrafos anteriores, realizó las gestiones necesarias que estaban en su potestad para ejecutar el aludido laudo, y posterior a ello, manifestó la imposibilidad que tenía para dar cumplimiento, pues agotó todos los medios de convicción que estaban a su alcance. Ahora, por cuanto hace a la remisión de los autos a fin de substancias el incidente de inejecución de sentencia, no se acuerda favorable la petición del quejoso, pues la ejecutoria de amparo, se ha declarado cumplida. Por lo anterior, háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno respectivo e ingrésese esta información en el sistema integral de seguimiento de expedientes [SISE]; asimismo, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido; en el entendido de que se tramitó sin incidente de suspensión. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el expediente principal en que se actúa, es susceptible de DEPURACIÓN en el plazo de tres años, ya que se trata de un juicio de amparo donde se concedió la protección constitucional. Se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Instrumento de soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda". Por lo anterior, como lo dispone el capítulo Décimo Tercero, artículo 35, primer y segundo párrafo del Acuerdo General en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en que se actúa; y, una vez que transcurra el plazo de tres años que aduce el penúltimo párrafo del artículo 18, dentro de los siguientes noventa días posteriores, este juzgado federal deberá depurar el presente expediente; hecho lo anterior, se solicitará la transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Finalmente, se considera que el presente expediente carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del multicitado Acuerdo. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintinueve de abril de dos mil veintiuno. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, se tiene por recibido el oficio y anexo de la Presidenta de la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, a través del cual en alcance a su informe justificado remite copia certificada del laudo dictado el nueve de abril de dos mil veintiuno en el expediente laboral 1692/2014, de su índice. Ahora bien, de las constancias de cuenta, se advierte lo siguiente: El nueve de abril de dos mil veintiuno, la Junta responsable dicto el laudo en el juicio laboral 1692/2014, de su estadística. De lo antes narrado, este órgano jurisdiccional advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, conforme a los razonamientos que a continuación se exponen: Primeramente, conviene destacar que el precepto legal invocado, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del citado ordenamiento se infiere que para efectos del juicio de amparo, se entiende que la cesación de los efectos del acto reclamado se presenta en el momento en que la autoridad responsable revoca el acto que la quejosa señaló como reclamado, o bien, cuando crea o constituye una situación jurídica que destruye la que dio motivo a la promoción del juicio de amparo, de tal manera que por esa nueva situación se restituya a la quejosa en el goce del derecho violado. Además, para que tal causa de improcedencia del juicio de amparo se actualice, no basta que ese nuevo acto de la autoridad derogue o revoque el acto reclamado, sino que necesariamente debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto tildado de inconstitucional no hubiere vulnerado la esfera jurídica del particular. Del análisis integral de la demanda se advierte que el quejoso Enrique López Hernández, hizo consistir el acto reclamado en la omisión de dictar el laudo correspondiente en el expediente laboral 1692/2014; y, el nueve de abril de dos mil veintiuno la Junta responsable dicto el laudo en el juicio laboral de origen, lo que se acredita con las constancias que se adjuntaron al oficio de cuenta. Por tanto, es inconcuso que en el presente caso han cesado los efectos del acto reclamado pues al haberse dictado el laudo en el juicio laboral 1692/2014, del índice de la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de las presuntas violaciones constitucionales; es decir, como si la omisión no hubiere invadido la esfera jurídica del quejoso, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional. En tales condiciones, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 del citado ordenamiento legal. Lo anterior a efecto de no retrasar la impartición de la justicia pronta y expedita, en contravención con lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que promulga dichos principios, pues de continuar con el juicio de amparo en que se actúa, celebrar la audiencia constitucional y dictar el sobreseimiento relativo en ella, resultaría ocioso y atentatorio de dichos principios que prevé esa norma fundamental contrariándose con ello el espíritu del artículo 93, fracción IV, de la ley de la materia, cuando en tal caso se deben de evidenciar supuestos de mayor entidad como serían que no se surta la causa de improcedencia invocada, lo cual en la especie sí acontece; o que existan datos que hagan desaparecer la referida causal, lo cual no se demuestra; entre tanto, el sobreseimiento decretado más bien, como se señaló, es acorde a los principios fundamentales establecidos en el citado artículo 17 constitucional. Por lo anterior, se deja sin efecto la audiencia constitucional que se encontraba señalada a las nueve horas con veintitrés minutos del once de mayo de dos mil veintiuno. Finalmente, háganse las anotaciones del caso en el libro respectivo e ingrésese esta información en el sistema integral de seguimiento de expedientes [SISE]. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    ténganse por recibidos el telegrama y oficio con anexo de cuenta suscritos por el Director General de Asuntos Jurídicos del Registro Agrario Nacional en representación de la Dirección General de Registro y Control Documenta, a través de los cuales informa que por símil DGAJ/2489/2021 dirigido al Director General de Registro y Control Documental del Registro Agrario Nacional, en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo, en su carácter de superior jerárquico del mencionado Director, lo conminó para que cumpla con el fallo protector dictado en el presente asunto. De lo anterior, se toma conocimiento de lo informado por el superior jerárquico del Director General de Registro y Control Documental del Registro Agrario Nacional; por otra parte, se advierte que dicha autoridad no ha dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio. En consecuencia, con fundamento en los artículos 192 y 258 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable Director General de Registro y Control Documental del Registro Agrario Nacional de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, para que en el término de tres días contados a partir de la notificación del presente proveído, dé cumplimiento a le ejecutoria de amparo, la cual se concedió para los siguientes efectos: (.) Deje insubsistente la resolución de veintitrés de octubre de dos mil dieciocho, relativa al recurso de revisión, interpuesto por la hoy quejosa en contra de la calificación registral de treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete, que declaró improcedente la inscripción y expedición del título de origen parcelario, correspondiente a la parcela 321 del poblado de San Nicolás Tetitzintla, Tehuacán, Puebla, y en su lugar dicte una nueva resolución en la que: - Analice lo establecido por los artículos 81 y 82 de la Ley Agraria, ponderando si cobran aplicación en el caso de que se trata. - Examine lo acordado en la Asamblea convocada por el comisariado ejidal del Ejido de San Nicolás Tetitzintla, Tehuacán, Puebla, que se llevó a cabo el veinticuatro de agosto de dos mil tres, en la que, en lo que interesa, en su DÉCIMO PRIMER PUNTO se determinó autorizar a todos los ejidatarios para que adopten el dominio pleno sobre sus parcelas; además, de que se consideró que los derechos parcelarios sobre las parcelas de nueva creación, pueden adoptar el dominio pleno y que cuando el ejido o el ejidatario titular así lo consideren pertinente, solicitarán al Registro Agrario Nacional su cambio de régimen de propiedad a fin de que se les expida el título de propiedad correspondiente. - Realice un estudio de los agravios de la recurrente, aquí quejosa, de la documentación exhibida por ésta, así como de la resolución recurrida, y resuelva conforme a derecho.". Debiendo remitir copia certificada de las constancias que acrediten el cumplimiento dado a la misma. Finalmente, hágase del conocimiento a la autoridad mencionada y al superior jerárquico, que subsiste el apercibimiento decretado en auto de dos de octubre de dos mil veinte.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, seis de abril de dos mil veintiuno. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2, agréguese a los autos el escrito de cuenta, signado por el quejoso Francisco Valencia Sánchez, por medio del cual promueve incidente de nulidad de notificaciones en contra de la notificación de la sentencia de veintidós de mayo de dos mil veinte y ofrece pruebas al respecto. En tales condiciones, con apoyo en los artículos 67 y 68 de la Ley de Amparo, se admite a trámite el incidente de nulidad de notificaciones promovido por la parte quejosa; por tanto, se da vista a las demás partes y al Actuario adscrito a este Juzgado Tomás Mejía Martínez, corriéndoles traslado con copia simple del citado escrito, para el efecto de que dentro del término de tres días siguientes a la notificación del presente proveído, manifiesten lo que a su interés convenga y ofrezcan las pruebas que estimen convenientes en relación al incidente de nulidad. Asimismo, a fin de evitar mayores dilaciones procesales, se requiere a las autoridades responsables para que dentro del término de tres días, contados a partir de la notificación del presente proveído, acusen recibo de los oficios que al efecto se emitan con motivo del presente auto, mediante el sistema de mensajería acelerada con el que cuenten contratado, en el entendido de que deberán enviar copia certificada de los citados acuses, en los cuales se advierta la fecha de su recepción Con el apercibimiento que en caso de no dar cumplimiento a lo anterior en el término indicado para ello, se impondrá, a cada uno, una multa de cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 237, fracción I, 238, y 259 de la ley de la materia, en relación con los diversos 26 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los transitorios segundo, tercero y quinto del Decreto que reforma diversas disposiciones constitucionales en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, cuyo valor diario será de $89.62 [ochenta y nueve pesos con sesenta y dos centavos, moneda nacional], atento a la actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el ocho de enero de dos mil veintiuno. Por otro lado, con apoyo en el artículo 67 de la Ley de Amparo, se tienen como prueba de la parte quejosa la documental que indica en el ocurso de mérito, la que se tomarán en consideración con el valor que les concede la ley al momento de resolver el incidente planteado. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE Y AL ACTUARIO TOMÁS MEJÍA MARTÍNEZ.

Quedan 1 actuación en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla · 15,571 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano