Enrique Herrera Lima
Expediente 222/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 222/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 09/04/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Enrique Herrera Lima
Actuaciones
- Principal
Mesa de Amparo III-B Se declara que el auto en el que se tuvo por no presentada la demanda causó estado y se archiva el expediente como asunto concluido. Notifíquese
- Principal
Mesa de Amparo III-B "...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de marzo de dos mil diecinueve. Vista la razón de quince de marzo de este año, por la actuaria adscrita a este juzgado, de la que se advierte que no fue posible notificar a la parte quejosa, el proveído de once de marzo de dos mil diecinueve; por tanto...; notifíquesele el citado proveído y los subsecuentes autos por lista de acuerdos, que se fijan en los estrados de este juzgado, hasta en tanto la parte quejosa señale nuevo domicilio para recibir notificaciones. Notifíquese. ---------Inserción---------San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de marzo de dos mil diecinueve. Agréguese el escrito señalado en la cuenta al expediente en que se actúa para que surtan sus efectos legales correspondientes. Desechamiento. Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda promovida por Enrique Herrera Lima, porque en relación con las actuaciones impugnadas se actualiza de manera manifiesta e indudable la hipótesis de inejercicio de la acción constitucional prevista por el ordinal 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción V, de la propia legislación, este último precepto interpretado en sentido contrario, dado que no constituyen actos de imposible reparación. Para evidenciar tal aserto en principio debe señalarse que de la lectura integral de la demanda se advierte que el quejoso atribuye a los Magistrados Integrantes de la Tercera Sala Unitaria de Primera Instancia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, la resolución de dieciocho de febrero de dos mil diecinueve, dictada en el expediente 291/2016, mediante la cual requirió al aquí quejoso para que exhibiera seiscientas veintiún copias de su escrito inicial de demanda a fin de correr traslado a los supuestos terceros interesados en el juicio de nulidad con apercibimiento que de no hacerlo se tendría por no interpuesta la demanda y se le impondría una multa. Por otro lado, es necesario tener presente el contenido de las disposiciones jurídicas invocadas, las cuales señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]" El tramo normativo transcrito en primer orden establece que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución General de la República o de la Ley de Amparo. Por otro lado, el numeral inserto en último orden dispone que el juicio de amparo indirecto procederá contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. El Máximo Tribunal Constitucional de la Nación al interpretar el contenido de esta última disposición estableció que el juicio de amparo indirecto procederá contra actos de imposible reparación, los cuales para ser calificados de esa manera necesitarán producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberán ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además, sostuvo que deberán recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. En esa línea, la Superioridad puntualizó que tal interpretación se deducía de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o en el procedimiento: la primera consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivalía a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto de autoridad impedía el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aun antes del dictado del fallo definitivo; y, la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos-, sino que dependerá de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o del procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Por otra parte, es necesario señalar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 325/2015 reiteró el criterio establecido por el Pleno del Alto Tribunal de este País y sostuvo que el legislador secundario al precisar en la Ley de Amparo el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto, ya que mediante una fórmula legal estableció que tales actos para ser calificados como irreparables necesitaban producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias debían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente que se produjera una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además, enfatizó que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. [...]. En ese contexto, tratándose de actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, conforme a lo previsto por el ordinal 107, fracción V, de la ley de la materia, el justiciable podrá acudir de manera inmediata al juicio de amparo indirecto ante el Juez de Distrito sin que deba esperar hasta que se dicte el fallo definitivo en el procedimiento, ya que las consecuencias de la violación cometida no desaparecerán aun cuando obtenga una resolución favorable. Desde esa perspectiva es inconcuso que no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tienen como consecuencia una afectación de naturaleza adjetiva, dado que sus efectos son meramente formales, en el entendido de que si llegara a obtenerse una resolución favorable, los efectos de la violación procesal desaparecerán sin que se haya alterado algún derecho sustantivo del gobernado tutelado por la Carta Magna o por los instrumentos de fuente internacional de los que el Estado Mexicano sea parte. Por lo tanto, de tratarse de actos que no afectan de manera inmediata derechos sustantivos, el particular debe esperar hasta el dictado del fallo definitivo para poder combatir en la vía directa las violaciones que considere acaecieron durante el procedimiento que afectaron su defensa y que trascendieron al resultado de dicho fallo. Con base en lo anterior, debe establecerse que la resolución de dieciocho de febrero de dos mil diecinueve, dictada en el expediente 291/2016, mediante la cual se requirió al aquí quejoso para que exhibiera seiscientas veintiún copias de su escrito inicial de demanda a fin de correr traslado a los supuestos terceros interesados en el juicio de nulidad con apercibimiento que de no hacerlo se tendría por no interpuesta la demanda y se le impondría una multa, no constituye actos de imposible reparación en la medida en que no producen una afectación material a derechos sustantivos, como el domicilio, la propiedad, la posesión, etcétera, aun cuando la quejosa alega una transgresión en su perjuicio a los derechos humanos de debido proceso y de tutela judicial efectiva previstos en los artículos 1 y 17 de la Constitución General de la República. Efectivamente, la violación procedimental consistente en el requerimiento de las copias de la demanda y apercibimiento de tener por no interpuesta la demanda e imponerle multa, por el momento en que se produce sólo ocasiona una afectación a sus derechos adjetivos o procesales al obligarla a soportar la consecuencia de que se tenga por no interpuesta su demanda de nulidad, pero con ello no se afecta materialmente algún derecho sustantivo tutelado en la Constitución General de la República, o bien, en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, sino que tan sólo hace nacer la posibilidad de que esa situación ocurra al momento de tener por no interpuesta la demanda de nulidad, razón por la cual es necesario esperar hasta que la autoridad determine si admite o no la demanda, para poder combatir esa violación adjetiva mediante el recurso ordinario correspondiente, siempre que haya afectado las defensas de la inconforme. Si bien, como lo aduce el inconforme, en caso de que la autoridad determine tener por no presentada la demanda de nulidad, es claro que no se estudiará el fondo del asunto emitiendo la sentencia respectiva, lo cierto es que la determinación que emita el tribunal responsable será una resolución que ponga fin al juicio y por tanto, en su contra, el quejoso tiene medios ordinarios y extraordinarios de defensa que hacer valer, y es ahí donde podrá alegar las violaciones procesales que ahora aduce. En esa línea, el hecho de que se haya requerido copias de la demanda y se le haya apercibido con que se tendría por no interpuesta la demanda de nulidad y se le impondría una multa, no puede conducir a considerar que se está frente a un acto dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, en virtud de que no produce de manera inmediata una afectación material a un derecho sustantivo tutelado en la Carta Magna o en los instrumentos de fuente internacional de los que el Estado Mexicano sea parte, sino que por el momento únicamente implica la violación de derechos adjetivos que ocasionan únicamente efectos formales o intraprocesales. El quejoso aduce que el dictado de la determinación que reclama afecta su derecho de acceso a la justicia en la medida que si no exhibe el número de copias requeridas por la responsable su demanda de nulidad no será admitida y por ende no se dictará sentencia de fondo en la que pueda alegar tales violaciones; sin embargo, debe reconocer que este no es el momento procesal para combatir esa determinación, pues ello será hasta que el tribunal de conocimiento emita la resolución en relación a la admisión o no de la demanda de nulidad, pues será hasta ese momento en que podría estarse en condiciones de examinar sí realmente se violaron los derechos sustantivos del quejoso. Luego, si las actuaciones reclamadas no afectan materialmente algún derecho sustantivo de la promovente tutelado por la Constitución General de la República o por los tratados internaciones de los que el Estado Mexicano es parte es indudable que no se actualiza el supuesto de procedencia del juicio de amparo indirecto previsto por el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, para que puedan ser consideradas como actos que producen efectos de imposible reparación. Por las consideraciones expuestas se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por el ordinal 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción V, de la propia legislación, este último precepto interpretado en sentido contrario, lo que conduce a desechar de plano la demanda de amparo promovida por Enrique Herrera Lima, en términos de lo dispuesto en el ordinal 113 de la ley de la materia. Domicilio y autorizados de la parte quejosa. Téngase al quejoso señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica, y por autorizados únicamente para recibir notificaciones e imponerse de los autos a las personas que señala por así solicitarlo expresamente el promovente. Notifíquese personalmente.
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