Enrique Francisco Martínez Ruiz

Expediente 836/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 12 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
836/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
12/08/2022

Partes del expediente

  • Enrique Francisco Martínez Ruiz
  • Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales con sede en San Francisco Tanivet, Oaxaca

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, doce de agosto de dos mil veintidós. Vistos los autos se observa que por acuerdo de tres de agosto de dos mil veintidós, debido a un error involuntario se indicó que quedaba firme la determinación donde se desechó la demanda de amparo origen de este expediente dictado el quince de julio de dos mil veintidós, cuando lo correcto es que en dicho proveído se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se regulariza el procedimiento y en virtud que de la certificación de cuenta se advierte que ya transcurrió en demasía el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que el quejoso interpusiera recurso de revisión contra el proveído de quince de julio de dos mil veintidós, donde se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio, sin que lo haya hecho; de conformidad con los preceptos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el acuerdo correspondiente ha causado estado. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en virtud que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, este asunto encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la destrucción de este expediente. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente se ordena proveer lo correspondiente en el incidente de suspensión relativo a este juicio de amparo. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  2. Incidental

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, doce de agosto de dos mil veintidós. Como está ordenado en esta fecha en el cuaderno principal, en el que por acuerdo de esta misma fecha se ordenó archivar el juicio de amparo 836/2022 del que deriva el presente incidente de suspensión; asimismo, en atención a la cuenta que antecede, se advierte que se concedió la suspensión provisional y se negó la suspensión definitiva; que en el cuaderno original y duplicado del incidente de suspensión no obra documento alguno considerado como original que las partes hayan exhibido. Por tanto, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como concluido. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y que se concedió la suspensión provisional y se negó la suspensión definitiva, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del referido acuerdo, se ordena la depuración del original del presente incidente de suspensión, ya que encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) de la fracción I, artículo 18 del citado Acuerdo General. Por otro lado, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en comento, se ordena la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, transcurridos seis meses a partir de la notificación de este acuerdo. Asimismo, se estima que este incidente carece de relevancia documental, en virtud que el acto reclamado no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Por tanto, transcurridos el plazo de conservación de tres años, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la depuración del cuaderno original, para lo cual se ordena conservar la demanda de amparo el auto donde se proveyó lo relativo a la suspensión provisional. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.

  3. Incidental

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de agosto de dos mil veintidós. En atención a la cuenta que antecede, se advierte que se concedió la suspensión provisional y se negó la suspensión definitiva; que en el cuaderno original y duplicado del incidente de suspensión no obra documento alguno considerado como original que las partes hayan exhibido. Por tanto, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como concluido. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y que se concedió la suspensión provisional y se negó la suspensión definitiva, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del referido acuerdo, se ordena la depuración del original del presente incidente de suspensión, ya que encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) de la fracción I, artículo 18 del citado Acuerdo General. Por otro lado, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en comento, se ordena la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, transcurridos seis meses a partir de la notificación de este acuerdo. Asimismo, se estima que este incidente carece de relevancia documental, en virtud que el acto reclamado no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Por tanto, transcurridos el plazo de conservación de tres años, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la depuración del cuaderno original, para lo cual se ordena conservar la demanda de amparo el auto donde se proveyó lo relativo a la suspensión provisional. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    "San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de julio de dos mil veintidós. Téngase por recibidos el oficio y anexo señalados en la cuenta. Fórmese expediente impreso y electrónico en términos de lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Amparo y regístrese con el número 836/2022. Ahora bien, de su contenido se advierte que el titular del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, comunica que mediante auto de ocho de julio de dos mil veintidós, ese órgano jurisdiccional se declinó competencia para conocer de la demanda de amparo promovido por Enrique Francisco Martínez Ruiz que originó el juicio de amparo 663/2022 de su estadística, debido a que el acto reclamado, se encuentra relacionado con el diverso inconstitucional identificado en el expediente 90/2022 del índice propio. En consecuencia, toda vez que este Juzgado Federal comparte el criterio sobre el cual la autoridad declina el conocimiento del citado asunto a favor de este órgano jurisdiccional; se acepta la competencia declinada, por tanto, se avoca al conocimiento del juicio constitucional de que se trata; acúsese recibo. Admisión. Con fundamento en los normativos 1, 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 6, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción III, 108, 110, 112, 115, 117 y demás relativos aplicables de la Ley de Amparo se admite la demanda de amparo promovida por Enrique Francisco Martínez Ruiz. Sin que haya lugar a solicitar los informes justificados las autoridades responsables, en virtud que ya obran agregados a los autos. Asimismo, se reconoce la validez de todo lo actuado por el Juzgado declinante de la competencia, pues las constancias que remite cuentan con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2º. Solicítese, atentamente, a la juez Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en esta población, para que instruya al analista jurídicos (SISE) de su adscripción, a fin de que habilite la disponibilidad del expediente electrónico 663/2022, a efecto de que se vincule de manera permanente a este órgano jurisdiccional; ello, para los efectos legales correspondientes. Incidente de suspensión. Debido a que ya fue resuelto el incidente de suspensión que solicitó la parte quejosa, se ordena identificar el mismo con el número correspondiente a este asunto (cuadernillos original y duplicado). Compensación de asuntos. Envíese oficio a la encargada de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, a efecto de que realice el registro correspondiente de este juicio para la compensación respectiva. Sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora, del estudio de las constancias que integran el sumario, se desprende que en el juicio constitucional de que se trata, se actualiza una causa de improcedencia, atento a lo siguiente: Conforme al derecho fundamental de administrar justicia de manera pronta y expedita consagrado por el ordinal 17 de la Constitución Federal, no es factible continuar el trámite de los asuntos en los que se advierta una causa notoria de improcedencia para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal. El proceder anterior tiene como base lo previsto por el arábigo 17 constitucional que consagra el derecho fundamental de acceso a la jurisdicción e impone como deber a los órganos jurisdiccionales de salvaguardar esa prerrogativa de manera pronta y expedita, dado que no sería lógico ni razonable seguir el trámite de una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre será improcedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Por consiguiente, al tratarse la improcedencia de una cuestión de orden público debe atenderse a los citados elementos a efecto de comprobar qué supuestos legales que regulan a esa institución jurídica se actualizan en el presente sumario. En la especie, este órgano de control constitucional considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, que establecen: ARTÍCULO 61 El juicio de amparo es improcedente X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios. [.] De la certificación de cuenta se observa que ante este órgano jurisdiccional se lleva el juicio de ampro 90/2022 promovido por Enrique Francisco Martínez Ruiz, contra la orden aprehensión de veintiocho de junio de dos mil veintiuno dictada en la causa penal 660/2021 del índice del Juzgado de Control del circuito judicial de Valles Centrales con sede en Tanivet, Oaxaca; en dicho expediente de amparo previos los trámites correspondientes, se dictó sentencia el treinta de junio de dos mil veintidós, misma que a la fecha no ha causado ejecutoria, circunstancia que constituye un hecho notorio para este órgano jurisdiccional. Ahora bien, el acto reclamado por el quejoso Enrique Francisco Martínez Ruiz en la demanda de amparo que remite por incompetencia el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, esencialmente es la orden aprehensión dictada en la causa penal 660/2021 del índice del Juzgado de Control del circuito judicial de Valles Centrales con sede en Tanivet, Oaxaca. Lo anterior evidencia que tanto en el juicio de amparo de amparo 90/2022 del índice propio como en el 663/2022 del índice del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca, que envían por incompetencia, tienen identidad en el quejoso (Enrique Francisco Martínez Ruiz), acto reclamado (orden aprehensión de veintiocho de junio de dos mil veintiuno dictada en la causa penal 660/2021) y autoridad responsable (Juzgado de Control del circuito judicial de Valles Centrales con sede en Tanivet, Oaxaca). Las anteriores circunstancias evidencian la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo consistente en la litispendencia, que ha sido definida como el estado del litigio que se halla pendiente de resolución ante un tribunal, o lo que es igual, el estado del juicio del que ya conocen los tribunales y no ha sido resuelto por sentencia ejecutoria. La figura jurídica de la litispendencia se funda en tres razones principales: (1) en el principio de economía procesal que exige que se eviten dos procesos sobre el mismo litigio; (2) en la necesidad de evitar dos sentencias diversas y aun contradictorias sobre el mismo litigio; y finalmente, (3) en que sería injusto obligar al demandado a defenderse en dos procesos diversos respecto de una misma demanda. Cabe precisar que el texto del artículo 73 de la Ley de Amparo abrogada -que también establecía como causa de improcedencia la litispendencia-, tenía una redacción similar al texto vigente, en cuanto señalaba, en lo que interesa: Artículo 73. El juicio de amparo es improcedente: IIIContra leyes o actos que sean materia de otro juicio de amparo que se encuentre pendiente de resolución, ya sea en primera o única instancia, o en revisión, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas; Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió diversos criterios que interpretaron, precisamente, el artículo 73, fracción III, de la Ley de Amparo abrogada; a manera de ejemplo, se citan los siguientes LITISPENDENCIA Y COSA JUZGADA, IMPROCEDENCIAS DEL JUICIO DE AMPARO POR. EN SU CONFIGURACION NO INFLUYEN LAS VIOLACIONES CONSTITUCIONALES ALEGADAS EN LAS DOS DEMANDAS DE GARANTÍAS. Debe sobreseerse en los autos del juicio constitucional de acuerdo con lo que se ordena en el texto de los artículos 73, fracciones III o IV (según corresponda), y 74, fracción III, de la Ley de Amparo, cuando los actos reclamados sean materia de un diverso juicio de garantías promovido por la misma quejosa y en contra de las mismas autoridades, independientemente de las violaciones constitucionales alegadas, cuestión que no influye en la configuración de estas causales de improcedencia IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. La fracción IV del artículo 73 de la ley reglamentaria del juicio de garantías, establece: "El juicio de amparo es improcedente: IV. Contra leyes o actos que hayan sido materia de otra ejecutoria en otro juicio de amparo en los términos de la fracción anterior". La fracción III a que alude la disposición transcrita señala: "El juicio de amparo es improcedente, contra leyes o actos que sean materia de otro juicio de amparo que se encuentre pendiente de resolución, ya sea en primera o única instancia, o en revisión, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas". Se establece estrecha relación entre ambas causales de improcedencia, porque la señalada en la fracción IV establece como elemento fundamental, que la ejecutoria se haya pronunciado en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior, que no puede tomarse en su integridad sino sólo en la parte en que se refiere a otro juicio de amparo promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por los propios actos reclamados. Esta limitación hace que no se confundan ambas causales y que su aplicación corresponda a momentos diferentes, pues en tanto que la causal de la fracción III se contrae a lo que debe llamarse litispendencia procesal que en el juicio constitucional da origen a su sobreseimiento, cualquiera que sea la instancia en que se encuentre, la de la fracción IV sólo puede aplicarse para el mismo efecto de sobreseer, cuando se haya producido la cosa juzgada por la ejecutoria que se pronuncia en el otro juicio en el que exista la identidad en los sujetos y en el objeto; entendiendo como cosa juzgada en el caso concreto de esta causa de improcedencia, aquella verdad legal que no admite ulterior recurso IMPROCEDENCIA, CAUSAL DE, POR EXISTENCIA DE OTRO JUICIO DE AMPARO. SATISFECHOS LOS PRESUPUESTOS DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, NO IMPORTA QUE NO SE ENCUENTRE DEMOSTRADA LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO EN EL OTRO AMPARO. No es óbice para que sea operante en el juicio de garantías la causal de improcedencia que consiste en la existencia de otro amparo, prevista por la fracción III del artículo 73 de la Ley de Amparo, el que los agraviados afirmen que en el amparo precedente no aparece que exista el acto reclamado, ya que, en primer lugar, la causal de improcedencia señalada no se condiciona a que existan los actos combatidos en el primer amparo sino únicamente a que la ley o acto que se reclamen sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución y que ese juicio esté promovido por el mismo quejoso o quejosos, contra las mismas autoridades responsables, y en segundo, no podría exigirse el requisito de que los actos reclamados sean ciertos, ya que la apreciación de las pruebas para tener o no por demostrada la existencia de los actos combatidos, se lleva a cabo hasta la sentencia, en los términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, y el artículo 73, fracción III, del ordenamiento citado, parte precisamente del supuesto de que dicha resolución no se ha dictado, esto es, que existe litispendencia Conforme a los criterios recién transcritos y al texto mismo del artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo vigente, el juicio de amparo es improcedente cuando se actualizan los supuestos siguientes (i) que la ley o acto reclamado se cuestione simultáneamente en dos juicios de amparo (ii) que los juicios estén pendientes de resolución, ya sea en primera o única instancia, o en revisión, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; y (iii) que ambos juicios se hubiesen promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades responsables y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. En el caso concreto, se actualizan esos supuestos, por las razones de identidad en el quejoso, acto reclamado y autoridad responsables. En consecuencia, como a la fecha en que se emite este acuerdo, el expediente de amparo indirecto 90/2022, si bien es cierto que ya se dictó sentencia, el fallo en cuestión aún no se encuentra firme, por lo que no está ejecutoriado. De ahí que, se concluye que en la especie se actualiza la causa de sobreseimiento prevista por el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo. Domicilio de la parte quejosa y autorizados. Se tiene al quejoso señalando como domicilio para recibir notificaciones, el que indica y por autorizado con las amplias facultades a que se refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo a Héctor Gómez Hernández, por ser el único dado de alta en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales, no así de los restantes personas que refiere el quejoso, debido a que no cuentan con cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho. Habilitación de días y horas inhábiles. Al tener en cuenta la carga de trabajo de este órgano jurisdiccional, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el arábigo 17 constitucional, con fundamento en el ordinal 22 de la Ley de Amparo, así como el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se faculta a la actuaria judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo, elevado a rango de derecho constitucional. Herramientas a disposición de las partes, para la consulta del expediente. Se hace del conocimiento de las partes que con base en el referido acuerdo general 21/2020, pueden comunicarse a este órgano jurisdiccional vía telefónica y por correo electrónico a fin de conocer el estado procesal de su asunto, para tal fin pueden acceder al sitio de internet serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea en donde encontrarán el micrositio Servicios Jurisdiccionales" a través del cual pueden consultar las listas de acuerdos y de sesión de Juzgados y Tribunales de Circuito, el directorio de órganos jurisdiccionales, así como agendar una cita para acudir a este Juzgado a consultar este expediente. En el entendido de que deberán ajustarse al procedimiento indicado en los artículos 3 a 7 del multicitado acuerdo 21/2020, para generar un código QR individualizado, a fin de que asista un máximo de dos personas por cita, quienes deberán identificarse debidamente, someterse al control sanitario de ingreso y respetar las medidas de sana distancia conforme a la señalización respectiva (flechas en áreas de tránsito y cuadros en las áreas de espera y atención), evitar permanecer en las áreas destinadas al tránsito y usar cubrebocas en todo momento. Uso de medios electrónicos. Como no existe impedimento legal para que las partes, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoricen puedan hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, las actuaciones o las resoluciones que se dicten en este asunto por el Titular de este Juzgado, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría de este órgano jurisdiccional, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previa coordinación con la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a las reglas de la consulta física, a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este Tribunal; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Expediente electrónico. Se hace del conocimiento de las partes que están en posibilidad de así estimarlo de consultar por vía electrónica las promociones, los acuerdos, las resoluciones y las demás constancias que integran este expediente de amparo, para lo cual deberán sujetarse a las reglas previstas por el Acuerdo General Adjunto 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los órganos del Consejo de la Judicatura Federal. Protección de datos. Hágase saber a las partes que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y la confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en lo establecido por el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia o resolución que se llegue a dictar, se testarán las palabras, las frases o los párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este Juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo acordó y firma electrónicamente Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, asistido de Martín Gamboa Guzmán, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe."

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