Enrique Hernández Hernández

Expediente 69/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 15 actuaciones registradas, la última del 23 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
69/2021
Año
2021
Actuaciones
15
Última actuación
23/04/2021

Partes del expediente

  • Enrique Hernández Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Incidental

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de abril de dos mil veintiuno. En atención a la cuenta que antecede, se advierte que se concedió la suspensión provisional y en una parte se negó y por otra se concedió la suspensión definitiva; que en el cuaderno original y duplicado del incidente de suspensión no obra documento alguno considerado como original que las partes hayan exhibido. Por tanto, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como concluido. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y que se concedió la suspensión provisional y en parte se concedió la suspensión definitiva, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del referido acuerdo, se ordena la depuración del original del presente incidente de suspensión, ya que encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) de la fracción I, artículo 18 del citado Acuerdo General. Por otro lado, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en comento, se ordena la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, transcurridos seis meses a partir de la notificación de este acuerdo. Asimismo, se estima que este incidente carece de relevancia documental, en virtud que el acto reclamado no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Por tanto, transcurridos el plazo de conservación de tres años, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la depuración del cuaderno original, para lo cual se ordena conservar la demanda de amparo el auto donde se proveyó lo relativo a la suspensión provisional y la interlocutoria, donde se concedió en parte la suspensión definitiva. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de abril de dos mil veintiuno. Vistos los autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra el acuerdo por el que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio, sin que lo haya hecho. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho proveído ha causado estado. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en virtud que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y que se sobreseyó el juicio fuera de audiencia, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, este asunto encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la destrucción de este expediente. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno. Vista el acta de cuenta se advierte que el veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, el apoderado del inconforme ratificó ante la fedataria pública adscrita a este órgano jurisdiccional su escrito de desistimiento de la demanda de amparo y para constancia calzó su firma en esa actuación. Ahora bien, el dispositivo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada; es decir, por quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo afectado por un acto de autoridad. De lo anterior, se sigue que la parte quejosa también puede renunciar a su pretensión para que el Tribunal de amparo deje de analizar la regularidad constitucional del acto reclamado, lo que puede acontecer en cualquier momento e instancia hasta antes del dictado de la ejecutoria en un medio extraordinario de defensa. Ahora bien, el numeral 63, fracción I, de la Ley de Amparo establece como causa de sobreseimiento del juicio constitucional, cuando el quejoso se desista expresamente de la demanda de amparo y ratifique tal desistimiento. En ese contexto, en autos consta que Enrique Zurita García, apoderado del quejoso Enrique Hernández Hernández a través de su escrito presentado el once de marzo de dos mil veintiuno, se desistió de la demanda de amparo y en la diligencia de notificación de veintitrés siguiente, ratificó ese ocurso de desistimiento. Por tanto, se tiene al inconforme por desistido en su perjuicio de la demanda de amparo y con fundamento en lo previsto por el ordinal 63, fracción I, de la ley de la materia, ante la renuncia de la pretensión de la inconforme para que este Juzgado Federal analice la regularidad constitucional de los actos reclamados se sobresee en este juicio de amparo fuera de la audiencia constitucional. En razón de la decisión adoptada se dejan sin efectos la fecha y la hora señalada para la celebración de la referida audiencia constitucional. Finalmente, con apoyo en el artículo 27, fracción I de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa señalando como nuevo domicilio para recibir notificaciones, el que indica el apoderado del promovente del amparo en la diligencia de notificación de veintitrés de marzo pasado. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE (SE NOTIFICO POR LISTA AL QUEJOSO)

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de marzo de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el escrito del quejoso Enrique Hernández Hernández, mediante el cual, en atención a lo requerido el pasado doce de marzo, manifiesta que es su deseo y voluntad que Roque Zurita García, promueva en su nombre y representación pues indica bajo protesta de decir verdad que le otorgó un poder con cláusula especial para que lo represente y se desista del juicio de amparo en que se actúa. En consecuencia, se tiene a la parte quejosa manifestando lo anterior, y con fundamento en el artículo 6º de la Ley de Amparo, se tiene como su apodera a Roque Zurita García, quien acredita dicha personalidad con la copia certificada del instrumento notarial cuarenta y siete mil ciento diecinueve, volumen ochocientos sesenta y uno, del protocolo del notario público 19 del Estado de Oaxaca. Ahora bien, en atención al escrito de once de marzo de dos mil veintiuno, de Roque Zurita García, apoderado de la parte quejosa, por el que manifiesta que se desiste de la demanda de amparo origen de este asunto. Al respecto, para tener una mayor certeza y seguridad de la voluntad del disidente, de que no desea continuar con la tramitación de este medio extraordinario de defensa, así como de la abdicación de la acción constitucional externada en su ocurso, con fundamento en lo previsto por el numeral 63, fracción I, de la Ley de Amparo1, se provee: En ese sentido, como aún subsiste la situación de emergencia sanitaria, con apoyo en el numeral 26, fracción I, inciso d) de la Ley de Amparo, se comisiona al actuario(a) judicial adscrito(a) a este Juzgado para que notifique personalmente el presente proveído al inconforme o su apoderado legal, en el domicilio señalado en autos de la parte quejosa, y en el acto de la notificación ponga a su vista el escrito de cuenta y lo requiera para que manifieste si lo ratifica o no, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le tendrá por no desistido de la demanda de amparo y se continuará el juicio de protección de los derechos fundamentales. En el entendido que el citado(a) fedatario(a) deberá llevar a cabo la diligencia encomendada observando los protocolos de seguridad para evitar o minimizar la exposición a los factores de riesgo que propician el contagio por el Covid-19. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 119/2006 (10a.) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que informa: DESISTIMIENTO EN EL AMPARO. DEBE SER RATIFICADO POR EL QUEJOSO. El artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece como principio básico que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. Por tanto, para que el Juez o tribunal de amparo tengan una mayor certeza y seguridad, tanto en la intención del promovente como en la resolución de sobreseimiento que deben dictar al respecto, en los términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta indispensable que el escrito de desistimiento sea ratificado por el quejoso ante la presencia judicial o de un funcionario con fe pública, lo cual no constituye una mera formalidad para el juzgador, sino que tiene como finalidad cerciorarse de la identidad de quien desiste y saber si preserva su propósito de dar por concluido el procedimiento que inició. La certeza en la identidad y voluntad del promovente para realizar ese acto procesal se confirma con la reforma al mencionado artículo 74, fracción I, en la que el legislador eliminó la disposición de que se decrete el sobreseimiento cuando 'se tenga por desistido al agraviado en términos de ley', para conservar solamente la del desistimiento expreso, así como con el artículo 30, fracción III, del mismo ordenamiento, donde se ordena notificar personalmente al interesado la providencia que mande ratificar el escrito de desistimiento de la demanda o de cualquier recurso, y que en caso de no constar su domicilio, la petición será reservada hasta que subsane la omisión. En consecuencia, si el quejoso en un juicio de amparo manifiesta que desiste en su perjuicio de la demanda que presentó, pero no ratifica dicha manifestación, es evidente que debe continuarse con el procedimiento del juicio. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

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