Enrique Hernández Piñas
Expediente 1808/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 8 actuaciones registradas, la última del 18 de enero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1808/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 18/01/2018
Partes del expediente
- Enrique Hernández Piñas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
EN ATENCION AL CITATORIO DE DIECINUEVE DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA EL ACUERDO DEL PROVEÍDO DE DIECIOCHO DE ENERO DEL AÑO EN CURSO A LA PARTE QUEJOSA E.H.P; DETERMINACIÓN QUE MENCIONA LO SIGUIENTE: Toluca, Estado de México, dieciocho de enero de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy la parte quejosa no interpuso revisión, dentro del término legal, contra la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado ejecutoria. Dicho cómputo sólo se realiza respecto a la parte quejosa, ya que fue a ésta a quien únicamente afectó el sobreseimiento. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracciones II y III, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción ya que se sobreseyó el juicio y carece de relevancia documental; y, de depuración el original del incidente, en el que se negó y concedió la suspensión provisional y definitiva, por ende glósese al presente. Una vez que transcurran seis meses, destrúyase el duplicado del incidente. Devuélvase a una de las responsables, las constancias que remitió a este juicio. Finalmente, como en el presente asunto obra documento original, con fundamento en el último párrafo del punto décimo primero, del citado acuerdo general; requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de noventa días, comparezca a recoger dicho papel; apercibida que de no hacerlo dentro de ese término, se procederá a destruirlo
- Principal
VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto número 1808/2017-I-B; y, R E S U L T A N D O: ÚNICO. Por escrito presentado el treinta de noviembre de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, turnado el mismo día a este Juzgado; Enrique Hernández Piña solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal. Admitida la demanda y luego de las formalidades de ley, se celebró la audiencia constitucional en términos del acta precedente; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este juzgado de Distrito es competente para conocer del presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, constitucionales; 33, fracción IV, y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; 48 y 55, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que se reclaman actos de autoridades que tienen residencia dentro del territorio en el que este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el quejoso reclama del Juez y Ejecutor adscritos al Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, lo siguiente: Todo lo actuado en el expediente 534/2001, incluida la orden de desalojo y/o desocupación del inmueble ubicado en calle Independencia Oriente, número quinientos seis (506), en la colonia Santa Ana Tlapaltitlán, municipio de Toluca, Estado de México, con una superficie de doscientos ochenta y siete (287) metros cuadrados; así como su ejecución. TERCERO. Certeza o inexistencia del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables, pues al rendir su informe con justificación, el Juez y Ejecutor del Juzgado en cita, los aceptaron. Aunado a lo anterior, de las constancias que adjuntaron al mismo, se advierte su certeza; a las cuales se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, pues provienen de un servidor público en el ejercicio de sus funciones. CUARTO. Causales de improcedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, deben analizarse las causales de improcedencia que surjan en el presente juicio, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese sentido, de manera oficiosa, se advierte que respecto del acto reclamado se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.).". De dicho numeral, se advierte que el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando no se afecta el interés jurídico o legítimo del quejoso. Por interés jurídico debe entenderse la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando se trasgrede por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano de control constitucional demandando el cese de esa violación, siendo, por tanto, ese derecho protegido por el ordenamiento legal sustantivo, lo que constituye el interés jurídico que la Ley de Amparo toma en cuenta para la procedencia del juicio constitucional. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 168/2007, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y contenido siguientes: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados.". En consecuencia, para acreditar el interés jurídico es necesario que el quejoso demuestre que es titular de un derecho subjetivo legítimamente tutelado y que el acto de autoridad afecta ese derecho. En el caso, el quejoso manifiesta que desconoce la naturaleza del juicio del que emanan los actos reclamados, por lo que le resulta la calidad de tercero extraño, pues se vulnera en su perjuicio el artículo 14 constitucional ya que los actos reclamados se traducen en el desalojo y/o desocupación del inmueble ubicado en calle Independencia Oriente, número quinientos seis (506), en la colonia Santa Ana Tlapaltitlán, municipio de Toluca, Estado de México, con una superficie de doscientos ochenta y siete (287) metros cuadrados. Al respecto, cabe precisar que la posesión que ostenta un tercero extraño al juicio de donde provienen los actos reclamados puede ser materia de protección constitucional, siempre que derive de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto de la ley que genere ese derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva que, de manera fundada y razonada, produzca la convicción de que tiene derecho a la posesión de ese bien, ya que la simple tenencia material de la cosa no es susceptible de aquella protección. En consecuencia, para que el quejoso acredite su interés jurídico, debe probar que tiene la titularidad de los derechos que alude sobre el bien en cuestión, y que la misma la ostenta desde el momento en que celebró contrato de arrendamiento con quien a su dicho es propietario del inmueble que ocupa el amparista. Tiene aplicación al caso, en lo conducente, la jurisprudencia 1/2002 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común.". En ese orden, para acreditar su interés jurídico, el quejoso argumentó tener derecho a la posesión que dice le será privada en calidad de arrendatario, en virtud de un contrato de arrendamiento del inmueble en cuestión que a su favor realizó con Virginia Rebollo Martínez; sin embargo, tal documento resulta jurídicamente insuficiente para acreditar la existencia del derecho generador de la acción de amparo, pues resulta indispensable la existencia de un título que sustente alguna figura jurídica o precepto legal que le genere el derecho a poseer. Lo anterior es así, pues el contrato de arrendamiento constituye un documento meramente privado que al consignar un acto traslativo de dominio, es requisito indispensable para que surta efectos contra terceros que consten en escritura expedida por fedatario público, que se encuentren inscritos en el Registro Público de la Propiedad del lugar de su ubicación, o bien que hubiese fallecido alguno de los firmantes, sin que ninguno de éstos extremos se encuentre satisfecho al no haber sido ofrecido medio de convicción que así lo demuestre, de ahí que, el contrato en mención sólo podrá generar efectos entre las partes contratantes, mas no obliga, ni produce consecuencia legal alguna a terceros que no hubiesen intervenido en la celebración de ese acto jurídico Esta consideración encuentra sustento, en la jurisprudencia 1ª./J.24/2008, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que refiere: "ARRENDAMIENTO. CUANDO EL QUEJOSO RECLAMA EL DESPOSEIMIENTO DE UN INMUEBLE QUE DICE POSEER EN CALIDAD DE ARRENDATARIO, OSTENTÁNDOSE COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO NATURAL, SI EL CONTRATO EXHIBIDO CARECE DE FECHA CIERTA, ES INSUFICIENTE POR SÍ MISMO PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que los documentos privados en los que se hacen constar actos traslativos de dominio, para tener eficacia probatoria y surtir efectos contra terceros requieren ser de fecha cierta, cuya razón toral radica en garantizar la legalidad y certeza jurídica que debe imperar en ese tipo de operaciones, evitando que el juicio de amparo se utilice con fines desleales. Ahora bien, la circunstancia de que la legislación secundaria, en lo general, no exija que los contratos de arrendamiento se celebren o ratifiquen ante fedatario público o bien, se inscriban ante un Registro Público, no implica que tales documentos, per se, adquieran autenticidad y eficacia probatoria frente a terceros, pues ello significaría conferirles valor probatorio pleno, aun cuando dada su naturaleza de documentos privados, en los que únicamente intervienen las partes que los suscriben, es posible que contengan una fecha anterior o posterior a la verdadera, en perjuicio de terceros. Así, la exigencia mencionada debe prevalecer tratándose de documentos que consignan contratos traslativos de uso, como el arrendamiento, independientemente de que lo requiera o no la ley, pues de otro modo únicamente surtirán efectos entre los contratantes. En congruencia con lo anterior, el contrato de arrendamiento que carece de fecha cierta es insuficiente por sí mismo para acreditar el interés jurídico en el amparo, cuando el quejoso reclama el desposeimiento de un inmueble que dice poseer en calidad de arrendatario ostentándose como tercero extraño al juicio natural, pues resulta imposible determinar con certeza si dicho contrato es anterior o posterior al reclamo. Sin que lo anterior impida que el interés jurídico se acredite con otras pruebas, a juicio del Juez de Distrito." De esta manera, es incuestionable que la pretensión del quejoso no encuentra soporte en elemento de convicción apto y suficiente para dar sustento a la misma, pues los abordados en líneas que anteceden se encuentran desprovistos de ésta particularidad, cuenta habida que, es de explorado derecho que a fin de acreditar la posesión en concepto de arrendatario, es menester la plena comprobación del derecho de propiedad atribuido, ya que la posesión sin derecho sólo puede tenerse como simple detentación por falta de causa legal que la apoye y, por tanto, no protegida a través del juicio constitucional. Esto en el entendido que la posesión susceptible de ser respetada a través del juicio de garantías, por dar el interés jurídico capaz de ser afectado por un acto de autoridad, no es otra que la originaria, ya que no basta la mera tenencia de la cosa, sin causa o título jurídico alguno, para determinar que el detentador tenga un interés protegible para los efectos del amparo. Sirve de apoyo, la jurisprudencia consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, página 1341, diciembre de dos mil, Materia Común, Novena Época, que aduce: "TERCERO EXTRAÑO. POSESIÓN. PARA QUE SEA PROTEGIDA POR LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 CONSTITUCIONALES DEBE ACREDITAR SU INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO Y PROBAR EL ACTO JURÍDICO POR EL CUAL OCUPA EL INMUEBLE, A FIN DE NO TENER EL CARÁCTER DE UN SIMPLE DETENTADOR. Si el tercero extraño manifestó que su posesión deviene a propósito de un contrato de donación verbal que celebró con su padre, empero de las constancias de autos no se advierte fehacientemente que haya acreditado la existencia del referido consenso de donación, ya que estaba obligado a demostrar plenamente la celebración del acto jurídico que dice fue la causa que generó la posesión del inmueble, observándose además que de la testimonial que ofreció ninguno de los testigos refirió que estuviera presente cuando se celebró el supuesto acuerdo de voluntades verbal, ante ello, la simple detentación material del inmueble no es la posesión que protege el artículo 14 constitucional, y al no haberse acreditado la causa por la que se posee, no puede tenerse por demostrado el interés jurídico para ocurrir a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal. En el caso, al haberse restado eficacia demostrativa a la probanza ofrecida por el quejoso, debe estimarse que éste carece de causa o título jurídico alguno para determinar que tuviera un derecho protegible para los efectos del amparo. En las condiciones acotadas, se advierte que el quejoso incumplió con la carga procesal de demostrar su interés jurídico, con prueba idónea, apta y suficiente para acreditar que efectivamente cuenta con un derecho tutelado por la ley sobre el inmueble que en esta vía defiende. Finalmente, no pasa desapercibido para este Juzgado que en el presente juicio de garantías, no se haya emplazado a juicio a los terceros interesados Virginia Rebollo Martínez (por el dicho del quejoso en su carácter de propietaria del bien inmueble), Victoria Hernández Martínez (actora en el juicio ejecutivo mercantil 534/2001), y Consuelo Solórzano Mejía (demandada en el juicio ejecutivo mercantil de mérito), dado que el sentido de la sentencia que en este acto se pronuncia no les causa perjuicio alguno; aunado, que no se les deja en estado de indefensión, conforme a lo previsto en el artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo. Al respecto, es aplicable la tesis número P. V/98 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que arguye: "TERCERO PERJUDICADO. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE SU EMPLAZAMIENTO LEGAL, CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARÁ. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 91, fracción IV, parte final, de la Ley de Amparo, cuando aparezca que indebidamente no ha sido oída alguna de las partes que tenga derecho a intervenir en el juicio conforme a la ley, debe ordenarse la reposición del procedimiento. Ahora bien, siendo el tercero perjudicado parte en el juicio constitucional, según lo establece el artículo 5o., fracción III, del ordenamiento legal en cita, tiene derecho a ser oído en el juicio de garantías con el fin de que su pretensión consistente, básicamente, en la subsistencia del acto reclamado, se satisfaga a través de la negativa del amparo o del sobreseimiento en el juicio, por lo que en aquellos casos en que el tribunal revisor advierta de manera notoria que la sentencia será favorable al tercero perjudicado que no fue legalmente emplazado, ya que puede dictarse en cualquiera de los sentidos antes mencionados, no debe ordenarse la reposición del procedimiento, pues ello no le produciría beneficio alguno sino, por el contrario, le causaría perjuicio, cuando menos durante el tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiendo pronunciarse, en tal hipótesis, la resolución que corresponda, fundándose esta interpretación en que el propósito del aludido artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, es que no existan irregularidades procesales que puedan lesionar a alguna de las partes, lo que no acontece en el supuesto especificado." Por ende, al quedar materializada la hipótesis de improcedencia estatuida en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente litigio constitucional con apoyo en el ordinal 63, fracción V, de la propia normatividad legal. El sobreseimiento debe hacerse extensivo a los actos reclamados a la autoridad ejecutora, por no haberse combatido por vicios propios. R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Enrique Hernández Piña, por derecho propio, respecto del acto reclamado que quedó precisado en el considerando segundo, por las razones expuestas en el último considerativo de esta resolución. Notifíquese. Así lo resolvió Jazmín Nallely Martínez Ramírez, Secretaria del Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, encargada del despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el oficio CCJ/ST/6691/2017, de once de diciembre de dos mil diecisiete, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal; quien actúa asistida del secretario Luis Alberto Castro Velázquez, que da fe. La Encargada del Despacho El Secretario Lsrm*
- Incidental
Vista la certificación de cuenta, en la que se hace constar que feneció el término de cinco días, concedido al quejoso Enrique Hernández Piña, mediante interlocutoria de ocho de diciembre del año en curso, para que exhibiera la garantía fijada en esa resolución; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 136 de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento de las autoridades responsables que en esta fecha deja de surtir efectos la suspensión concedida, por lo cual, queda expedita su facultad para ejecutar el acto reclamado; ello con entera independencia de que mientras no se ejecute el acto reclamado, el quejoso podrá exhibir la garantía con la cual de inmediato volverá a surtir efectos la medida suspensional.
- Principal
Toluca, Estado de México, doce de diciembre de dos mil diecisiete. Agréguese el informe justificado rendido por la autoridad que lo suscribe y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes, por un término continuo de ocho días para que manifiesten lo que a su interés convenga.
Quedan 4 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México · 15,134 expedientes
- Enrique Gomez Arizmendi1512/2013
- Enrique Gómez Ortiz1709/2022
- Enrique González Castellanos845/2017
- Enrique Héctor Ortiz Ramos1188/2023
- Enrique Hermenegildo Pérez1892/2022
- Enrique Hernández Martínez1936/2017
- Enrique Jimenez Colin1461/2013
- Enrique Juárez Mosco194/2015
- Enrique Leyja Silva339/2022
- Enrique Loera Martínez1292/2016
- Enrique Longinos Conde1231/2017
- Enrique Lugo Salguero91/2023