Enrique Loera Martínez
Expediente 1292/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de septiembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1292/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 13/09/2016
Partes del expediente
- Enrique Loera Martínez
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación de cuenta de la cual se advierte que a la fecha ha transcurrido en su totalidad el término a que se refiere el artículo 98 de la nueva Ley de Amparo, para que el promovente del presente juicio Enrique Loera Martínez, interpusiera recurso de queja en contra del auto de treinta y uno de agosto del presente año, por el cual se tuvo por no presentada la demanda que nos ocupa; en tales condiciones, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), de la ley invocada, en relación con los numerales 288 y 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto, queda firme para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, de conformidad con lo establecido en la certificación de cuenta, con apoyo en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la trasferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese el presente expediente como asunto concluido y se determina que: a) De conformidad con el punto décimo fracción I, del citado Acuerdo General, Conjunto, corresponde al archivo judicial reciente y no es de los considerados de relevancia histórica, documental ni jurídica. b) Asimismo, en términos del punto vigésimo primero del referido acuerdo este expediente es destruible, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción I, de dicho punto, al ser un juicio de amparo en el que se tuvo por no presentada la demanda de garantías, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes. c) Transcurrido el término de tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico de Documentación y Análisis, designado para su resguardo. d) Pasados cinco años, del dictado del auto de archivo, este expediente es destruible. Háganse las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno, Sistema de Seguimiento de Expedientes, y en la carátula del juicio en que se actúa.
- Principal
Vistos para resolver el juicio de amparo indirecto 165/2016; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el ocho de febrero de dos mil dieciséis ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, remitido a este órgano jurisdiccional el nueve siguiente, José Luis Ernesto Pérez Reyes, en su carácter de defensor particular de Luis Maya Aguilar, solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra la autoridad y por los actos que a continuación se indican: AUTORIDAD RESPONSABLE: I.- TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE DE ORDENAR Y DE EJECUTAR EL C. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO, ADSCRITO AL TURNO ÚNICO DE VILLA GUERRERO, ESTADO DE MÉXICO (.) ACTOS RECLAMADOS: I.- DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN SU CARÁCTER DE ORDENADORA Y EJECUTORA; C. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO, ADSCRITO AL TURNO ÚNICO DE VILLA GUERRERO, ESTADO DE MÉXICO, RECLAMO: PRIMER ACTO RECLAMADO: EL NEGARSE A DECLARAR LA PRESCRIPCIÓN DE LA PRETENSIÓN PUNITIVA DEL DELITO DE FRAUDE DENUNCIADO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 95 DEL CÓDIGO PENAL, EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 97 PÁRRAFO IV DEL MISMO ORDENAMIENTO, CUANDO DICHA AUTORIDAD RESPONSABLE TIENE PLENO CONOCIMIENTO DE QUE ESTA PRESCRIPCIÓN HA OPERADO, YA QUE EL DENUNCIANTE TUVO CONOCIMIENTO DEL SUPUESTO ACTO DELICTUOSO EL DÍA 31 DE MAYO DEL AÑO 2013, COMO SE ACREDITA CON EL SELLO BANCARIO QUE SE ENCUENTRA EN EL ANVERSO DEL CHEQUE, Y SIN EMBARGO ACUDIÓ A PRESENTAR SU DENUNCIA EL DÍA 10 DE JUNIO DEL AÑO 2014, O SEA UN AÑO Y DIEZ DÍAS DESPUÉS DE AHÍ QUE AL PRESENTAR DICHA DENUNCIA LA PRETENSIÓN PUNITIVA HABÍA PRESCRITO POR EL SÓLO TRANSCURSO DEL TIEMPO. SEGUNDO ACTO RECLAMADO: EL PRETENDER HACER LA IMPUTACIÓN A MI CLIENTE DEL DELITO DE FRAUDE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 291 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE MÉXICO, TENIENDO PLENO CONOCIMIENTO LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE QUE ESTE DELITO HA PRESCRITO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 95 DEL CÓDIGO PENAL EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 97, PÁRRAFO IV DEL MISMO ORDENAMIENTO, YA QUE EL DENUNCIANTE TUVO CONOCIMIENTO DEL SUPUESTO ACTO DELICTUOSO EL DÍA 31 DE MAYO DEL AÑO 2013, Y SIN EMBARGO ACUDIÓ A PRESENTAR SU DENUNCIA HASTA EL DÍA 10 DE JUNIO DEL AÑO 2014, O SEA UN AÑO Y DIEZ DÍAS DESPUÉS DE AHÍ QUE AL PRESENTAR DICHA DENUNCIA LA PRETENSIÓN PUNITIVA HABÍA PRESCRITO POR EL SÓLO TRANSCURSO DEL TIEMPO, NEGÁNDOME EL DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA Y AL DEBIDO PROCESO Y EN ABIERTA CONTRADICCIÓN AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD QUE PREVALECE EN EL ARTÍCULO 14 Y 16 CONSTITUCIONAL, ES UNA ARBITRARIEDAD QUE COMETE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. TERCER ACTO RECLAMADO: EL TRATO DISCRIMINATORIO HACIA MI CLIENTE EL SEÑOR LUIS MAYA AGUILAR Y EL TRATO PREFERENTE HACIA EL DENUNCIANTE RODOLFO MARTÍNEZ GARCÍA, NEGÁNDOSE A DESAHOGAR LAS PRUEBAS Y DILIGENCIAS QUE OFRECE Y PROPONE MI CLIENTE Y POR OTRA PARTE JUDICIALIZANDO LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN AUN SIN QUE EL DENUNCIANTE ACREDITE LA PROPIEDAD DE LA MÁQUINA Y SU PREEXISTENCIA Y ENTORPECIENDO Y OBSTACULIZANDO QUE PERITOS EN MATERIA DE CONTABILIDAD DICTAMINEN LAS DECLARACIONES ANUALES Y PARCIALES DEL DENUNCIANTE PARA LOCALIZAR DICHA VENTA DE LA MÁQUINA, ARBITRARIEDADES QUE DEBE CORREGIR ESTA AUTORIDAD DE AMPARO. SEGUNDO. Preceptos y garantías violados. La parte quejosa narró los antecedentes del caso y dada la naturaleza del acto reclamado expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes y precisó que los actos impugnados son violatorios de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Admisión de la demanda. El diez de febrero de dos mil dieciséis (fojas 10 a 12) se admitió a trámite la demanda, se dio la intervención que legalmente le compete al representante social federal de la adscripción, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado y se fijó hora y día para la audiencia constitucional, la cual se inició en términos del acta que antecede. Por auto de uno de junio de este año se requirió al impetrante para que en el plazo de tres días aclarara qué fiscal era el que deseaba señalar como responsable, si al adscrito al Turno Único de Villa Guerrero o al del Segundo Turno de Tonatico, así como en qué carpeta de investigación se emitieron los actos reclamados (fojas 64 a 65). En respuesta a tal prevención, el autorizado del agraviado manifestó que era su voluntad designar con el carácter de responsable al Agente del Ministerio Público adscrito al Turno Único de Villa Guerrero, Estado de México y que los actos reclamados derivan de la indagatoria 130030540089615; por lo que el quince de junio siguiente se solicitó su informe con justificación a la autoridad responsable precisada en líneas anteriores. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia del órgano jurisdiccional. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para conocer del presente juicio biinstancial, de conformidad con los artículos 103, fracción I y 107, fracciones I, II y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracciones II y VII, de la Ley de Amparo; y, 48 y 51, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que adiciona el similar 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, toda vez que los actos reclamados derivan de una carpeta de investigación tramitada ante una autoridad cuyo domicilio oficial se encuentra en el municipio de Villa Guerrero, esto es, dentro del territorio en que este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Definición de los actos reclamados. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que se advierte del análisis de la demanda íntegramente considerada, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Lo anterior, de conformidad con lo sustentado en la jurisprudencia P./J.40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XI, abril de 2000, página 32, que es del contenido siguiente: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Así, de la lectura de la demanda constitucional, en concordancia con la información allegada al juicio, se concluye que el peticionario de amparo reclama: La solicitud de audiencia de formulación de imputación sin detenido y/o en su caso solicitud de orden de aprehensión contra Luis Maya Aguilar por el delito de fraude dentro de la carpeta administrativa 349/2015, de ocho de enero de dos mil dieciséis. La negativa de declarar la prescripción de la acción penal respecto del delito de fraude denunciado dentro de la carpeta de investigación 130030540089615. La negativa de desahogar la prueba pericial contable ofrecida por el quejoso en su escrito presentado el once de septiembre de dos mil quince. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. El Agente del Ministerio Público adscrito al Turno Único de Villa Guerrero, Estado de México al rendir su informe justificado (fojas 89 a 90) negó la existencia de los actos reclamados; no obstante, de las manifestaciones que vierte en su misiva se evidencia la existencia de ellos, por lo que se desvirtúa dicha negativa y se tienen por ciertos. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis sustentada por el Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, localizada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 181-186, Sexta Parte, página 15, que dice: ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL, AUNQUE LAS RESPONSABLES LO NIEGUEN, SI DE LA LECTURA DEL INFORME CON JUSTIFICACION SE DESPRENDE SU CERTEZA. Si las responsables niegan en sus informes con justificación la existencia de los actos reclamados, pero de la lectura de dichos informes se desprenden datos que desvirtúan tal negativa, aun cuando no existan pruebas a ese respecto, necesariamente deben tenerse como ciertos los actos reclamados, ya que procesalmente el reconocimiento que hacen las partes dentro de un juicio, surte efectos de confesión; en consecuencia, al equiparse las autoridades responsables a la parte demandada en el juicio constitucional, resulta lógico y jurídico concluir que el reconocimiento que hagan sobre algún punto de la litis que en sí los perjudique, surte efectos de una confesión, y por ende, dicho punto no está a debate y sí plenamente reconocido. Asimismo, se cita el criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XIV, julio de 1994, página 391, que dice: ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORI DAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe. La certeza de que se habla, se corrobora además con la constancia que anexó la responsable a su informe con justificación, consistente en copia certificada de la carpeta de investigación 130030540089615, la cual obra por separado en dos tomos; documental a la que se le otorga valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 130, 197, 202 y 203, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Marco referencial. A continuación se enuncian los antecedentes de la indagatoria de origen, los cuales se desprenden de la documental que la responsable acompañó a su informe con justificación. a) El diez de junio de dos mil catorce el tercero interesado Rodolfo Martínez García acudió ante la Agencia del Ministerio Público Express Grand Plaza Toluca para presentar querella por el delito de fraude, cometido en su agravio y contra Luis Maya Aguilar; diligencia que fue remitida en esa data al Agente del Ministerio Público adscrito al Tercer Turno de Tenancingo, Estado de México (fojas 5 a 8 del tomo I de pruebas). b) El diez y dieciséis de julio, así como el seis de agosto de esa anualidad el Agente del Ministerio Público adscrito al Tercer Turno de Tenancingo, Estado de México solicitó la comparecencia del indiciado Luis Maya Aguilar (fojas 10, 12 y 13, respectivamente, del tomo I de pruebas). c) El veintisiete de agosto siguiente se recibieron las entrevistas de los testigos Rodolfo Martínez Cotero y Guillermo Martínez García, así como la ampliación de entrevista del denunciante Rodolfo Martínez García (fojas 14 a 16, 19 a 21 y 17 a 18, respectivamente, del tomo I de pruebas). d) En esa data el representante social realizó la inspección del documento consistente en un cheque expedido por el banco BANCOMER con número de folio 45962965 de ocho de enero de dos mil trece (foja 23 del tomo I de pruebas). e) Por oficio con folio SIARA PGJEDOMEXSG/2015/000102 de veintidós de junio de dos mil quince el Subprocurador General de Justicia de la entidad solicitó al Vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores le remitiera copia certificada de diversas constancias y le proporcionara información relativa al estado de cuenta del indiciado Luis Maya Aguilar (foja 25 del tomo II de pruebas). f) El veintisiete de agosto de dos mil quince el representante social levantó un acta pormenorizada de inspección del lugar de los hechos practicada en domicilio conocido Ixcuinapan, Tenancingo, México (foja 25 del tomo I de pruebas). g) El veinticinco de agosto de ese año el Agente del Ministerio Público adscrito al Tercer Turno de Tenancingo, Estado de México solicitó nuevamente la presentación del hoy quejoso Luis Maya Aguilar (foja 26 del tomo I de pruebas). h) Posteriormente, el uno de septiembre de la anualidad pasada el Agente del Ministerio Público adscrito al Turno Único de Villa Guerrero, Estado de México recibió y radicó la carpeta de investigación 130030540089615, en la que hizo constar que de una revisión a los autos, no encontró la copia fotostática de la factura número 2329 de veinticinco de mayo de dos mil seis (foja 27 del tomo I de pruebas). i) En esa fecha se constató la comparecencia del imputado Luis Maya Aguilar y de su abogado particular José Luis Ernesto Pérez Reyes (fojas 29 a 33 del tomo I de pruebas). j) Mediante oficio 2131A0000/58018/2015 se remitieron a la Fiscalía Regional de Ixtapan de la Sal, Estado de México la respuesta y los documentos solicitados a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (fojas 35 a 49 del tomo I de pruebas). k) Por escrito exhibido el once de septiembre de dos mil quince el imputado Luis Maya Aguilar rindió su entrevista, la cual fue ratificada ante el representante social responsable en el momento de su exhibición (fojas 50 a 56 del tomo I de pruebas). l) En la fecha precisada en el párrafo que antecede el Agente del Ministerio Público se reservó acordar lo conducente sobre la prueba pericial en materia de contabilidad ofrecida por el impetrante; solicitó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informes sobre el pedimento de importación de la retroexcavadora materia de la litis; pidió a la Coordinación de Robo de Vehículos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México determinara si el bien mueble contaba con reporte de robo; y, requirió al denunciante exhibiera la factura original (foja 57 del tomo I de pruebas). m) Por misiva de veintidós de septiembre de dos mil quince signada por el Jefe de Unidad de la Fiscalía Regional de Ixtapan de la Sal, Estado de México, se hizo llegar al Agente del Ministerio Público adscrito al Turno Único de Villa Guerrero, Estado de México, el oficio del Sistema de Control y Gestión 11012/2015, por el cual se le solicitó realizara las diligencias correspondientes sobre la denuncia presentada por el quejoso Luis Maya Aguilar el diecisiete de ese mes y año (fojas 154 a 159 del tomo I de pruebas). n) A través de la cédula de notificación practicada el veinticuatro de noviembre de dos mil quince se hizo del conocimiento de Luis Guzmán Peña, Agente del Ministerio Público adscrito al Turno Único de Villa Guerrero, Estado de México el contenido del auto de veintitrés de ese mes y año, dictado en la carpeta administrativa 349/2015, por el cual, la Juez de Control del Distrito Judicial de Tenancingo, Estado de México recibió la solicitud de audiencia de formulación de imputación sin detenido y/o en su caso solicitud de orden de aprehensión contra Luis Maya Aguilar por el delito de fraude, determinó que la petición no cumplía los requisitos establecidos en el numeral 290 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México y ordenó dar de baja tal solicitud del Sistema de Gestión Judicial (SIGEJUPE) (foja 71 del tomo I de pruebas). o) El veinticuatro de noviembre de la anualidad pasada los testigos Manuel Olmos Escobar, Maribel Alcántara Delgado y Mayra Molina Maya rindieron su entrevista ante la representación social (fojas 61 a 66 del tomo I de pruebas); también se recibió el oficio 800-05-03-00-00-2015-11341 mediante el cual la Subadministradora en la Administración de Modernización Aduanera "3" del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio contestación a la solicitud que le fuera realizada (fojas 72 a 75 del tomo I de pruebas). p) Por oficio de dieciocho de diciembre de dos mil quince el Administrador Desconcentrado de Servicios al Contribuyente de México "1" del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público exhibió copias certificadas de la declaración anual correspondiente a los años dos mil doce y dos mil trece, así como las declaraciones parciales de diciembre de dos mil doce, enero y febrero de dos mil trece correspondientes al contribuyente Rodolfo Martínez García con registro federal de contribuyentes MAGR551015E45 (fojas 80 a 153 del tomo I de pruebas). q) El ocho de enero de dos mil dieciséis la autoridad responsable solicitó al Juzgado de Control y Juicios Orales de Tenancingo, México, audiencia de formulación de imputación sin detenido y/o en su caso solicitud de orden de aprehensión contra Luis Maya Aguilar por el delito de fraude dentro de la carpeta administrativa 349/2015, la cual fue fijada para el dieciocho de enero siguiente (foja 77 del tomo I de pruebas). r) El veintisiete siguiente el representante social hizo constar que se presentaron en sus instalaciones el ofendido Rodolfo Martínez García y su defensor particular José Dimas Moreno y no así el imputado Luis Maya Aguilar ni su abogado particular José Luis Ernesto Pérez Reyes, con el propósito de llevar a cabo una diligencia respecto al mecanismo alterno de solución de controversias (foja 160 del tomo I de pruebas). s) El cuatro de julio de este año se tuvo por rendida la ampliación de entrevista del ofendido Rodolfo Martínez García (fojas 161 a 162 del tomo II de pruebas). QUINTO. Cuestiones de procedencia. Una vez determinada la certeza de los actos combatidos y previo al estudio de los conceptos de violación, deben analizarse las causales de improcedencia que surjan en el presente juicio, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio constitucional, como lo dispone el numeral artículo 62 de la legislación de la materia. Por lo que hace a la solicitud de audiencia de formulación de imputación sin detenido y/o en su caso solicitud de orden de aprehensión contra Luis Maya Aguilar por el delito de fraude dentro de la carpeta administrativa 349/2015, de ocho de enero de dos mil dieciséis, se considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, que señala: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y (.) Para fijar el alcance de la citada causa de improcedencia conviene tener presente que, generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejada determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo por estimarlo violatorio de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte. En tal virtud, siendo el juicio de amparo un medio de control de la constitucionalidad y convencionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones a los derechos que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, el legislador ordinario ha establecido, y la jurisprudencia de nuestro máximo tribunal ha interpretado, diversos requisitos de procedencia del juicio de amparo que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. Entre las causas de improcedencia del juicio de amparo que derivan del referido principio se encuentra la prevista en la fracción XXII transcrita, en la cual el legislador tomó en cuenta que en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce del derecho que se estime violado o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél, porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación, o bien por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del impetrante. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 2a./J. 181/2006, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIV, diciembre de 2006, página 189, que dice: ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad. De la misma forma, la tesis 2a. XLVIII/98, sustentada también por la Segunda Sala de nuestros Más Alto Tribunal, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, abril de 1998, página 241, que señala: CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad. Ahora, como se indicó en el considerando que antecede, el ocho de enero de dos mil dieciséis la autoridad ministerial responsable solicitó al Juzgado de Control y Juicios Orales de Tenancingo, México, audiencia de formulación de imputación sin detenido y/o en su caso solicitud de orden de aprehensión contra Luis Maya Aguilar por el delito de fraude dentro de la carpeta administrativa 349/2015, la cual fue fijada para el dieciocho de enero siguiente (foja 77 del tomo I de pruebas). Posteriormente, el veintisiete siguiente el representante social hizo constar que se presentaron en sus instalaciones el ofendido Rodolfo Martínez García y su defensor particular José Dimas Moreno y no así el imputado Luis Maya Aguilar ni su abogado particular José Luis Ernesto Pérez Reyes, con el propósito de llevar a cabo una diligencia respecto al mecanismo alterno de solución de controversias, lo cual fue determinado en la carpeta administrativa 349/2015 por el Juez de Control de Tenancingo, Estado de México en audiencia de dieciocho de enero actual, en la que además de ordenar el desahogo de tal mecanismo, señaló las once horas del veintinueve de enero siguiente para llevar a cabo la de formulación de imputación sin detenido y/o en su caso solicitud de orden de aprehensión (foja 160 del tomo I de pruebas). En relación a lo anterior, cabe mencionar que después de consultar el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes 2.0 SISE, resulta un hecho notorio que en el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con sede en esta ciudad, está radicado el juicio de amparo 159/2016-II formado con motivo de la demanda de amparo promovida por el aquí quejoso Luis Maya Aguilar, contra el Juez de Control del Distrito Judicial de Tenancingo, Estado de México, a quien le atribuyó la orden de comparecer a la audiencia de imputación del quince de febrero de dos mil dieciséis en la carpeta de investigación 349/2015, lo cual se evidencia de las impresiones obtenidas de la sentencia dictada el diecinueve de abril pasado, mismas que se ordena agregar copia certificada a los autos. En el fallo federal mencionado (foja 7) se precisa que dentro de la carpeta de investigación 349/2015 obran diversas actuaciones, entre estas, las audiencias para formulación de imputación sin detenido de diez de diciembre de dos mil quince, dieciocho y veintinueve de enero, así como quince de febrero, las tres últimas de dos mil dieciséis. También se hace alusión que la audiencia prevista a celebrarse el quince de febrero pasado fue con motivo del diferimiento ordenado por el Juez de Control y en atención a la solicitud de las partes en la diversa de veintinueve de enero, derivado de las pláticas conciliatorias llevadas a cabo. Documental pública a la cual se le concede pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al 2° de la Ley de Amparo, pues se trata de un documento expedido por un funcionario público en el ejercicio de sus funciones y fue generada con motivo de constar en un medio electrónico, como es el Sistema de Seguimiento de Expedientes 2.0 SISE, el cual se considera un método fiable de archivar la información relativa a los expedientes que se tramitan en los órgano jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. Tiene sustento esta afirmación en el contenido de la jurisprudencia 1a./ J.27/2007, emitida por la Primera Sala del máximo Tribunal del país, publicada en la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Marzo de 2007, página 30, de epígrafe y sinopsis: CONSTANCIAS ENVIADAS POR FAX ENTRE LOS ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. SI ESTÁ CERTIFICADA LA HORA Y FECHA DE SU RECEPCIÓN, ASÍ COMO EL ÓRGANO QUE LAS REMITE POR EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL JUDICIAL QUE LAS RECIBE, TIENEN PLENO VALOR PROBATORIO. El artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de lo previsto en el diverso artículo 2o. de esta Ley, reconoce como medios de prueba la información generada o comunicada que conste en medios electrónicos, ópticos o en cualquier otra tecnología, y establece que su fuerza probatoria está sujeta a la fiabilidad del método en que haya sido generada, comunicada, recibida o archivada y, en su caso, si es posible atribuir a las personas obligadas el contenido de la información relativa y ser accesible para su ulterior consulta. Ahora bien, entre los medios de comunicación electrónica se encuentra el denominado fax, que es un medio de transmisión de datos que emplea la red telefónica, por el cual se envía un documento que se recibe por el destinatario en copia fotostática; de ahí que las constancias transmitidas por este medio, entre los órganos del Poder Judicial de la Federación, si están certificadas por el secretario de Acuerdos del tribunal judicial al que se transmite el mensaje, sobre la hora y fecha de recepción del fax y la persona del órgano jurisdiccional federal que lo remitió, tienen pleno valor probatorio, por ser confiable el medio en que fueron comunicadas dichas constancias, ya que tiene un grado de seguridad similar al de la documentación consignada en papel, además de que es identificable la persona a quien se atribuye su contenido y pueden verificarse tanto el origen de la documentación como su texto; pues en la actualidad los citados órganos se encuentran comunicados electrónicamente, por distintos medios, lo que permite corroborar los datos del fax recibido. Así también, es de citarse en lo conducente, el criterio sostenido por el entonces Tercer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, contenido en la tesis V.3o.10 C, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Agosto de 2002, página 1306, de rubro y texto: INFORMACIÓN PROVENIENTE DE INTERNET. VALOR PROBATORIO. El artículo 188 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de lo previsto en el diverso artículo 2o. de este ordenamiento legal, dispone: "Para acreditar hechos o circunstancias en relación con el negocio que se ventila, pueden las partes presentar fotografías, escritos o notas taquigráficas, y, en general, toda clase de elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia."; asimismo, el diverso artículo 210-A, párrafo primero, de la legislación que se comenta, en lo conducente, reconoce como prueba la información generada o comunicada que conste en medios electrónicos, ópticos o en cualquiera otra tecnología; ahora bien, entre los medios de comunicación electrónicos se encuentra "internet", que constituye un sistema mundial de diseminación y obtención de información en diversos ámbitos y, dependiendo de esto último, puede determinarse el carácter oficial o extraoficial de la noticia que al efecto se recabe, y como constituye un adelanto de la ciencia, procede, en el aspecto normativo, otorgarle valor probatorio idóneo. Detallado lo anterior, se advierte que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo que dio origen a este sumario constitucional (nueve de febrero de dos mil dieciséis) surgió un cambio jurídico dentro del entorno en el cual existía el acto reclamado, lo que hace imposible restituir al impetrante del amparo en el goce de sus derechos fundamentales transgredidos. De ahí que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que si bien el acto reclamado (solicitud de formulación de imputación sin detenido y/o en su caso solicitud de orden de aprehensión prevista a celebrarse el dieciocho de enero de este año), subsistió formalmente, también lo es que dejó de tener la posibilidad de seguir surtiendo efectos, porque en la carpeta de investigación 349/2015 se señalaron diversas fechas (veintinueve de enero y quince de febrero de dos mil dieciséis) posteriores a la programada en la audiencia que constituye el acto reclamado en este juicio constitucional (lo cual incluso fue a solicitud de las partes para llevar a cabo pláticas conciliatorias), por lo que quedó sin materia la audiencia prevista para el dieciocho de enero de la anualidad en curso. De lo que se deduce que las repercusiones jurídicas del acto reclamado ya cambiaron, al dejarse sin efectos la audiencia de formulación de imputación sin detenido y/o en su caso orden de aprehensión señalada para el dieciocho de enero de dos mil dieciséis. Bajo esa línea de pensamiento se afirma que, aun cuando de manera formal subsistió el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, dejó de tener la posibilidad de surtir efectos, ya que el entorno fue modificado al haberse dejado sin efectos la diligencia procesal ante las nuevas fechas señaladas para su desahogo (veintinueve de enero y quince de febrero de dos mil dieciséis), con lo que dejó de tener vigencia y de surtir efectos jurídicos. En esas condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia a que se refiere la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio de amparo, respecto del acto reclamado en estudio, en términos del numeral 63, fracción V, de la legislación de la materia. Sirve de apoyo, la tesis de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo CIV, página 858, que dice: SOBRESEIMIENTO POR HABER DEJADO DE EXISTIR LA MATERIA DEL ACTO RECLAMADO. Si se concedió el amparo contra la resolución que declaró heredera a una persona, y ésta, fundándose precisamente en su carácter de heredera, demandó la división de una casa, debe estimarse que los efectos de la concesión de ese amparo se extienden a dejar sin materia el juicio de división mencionado, y por lo mismo, si en el presente amparo se reclama la sentencia dictada en dicho juicio, se surte la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 73 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, porque aun subsistiendo el acto reclamado, no puede surtir efecto legal alguno, por haber dejado de existir la materia del mismo. SEXTO. Cuestión jurídica a resolver. A continuación se examinará la constitucionalidad del acto reprochado consistente en la negativa de declarar la prescripción de la acción penal respecto del delito de fraude denunciado dentro de la carpeta de investigación 130030540089615, al tenor de los conceptos de violación formulados por la parte agraviada, sin que para tal efecto sea necesaria su transcripción, por no causar perjuicio a las partes y no existir disposición legal que obligue a ello. Lo señalado, encuentra sustento en la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, mayo de 2010, materia Común, página 830, cuyo contenido es el siguiente: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. Los motivos de disenso que hace valer el impetrante son fundados y suficientes para conceder el amparo y protección de la justicia federal solicitados, aunque para sustentarlo es necesario realizar diversas consideraciones de manera oficiosa, en suplencia de la deficiencia de la queja, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, por las razones que se exponen a continuación. De inicio, resulta oportuno indicar que la facultad de perseguir y sancionar delitos tiene ciertas limitaciones fijadas por el propio Estado, conforme a las cuales se obliga a no investigar y sancionar a los autores de determinados hechos delictivos, como sucede en el caso específico de que se actualice la prescripción de la acción penal, la cual puede ser definida como el fenómeno jurídico penal por el que, en razón del simple transcurso del tiempo y la inactividad del Ministerio Público, se limita la facultad represiva del Estado al impedírsele el ejercicio de la acción persecutoria o la ejecución de las sanciones impuestas. Lo que trae como consecuencia que al actualizarse dicha figura el Ministerio Público se encuentre imposibilitado para ejercer la acción penal, como lo establece el artículo 236 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, el que literalmente dice: Artículo 236. El ministerio público podrá abstenerse de toda investigación, cuando los hechos relatados en la denuncia no fueren constitutivos de delito o cuando los antecedentes y datos suministrados permitan establecer que se encuentra extinguida la responsabilidad penal del imputado; en tanto no se formule la imputación. En ese sentido, conviene resaltar que el numeral 95 del Código Penal del Estado de México vigente en la fecha de comisión del ilícito, señala: Artículo 95. La prescripción es personal y para ella bastará el simple transcurso del tiempo señalado por la ley. La prescripción producirá su efecto, aunque no la alegue en su defensa el inculpado. El Ministerio Público y el órgano jurisdiccional la harán valer de oficio, sea cual fuere el estado del proceso. En ese sentido, la prescripción penal opera coactivamente, toda vez que es un mandato impuesto por el Estado para que el Ministerio Público se abstenga de toda acción represiva del delito, e incluso de acuerdo con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 95 del código sustantivo citado tiene la obligación de hacerla valer oficiosamente, cuando durante el proceso se extinga legalmente la pretensión punitiva; motivo por el que la figura de la prescripción se aplica de oficio y en cualquier grado y estado del proceso, lo que genera de manera correlativa para el indiciado o procesado el derecho individual subjetivo de exigir el cumplimiento de esas obligaciones y, en el supuesto de que se actualice la prescripción, gozar de la libertad absoluta, esto es, de no estar sujeto a una investigación o procedimiento de carácter penal. En ese orden, por lo que hace a la prescripción de la acción que se suscite durante la etapa de investigación es de señalar que, si bien en todo momento subsiste la carga del órgano investigador de comprobar la actualización de un delito, también se encuentra obligado a constatar si en el caso concreto no se ha extinguido la acción persecutoria antes de pretender su ejercicio, independientemente del derecho del indiciado de exigir el cumplimiento de esa obligación, debido a que la continuación del procedimiento en su etapa de investigación repercute en la libertad de éste, toda vez que no será absoluta mientras esté sujeto a investigación. Luego, si el legislador ordinario previó el supuesto de la extinción de la acción penal como consecuencia de la inactividad del órgano investigador y el transcurso del tiempo, como una causa para concluir un proceso antes de llegar a sentencia, e incluso, antes de que éste cobre vida, es claro que la finalidad perseguida es que el procesado o inculpado se encuentre en posibilidad de recuperar en absoluto su libertad antes del dictado de la resolución definitiva o antes de que inicie el proceso penal. En esa circunstancia, si el Ministerio Público durante el trámite de la indagatoria, con motivo de la petición hecha por el indiciado se niega o es omiso en pronunciarse sobre la procedencia de la prescripción penal, es indudable que su actuar no es apegado a derecho en la medida que el inculpado sigue sometido a dicha investigación, conllevando no sólo el desconocimiento de la obligación del Ministerio Público de decretar dicha prescripción en el supuesto de que se haya actualizado, sino también de que el indiciado no pueda gozar de su libertad absoluta en caso de ser procedente la prescripción de la acción penal. Lo anterior se dice así, en virtud de que a pesar que el imputado, aquí quejoso, por escrito signado el diez de septiembre de dos mil quince hizo manifestaciones tendentes a evidenciar, desde su punto de vista, la actualización de la prescripción de la acción persecutoria del delito, el representante social no emitió proveído alguno (fojas 50 a 51 del tomo I de pruebas). Por tal motivo, el hecho de que el órgano investigador no se haya pronunciado sobre la prescripción de la acción penal transgrede los derechos fundamentales del impetrante, porque la prescripción de la acción persecutoria es un tema de estudio preferente y oficioso. Es aplicable a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia 1a./J.100/2008 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, enero de 2009, página 400, cuyo rubro y texto es: PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. CONTRA LA NEGATIVA DEL MINISTERIO PÚBLICO A DECLARARLA DURANTE LA AVERIGUACIÓN PREVIA PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO. Conforme al artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que confiere al Ministerio Público las facultades de investigación y persecución de los delitos, dicha institución es titular del monopolio del ejercicio de la acción penal; sin embargo, acorde con los numerales 137, fracción IV, y 138 del Código Federal de Procedimientos Penales, el legislador ha establecido ciertas limitaciones a dichas facultades, pues cuando durante el proceso se extinga legalmente la pretensión punitiva, la institución ministerial no sólo debe abstenerse de ejercitar la acción persecutoria, sino que habrá de promover el sobreseimiento y la libertad absoluta del inculpado. En ese sentido, se concluye que contra la negativa del Ministerio Público a declarar la prescripción de la acción penal durante la averiguación previa procede el juicio de amparo indirecto, sin que sea necesario esperar a que esta última se resuelva en definitiva, porque de actualizarse la extinción de la acción persecutoria, la referida negativa implica una violación a las garantías del indiciado, en la medida en que al quedar sujeto a una investigación de carácter penal se le impide gozar de su libertad absoluta. También resulta ilustrativa, por las consideraciones que la sustenta, la tesis I.9o.P.17 P (10a.) del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, localizada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XII, Septiembre de 2012, Tomo 3, página 1943, del contenido siguiente: PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. SI DURANTE EL TRÁMITE DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA, EL MINISTERIO PÚBLICO SE NIEGA A PRONUNCIARSE SOBRE SU PROCEDENCIA FUNDÁNDOSE EN QUE PARA HACER EFECTIVA ESA PRERROGATIVA, EL INCULPADO TIENE QUE COMPARECER ANTE SU POTESTAD, VIOLA LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE ÉSTE. La prescripción de la acción penal es el fenómeno jurídico por el que, en razón del simple transcurso del tiempo y la inactividad del Ministerio Público, se limita la facultad represiva del Estado al impedírsele el ejercicio de la acción persecutoria; por tal motivo, para estar en posibilidad de realizar su estudio, que es preferente y oficioso, no existe razón legal para esperar a que el inculpado comparezca ante la potestad del órgano investigador o que la averiguación previa se resuelva en definitiva, al constituir un caso de excepción a la exigencia que establece el artículo 128 del Código Federal de Procedimientos Penales. Bajo esas circunstancias, si durante el trámite de la averiguación previa, el Ministerio Público, con motivo de la petición del probable responsable, se niega a pronunciarse sobre su procedencia fundándose en que para hacer efectiva esa prerrogativa éste tiene que comparecer ante su potestad, viola los derechos fundamentales del inculpado, dado que la prescripción opera por el simple transcurso del tiempo y debe aplicarse de oficio en cualquier estado del proceso. Bajo tales consideraciones, en términos del numeral 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se concede la protección constitucional al impetrante para que el Agente del Ministerio Público adscrito al Turno Único de Villa Guerrero, Estado de México: Analice si en la carpeta de investigación 130030540089615 se actualiza la prescripción de la acción penal por el delito de fraude, instaurada contra Luis Maya Aguilar. Notifique personalmente a las partes su determinación. SÉPTIMO. Cuestión jurídica a resolver. Previamente a analizar la constitucionalidad del diverso acto reclamado consistente en la negativa de desahogar la prueba pericial contable ofrecida por el quejoso en su escrito presentado el once de septiembre de dos mil quince, resulta necesario hacer las siguientes acotaciones: El párrafo primero del artículo 16 de la Carta Magna, textualmente dispone: Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento (.) El precepto constitucional invocado determina como requisito de los actos de autoridad que se encuentren fundados y motivados, entendiéndose por fundamentación la expresión con precisión del precepto legal aplicable al caso y por motivación, que deben señalarse las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan considerado para la emisión del acto, siendo necesario, además, la existencia de una adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables; esto es, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas. Dicho en otras palabras, el artículo de referencia consagra la garantía de legalidad consistente en la debida fundamentación y motivación que las autoridades están obligadas a expresar en su actuar, lo cual significa que cada uno de sus actos debe sustentarse en una disposición normativa de carácter general, esto es, que la ley prevea una situación concreta para autorizar determinado acto, de tal manera que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite, siempre y cuando expresen las circunstancias y modalidades del caso particular por las cuales consideran que los hechos encuadran dentro del marco establecido por la ley. Se estima aplicable la jurisprudencia I.4o.A. J/43, del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuya fuente es el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXIII, materia común, mayo de 2006, página 1531, de contenido: FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL ASPECTO FORMAL DE LA GARANTÍA Y SU FINALIDAD SE TRADUCEN EN EXPLICAR, JUSTIFICAR, POSIBILITAR LA DEFENSA Y COMUNICAR LA DECISIÓN. El contenido formal de la garantía de legalidad prevista en el artículo 16 constitucional relativa a la fundamentación y motivación tiene como propósito primordial y ratio que el justiciable conozca el "para qué" de la conducta de la autoridad, lo que se traduce en darle a conocer en detalle y de manera completa la esencia de todas las circunstancias y condiciones que determinaron el acto de voluntad, de manera que sea evidente y muy claro para el afectado poder cuestionar y controvertir el mérito de la decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa. Por tanto, no basta que el acto de autoridad apenas observe una motivación pro forma pero de una manera incongruente, insuficiente o imprecisa, que impida la finalidad del conocimiento, comprobación y defensa pertinente, ni es válido exigirle una amplitud o abundancia superflua, pues es suficiente la expresión de lo estrictamente necesario para explicar, justificar y posibilitar la defensa, así como para comunicar la decisión a efecto de que se considere debidamente fundado y motivado, exponiendo los hechos relevantes para decidir, citando la norma habilitante y un argumento mínimo pero suficiente para acreditar el razonamiento del que se deduzca la relación de pertenencia lógica de los hechos al derecho invocado, que es la subsunción. De lo anterior se colige que, para cumplir con los extremos de dicho precepto constitucional, es necesario que en sus determinaciones toda autoridad cite los artículos legales aplicables y, conjuntamente, exprese los razonamientos lógico-jurídicos que la condujeron a la conclusión que el asunto concreto encuadra en los supuestos de la norma invocada, la que además, de conformidad con el artículo 14 Constitucional, debe ser expedida con anterioridad al hecho. Presupuestos de la fundamentación y motivación, que deben coexistir y se suponen mutuamente, pues no es posible citar disposiciones legales sin relacionarlas con los hechos de que se trate, ni exponer razones sobre hechos que carezcan de relevancia para dichas disposiciones. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia 139/2005, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 162 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, diciembre de 2005, Novena Época, que establece: FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso. Ahora bien, es importante indicar que de los antecedentes de la carpeta de investigación 130030540089615, se aprecia que mediante escrito presentado el once de septiembre de dos mil quince el imputado Luis Maya Aguilar rindió su declaración, en la que además ofreció diversos medios de pruebas, entre ellos, la pericial en materia de contabilidad a practicarse sobre los estados financieros y contables del ofendido Rodolfo Martínez García (fojas 50 a 55 del tomo I de pruebas). En esa data, el Agente del Ministerio Público emitió un auto en el que solicitó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informes sobre el pedimento de importación de la retroexcavadora materia de la litis; pidió a la Coordinación de Robo de Vehículos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México determinara si el bien mueble contaba con reporte de robo; requirió al denunciante exhibiera la factura original de éste; y, se reservó acordar lo conducente sobre la prueba pericial en materia de contabilidad ofrecida por el impetrante, aduciendo que debía pedirse autorización al ofendido porque de lo contrario se vulnerarían sus garantías individuales (foja 57 del tomo I de pruebas). Bajo esa óptica, se estima necesario conceder la protección constitucional solicitada por el quejoso, de entrada, porque la autoridad responsable omitió precisar los motivos especiales o las causas particulares por las cuales consideró que, previo a la admisión de la prueba pericial en materia de contabilidad ofrecida, debía mediar autorización por parte del ofendido Rodolfo Martínez García. En efecto, del estudio íntegro del auto de once de septiembre de la anualidad pasada, se observa que la representación social no hizo un análisis exhaustivo para justificar la reserva de proveer lo relativo a la pericial ofertada, ya que únicamente señaló que, de desahogarse, se vulnerarían las garantías individuales del hoy tercero interesado, sin sustentar su argumento en precepto legal alguno; situación que demuestra que no se colmó el requisito de fundamentación y motivación establecido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que impide establecer consideraciones relativas a que tal acto se encuentra apegado a dicho precepto constitucional. Esto es así, ya que para cumplir con la garantía de fundamentación y motivación la responsable se encontraba obligada a explicar de manera específica y detallada las razones por las que consideró que era pertinente contar con la autorización del ofendido para estar en aptitud de proveer lo conducente sobre la prueba pericial en materia de contabilidad ofrecida por el indiciado, así como señalar el fundamento en el que se apoyó para ello, pues no basta referir que con el desahogo de tal medio de convicción podrían quebrantarse las garantías individuales del sujeto pasivo. Consecuentemente, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados con el propósito de que el representante social responsable realice lo siguiente: En caso de que, de acuerdo con lo asentado en el considerando anterior, considere que no se actualiza la prescripción de la pretensión punitiva, deje insubsistente el auto de once de septiembre de dos mil quince dictado en la carpeta de investigación 130030540089615, únicamente por lo que hace a lo relativo a la prueba pericial contable; Emita una nueva determinación en la que, de manera fundada y motivada, provea lo conducente sobre el medio de convicción que nos ocupa, es decir, admita o deseche la prueba, subsanando los vicios que quedaron indicados en este fallo. Notifique personalmente a las partes la determinación adoptada. No se soslaya que mediante ampliación de entrevista de cuatro de julio pasado (fojas 161 a 162 del tomo II de pruebas) el ofendido Rodolfo Martínez García haya expresado su oposición de presentar la documentación contable para ser sujeta a revisión mediante la pericial ofrecida, pues tales manifestaciones deberán ser tomadas en cuenta por la autoridad responsable al emitir el nuevo pronunciamiento que realice sobre tal medio de convicción. Sustenta esta determinación, la tesis emitida por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la Octava Época, observable en la página 98 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VII, Junio de 1991, Materia Común, Tesis 3a. XCVII/91, cuyo contenido se transcribe: SENTENCIA QUE OTORGA EL AMPARO POR INDEBIDA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EFECTOS DE LA MISMA. Los efectos de una ejecutoria de amparo que otorga la protección constitucional por indebida fundamentación y motivación de los actos reclamados son los de constreñir a la autoridad responsable a nulificar o dejar sin efectos el acto o actos indebidamente fundados y motivados e impedirle emitir un nuevo acto con los mismos fundamentos y motivos que se determinaron en el juicio eran indebidos, so pena que de no hacerlo, es decir, en el caso de insistir en la emisión de un acto con los mismos fundamentos y motivos, incurrirá en repetición del acto reclamado estando sujeta a las responsabilidades que de ello derivan en términos de lo dispuesto en los artículos 108 y 208 de la Ley de Amparo. Sin embargo, una sentencia de garantías en tal sentido, no impide que la responsable emita un nuevo acto si encuentra diversos fundamentos y motivos que lo justifiquen, aunque tal acto sea de la misma naturaleza y sentido y tenga la misma finalidad y consecuencias que el acto por el cual se otorgó el amparo, lo que no significa que la autoridad esté necesariamente constreñida a emitir un nuevo acto subsanando la irregularidad cometida, pues pueden no existir fundamentos y motivos que lo justifiquen, obligación que sólo se originaría a cargo de la autoridad cuando el acto reclamado consista en una resolución que se emita en respuesta al ejercicio del derecho de petición o que resuelva una instancia, recurso o juicio, ya que en esas hipótesis es preciso que el acto indebidamente fundado y motivado se sustituya por otro sin esas deficiencias, pues, de lo contrario, se dejarían sin resolver las referidas petición, instancia, recurso o juicio. Finalmente, cabe señalar que aun cuando algunas de las jurisprudencias y tesis invocadas en el cuerpo del presente fallo hacen alusión a preceptos legales de la Ley de Amparo abrogada, lo cierto es que su contenido es aplicable por contener similares razones previstas en artículos de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece; por ende, tales criterios, a pesar de haberse integrado conforme a la legislación anterior, continúan en vigor al no oponerse a lo que establece la vigente y resultar aplicables al caso, tal como se establece en el dispositivo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente. Por lo expuesto, motivado, fundado y, además, con fundamento en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1°, 61, 63, 73, 74, 77, 107 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo 165/2016, promovido por Luis Maya Aguilar, por derecho propio, contra el acto y autoridad responsable indicados en el considerando segundo y tercero, de conformidad con lo expuesto en el quinto considerando de este fallo. SEGUNDO. La Justicia de la Unión Ampara y Protege a Luis Maya Aguilar, contra los actos atribuidos al Agente del Ministerio Público adscrito al Turno Único de Villa Guerrero, Estado de México, por las razones, fundamentos y para los efectos expresados en el considerando sexto y séptimo de la presente resolución. Notifíquese; personalmente al quejoso y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, por lista al tercero interesado y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma el licenciado Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, el día de hoy treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, por así haberlo permitido las labores del juzgado, asistido de la licenciada Eloísa Salinas Juárez, Secretaria que autoriza y da fe.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México · 15,134 expedientes
- Enrique Hermenegildo Pérez1892/2022
- Enrique Hernández Martínez1936/2017
- Enrique Hernández Piñas1808/2017
- Enrique Jimenez Colin1461/2013
- Enrique Juárez Mosco194/2015
- Enrique Leyja Silva339/2022
- Enrique Longinos Conde1231/2017
- Enrique Lugo Salguero91/2023
- Enrique Marquez Carrera911/2015
- Enrique Martínez Centeno912/2016
- Enrique Medina Flores681/2022
- Enrique Muñiz Molina1591/2017