Enrique González Castellanos
Expediente 845/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 20 de junio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 845/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 20/06/2017
Partes del expediente
- Enrique González Castellanos
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México, veinte de junio de dos mil diecisiete. Agréguese el oficio signado por el Juez Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, por medio del cual remite el diverso signado por la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, con sede en Tepic, y en atención a este último, comunica que aceptó la competencia declinada por este órgano jurisdiccional y registró la misma con el número de juicio de amparo 1456/2017; por tanto, archívese el presente juicio como concluido, previa las anotaciones respectivas. Ahora, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción el presente expediente, ya que se trata de un cuaderno de antecedentes formado con motivo de la incompetencia planteada por este Juzgado, y carece de relevancia documental. Por otra parte, toda vez que mediante proveídos de trece y diecinueve del mes y año en curso, se reservó acordar en cuanto a los informes a la suspensión de plano rendidos por las autoridades responsables, atento a lo anterior, remítase copia certificada de los mismos a la autoridad que aceptó la competencia
- Principal
Toluca, Estado de México, diecinueve de junio de dos mil diecisiete. Intégrese el telegrama de la autoridad que lo suscribe, a través del cual rinde informe relativo a la suspensión de plano; por tanto, se reserva acordar lo conducente, toda vez que en proveído de cinco de los actuales, este juzgado declinó competencia al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal, con residencia en Tepic, Nayarit, en turno; por tanto, una vez que se tenga conocimiento sí aceptó o no la competencia planteada por este órgano jurisdiccional se acordará lo conducente.
- Principal
Toluca, Estado de México, trece de junio de dos mil diecisiete. Intégrese el oficio de las autoridades que lo suscriben, a través del cual rinden informe relativo a la suspensión de plano; por tanto, se reserva acordar lo conducente, toda vez que en proveído de cinco de los actuales, este juzgado declinó competencia al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal, con residencia en Tepic, Nayarit, en turno; por tanto, una vez que se tenga conocimiento sí aceptó o no la competencia planteada por este órgano jurisdiccional se acordará lo conducente. Notifíquese.
- Principal
Toluca, Estado de México, cinco de junio de dos mil diecisiete. REGISTRO Y ANOTACIONES Vista la demanda de cuenta, promovida por Miguel Ernesto Leetch San Pedro, quien se ostenta como defensor público federal del directo quejoso Enrique González Castellanos, regístrese bajo el número 845/2017-IV-A. En la especie la parte quejosa reclama de las autoridades responsables: La omisión de atención médica, ya que no se le canaliza con un médico especialista a efecto de tratar sus padecimientos consistentes en psoriasis crónica y lesiones secundarias en su piel. SUSPENSIÓN DE PLANO Se concede al agraviado de referencia la suspensión de plano para que de inmediatamente le brinden la atención médica general, básica y necesaria al alcance y posibilidades del centro carcelario en el que se encuentra privado de su libertad y, en su caso, le suministre los medicamentos necesarios; atendiendo las particularidades del caso, las autoridades responsables deberán realizar todo aquello que se encuentre a su alcance para procurar la estabilidad y bienestar físico del quejoso. Se previene a las autoridades señaladas como responsables, para que informen de inmediato acerca de la forma y términos en que hayan dado cumplimiento a esta suspensión de plano, agregando a dicho informe copia certificada de las constancias respectivas. En consecuencia, hágase del conocimiento de las autoridades señaladas como responsables, así como del Director del aludido centro de reclusión, que el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años, para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: [.] III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independiente de cualquier otro delito en que incurra. [.]". Por tanto, se les apercibe que de no cumplir lo encomendado, serán sancionadas en los términos que señala el Código Penal Federal, por el delito de abuso de autoridad, por cuanto a la desobediencia cometida, asimismo, se harán acreedoras a la sanción que establece el numeral 262, fracción III, de la Ley de Amparo. Notifíquese vía correo electrónico la presente determinación a las autoridades responsables, a fin de que den cumplimiento a la suspensión de oficio decretada a favor del agraviado. INCOMPETENCIA Por otra parte, de conformidad con lo establecido en los artículos 37, primer párrafo y 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito carece de competencia legal para conocer del presente asunto, de conformidad con las consideraciones que a continuación se exponen. Los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 37 de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el Artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: (.) VII. El amparo contra actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra leyes o contra actos de autoridad administrativa, se interpondrá ante el juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; (.)". "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda.". El artículo Constitucional en comento, fue interpretado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia siguiente: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO. LA TIENE EL DEL LUGAR DE EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Al instituir la Ley Suprema de la República, en su artículo 107, las bases generales del juicio de garantías, estableció en su fracción IX, a la que corresponde ahora el número VII, como norma general de competencia la de que el juicio de amparo contra los actos de autoridad a que se refiere se interpondrá ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado. Aunque la autoridad que dicta u ordena el acto desempeña un papel principalísimo, la ejecutora tiene en su actuación importancia y trascendencia capitales ya que se encarga de llevar, hasta su último extremo, la ejecución ordenada y, por tanto, es la que directamente se enfrenta al particular agraviado. Seguramente por ser la autoridad ejecutora la que materialmente afecta al gobernado hasta en sus últimas consecuencias, en el lugar en que vive, se tomó como base para fijar la competencia, ya que el propósito del Constituyente ha sido facilitar al máximo el acceso al procedimiento jurídico político del juicio de garantías. Si se han establecido las normas de competencia teniendo en consideración el lugar en que radican la autoridad ejecutora y el afectado con el acto -quien en ocasiones puede desconocer por el momento la intervención de la autoridad ordenadora-, ello se debe a que con tal medida dispondrá éste de mejores medios y posibilidades de defensa, pues podrá atender y vigilar personalmente el desenvolvimiento del juicio que promueva, y rendir con mayor facilidad en él las pruebas que a su derecho importen, cuando el Juez que ha de conocer del asunto se encuentra en su mismo lugar de residencia o, por lo menos, dentro de la misma entidad federativa. Además, si el Juez de Distrito radica en el lugar donde la autoridad ejecuta el acto, contará con más amplias facilidades en el desempeño de su función y obtendrá mayor rapidez en el trámite del juicio; ventajas que son apreciables no sólo en materia de desahogo de pruebas sino especialmente en lo que ve al cumplimiento de los fallos que se dicten tanto en el incidente de suspensión como en el fondo del amparo, al evitarse las dilaciones que ocasionaría el tener que librar exhortos o despachos a tribunales distantes para la práctica de notificaciones y otras diligencias que no podría realizar el juzgado del conocimiento. El artículo 36 de la Ley de Amparo, en su primer párrafo, reproduce el principio de que será competente para conocer del juicio el Juez en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado; regla que tiene la excepción consignada en el párrafo final del precepto, mismo que determina la competencia del Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad ordenadora, cuando requiriendo el acto reclamado ejecución material, con su solo dictado viole alguna garantía individual, siempre que la demanda se presente antes de que aquél haya comenzado a ejecutarse. La segunda situación que prevé la ley es la que se presenta cuando existen dos o más autoridades ejecutoras radicadas en territorios sometidos a la jurisdicción de otros tantos Jueces, caso en el cual cualquiera de ellos será competente, a prevención, conforme al párrafo segundo del aludido artículo 36; de lo que se desprende que aun agotada la ejecución en la parte encomendada a una de esas autoridades ejecutoras, el Juez que tiene jurisdicción en ese territorio sigue siendo competente, a prevención. La última hipótesis legal prevista se refiere al caso de que el acto reclamado no requiera ejecución material; entonces el amparo deberá promoverse ante el Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad que lo hubiese dictado, según lo dispone el párrafo tercero del artículo 36 invocado. Ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36, de la citada Ley de Amparo, regla que sólo admite la excepción a que se refiere el párrafo cuarto del propio dispositivo, de acuerdo con el principio de que las excepciones son de estricta interpretación y no pueden hacerse extensivas por analogía a situaciones diversas de las expresamente previstas; y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna-, y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad-. De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo". Con fundamento en el artículo 37 de la Ley de Amparo, carece de competencia legal para proveer respecto a la admisión de la demanda de amparo promovida por Miguel Ernesto Leetch San Pedro, quien se ostenta como defensor público federal del directo quejoso Enrique González Castellanos; pues ésta se surte a favor del Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal, con residencia en Tepic, Nayarit, en turno; en la inteligencia de que en el caso concreto se reclama la falta de atención médica acorde a los padecimientos que presenta la parte quejosa; en inteligencia de lo anterior. Lo anterior es así, ya que el acto reclamado se está ejecutando en Tepic, Nayarit, en virtud de que, como lo manifiesta bajo protesta de decir verdad el promovente, el directo quejoso se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número Cuatro "Noroeste", ubicado en aquélla ciudad; en esa virtud la ejecución del acto de que se duele se lleva a cabo en ese lugar; por tanto, el juez competente es aquel que tiene jurisdicción donde se ejecute o trate de ejecutar el acto reclamado. Atento a lo anterior, al no actualizarse alguna de las excepciones del artículo 37 de la Ley de Amparo, es legalmente competente para conocer del presente asunto un Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, resultando evidente que el Juez competente para conocer de la presente demanda de garantías lo es el Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal, con residencia en Tepic, Nayarit, en turno, dado que el acto que combate el quejoso, se habrá de ejecutar en el lugar donde ejerce jurisdicción dicho juzgado de Distrito. Lo anterior, conforme al Acuerdo General número 03/2013, del Peno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número de límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgado de Distrito. Es aplicable la tesis I.1o.A.44 A, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, consultable en la página 1299, Timo XIV, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, agosto de dos mil uno, que dice: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora.". En este tenor, este Juzgado Federal declara carecer de competencia legal por razón de territorio para conocer del presente asunto, en mérito de los razonamientos expuestos. Por lo que, con fundamento en el artículo 48, de la Ley de Amparo, remítase el escrito original de la demanda, con sus anexos y traslados, al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal, con residencia en Tepic, Nayarit, en turno, solicitándole de la manera más atenta, de no tener inconveniente legal alguno, se sirva informar a este órgano jurisdiccional si acepta o no la competencia planteada, y acuse el recibo correspondiente. Háganse las anotaciones respectivas y con copia de las constancias necesarias fórmese el cuaderno de antecedentes relativo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Conforme lo establecido por el numeral 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones del quejoso el señalado en el proemio de su demanda. En relación al autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; dígasele que éste se avala en términos amplios, siempre y cuando tenga cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. Notifíquese al directo quejoso, por conducto del promovente del amparo.
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