Enrique Contreras Loaiza

Expediente 1034/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 9 actuaciones registradas, la última del 18 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1034/2022
Año
2022
Actuaciones
9
Última actuación
18/01/2023

Partes del expediente

  • Enrique Contreras Loaiza
  • Salvador Contreras Pérez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, dieciocho de enero de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión contra la sentencia por la que se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, sin que lo hayan realizado; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de depuración dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el juicio y transfiéranse éstos a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del aludido Acuerdo General. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada María del Carmen Vieyra Avilés, secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    En Morelia, Michoacán, a las once horas con cuarenta minutos del treinta de diciembre de dos mil veintidós, el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada Alejandra Álvarez Calderón, secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 1034/2022, sin la comparecencia de las partes. Acto seguido la Secretaria da cuenta con la totalidad de constancias que obran en el expediente, que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El juez acuerda: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio la secretaria da cuenta al juez con las pruebas documentales ofrecidas por el Magistrado de la Segunda Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán. Al respecto el juez acuerda: Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, por razón de su propia y especial naturaleza se tienen por admitidas y desahogadas las documentales exhibidas por la autoridad responsable. Dado que no hay más medios de convicción pendientes por admitir ni por desahogar se cierra el periodo probatorio. En el periodo de alegatos la secretaria certifica que únicamente la agente del Ministerio Público de la Federación formuló los de su intención. En relación con lo anterior el juez acuerda: Vista la cuenta precedente con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados los alegatos de la agente del Ministerio Público de la Federación y se declara precluido el derecho de las demás partes para formularlos. Una vez cerrado el periodo de alegatos se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda; y, RESULTANDO: Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, en el buzón de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, ********************, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Magistrado de la Segunda Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 1º, 14, 16, 17, 19 y 20 apartado A, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los diversos 8, 21, 25, 29 y 32 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. Segundo. Admisión y trámite de la demanda. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda a este Juzgado de Distrito; se registró con el número 1034/2022 y se admitió mediante proveído de veintitrés de septiembre de dos mil veintidós; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se dio a la Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción la intervención legal que le compete; y se señaló fecha para el verificativo de la audiencia constitucional. Posteriormente, en proveído de veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, se reconoció el carácter de tercero interesado a ********************, en cuanto víctima directa dentro de la causa penal de origen, así como a ********************y ********************, Agentes del Ministerio Públicos que intervinieron en la causa de la que deriva el acto reclamado. Finalmente, se llevó a cabo la audiencia constitucional con el resultado consignado en el acta que antecede, por lo que ahora se procede a resolver al tenor de las siguientes C O N S I D E R A C I O N E S: Primera. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, 49 y 57, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, dado que el acto reclamado fue dictado por autoridad que reside en el lugar en el que este juzgado ejerce jurisdicción. Segunda. Fijación del acto reclamado. Conforme a lo establecido por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, lo procedente es fijar el acto reclamado. Al respecto resulta aplicable la tesis aislada P. VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente contenido y rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el citado precepto legal, con el criterio mencionado y atendiendo además el contenido de las constancias que obran en autos, el acto reclamado por la parte quejosa es: La resolución de veintiséis de agosto de dos mil veintidós, dictada por el Magistrado de la Segunda Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado en el toca de apelación ********************, mediante la cual confirmó el auto de vinculación a proceso dictado contra el quejosa por un Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral de la Región Morelia dentro de la causa penal ********************, por el delito de despojo. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia, P./J. 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente rubro y contenido: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Tercera. Certeza de los actos reclamados. El Magistrado de la Segunda Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, aceptó la existencia del acto reclamado. Lo que se corrobora con las constancias que adjuntó a su informe justificado, consistentes en el original del toca penal ********************, así como un disco que contiene los registros de la causa penal ********************. Probanzas que, atenta su naturaleza de actuaciones jurisdiccionales, tienen calidad de documentos públicos y merecen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, registro: 394182, del tenor literal siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Y la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 703, Libro XXIII, agosto de dos mil trece, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación, materia común, de rubro y texto siguientes: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Cuarta. Procedencia. Determinada la certeza del acto reclamado, procede examinar la procedencia del juicio de amparo, ya que en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia deben analizarse de oficio, por ser una cuestión de orden público. La Agente del Ministerio Público adscrita a este juzgado, en sus diversos pedimentos manifiesta que en la especie, se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo [falta de interés], porque el quejoso no acredita encontrarse dentro de la excepción a la extensión de la norma reclamada y por tanto, no demuestran la afectación en sus intereses jurídicos o legítimos. Al respecto, no procede atender el alegato de la fiscal federal, relativo a que el peticionario del amparo no acredita el interés jurídico para reclamar la norma, atendiendo a que en el caso, el reclamo constitucional lo constituye la resolución de apelación que confirmó el auto de vinculación dictado contra el propio quejosa por su probable responsabilidad en la comisión del delito de despojo, lo cual evidentemente afecta su esfera de derechos y le da interés para comparecer a solicitar la tutela constitucional. Toda vez que las partes no hicieron valer diversa causa de improcedencia del presente juicio, y dado que este juzgado tampoco de manera oficiosa advierte la existencia de alguna, procede realizar el estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. Quinta. Análisis de la constitucionalidad del acto reclamado. Los conceptos de violación expresados por la quejosa, se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, en obvio de repeticiones innecesarias y por no existir artículo expreso en la Ley de Amparo que obligue a su transcripción en la sentencia. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Precisado lo anterior, se advierte que los motivos de inconformidad aducidos por el peticionario del amparo, sustancialmente están encaminados a sostener que: - La determinación reclamada viola los derechos fundamentales y las garantías que para su protección reconocen los artículos 14, 16, 17, 19 y 20 Apartado A fracciones I y II de la Constitución Federal, así como los artículos 265 y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales por su inexacta aplicación, y los diversos 261 y 317 del mismo ordenamiento por su falta de aplicación. - Que la responsable no aplicó en su perjuicio los referidos artículos 261 y 317, y aplicó de manea inexacta los restantes del Código Nacional de Procedimientos Penales, porque de manera arbitraria e ilegal determinó declarar como infundados los agravios expresados respecto al auto de vinculación dictado en su contra, cuando contrario a ello resultaban fundados y suficientes para ordenar la revocación solicitada del citado auto, atendiendo a que no se realizó una valoración lógica ni racional de los datos de prueba que fueron referenciados por el agente del Ministerio Público en la audiencia, transgrediendo sus derechos fundamentales. - Que con la denuncia presentada por ********************, las entrevistas de ********************, ******************** y ********************, el dictamen de inspección de tres de octubre de dos mil veintiuno y el oficio remitido por el Director C5I, no se puede establecer que supuestamente se acreditó que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito de despojo y menos que existe probabilidad de que el quejoso lo cometió, porque no es cierto que los entrevistados manifestaran que tuvieran conocimiento de que el denunciante tuviera en posesión desde hace más de cuarenta años el inmueble de su propiedad, ni siquiera mencionaron el domicilio de inmueble por lo que no se puede concluir que exista información que indique dicha posesión y el entrevistado ******************** ni siquiera menciona el domicilio en supuesta posesión de ********************. - Que no es cierto que los entrevistados manifestaran que el quejoso ******************** el dos de octubre de dos mil veintiuno se asomara por el balcón de su casa para decirle a ******************** que no lo dejaría entrar, y de la entrevista de ******************** en ninguna parte se aprecia que dijo tal cosa. - Que si no hay ningún bien inmueble identificado ni por los entrevistados ni por los demás datos de prueba que fueron tomados en cuenta para vincularlo a proceso por el delito de despojo, y claramente se dijo que los entrevistados eran testigos de oídas porque no les constaban los hechos por sí mismos puesto que refirieron lo que su tío les dijo en una comida familiar, por lo que de manera lógica y razonable se debió determinar que esas tres entrevistas, ni aun corroborándolas periféricamente con los restantes datos de prueba, podían considerarse idóneas ni pertinentes, por lo que de acuerdo a la jurisprudencia invocada que la responsable dijo que no era aplicable, el tribunal de alzada sí tiene facultades para estudiar de oficio la demostración del hecho señalado por la ley como delito, así como la probable responsabilidad del imputado en su comisión, aun cuando este no lo hubiera alegado. Dicha tesis es de rubro: "APELACIÓN CONTRA EL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EL TRIBUNAL DE ALZADA QUE CONOZCA DE DICHO RECURSO DEBE ESTUDIAR DE OFICIO LA DEMOSTRACIÓN DEL HECHO SEÑALADO POR LA LEY COMO DELITO, ASÍ COMO LA PROBABLE PARTICIPACIÓN DEL IMPUTADO EN SU REALIZACIÓN, AUN CUANDO ÉSTE NO LO HUBIERA ALEGADO EN SUS AGRAVIOS (ABANDONO DEL CRITERIO SOSTENIDO EN LAS TESIS AISLADAS I.9oP.164 P (10ª.)) Y I.9oP.165P (10ª). - Refiere que no obstante la tesis señalada, la responsable de manera arbitraria determinó que sus agravios eran infundados y sin hacer un verdadero estudio del caso se limitó a decir que no advertía violaciones a derechos fundamentales en el auto de vinculación dictado contra el quejoso, cuando de lo antes argumentado es claro que ni con las entrevistas de los testigos ni de los demás datos de prueba se acredita el contexto conceptual del hecho que la ley señala como delito de despojo previsto en la fracción I del artículo 226 del Código Penal del Estado. - Señala que en el dictamen presentado por el perito Juan Manuel#, en ningún momento señaló que las supuestas modificaciones a la medida de seguridad de la puerta hubieren ocurrido precisamente en el horario entre las trece y nueve o diez de la noche, ni el día dos de octubre de dos mil veintiuno, ni que hubiere sido el quejoso quien supuestamente las realizó a escondidas o hurtadillas, máxime que el perito concluyó que l resultado de esa inspección había sido negativo, por lo que dicho dictamen referenciado como dato de prueba en la audiencia de vinculación no resultaba idóneo ni pertinente ni podía aportar algún elemento de convicción ni de tipo indiciario, menos que con el mismo se pudiera acreditar la existencia del bien inmueble en posesión de ********************. - Aduce que la responsable al dictar la sentencia impugnada aplicó de manera inexacta la valoración lógica a que se refiere el artículo 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, al determinar que el juez de control había realizado una valoración adecuada respecto de los datos de prueba referenciados por el agente del Ministerio Público, cuando se han advertido graves deficiencias a su ponderación, particularmente en cuanto a la valoración que se realizó de las entrevistas, por lo que la valoración libre y lógica debe ser racional, lo que implica que el juzgador al asignarle un determinado grado de corroboración en relación con las hipótesis fácticas que sustenten las partes, no puede apoyarse en criterios que apelen a su íntima convicción, sino en las reglas de la lógica, las máximas de la experiencia así como los conocimientos científicos afianzados. - Por lo anterior, solicita se conceda el amparo y protección de la Justicia Federal y se ordene la revocación de la sentencia combatida. Al efecto invoca la tesis de rubro: "VINCULACIÓN A PROESO. LOS JUECES DE AMPARO NO PUEDEN SUSTITUIR AL JUEZ DE CONTROL EN LA PONDERACIÓN DE LOS DATOS DE PRUEBA INCORORADOS POR EL IMPUTADO, SIN EMBARGO, SÍ PUEDEN ANALIZAR LA LEGALIDAD DE SU EJERCICIO DE PONDERACIÓN". - Argumenta el quejoso que con la determinación reclamada el magistrado responsable viola su derecho humano relativo a la tutela judicial efectiva en su vertiente de recurso efectivo, el cual implica la obligación para los tribunales de resolver los conflictos que se les plantean sin obstáculos o dilaciones innecesarias y evitando formalismos o interpretaciones no razonables que impidan o dificulten el enjuiciamiento de fondo, porque el juez tenía obligación de advertir que del contenido del dictamen que referenció el agente del Ministerio Público no resultaba idóneo ni pertinente para justificar la existencia del bien inmueble objeto de la supuesta posesión alegada por ********************. - Que si bien al dictarse el auto de vinculación no se consideró el dato de prueba relativo a la valoración psicológica de la víctima, lo cierto es que con el resto de los datos de prueba en forma alguna se acredita ni la comisión el hecho con apariencia de delito ni menos la probabilidad de que el quejoso lo cometió, porque ni con las entrevistas, ni con el dictamen de inspección al lugar del hecho ni con el informe que remitió el titular del C5I, se acredita ni indiciariamente que previo a los hechos falsamente denunciados, el tercero tuviera la posesión de una parte y menos de la totalidad del bien inmueble controvertido. Sin embargo, -contrario a lo que aduce la peticionaria del amparo- de la resolución impugnada se advierte que en torno a los agravios expuestos por el recurrente aquí quejoso, el magistrado responsable, sí fueron analizados y contestados, de modo que no procede que este juzgador de amparo realice pronunciamiento alguno al respecto. Se afirma lo anterior, porque al respecto, en primer orden el magistrado responsable destacó las inconformidades que en vía de agravio presentó la defensa y a continuación, reseñó lo determinado por el juzgador primigenio en la vinculación a proceso. A continuación, dijo la responsable que, contrastando las inconformidades en vía de agravio de la defensa con relación a la determinación impugnada, se estiman infundadas. Ello, porque en relación con el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales que adujo violado, no se advierten datos que permitan el conocimiento de esa transgresión, como señala el recurrente y continuó diciendo que, de los antecedentes históricos advertidos de la audiencia, no se detectan datos que empalmen con las inconformidades alegadas. Destacó también, que la determinación impugnada se realizó conforme a los principios que rigen el procedimiento [publicidad, continuidad, concentración, contradicción, inmediación, igualdad], en audiencia pública, encontrándose presentes las partes, exponiendo las participaciones e intervenciones que estimaron pertinentes, las razones tendientes a justificar y explicar los motivos y fundamentos del pronunciamiento, del cual no se distinguen incongruencias respecto de la información destacada por las partes en torno a la referencia del contenido de los datos de prueba expuestos por la fiscalía. Luego, el tribunal de alzada señaló que conforme a los registros de audio y video de la audiencia de donde emana la resolución atacada, se advierte que los datos de prueba expuestos por el Ministerio Público son: Denuncia presentada por ********************, de fecha tres de octubre de dos mil veintiuno. Dictamen sobre inspección a lugar del hecho de data tres de octubre de dos mil veintiuno [perito Juan Manuel Reyes Madrigal]. Entrevistas de ******************** y ******************** de fecha veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno. Entrevista de ******************** de data veintisiete de noviembre de dos mil veintiuno. Adujo que al respecto, acorde con el registro del audio y video se expusieron los motivos y fundamentos que lo condujeron a la convicción de la integración de indicios razonables para hacer suponer la existencia de los hechos materia de la solicitud de vinculación a proceso, conforme a las determinadas circunstancias de tiempo, lugar y modo, su calificación jurídica preliminar específica [despojo] y que en su comisión probablemente intervino activamente el imputado. Ello relativo a que, probablemente, el dos de octubre de dos mil veintiuno, entre las veintiuna y veintidós horas [circunstancia de tiempo], la víctima ********************, al regresar al domicilio que habitaba ubicado en la calle ******************** número ******************** de la colonia ******************** de Morelia, Michoacán, [circunstancias de lugar], no pudo abrir la puerta de acceso con la llave que traía consigo, debido a que había cambiado el medio de seguridad, esto es, la chapa de la puerta, haciendo una llamada al 911, para pedir apoyo, asomándose por el balcón de ese inmueble una persona del sexo masculino [imputado] diciéndole que ya no le permitiría entrar [circunstancias de modo]. Lo que se estima, -dijo el magistrado- guarda congruencia con la referencia del contenido de los datos de prueba expuestos por la fiscalía en la audiencia; destacándose particularmente la denuncia presentada por ********************, las entrevistas de ********************, ******************** y ********************, al igual que el dictamen sobre inspección a lugar del hecho que emitió Juan Manuel Reyes Madrigal. Consideró lo anterior la autoridad responsable, pues adujo que de sus contenidos la fiscalía hizo referencia a circunstancias informativas del contexto antes subrayado, sin advertirse incongruencias respecto de las argumentaciones sostenidas en la resolución atacada, lo cual señaló, en esta la exposición de razones que explicaron y justificaron los fundamentos y motivos de su pronunciamiento, de acuerdo al rigor libre y lógico del artículo 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Como apoyo a lo antes considerado, invocó por analogía la tesis XXVII.3o.85 P (10a.), registro digital 2019127, del rubro: "RECURSO DE APELACIÓN PREVISTO EN EL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. EL TRIBUNAL DE ALZADA DEL CONOCIMIENTO DEBE CEÑIR SU PRONUNCIAMIENTO A LOS ASPECTOS CONTROVERTIDOS MATERIA DE IMPUGNACIÓN, A MENOS QUE SE TRATE DE UN ACTO VIOLATORIO DE DERECHOS FUNDAMENTALES DEL SENTENCIADO." Luego, continuó diciendo la autoridad de alzada, que de la exposición narrada no se aprecia antecedentes probatorios, fácticos y jurídicos que aclaren, en un escenario objetivo, las razones y fundamentos del porqué [como lo afirmó el apelante], se realizó una incorrecta valoración de los datos de prueba, porqué se desprende un aleccionamiento de los entrevistados o que no les consten los hechos directamente y que no los percibieron a través de sus sentidos, pues no aparece que ello se hubiere advertido de la audiencia de donde emana la resolución judicial ni en ésta. Asimismo, -reiteró el magistrado- que tal panorama se advierte en torno a las señalizaciones de que no se valoraron razonablemente los datos de prueba, y que por ello debió restárseles valor probatorio que inmedió en la audiencia, toda vez que además de lo argumentado por el apelante, no se distinguen antecedentes que así lo dejen entrever, aunado a que como lo expuso dicha autoridad, estimó que sí se expresaron las razones que explicaron y justificaron los fundamentos y motivos del pronunciamiento recurrido, dándose por reproducida la referida argumentación para evitar innecesarias repeticiones. Al respecto, invocó la jurisprudencia XXI.3o. J/9, registro digital 180262, del rubro siguiente: "RESOLUCIONES EN MATERIA PENAL. LA TRANSCRIPCIÓN INNECESARIA DE CONSTANCIAS ES PRÁCTICA DE LA QUE EL JUZGADOR GENERALMENTE DEBE ABSTENERSE EN ESTRICTO ACATO AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD." De igual modo, la responsable consideró infundado el señalamiento acerca de que del contenido de las entrevistas de ********************, ******************** y ********************, no se revele que el denunciante tenía la posesión parcial o total del inmueble, y al respecto dijo que además de entrañar una postura que no aparece derivada de señalamiento alguno que lo soporte, pormenorizando las razones que lo dejaren entrever, la exposición ministerial de que la víctima tenía en posesión una de las viviendas que se encuentran en el interior del inmueble, tal y como se desprende de la referencia del contenido de la denuncia, se corroboró de manera objetiva con el contenido de las entrevistas de que se trata, en cuanto a que indicaron que llevaron a su tío [la víctima] de regreso a la casa que habitaba, porque sabían que ahí vivía y ejercía actos de posesión sobre la misma. Por lo anterior, estableció que el hecho que la ley señala como delito de despojo, previsto por el artículo 226, fracción I, del Código Penal del Estado, de acuerdo a su descripción típica tutela tanto la posesión como la propiedad, puesto que refiere como objetos del delito inmuebles ajenos o derechos reales que no le pertenezcan [propiedad], o bien, el uso de un inmueble [posesión], siendo que, probablemente, el dos de octubre de dos mil veintiuno, alrededor de las trece horas, la víctima salió de la vivienda que habitaba en el interior del inmueble ubicado en la calle ********************número ******************** de la colonia ******************** en esta ciudad de Morelia, para irse a comer con sus sobrinos ********************, ******************** y ********************, comentándoles que tenía problemas con su sobrino [el imputado ********************]; que luego, entre las veintiuna y veintidós horas, al llevarlo sus sobrinos [los tres primeros mencionados] a su domicilio, observaron que al intentar abrir la puerta que da acceso al interior, no le fue posible, debido a que había sido cambiada la chapa de seguridad, que incluso, vieron y escucharon cuando desde el balcón una persona [imputado] le gritó a la víctima que ya no le permitiría entrar. Lo anterior, de acuerdo con la referencia del contenido de los datos de prueba aludidos, conforme a la exposición de la fiscalía, y al efecto invocó por analogía jurídica la tesis (II Región)1o.8 P (11a.), registro digital 202442, del siguiente rubro: "ESTÁNDAR DE PRUEBA PARA LA VINCULACIÓN A PROCESO. CONDICIONES PARA CONSIDERAR PROBADA ALGUNA DE LAS HIPÓTESIS FÁCTICAS QUE DERIVEN DEL ACERVO PROBATORIO INCORPORADO POR LAS PARTES EN LA AUDIENCIA RELATIVA." Siendo así que, -puntualizó el magistrado responsable- el dato inherente a que la víctima poseía desde hacía más de cuarenta años una de las dos viviendas edificadas dentro del inmueble, lo estimó corroborado periféricamente con la referencia del contenido de las entrevistas aludidas, tocante a las cuales se referenció que los entrevistados ********************, ******************** y ********************, llevaron a la víctima a dicho lugar porque sabían que ahí vivía y que ejercía actos posesorios sobre una de las casas y que incluso, el perito Juan Manuel Reyes Madrigal, al rendir el dictamen sobre inspección al lugar del hecho, e la referencia de su contenido se desprendía que observó modificaciones de reciente producción en la chapa y que observaba en el segundo nivel un balcón. Antecedentes que, -sostuvo la responsable- se ponderaron libre y lógicamente como relevantes en el contexto citado de que la víctima poseía una de las viviendas construidas en el interior del inmueble, desde hacía más de cuarenta años, y que el día citado ya no le fue posible ingresar debido al cambo de la chapa de la puerta de ingreso. Además, -dijo el magistrado- no se requiere postular y acreditar los elementos del alcance típico esgrimidos por la defensa, sino el contexto conceptual del hecho que la ley señala como delito, acorde con su apariencia informada con base en los datos de prueba presentados por la fiscalía, tal y como estimó que sucedió en el caso analizado. Por otro lado, el argumento relativo a que no se acredita que el imputado cometió el hecho que la ley señala como delito de despojo con ningún dato de prueba, y menos aun con la referencia del contenido de las entrevistas de ********************, ******************** y ********************, porque el apelante considera que no son fiables y solicitó la revocación de la resolución combatida, en forma correcta el magistrado responsable lo consideró infundado. Al respecto, se comparte el criterio del magistrado responsable al establecer que con los medios de prueba referenciados por el agente del Ministerio Público, se precisó la integración de indicios razonables que hacen suponer que existe la probabilidad de que ******************** cometió el hecho que la ley señala como delito de despojo, previsto y sancionado por el artículo 226, fracción I, del Código Penal del Estado. Incluso, señaló el tribunal de alzada, del contenido de la denuncia presentada por ********************, se desprende que manifestó que al fallecer la madre de ********************, éste le comentó que se saliera del inmueble de su propiedad, siendo que una de las viviendas construidas en su interior, la víctima la habitaba donde ejercía la posesión, ya que así se lo había permitido su hermano "********************" y su esposa con quienes nunca tuvo problemas; que el dos de octubre de dos mil veintiuno al regresar al domicilio ya no pudo ingresar porque la chapa de la puerta fue cambiada. Lo que además, señaló la responsable, se relaciona con la referencia del contenido del dictamen pericial sobre inspección al lugar de los hechos de fecha tres de octubre de dos mil veintiuno, donde el perito Juan Manuel Reyes Madrigal, indicó que se trataba de un inmueble de dos niveles, con una puerta de acceso que observó presentaba modificaciones de reciente producción en su medio de seguridad, siendo este una chapa. Igualmente, que con la referencia del contenido de las entrevistas de ********************, ******************** y ********************, se desprendía que al llevar a su tío ******************** al domicilio que habitaba ya no pudo ingresar a la vivienda porque había sido cambiada la chapa y que hablaron a la policía para que se les auxiliara. Además, que con la referencia del contenido del oficio remitido por el Director General del Centro Estatal de Comando de C5I, se desprende que se recibió un reporte de que a una persona de la tercera edad no la dejaban entrar a su domicilio, acudiendo elementos policiacos a su apoyo. Por lo anterior, el magistrado responsable estimó infundadas las inconformidades anteriores, vertidas vía agravio por la defensa recurrente, al no advertirse datos en la audiencia que disputen la impresión plasmada en la resolución combatida, que cuestionen la ponderación y convicción judicial sobre que se acreditó que existe probabilidad de que el imputado cometió el hecho que la ley señala como delito de despojo en agravio de ********************, la cual además, estimó apegada a derecho. Por lo que se refiere al dictamen emitido por el perito Juan Manuel Reyes Madrigal, respecto del cual el apelante adujo que la supuesta modificación a la chapa que advirtió el perito no puede deducirse que ocurrió el dos de octubre de dos mil veintiuno, y al concluir que el resultado de la búsqueda de indicios de índole criminalístico fue negativo, entonces no encontró indicio, huella o vestigio relacionado con el presunto hecho delictivo, al respecto el magistrado determinó que de la audiencia no se desprende escenario alguno que implique que se inmedió esa información con la referencia del contenido del citado dato de prueba, a fin de discernir su existencia. De igual forma, respecto del argumento relativo a que el contenido del informe de C5I, no se valoró de manera lógica y razonable, sino parcialmente, porque el imputado realizó una llamada al 911 el día de los hechos porque se querían meter a su domicilio y el juez no consideró en su totalidad dicho medio de prueba, señaló la autoridad responsable que del registro del audio y video de la audiencia no se aprecia que la fiscalía hubiera destacado que ******************** [imputado] realizó una llamada al 911, sino que en el domicilio tantas veces señalado se estaba solicitando apoyo de la policía porque no dejaban entrar a una persona a su vivienda. Por último, respecto de las tesis que citó el apelante, entre ellas la de rubro "APELACIÓN CONTRA EL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EL TRIBUNAL DE ALZADA QUE CONOZCA DE DICHO RECURSO DEBE ESTUDIAR DE OFICIO LA DEMOSTRACIÓN DEL HECHO SEÑALADO POR LA LEY COMO DELITO, ASÍ COMO LA PROBABLE PARTICIPACIÓN DEL IMPUTADO EN SU REALIZACIÓN, AUN CUANDO ÉSTE NO LO HUBIERA ALEGADO EN SUS AGRAVIOS (ABANDONO DEL CRITERIO SOSTENIDO EN LAS TESIS AISLADAS I.9oP.164 P (10ª.)) Y I.9oP.165P (10ª), sostuvo el magistrado responsable que no se estiman aplicables al caso que se analiza, por los antecedentes abordados y desarrollados, debido a que los argumentos plasmados en la resolución atacada derivan del análisis, reflexión y ponderación libre y lógica emprendida a los datos de prueba presentados por la fiscalía, cuya inmediación generó mérito lógico y jurídico para determinarse la convicción sobre la acreditación probable del hecho que la ley señala como delito de despojo, previsto y sancionado por el artículo 226, fracción I, del Código Penal del Estado, y de la probable responsabilidad penal de ******************** en su comisión. Por tanto, concluyó la autoridad responsable que la ponderación que sustentó la convicción jurisdiccional en torno a que probablemente de propia autoridad, por medio de la furtividad se hizo uso de un derecho real que no le pertenece, se ajusta a los cánones libre y lógico del numeral 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y con ello la exposición de razones tendientes a explicar y justificar los fundamentos y motivos acerca de la convicción sostenida de lo anterior, integrada la ponderación de los datos de prueba que la soportaron. De lo antes expuesto se obtiene que el magistrado responsable al resolver el recurso de apelación interpuesto por la defensa del imputado, se hizo cargo de analizar y dar respuesta a todos los tópicos que señala el peticionario del amparo en sus conceptos de violación, aunque su resultado haya sido negativo, es decir, no prosperaron las pretensiones de la defensa privada para los efectos que solicitó [la no vinculación a proceso de la imputada], sin que por ello sea dable considerar que no se atendieron sus planteamientos o que se valoraron incorrectamente. De modo que al analizar los datos de prueba referenciados en la audiencia por el agente del Ministerio Público, el magistrado responsable advirtió correspondencia y estimó que no existen datos que disputen la impresión plasmada en la resolución combatida, que cuestionen la ponderación y convicción del juzgador primigenio sobre el hecho imputado y la probabilidad de que ******************** probablemente lo cometió. Lo que en concepto de quien esto resuelve se estima correcto pues, -en oposición a lo que señala el peticionario del amparo- el ejercicio de la ponderación del dato de prueba corresponde al juez de control, por lo que el tribunal de alzada únicamente verifica la legalidad del acto impugnado, no del dato de prueba en sí, en cuanto a destacar con cuáles se acredita la probabilidad de que el imputado haya intervenido en el hecho con apariencia de delito, de ahí que la autoridad responsable no tenía obligación de estudiar de manera directa esos datos como lo señala el inconforme, aun cuando no los hubiere alegado en los agravios. De ahí que, como acertadamente lo dijo el magistrado responsable, no resulte aplicable la tesis aislada que invoca el quejoso, de rubro "APELACIÓN CONTRA EL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EL TRIBUNAL DE ALZADA QUE CONOZCA DE DICHO RECURSO DEBE ESTUDIAR DE OFICIO LA DEMOSTRACIÓN DEL HECHO SEÑALADO POR LA LEY COMO DELITO, ASÍ COMO LA PROBABLE PARTICIPACIÓN DEL IMPUTADO EN SU REALIZACIÓN, AUN CUANDO ÉSTE NO LO HUBIERA ALEGADO EN SUS AGRAVIOS (ABANDONO DEL CRITERIO SOSTENIDO EN LAS TESIS AISLADAS I.9oP.164 P (10ª.)) Y I.9oP.165P (10ª). Lo anterior es así, toda vez que el Tribunal de Alzada debe analizar la resolución impugnada en su integridad para verificar que no existan violaciones a derechos humanos; y posteriormente, al emitir su decisión, debe limitarse al estudio de los agravios, salvo que hubiere advertido violaciones a los derechos fundamentales del imputado, en cuyo caso deberá reparar las violaciones oficiosamente. Es decir, aunque los Tribunales de Alzada deben analizar toda la resolución impugnada, no tienen el deber de reflejar ese análisis en los considerandos de su decisión, sino solo en positivo; es decir, cuando advierten violaciones a derechos humanos, momento en el cual deben repararlos oficiosamente. Como sustento de lo anterior, se cita la jurisprudencia 17/2019 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 2019737, del epígrafe y texto siguientes: "RECURSO DE APELACIÓN PENAL EN EL SISTEMA ACUSATORIO. LAS SALAS DEBEN SUPLIR LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA PARA REPARAR OFICIOSAMENTE VIOLACIONES A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL IMPUTADO. De una lectura del artículo 461 del Código Nacional de Procedimientos Penales se desprenden dos reglas: (i) el órgano jurisdiccional debe reparar oficiosamente las violaciones a derechos fundamentales; pero (ii) cuando no se esté en ese supuesto, el órgano jurisdiccional debe limitarse al estudio de los agravios planteados, sin tener que fundar y motivar la ausencia de violaciones a derechos. Para precisar lo anterior es importante distinguir entre dos momentos diferentes: el análisis del asunto y el dictado de la sentencia. Así, aunque las reglas antes descritas cobran vigencia al momento de dictar la sentencia de apelación, el Tribunal de Alzada debe analizar la sentencia impugnada en su integridad para verificar que no existan violaciones a derechos humanos; y posteriormente, al emitir su decisión, debe limitarse al estudio de los agravios, salvo que hubiere advertido violaciones a los derechos fundamentales del imputado, en cuyo caso deberá reparar las violaciones oficiosamente. Por lo tanto, aunque los Tribunales de Alzada deben analizar toda la sentencia, no tienen el deber de reflejar ese análisis en los considerandos de su decisión. En consecuencia, se puede concluir que el Código Nacional de Procedimientos Penales contempla -de manera implícita- el principio de suplencia de la queja a favor del imputado. Es importante precisar que la facultad de reparar violaciones a derechos de forma oficiosa se encuentra acotada a la materia del recurso. En este sentido, la suplencia de la queja no opera del mismo modo en procesos abreviados, que en procesos ordinarios. En el primer caso, tal como esta Primera Sala sostuvo en la contradicción de tesis 56/2016, sólo puede analizarse la violación a los presupuestos jurídicos para la procedencia de esa forma de terminación anticipada del proceso penal. Mientras que en el segundo, se podrá analizar cualquier acto que sea materia de la sentencia que resuelva el juicio oral y que implique una violación a los derechos fundamentales del acusado, como lo podrían ser, según sea el caso: la valoración de pruebas, el estudio de tipicidad, la reparación del daño y la individualización de la pena, entre otras cuestiones. Ahora, también debe aclararse que sólo se hace referencia a la suplencia de la queja en favor del imputado, por lo que la Primera Sala, en este momento, no se pronuncia sobre la aplicabilidad de ese principio en favor de otras partes." Por otro lado, no se desconoce el contenido de la jurisprudencia que invoca el quejoso, del rubro "VINCULACIÓN A PROESO. LOS JUECES DE AMPARO NO PUEDEN SUSTITUIR AL JUEZ DE CONTROL EN LA PONDERACIÓN DE LOS DATOS DE PRUEBA INCORORADOS POR EL IMPUTADO, SIN EMBARGO, SÍ PUEDEN ANALIZAR LA LEGALIDAD DE SU EJERCICIO DE PONDERACIÓN", la cual establece que el Juez de Control para resolver sobre la vinculación a proceso, debe ponderar los datos de prueba que incorpore el imputado o su defensa, durante el plazo constitucional de setenta y dos horas o en su ampliación, en contradicción con los expuestos por el Ministerio Público, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 314 y 315 del Código Nacional de Procedimientos Penales; facultad que es exclusiva de las autoridades de instancia y, por tanto, no pueden ejercerla los Jueces constitucionales. También señala que ello no implica que los Jueces de Distrito no puedan revisar el juicio de ponderación de los datos de prueba que se realiza; es decir, la legalidad y constitucionalidad del acto reclamado, no del dato de prueba en sí, pues su análisis se circunscribe única y exclusivamente a la valoración del juicio de prueba que llevó a cabo el Juez de Control, y resolver sobre la constitucionalidad de su determinación. Ejercicio que no implica que se sustituya al Juez natural en la apreciación de los datos de prueba, ya que sólo se analiza la legalidad de la ponderación que se hizo, a efecto de corroborar si se ajustó o no a los principios que rigen el debido proceso legal, y constatar que no se hubieran alterado los hechos, que no exista infracción a las reglas fundamentales de la lógica, a los conocimientos científicos y a las máximas de la experiencia; sin embargo, el juicio de ponderación aludido en el caso se estima cumplido respecto del acto aquí reclamado, y por ello resulta apegada a la legalidad. En congruencia con lo anterior, se estima ajustada a derecho la determinación del magistrado responsable de confirmar la vinculación a proceso de veintidós de junio de dos mil veintidós, emitida por un Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral Región Morelia, contra ********************, dentro de la causa penal ********************. Ello, porque de acuerdo con la reforma, en el auto de vinculación a proceso ya no se exige la comprobación del cuerpo del delito ni la justificación de la probable responsabilidad, sino la existencia de datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión y su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito ni la valoración de las pruebas, porque esos elementos serán determinados en el escrito de acusación, que ocurrirá en una etapa posterior. En tales condiciones, es de concluirse que la resolución combatida no infringe en perjuicio del quejoso los derechos consagrados en los artículos 1º, 14, 16, 17, 19 y 20 de la Constitución Federal, y al no advertirse deficiencia que deba suplirse de oficio, lo procedente es negar la protección constitucional que solicita. Sexta. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: Primero. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ********************, por su propio derecho, contra el acto reclamado al Magistrado de la Segunda Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, por las razones expresadas en la consideración quinta de la presente resolución. Segundo. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en la última consideración. Notifíquese por lista, y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Alejandra Álvarez Calderón, secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, seis de diciembre de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por formulado el pedimento de la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado y con éste dese cuenta en la audiencia constitucional. Asimismo, en virtud de la solicitud para que se le expida copia de la sentencia definitiva, dígase al agente que una vez que sea pronunciada le será expedida la misma. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Alejandra Álvarez Calderón, secretaria que autoriza y da fe.dbdr

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, veinticinco de noviembre de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por formulado el pedimento del Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado y con éste dése cuenta en la audiencia constitucional. Asimismo, en virtud de la solicitud para que se le expida copia de la sentencia definitiva, dígase al agente que una vez que sea pronunciada le será expedida la misma. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

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