Enrique Espinosa Aceves

Expediente 1375/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 16 actuaciones registradas, la última del 27 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1375/2022
Año
2022
Actuaciones
16
Última actuación
27/06/2023

Partes del expediente

  • Enrique Espinosa Aceves

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintisiete de junio de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, téngase por recibido el oficio que remite el Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar del Estado de Michoacán, con residencia en Zamora, mediante el cual informa que ya cuenta con las constancias de la sentencia dictada dentro del presente juicio de amparo, así como de la ejecutoria, mismas que fueron recibidas el dos y diecisiete de marzo del año en curso, respectivamente. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada María Victoria Sánchez Méndez, secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, trece de junio de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se tiene por recibido el escrito de ******************** en cuanto mandatario jurídico de la tercera interesada ********************, por el que solicita se remita oficio a la autoridad responsable al que se adjunte copia de la sentencia y auto por el que causó ejecutoria a fin de continuar con el procedimiento en primera instancia. Ahora, del estado de autos se advierte que mediante oficios 3076 y 4551, se notificó a la autoridad responsable Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar de Zamora, Michoacán, la sentencia dictada en el presente asunto y acuerdo por el que causó ejecutoria; sin embargo, en atención a la manifestación realizada por dicho promovente, se ordena remitir a la cuenta de correo electrónico 3jfam_zamora@poderjudicialmichoacan.gob.mx que pertenece a la autoridad responsable referida, en formato digital las constancias que señala. Notifíquese por lista y mediante oficio. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, diez de marzo de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia por la que se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, sin que lo haya realizado; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de depuración dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el juicio y transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del aludido Acuerdo General. Ahora bien, por lo que ve al incidente de suspensión es susceptible de destrucción, con fundamento en el artículo 21, inciso c) del Acuerdo General en cita, toda vez que se negó la medida cautelar solicitada. Finalmente, se ordena devolver a la autoridad responsable el tomo de pruebas que remitió al presente juicio, por considerar innecesaria su retención. Notifíquese por lista y mediante oficio a la responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    En Morelia, Michoacán, a las diez horas con diez minutos del veintiuno de febrero de dos mil veintitrés, el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Isela Estefanía Bueno Gallegos, secretaria adscrito a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 1375/2022, sin la comparecencia de las partes. Enseguida, la secretaria da cuenta al juez con la totalidad de constancias que obran en el expediente, de las cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El juez provee: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, la secretaria da cuenta con las documentales que allegó el Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar, con residencia en Zamora, Michoacán. Al respecto el juez acuerda: Con apoyo en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, las probanzas antes descritas. Dado que no hay más medios de prueba pendientes por admitir, ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, la secretaria hace constar que sólo la tercera interesada, los formuló. En relación con lo anterior el juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, tienen por formulados los alegatos de la parte tercera interesada y se declara precluido el derecho de las demás partes para formularlos. Una vez cerrado el periodo de alegatos, se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda. RESULTANDO: Primero. Presentación en la vía directa. Mediante escrito presentado el siete de noviembre de dos mil veintidós ante la oficialía de partes del Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar, con residencia en Zamora, Michoacán (foja 8), Enrique Espinosa Aceves, por su propio derecho, demandó en la vía directa, el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del titular de ese órgano jurisdiccional, que estimó violatorios de los derechos tutelados en los artículos 1, 4, 14 y 16, constitucionales. Por lo anterior, el titular de ese órgano jurisdiccional realizó los trámites previstos por el artículo 178 de la Ley de Amparo y por oficio 3410/2022 presentado el seis de diciembre del año en curso ante la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Décimo Primer Circuito (foja 4), remitió la demanda original y tres copias de la misma, así como la certificación respectiva de su presentación, las constancias de emplazamiento y testimonio autorizado del expediente 438/2022. Por razón de turno, el conocimiento de la demanda de amparo intentada inicialmente en la vía directa, correspondió al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, quien la recibió el siete de diciembre de dos mil veintidós (foja 4) y en resolución de doce de diciembre del año pasado (foja 2), se declaró incompetente para conocer de la misma, en atención a que la determinación reclamada -auto de ocho de septiembre de dos mil veintidós dictado en el juicio oral familiar 438/2022, que modificó la pensión de los alimentos provisionales decretados a favor de la menor Karol Sharay Espinosa Reyes, fijada inicialmente por el equivalente a treinta unidades de medida y actualización, para que en lo subsecuente se pague por lo que corresponda a treinta salarios mínimos vigentes-no constituye una sentencia definitiva que pone fin al juicio, por lo que ordenó remitirlo al Juez de Distrito en el Estado de Michoacán, en turno, con residencia en esta ciudad. Segundo. Turno y avocamiento. Por razón de turno, correspondió conocer de la demanda a este juzgado, en auto de quince de diciembre de dos mil veintidós (foja 98) se ordenó su registro con el número 1375/2022, se admitió a trámite la demanda de amparo, se otorgó a la Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción la intervención legal que le compete, se fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional, se dio vista con el informe justificado rendido por la responsable y se reconoció el carácter de la tercera interesada Patricia Reyes Espinosa, en cuanto representante legítima de la menor Karol Sharay Espinosa Reyes; por esa razón, en el propio auto se convalidó el emplazamiento que la responsable efectuó y solamente se ordenó notificarle personalmente el auto de avocamiento emitido por este juzgado, al igual que al quejoso. Finalmente, el veintitrés de enero del año en curso (foja 132) se fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo en los términos del acta que antecede, por lo que ahora se procede a dictar sentencia en los términos siguientes: CONSIDERANDOS: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 49 y 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, dado que el acto reclamado fue dictado por una autoridad judicial que reside en el lugar en el que este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Fijación del acto reclamado. Conforme a lo establecido por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, lo procedente es fijar el acto reclamado. Al respecto resulta aplicable la tesis aislada P. VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente contenido y rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el citado precepto legal, con el criterio mencionado y atendiendo además el contenido de las constancias que obran en autos, el acto reclamado consistente en: *Auto de ocho de septiembre de dos mil veintidós dictado en el juicio oral familiar 438/2022, que modificó la pensión de los alimentos provisionales decretados a favor de la menor Karol Sharay Espinosa Reyes, fijada inicialmente por el equivalente a treinta unidades de medida y actualización, para que en lo subsecuente se pague por lo que corresponda a treinta salarios mínimos vigentes. El cual atribuyó al Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar, con residencia en Zamora, Michoacán, a dicho órgano jurisdiccional. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia, P./J. 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente rubro y contenido: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Tercero. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto que se atribuye a la responsable, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado (foja 4). Lo que se corrobora con las constancias que remitió como soporte de su informe justificado la juez responsable, consistente en testimonio autorizado del juicio oral familiar 4358/2022. Probanzas que tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. Por tanto, se tiene por demostrada fehacientemente la existencia del acto que se combate, como indica la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice 2000, al Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, materia común, con número de registro 917812, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Por lo que respecta al valor acreditativo de los documentos públicos, es ilustrativa la jurisprudencia 226 emitida por el Pleno de la Suprema corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153 del Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, Quinta Época, registro 394182, de rubro y texto: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Cuarto. Análisis de las causales de improcedencia. Determinada la certeza de los actos reclamados es necesario examinar la procedencia del juicio constitucional, ya que en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia son de estudio preferente, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público. Sin embargo, este juzgador no advierte -de manera oficiosa- la existencia de alguna causal ni las partes hicieron valer; por lo que se procede realizar el estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. Quinto. Estudio de los conceptos de violación. El promovente del amparo hizo valer los conceptos de violación expuestos en su demanda, mismos que se tienen aquí por reproducidos como si al efecto se transcribiesen, en obvio de repeticiones innecesarias, pues este juzgador no se encuentra obligado a hacerlo, acorde con lo dispuesto en la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 58/2010, de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." En los conceptos de violación que el quejoso formuló en esta instancia de amparo, señala en esencia lo siguiente: a. Que la determinación reclamada viola el contenido de los artículos 444, 464, 712 y 929 del Código Familiar para el Estado de Michoacán, ya que sin que medie audiencia oral, en la que se le otorgue oportunidad de ser oído y debatir los argumentos, se modifica la pensión provisional inicialmente fijada, violentando con ello las formalidades esenciales del procedimiento y en consecuencia la garantía de legalidad; b. Que la modificación de la medida cautelar de alimentos determinada inicialmente, debió también haberse tramitado de manera incidental, a efecto de que se le permitiera ejercer su derecho de defensa y de contradicción para ofrecer pruebas; c. Que es ilegal el auto reclamado, porque al determinarse los alimentos en salarios mínimos vigentes, casi se duplicó la pensión fijada de inicio, por lo que en todo caso, si se transformó en salarios mínimos, debió equipararse la cantidad fijada de inicio a los salarios mínimos que correspondieran, porque al hacerlo como se hizo, se tornó desproporcionada; y, d. Que además es ilegal que se haya fijado la pensión en el equivalente a salarios mínimos, porque no se cuenta con pruebas que acrediten sus ingresos como deudor. Conceptos de violación que se impone declarar inoperantes, ya que en relación con el fondo del asunto planteado en el mismo, que en el caso lo constituye si las pensiones alimenticias deben tomar en cuenta el salario mínimo vigente como parámetro para su cuantificación o el de la uma, existe una decisión emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en términos del artículo 94, párrafo décimo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es obligatoria en su observancia y aplicación; por ende, una eventual concesión del amparo al quejoso respecto del asunto que nos ocupa se tornaría estéril, en tanto la existencia de dicho criterio, vincularía al juez responsable a resolver en el mismo sentido fijado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Con relación a lo expuesto, debe decirse que mediante ejecutoria emitida el seis de julio de dos mil veintidós -antes que se emitiera el auto que constituye el acto reclamado- la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió el amparo directo en revisión 1194/2022, en el que, en lo que nos interesa, resolvió: "(.) Análisis sobre la inconstitucionalidad de los artículos 453, fracción I, y 456 del Código de Procedimientos Familiares para el Estado de Hidalgo Ahora bien, esta Primera Sala procede a analizar la regularidad constitucional de los artículos 453, fracción I, y 456 del Código de Procedimientos Familiares para el Estado de Hidalgo, con el objeto de determinar si ??de conformidad con el motivo y objetivo establecido por el Constituyente permanente, el texto de la reforma constitucional aludida, así como de la naturaleza de la obligación alimentaria?? el monto de la pensión alimenticia debe tomar como parámetro el salario mínimo o la Unidad de Medida y Actualización vigente en la entidad federativa, a la luz del derecho humano a los alimentos y al interés superior de la niñez. Los preceptos impugnados disponen lo siguiente: Artículo 453. El Juez Familiar al comprobar el parentesco del acreedor alimentista con la parte demandada y alguno de los datos mencionados en el Artículo anterior, fijará una pensión provisional, observando las reglas siguientes: I. Si los reclamantes son: La esposa, el esposo o los hijos del demandado o demandada, el juez determinará como pensión provisional, atendiendo al principio de proporcionalidad hasta el 50% de los ingresos del demandado; o en su caso una pensión que nunca será menor al equivalente del importe mensual de la Unidad de Medida y Actualización vigente. [.] Artículo 456. Cuando no sea posible determinar los ingresos del deudor alimentante, se tomará como base de acuerdo a las proporciones establecidas, el importe equivalente mensual de la Unidad de Medida y Actualización vigente. De estos preceptos, se desprenden los siguientes supuestos: (i) cuando se fije una pensión alimenticia provisional, su monto nunca deberá ser menor al equivalente del importe mensual de la Unidad de Medida y Actualización vigente y, (ii) cuando no sea posible determinar los ingresos de la persona deudora alimentaria, la pensión alimenticia tomará como base el importe equivalente mensual de la Unidad de Medida y Actualización vigente. Como se advierte, en ambas hipótesis, la Unidad de Medida y Actualización constituye un parámetro "mínimo" del monto que puede ser fijado como pensión alimenticia, tanto provisional como definitiva, por parte de la persona juzgadora. Sin embargo, con base en el parámetro de regularidad constitucional en materia del derecho humano a los alimentos y en la naturaleza constitucional del salario mínimo, esta Primera Sala concluye que las porciones normativas que refieren a la Unidad de Medida y Actualización son inconstitucionales. Lo anterior es así, dado que en el concepto de salario mínimo se prevé que debe ser apto para cubrir las necesidades de una persona jefa de familia, en las que se encuentra incluido el pago de alimentos. Por lo tanto, se considera que el pago de alimentos no se trata de una medida de referencia y, en consecuencia, no le es totalmente aplicable la reforma constitucional en materia de desindexación descrita en el anterior apartado. En efecto, de conformidad con el artículo 123, apartado A, fracción VI, segundo párrafo de la Constitución Política del país, la naturaleza del salario mínimo es la de un ingreso destinado a satisfacer las necesidades normales de una persona jefa de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer en la educación obligatoria de los hijos e hijas. Por su parte, el artículo 118 del Ley para la Familia del Estado de Hidalgo establece que los alimentos están conformados por todo aquello que es indispensable para el sustento, habitación, vestido, asistencia médica, así como los gastos para la educación de los niños y niñas. En ese sentido, es dable concluir que la garantía del derecho humano a los alimentos, a través del pago de una pensión alimenticia por parte de la persona deudora alimentaria, se encuentra íntimamente vinculada con la naturaleza del salario mínimo, pues éste busca en última instancia satisfacer las necesidades básicas de una persona y su familia, en todos los órdenes -material, social y cultural- así como los gastos en la instrucción obligatoria de los niños y niñas, precisamente, como se indica en el artículo previamente referido. Por ello, si de conformidad con el artículo 123 apartado A, fracción VI, primer párrafo constitucional, el salario mínimo puede ser utilizado como índice, unidad, base, medida o referencia para los fines acordes a su naturaleza, es inconcuso que el parámetro de pago de la pensión alimenticia, previsto en los artículos 453, fracción I, y 456 del Código de Procedimientos Familiares para el Estado de Hidalgo debe ser el equivalente al importe mensual del salario mínimo vigente y no de la Unidad de Medida y Actualización, por ser más acorde a su naturaleza y finalidades. Además, como se desarrolló en el primer apartado del estudio de fondo de la presente resolución, el Estado tiene una obligación constitucional y convencional de velar por el cumplimiento y garantía del interés superior de la niñez y del derecho humano a la alimentación, por lo que esta Primera Sala considera que establecer el salario mínimo como parámetro de pago es lo más protector para los niños, niñas y adolescentes por ser sustancialmente mayor que el de la Unidad de Medida y Actualización. Además, debe considerarse que a la luz del derecho a una vida digna, el importe del equivalente mensual del salario mínimo vigente en la entidad federativa constituye el parámetro de pago de la pensión alimenticia que garantiza, en mayor medida, la satisfacción de las necesidades básicas (alimentación, salud, educación y sano esparcimiento) de los niños y niñas. En ese sentido, el establecimiento de la Unidad de Medida y Actualización como parámetro de pago de la pensión alimenticia, previsto en los artículos 453, fracción I, y 456 del Código de Procedimientos Familiares para el Estado de Hidalgo, es inconstitucional por vulnerar el artículo 123, apartado A, fracción VI, de la Constitución Política del país, así como el derecho humano a la alimentación y a una vida digna del niño involucrado en la controversia. Ante lo fundado y suficiente del argumento en análisis para revocar la sentencia recurrida, cuyo estudio reportó mayor beneficio a la señora **********, resulta innecesario el análisis de los diversos agravios relacionados con la aplicación de la suplencia de la queja y que no atendió al principio de proporcionalidad en materia de alimentos. VI. DECISIÓN Por tanto, lo procedente es revocar la sentencia recurrida y devolver los autos al Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, a fin de que: Se abstenga de aplicar los artículos 453, fracción I y 456 del Código de Procedimientos Familiares para el estado de Hidalgo que refieren a la Unidad de Medida y Actualización como parámetro de pago de la pensión alimenticia, y Resuelva lo que en derecho corresponda.(...)" Como se ve, en la decisión que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió en el amparo directo en revisión 1194/2022, resolvió en esencia, que para la determinación de la pensión alimenticia, tanto provisional como definitiva, el salario mínimo debe ser utilizado como índice, unidad, base, medida o referencia para los fines acordes a su naturaleza, ya que éste busca satisfacer las necesidades básicas de una persona y su familia, en todos los órdenes -material, social y cultural- así como los gastos en la instrucción obligatoria de los niños y niñas. Decisión asumida que se torna obligatoria, porque la misma fue aprobada por unanimidad de cinco votos, en términos de lo establecido por el Acuerdo General Número 1/2021, de ocho de abril de dos mil veintiuno, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se determina el inicio de la undécima época del semanario judicial de la federación, y se establecen sus bases, el cual, en la parte de la vinculación a las sentencias emitidas por las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dispone: "(.) NOVENO. Tomando en cuenta que en términos de lo previsto en el artículo 94, párrafo décimo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos las razones que justifiquen las decisiones contenidas en las sentencias dictadas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por mayoría de ocho votos y por las Salas, por mayoría de cuatro votos, en todos los asuntos de su competencia, son obligatorias para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas, así como las ventajas de la nueva metodología para la elaboración de las tesis que permiten su difusión, se estima conveniente que la divulgación de los criterios aprobados en los asuntos resueltos por este Alto Tribunal, diversos a los derivados de los que se rigen por lo previsto en la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se continúe realizando mediante la redacción de las tesis respectivas. En consecuencia, con fundamento en lo antes señalado y en el artículo 11, fracción XXI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación expide el siguiente: ACUERDO: PRIMERO. La Undécima Época del Semanario Judicial de la Federación se iniciará el primero de mayo de dos mil veintiuno. SEGUNDO. Las razones que justifiquen las decisiones contenidas en las sentencias dictadas a partir de la entrada en vigor de este Acuerdo General, por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por mayoría de ocho votos, y por las Salas, por mayoría de cuatro votos, en la totalidad de los asuntos de su competencia, serán obligatorias para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas, en los términos precisados en el Punto Noveno del presente Acuerdo General.(.) TRANSITORIOS: PRIMERO. El presente Acuerdo General entrará en vigor el primero de mayo de dos mil veintiuno.(.)" Del anterior inserto se advierte que a partir del uno de mayo de dos mil veintiuno, son obligatorias para todas las autoridades jurisdiccionales federales y de las entidades federativas, las razones que justifiquen las decisiones contenidas en las sentencias dictadas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por mayoría de ocho votos, y por las Salas, por mayoría de cuatro votos, en la totalidad de los asuntos de su competencia. Por ende, como la sentencia pronunciada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo directo en revisión 1194/2022, fue aprobada por unanimidad de cinco votos, entonces, la ratio dicendi de dicho precedente, en la que toralmente se determinó que las pensiones alimenticias deben tomar en cuenta el salario mínimo vigente como parámetro para su cuantificación y no el de la uma, es vinculante tanto para el suscrito como para el juez responsable, en términos del artículo 94, párrafo décimo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo mismo se insiste, la existencia de dicho precedente se erige como un impedimento técnico para que el suscrito aborde el estudio de los conceptos de violación, pues la pretensión fundamental del quejoso a través de los mismos, es que se revoque la determinación del juez natural que estableció que la pensión alimenticia provisional de su menor hija, debe entenderse fijada en salarios mínimos a partir de la emisión del auto de ocho de septiembre de dos mil veintidós; por lo que, atento a la vinculación con lo ya resuelto por el Máximo Tribunal en el amparo directo en revisión 1194/2022, obligará a que se resuelva en el mismo sentido en el que ya se encuentra determinada la pensión alimenticia provisional en estos momentos; de ahí, la inoperancia de los conceptos de violación. Se invoca por analogía jurídica, la jurisprudencia por reiteración XVII.1o.C.T. J/9 (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, el viernes 14 de octubre de 2016 10:24 h, ubicada en publicación semanal, Décima Época, registro 2012829, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. RESULTA INNECESARIO SU ANÁLISIS, CUANDO SOBRE EL TEMA DE FONDO PLANTEADO EN LOS MISMOS YA EXISTE JURISPRUDENCIA. Resultan inoperantes los conceptos de violación y, por ende, innecesario su análisis, en los que en relación con el fondo del asunto planteado en ellos, ya existe jurisprudencia que es obligatoria en su observancia y aplicación para la autoridad responsable, que la constriñe a resolver en el mismo sentido fijado en esa jurisprudencia, por lo que, en todo caso, con su aplicación se da respuesta integral al tema de fondo planteado; luego, si esa jurisprudencia es contraria a los intereses de la quejosa, ningún beneficio obtendría ésta el que se le otorgare la protección constitucional para que el tribunal de apelación estudiara lo planteado en la demanda, así como en los agravios que se hicieron valer en relación con el tema de fondo que es similar al contenido en dicha jurisprudencia, pues por virtud de su obligatoriedad, tendría que resolver en el mismo sentido establecido en ella." Sin que sea óbice para resolver en ese sentido, la circunstancia relativa a que el quejoso aduzca en uno de sus conceptos de violación que la modificación de la medida cautelar de alimentos debió tramitarse de manera incidental, a efecto de que se le permitiera ejercer su derecho de defensa y de contradicción para ofrecer pruebas; ya que la forma de tramitación de la modificación de alimentos, esto es, de plano como lo realizó la responsable o incidentalmente, como dice el peticionario de amparo debe realizarse, conducirían a la misma conclusión jurídica, relativa a que los salarios mínimos deben ser el parámetro de la fijación de alimentos, y no la uma, pues se trata de alimentos provisionales, figura jurídica que antepone la necesidad apremiante de fijar los alimentos necesarios para la subsistencia del menor, por encima del procedimiento, lo que es acorde a su naturaleza de medida cautelar. Sin que se deje al deudor alimenticio en indefensión, pues en todo caso será en el procedimiento del juicio que pueda allegar los elementos de prueba necesarios, sobre el binomio necesidad y capacidad, para que se resuelva sobre alimentos definitivos. En las condiciones apuntadas, ante lo inoperante de los conceptos de violación propuestos y sin que se advierta deficiencia alguna que deba suplirse a favor de Enrique Espinosa Aceves, en términos de lo previsto en el artículo 79 de la Ley de Amparo, lo que se impone es negar el amparo y protección de la justicia federal solicitados. Sexto. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada. Así, por lo expuesto y conforme a los artículos 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, se resuelve: Primero. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Enrique Espinosa Aceves, en contra del acto reclamado al Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar, con residencia en Zamora, Michoacán, por los motivos expuestos en el considerando quinto de esta resolución. Segundo. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad respectiva. Así lo resolvió y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Isela Estefanía Bueno Gallegos, secretaria que autoriza y da fe.

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