Enrique Antonio Sandoval Gutiérrez
Expediente 679/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 43 actuaciones registradas, la última del 30 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 679/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 43
- Última actuación
- 30/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Enrique Antonio Sandoval Gutiérrez
- Fiscal General del Estado de Michoacán
Actuaciones
Las 4 más recientes de 43.
- Principal
El treinta de abril de dos mil veintiuno, el secretario certifica: Que concluyó el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión dentro del juicio de amparo III-679/2020-V, contra la resolución de ocho de abril de dos mil veintiuno, pues transcurrió del doce al veintitrés de abril del año en curso, tomando en consideración únicamente los días hábiles correspondientes, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 19 y 22 de la misma ley; asimismo, se hace constar que en el presente expediente no se exhibieron documentos originales. Morelia, Michoacán, treinta de abril de dos mil veintiuno. Doy fe. Morelia, Michoacán, treinta de abril de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la resolución de ocho de abril de dos mil veintiuno, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, sin que lo haya hecho. Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Leonardo Rojas Barragán 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.35.21 06/10/23 14:30:49 Igualmente, con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de destruirse, ya que se negó la medida cautelar solicitada. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese por lista, y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.
- Incidental
Morelia, Michoacán, veintisiete de abril de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, téngase por recibido el oficio del Fiscal Regional en Apatzingán, Michoacán, por medio del cual informa que rinde el informe justificado; por tanto, dicha información agréguese en autos para que obre como corresponda, toda vez que a la fecha ya fue resuelto el presente incidente en que se actúa. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
En Morelia, Michoacán, a las once horas con veinte minutos del ocho de abril de dos mil veintiuno, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo III-679/2020-V, sin la comparecencia de las partes. Enseguida se da cuenta al juez con la totalidad de constancias que obran en el expediente, de las cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El juez provee: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, el secretario hace constar que ninguna de las partes ofreció material probatorio. Al respecto, el juez acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, el secretario hace constar que ninguna de las partes los formuló. El juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se declara precluido el derecho de las partes para formularlos. Al no existir pruebas pendientes por admitir y desahogar se da por concluida la presente audiencia constitucional, con lo cual quedan vistos los autos para dictar la resolución que conforme a derecho proceda; y R E S U L T A N D O: Primero. Presentación escrito de demanda. Mediante escrito presentado el veintiuno de septiembre de dos mil veinte ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, Enrique Antonio Sandoval Gutiérrez por su propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal en los términos siguientes: Autoridades responsables: 1. Juez Administrador de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral de la Región Morelia; 2. Fiscal General del Estado de Michoacán; 3. Fiscal Regional de Justicia de Morelia; 4. Secretario de Seguridad Pública del Estado de Michoacán; 5. Coordinador de la Policía Ministerial del Estado de Michoacán; 6. Comandante General de la Policía Ministerial de la Fiscalía General del Estado de Michoacán; 7. Comandante de la Policía Ministerial encargado de la Sección de Aprehensiones de la Fiscalía General del Estado de Michoacán; 8. Coordinador de la Policía Ministerial de la Fiscalía General del Estado de Michoacán; 9. Coordinador General de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Michoacán; Autoridades con sede en esta ciudad. 10. Juez Administrador de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral de la Región Apatzingán; 11. Fiscal Regional de Justicia de Apatzingán; 12. Juez Administrador de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral de la Región Zamora; 13. Fiscal Regional de Justicia de Zamora; 14. Juez Administrador de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral de la Región Zitácuaro; 15. Fiscal Regional de Justicia de Zitácuaro; 16. Agencia del Ministerio Público de Atención Temprana 1 de la Fiscalía Regional de Zitácuaro; 17. Agencia del Ministerio Público de Atención Temprana 2 de la Fiscalía Regional de Zitácuaro; 18. Agencia del Ministerio Público de Atención Temprana 3 de la Fiscalía Regional de Zitácuaro; 19. Agencia del Ministerio Público de Atención Temprana 4 de la Fiscalía Regional de Zitácuaro; 20. Agente del Ministerio Público de delitos de alto impacto de la Fiscalía Regional de Zitácuaro; 21. Agencia del Ministerio Público de delitos patrimoniales de la Fiscalía Regional de Zitácuaro; 22. Director de la Policía de Investigación de la Fiscalía Regional de Zitácuaro. 23. Juez Administrador de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral de la Región Lázaro Cárdenas; 24. Fiscal Regional de Justicia de Lázaro Cárdenas; y, 25. Juez Administrador de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral de la Región Uruapan. Acto reclamado: La orden privativa de la libertad, así como su ejecución. Segundo. Admisión. Por acuerdo de veintiuno de septiembre de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; se dio al Ministerio Público de la Federación la intervención que le corresponde; y en proveído de veintidós de febrero se fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Una vez integrado el expediente, el día de hoy se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 37 y 107 fracción V, de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; pues el acto reclamado se atribuye a las autoridades con residencia en la demarcación geográfica donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. También sirve de fundamento el Acuerdo General 3/2013, reformado y adicionado por el diverso 36/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Segundo. Precisión del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, este juzgador procede a precisar el acto reclamado, para lo cual es necesario tomar en cuenta la demanda de amparo en su integridad, atento a lo dispuesto en la jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Tomo XI, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En cumplimiento al precepto y jurisprudencia de referencia, en la especie el acto reclamado consiste en: La orden privativa de la libertad, así como su ejecución. Tercero. Inexistencia del acto reclamado. Las autoridades responsables al momento de rendir sus informes justificados señalaron que no es cierto el acto que se le reclama. Por tanto, la carga probatoria corresponde a la parte quejosa, pues la orden privativa de la libertad implica una actividad desplegada por las citadas autoridades responsables, la cual deja huella en el tiempo y en el espacio, lo que la hacía susceptible de prueba, sin que aportara alguna para desvirtuar tales negativas. En consecuencia, ante la inexistencia del acto reclamado a la autoridad responsable mencionada se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo y, por tanto, con apoyo en dicho precepto, procede sobreseer en el juicio de amparo. Es aplicable la jurisprudencia VI.2o. J/20, visible en la página seiscientos veintisiete del tomo IV, segunda parte-2 del Semanario Judicial de la Federación de julio a diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, materia común, octava época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, del rubro: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS." Cuarto. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: Único. Por las razones expresadas en el considerando tercero de la presente resolución se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Enrique Antonio Sandoval Gutiérrez contra el acto reclamado a las autoridades responsables precisadas en el cuerpo de la presente sentencia. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, nueve de marzo de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, se advierte que en auto de ocho de febrero del año en curso, se requirió a la quejosa para que dentro del término de quince días manifestara si deseaba combatir en esta instancia como autoridad responsable a "Edgardo Pérez Zamora, agente del Ministerio Público Investigador de la Fiscalía Regional de Zitácuaro adscrito al Distrito Judicial de Tuxpán, Michoacán, sin que haya realizado manifestación alguna. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento formulado en auto de ocho de febrero de dos mil veintiuno, y se ordena resolver el presente juicio en los términos planteados en el escrito inicial de demanda. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.
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