Enrique Cervantes Castañeda
Expediente 724/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 15 actuaciones registradas, la última del 28 de diciembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 724/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 28/12/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Enrique Cervantes Castañeda
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
El veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete, el secretario CERTIFICA: El término de quince días que prevé el artículo 202 de la Ley de Amparo, transcurrió: para el quejoso, del cuatro al veintidós de diciembre del año en curso, mientras que al tercero interesado, del seis al veintisiete del mes y año actuales, sin que hubieran interpuesto recurso de inconformidad en contra la resolución que tuvo por cumplida la sentencia de amparo. Se realizó una búsqueda en el libro de promociones recibidas por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta Ciudad, así como en la Oficialía de Partes de este Juzgado, ya sea física o electrónicamente a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, sin que se haya localizado alguna por medio de la cual se interponga el recurso correspondiente. Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; En el presente juicio de amparo el quejoso no solicitó la suspensión definitiva de los actos. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con el estado que guardan los presentes autos y con la certificación que antecede.-CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, de los que se advierte que ha transcurrido el término señalado por el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la resolución que tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2 de la Ley de Amparo, en relación con el 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha determinación HA CAUSADO ESTADO; por lo que en su oportunidad, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, por una parte se determina que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN con excepción del escrito inicial de demanda, de la sentencia emitida en autos, y en su caso, de la ejecutoria correspondiente, en la inteligencia, que este Juzgado estima que no contienen valor jurídico o histórico por el cual deban conservarse; por lo que una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Por otra parte, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero del citado Acuerdo, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes; de la misma manera, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del Acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Sin que en el caso, alguna de las partes haya allegado al cuaderno principal o incidental, algún documento que por sus características amerite ser devuelto, con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, quien actúa ante Héctor Hugo Mejorada Bedolla, secretario que autoriza y da fe. Vicky
- Principal
El uno de diciembre de dos mil diecisiete, el secretario da cuenta con la razón actuarial de treinta de noviembre de la presente anualidad. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, uno de diciembre de dos mil diecisiete. Vista la razón de cuenta, asentada por el actuario judicial adscrito, quien manifestó el hecho de que no fue posible notificar al tercero interesado ********************, el auto de veintinueve de noviembre del año en curso; toda vez que no obra domicilio señalado en esta ciudad de Zacatecas, para oír y recibir notificaciones; por tanto, notifíquese por medio de lista el proveído en mención, así como las subsecuentes, hasta en tanto señalen domicilio en el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley de Amparo. Notifíquese por lista. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Luis Felipe Ruiz Martínez Lasso, secretario de juzgado que autoriza. Doy fe. SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA EL AUTO DE 29 DE NOVIEMBRE DE 2017, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 29, D ELA LEY DE AMPARO. "El veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete, el secretario CERTIFICA: El término de tres días que marca el artículo 196 de la Ley de Amparo transcurrió del veintiuno al veintitrés del mes y año en curso. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que transcurrió el plazo que marca el artículo 196 de la Ley de Amparo, se analizará si la sentencia está cumplida. Mediante ejecutoria de dieciséis de octubre de dos mil diecisiete (foja 68 a 76 del juicio de amparo), este juzgado concedió el amparo solicitado por el quejoso, para el efecto de que la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas: Dejara insubsistente la sentencia de treinta de junio de dos mil diecisiete dictada en el toca penal 100/2017; Dictara otra en la que declarara fundados los agravios de Enrique Cervantes Castañeda, y modificara la audiencia de ocho de mayo de dos mil diecisiete, solo en lo que corresponde a la medida cautelar solicitada por éste; y Partiendo de la premisa de que conforme a los artículos 109, fracción XXIII, y 111, ambos del Código Nacional de Procedimientos Penales, resultaba procedente la solicitud de restitución de posesión del bien inmueble en cualquier estado del procedimiento, y con base en los elementos que obraban en la causa penal, con plenitud de jurisdicción analizara y valorara las pruebas aportadas en dicho proceso para resolver sobre la procedencia de la medida provisional solicitada por el quejoso, consistente en la restitución de sus derechos que dice tener respecto del bien inmueble objeto del delito. Sin que la concesión del amparo implicara que se restituyera al quejoso en la posesión del inmueble objeto del delito, pues se reitera, tal decisión le correspondía a la Sala responsable, esto es, si existieran datos de prueba suficientes para otorgar o no la medida cautelar solicitada por el hoy quejoso. En cumplimiento a la ejecutoria, mediante oficio 1083 recibido el trece de noviembre de la presente anualidad, el Presidente de la Segunda Sala Penal, con sede en esta ciudad (foja 90 del juicio de amparo) remitió copia certificada de la resolución de trece de noviembre de la presente anualidad, en la que dio cumplimiento a la sentencia dictada en el presente juicio, de la que se advierte en lo conducente que: Dejó sin efecto la resolución emitida el treinta de junio de dos mil diecisiete dictada dentro del toca penal 100/2017 (foja 92 del juicio de amparo); Y dictó otra en la que declaró fundados los agravios de la parte quejosa, y modificó la resolución de la medida cautelar pronunciada en audiencia de ocho de mayo del año en curso, dentro de la causa penal 4/2017, en la que partió de la premisa que conforme a los artículos 109, fracción XXIII, y 111, ambos del Código Nacional de Procedimientos Penales, resultaba procedente la solicitud de restitución de posesión del bien inmueble en cualquier estado del procedimiento, y con base en los elementos que obraban en la causa penal, con plenitud de jurisdicción analizó y valoró las pruebas aportadas en dicho proceso para resolver sobre la procedencia de la medida provisional solicitada por el quejoso. De lo expuesto se sigue que la autoridad responsable cumplió con la sentencia amparadora, pues como quedó precisado, dejó sin efecto la resolución relativa al acto reclamado de treinta de junio de dos mil diecisiete dictada en el toca penal 100/2017 y dictó otra en la que precisó que conforme a los artículos 109, fracción XXIII, y 111, ambos del Código Nacional de Procedimientos Penales, resultaba procedente la solicitud de restitución de posesión del bien inmueble en cualquier estado del procedimiento, y con base en los elementos que obraban en la causa penal, con plenitud de jurisdicción analizó y valoró las pruebas aportadas en dicho proceso para resolver que no era procedente otorgar la restitución del inmueble que defiende la parte quejosa. Sin que se pasen por alto las manifestaciones que la parte quejosa vertió en el escrito presentado ante este Juzgado el veintidós de noviembre del año en curso, en las que, esencialmente, manifiesta que la sentencia de amparo no se encuentra cumplida, pues la responsable negó la restitución del inmueble bajo el argumento de que no existían pruebas plenas para tal efecto, lo que a juicio de la parte quejosa resulta incorrecto provocando con ello un incumplimiento de la sentencia dictada en el presente juicio constitucional. Sin embargo, se reitera, tales manifestaciones devienen infundadas, pues como quedó precisado en la presente resolución, en los efectos de la sentencia amparadora, se precisó que la concesión del amparo no implicaba que se restituyera al quejoso en la posesión del inmueble objeto del delito, pues tal decisión y valoración le correspondía a la Sala responsable, esto es, si existían datos de prueba suficientes para otorgar o no la medida cautelar solicitada por el hoy quejoso; es decir, se dejó en libertad de jurisdicción a la responsable para valorar los datos de prueba que obraban en la carpeta de investigación, para que con base en tal valoración emitiera la decisión correspondiente pudiendo conceder o negar la restitución del inmueble. Por lo que, si en el caso la parte quejosa se inconforma con la negativa de la responsable a restituir el inmueble que defiende en el proceso penal de origen, pues a su parecer la responsable valoró de manera indebida los datos de prueba que obran en la carpeta de investigación, ello escapa de la materia de cumplimiento de la ejecutoria dictada en este juicio de amparo, ya que se reitera, se dejó a la responsable en libertad de jurisdicción para que realizara dicha valoración, y en todo caso, eso podrá ser materia de un diverso juicio de amparo. Por tanto, este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas DECLARA CUMPLIDA la sentencia que otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. NOTIFÍQUESE; Y PERSONALMENTE A LAS PARTES. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Luis Felipe Ruíz Martínez Lasso, secretario de juzgado que autoriza. Doy fe. Jessy* Jessy*...
- Principal
El veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete, el secretario CERTIFICA: El término de tres días que marca el artículo 196 de la Ley de Amparo transcurrió del veintiuno al veintitrés del mes y año en curso. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que transcurrió el plazo que marca el artículo 196 de la Ley de Amparo, se analizará si la sentencia está cumplida. Mediante ejecutoria de dieciséis de octubre de dos mil diecisiete (foja 68 a 76 del juicio de amparo), este juzgado concedió el amparo solicitado por el quejoso, para el efecto de que la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas: Dejara insubsistente la sentencia de treinta de junio de dos mil diecisiete dictada en el toca penal 100/2017; Dictara otra en la que declarara fundados los agravios de Enrique Cervantes Castañeda, y modificara la audiencia de ocho de mayo de dos mil diecisiete, solo en lo que corresponde a la medida cautelar solicitada por éste; y Partiendo de la premisa de que conforme a los artículos 109, fracción XXIII, y 111, ambos del Código Nacional de Procedimientos Penales, resultaba procedente la solicitud de restitución de posesión del bien inmueble en cualquier estado del procedimiento, y con base en los elementos que obraban en la causa penal, con plenitud de jurisdicción analizara y valorara las pruebas aportadas en dicho proceso para resolver sobre la procedencia de la medida provisional solicitada por el quejoso, consistente en la restitución de sus derechos que dice tener respecto del bien inmueble objeto del delito. Sin que la concesión del amparo implicara que se restituyera al quejoso en la posesión del inmueble objeto del delito, pues se reitera, tal decisión le correspondía a la Sala responsable, esto es, si existieran datos de prueba suficientes para otorgar o no la medida cautelar solicitada por el hoy quejoso. En cumplimiento a la ejecutoria, mediante oficio 1083 recibido el trece de noviembre de la presente anualidad, el Presidente de la Segunda Sala Penal, con sede en esta ciudad (foja 90 del juicio de amparo) remitió copia certificada de la resolución de trece de noviembre de la presente anualidad, en la que dio cumplimiento a la sentencia dictada en el presente juicio, de la que se advierte en lo conducente que: Dejó sin efecto la resolución emitida el treinta de junio de dos mil diecisiete dictada dentro del toca penal 100/2017 (foja 92 del juicio de amparo); Y dictó otra en la que declaró fundados los agravios de la parte quejosa, y modificó la resolución de la medida cautelar pronunciada en audiencia de ocho de mayo del año en curso, dentro de la causa penal 4/2017, en la que partió de la premisa que conforme a los artículos 109, fracción XXIII, y 111, ambos del Código Nacional de Procedimientos Penales, resultaba procedente la solicitud de restitución de posesión del bien inmueble en cualquier estado del procedimiento, y con base en los elementos que obraban en la causa penal, con plenitud de jurisdicción analizó y valoró las pruebas aportadas en dicho proceso para resolver sobre la procedencia de la medida provisional solicitada por el quejoso. De lo expuesto se sigue que la autoridad responsable cumplió con la sentencia amparadora, pues como quedó precisado, dejó sin efecto la resolución relativa al acto reclamado de treinta de junio de dos mil diecisiete dictada en el toca penal 100/2017 y dictó otra en la que precisó que conforme a los artículos 109, fracción XXIII, y 111, ambos del Código Nacional de Procedimientos Penales, resultaba procedente la solicitud de restitución de posesión del bien inmueble en cualquier estado del procedimiento, y con base en los elementos que obraban en la causa penal, con plenitud de jurisdicción analizó y valoró las pruebas aportadas en dicho proceso para resolver que no era procedente otorgar la restitución del inmueble que defiende la parte quejosa. Sin que se pasen por alto las manifestaciones que la parte quejosa vertió en el escrito presentado ante este Juzgado el veintidós de noviembre del año en curso, en las que, esencialmente, manifiesta que la sentencia de amparo no se encuentra cumplida, pues la responsable negó la restitución del inmueble bajo el argumento de que no existían pruebas plenas para tal efecto, lo que a juicio de la parte quejosa resulta incorrecto provocando con ello un incumplimiento de la sentencia dictada en el presente juicio constitucional. Sin embargo, se reitera, tales manifestaciones devienen infundadas, pues como quedó precisado en la presente resolución, en los efectos de la sentencia amparadora, se precisó que la concesión del amparo no implicaba que se restituyera al quejoso en la posesión del inmueble objeto del delito, pues tal decisión y valoración le correspondía a la Sala responsable, esto es, si existían datos de prueba suficientes para otorgar o no la medida cautelar solicitada por el hoy quejoso; es decir, se dejó en libertad de jurisdicción a la responsable para valorar los datos de prueba que obraban en la carpeta de investigación, para que con base en tal valoración emitiera la decisión correspondiente pudiendo conceder o negar la restitución del inmueble. Por lo que, si en el caso la parte quejosa se inconforma con la negativa de la responsable a restituir el inmueble que defiende en el proceso penal de origen, pues a su parecer la responsable valoró de manera indebida los datos de prueba que obran en la carpeta de investigación, ello escapa de la materia de cumplimiento de la ejecutoria dictada en este juicio de amparo, ya que se reitera, se dejó a la responsable en libertad de jurisdicción para que realizara dicha valoración, y en todo caso, eso podrá ser materia de un diverso juicio de amparo. Por tanto, este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas DECLARA CUMPLIDA la sentencia que otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. NOTIFÍQUESE; Y PERSONALMENTE A LAS PARTES. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Luis Felipe Ruíz Martínez Lasso, secretario de juzgado que autoriza. Doy fe. Jessy*
- Principal
CUENTA. El veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete, el Secretario licenciado Luis Felipe Ruiz Martínez Lasso da cuenta al Juez con el escrito registrado con el folio 15524. Conste. Zacatecas, Zacatecas, veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete. Agréguese únicamente para que obre como corresponda el escrito signado por la parte quejosa, por el cual da contestación a la vista que se le dio mediante auto de quince de noviembre del año en curso; el cual se reserva para tomarse en cuenta al momento de hacer el pronunciamiento respectivo sobre el cumplimiento de la autoridad responsable. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el licenciado Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante el licenciado Luis Felipe Ruiz Martínez Lasso, secretario que autoriza y da fe. Megm
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