Enrique Cervantes Castañeda
Expediente 839/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 12 actuaciones registradas, la última del 2 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 839/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 02/05/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Enrique Cervantes Castañeda
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
El dos de mayo de dos mil dieciocho, se da cuenta con la promoción registrada con el folio 9335. Conste. Zacatecas, Zacatecas, dos de mayo de dos mil dieciocho. Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda la promoción de cuenta que remite la magistrada Presidente y Ponente de la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del estado; en atención a su contenido, como lo solicita la autoridad oficiante remítasele copia certificada de la resolución de veintisiete de febrero del año que transcurre; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Juan García Trejo, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. *Amci
- Principal
El veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, el suscrito Juan García Trejo, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, certifico: Que el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, ha transcurrido del siete al veintidós de marzo del año en curso, sin que se haya interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, dentro del juicio de amparo 839/2017. Que tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; consistente en todo aquel soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán considerados como documentos originales; Sí existen constancias por devolver a la autoridad responsable. No se aperturó incidente de suspensión; asimismo no se exhibió billete de depósito o algún otro medio de garantía que amerite proveer su destino. Doy fe. En la misma fecha se da cuenta con el estado de autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veintitrés de marzo de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos y certificación asentada por el secretario adscrito a este Juzgado, de los que se advierte que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la sentencia dictada el veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, en la que se negó a la parte quejosa el amparo y protección solicitados; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución ha CAUSADO EJECUTORIA; por lo que en su oportunidad de conformidad con el artículo 196, penúltimo párrafo, de la Ley de la Materia, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. En atención a lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto en el punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN dado que este Juzgado estima que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse; con excepción del escrito inicial de demanda, de la sentencia emitida en autos, y en su caso, de la ejecutoria correspondiente. En consecuencia, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes; asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Finalmente, devuélvase a la autoridad responsable, las constancias que remitió en apoyo a su informe justificado. Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Juan García Trejo, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. *Amci
- Principal
V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 839/2017; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgado de Distrito en el Estado de Zacatecas, Enrique Cervantes Castañeda solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra el acto y autoridad que enseguida se describe: AUTORIDAD RESPONSABLE: Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas. ACTO RECLAMADO: La resolución de treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete, emitida en el toca de apelación 101/2017, mediante la cual se confirmó el auto de no vinculación a proceso dictado en la causa penal 9/2017. Acto que, a su parecer, resulta violatorio de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. La demanda fue turnada a este juzgado. En auto de veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete, se registró la demanda con el expediente 839/2017, se admitió a trámite, se solicitó el informe a la autoridad responsable, se dio la intervención al agente del Ministerio Público adscrito, se ordenó emplazar a la parte tercero interesada y se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional. En acuerdo de diez de octubre de dos mil diecisiete (foja 66), se informó a las partes que, mediante oficio SEADS/762/2017, el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, informó que en sesión de trece de septiembre de dos mil diecisiete, se acordó la adscripción del licenciado Iván Ojeda Romo como titular de este órgano jurisdiccional, con efectos a partir del uno de ese mes y año. La audiencia constitucional inició el treinta de noviembre de dos mil diecisiete, al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción V, de la Ley de Amparo en vigor y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; en virtud de que el acto reclamado se atribuye a una autoridad judicial residente en el Estado de Zacatecas, territorio en el que ejerce jurisdicción este juzgado. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Conforme a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la litis constitucional se concreta en: La resolución de treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete, emitida en el toca de apelación 101/2017, mediante la cual se confirmó el auto de no vinculación a proceso dictado en la causa penal 9/2017 (del índice del Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Teúl de González Ortega, Zacatecas), instruida contra José Luis Cervantes Mayorga, por el delito de abigeato. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. La magistrada presidenta de la primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas aceptó la existencia de la resolución reclamada (foja 63). Lo que se corrobora con las constancias remitidas por dicha autoridad, relativas a la causa penal 9/2017 y al toca de apelación 101/2017, documentales públicas a las que se otorga pleno valor probatorio conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición de su numeral 2°, dado que fueron certificadas por fedatario público. Sustenta lo anterior, la tesis de jurisprudencia 226, consultable en la página 143 del tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Quinta Época, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Por tanto, se encuentra acreditada la existencia del acto reclamado y su ejecución. CUARTO. Antecedentes del acto reclamado: 1. En audiencia de nueve de mayo de dos mil diecisiete, en la causa penal 9/2017, se realizó imputación a José Luis Cervantes Mayorga por el delito de abigeato en agravio de Enrique Cervantes Castañeda. La juez de Control de Teúl de González Ortega, Zacatecas dictó auto de no vinculación a proceso (foja 21 del tomo III de pruebas). 2. Inconforme con la determinación anterior, el agraviado interpuso recurso de apelación. En sentencia de treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete (fojas 30 a 40, tomo I), los magistrados de la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas confirmó el auto de no vinculación a proceso. La resolución anterior constituye la materia de la litis constitucional. QUINTO. Estudio de los conceptos de violación. Los conceptos de violación resultan infundados, aun suplida la deficiencia de la queja en términos del artículo 79, fracción III, inciso b, de la Ley de Amparo; como se argumentará a continuación. Por cuestión de técnica, se abordará preferentemente el estudio de los aspectos de fondo planteados cuando también sobre éstos se aleguen cuestiones formales, en virtud de que el mayor beneficio que pudiera obtener la parte quejosa radica en la solución sustancial del asunto. Es sustento de lo anterior, la jurisprudencia I.4o.A. J/83 del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXII, julio de dos mil diez, página mil setecientos cuarenta y cinco, que dispone: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN AMPARO INDIRECTO. EL ESTUDIO DE LOS QUE DETERMINEN SU CONCESIÓN DEBE PREFERIR LOS RELACIONADOS CON EL FONDO DEL ASUNTO A LOS FORMALES, O BIEN, ATENDER AL PRINCIPIO DE MAYOR BENEFICIO. La solución sustancial de los conflictos, en concordancia con los principios de congruencia y exhaustividad que rigen las sentencias de amparo, contenidos en los artículos 77 y 78 de la ley de la materia, obliga al juzgador a analizar, en primer lugar, los conceptos de violación que puedan determinar la concesión de la protección federal con un efecto más amplio al que pudiese tener una violación formal. Por otra parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido jurisprudencia en el sentido de que el estudio de los conceptos de violación que determinen la concesión del amparo directo debe atender al principio de mayor beneficio (tesis P./J. 3/2005 visible en la página 5, Tomo XXI, correspondiente al mes de febrero de 2005, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN AMPARO DIRECTO. EL ESTUDIO DE LOS QUE DETERMINEN SU CONCESIÓN DEBE ATENDER AL PRINCIPIO DE MAYOR BENEFICIO, PUDIÉNDOSE OMITIR EL DE AQUELLOS QUE AUNQUE RESULTEN FUNDADOS, NO MEJOREN LO YA ALCANZADO POR EL QUEJOSO, INCLUSIVE LOS QUE SE REFIEREN A CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES."). En ese tenor, se estima que en los juicios de amparo indirecto deben analizarse los conceptos de violación relacionados con el fondo del asunto con preferencia a los formales, o bien, estudiarse en primer término los que pudiesen otorgar un mayor beneficio al quejoso. El quejoso arguye, en esencia, que contrariamente a lo considerado por la juez de primera instancia el apoderamiento del delito de abigeato debe estimarse consumado desde el momento en que el ladrón tuvo en su poder el ganado, aun cuando la abandone o lo desapoderen de ella, en términos del artículo 319 del Código Penal del Estado de Zacatecas (relativo al robo), que también aplica al ilícito en comento. Por tanto, estima, todos los razonamientos que realizó la a quo no se encuentran apoyados en derecho, al no hacerse referencia a alguna norma, principio de derecho o tesis de jurisprudencia. Lo anterior, continúa, ya que el imputado se introdujo sin permiso en el terreno en el que se encontraba el ganado, se apoderó de éste, los correteó y los sacó del potrero, sin permiso del dueño ni de quienes las cuidaban; consumándose desde ese momento el apoderamiento, independientemente del destino que les haya dado a las terneras o que las haya abandonado después. Es así, a su juicio, pues el concepto de apoderamiento significa que el agente tome posesión material de los semovientes, sin derecho ni consentimiento de quien legalmente puede disponer de ella. En esa línea, aduce, el hecho de que se hubiera omitido el estudio de la probable responsabilidad del imputado resulta incorrecto, pues se demostró plenamente su participación en el apoderamiento materia del abigeato, al ejercerlo personalmente (foja 16). Lo expuesto, insiste, porque el delito se consuma desde que el agente toma o se apodera del bien, en el caso del ganado (foja 19). Así, en ninguna parte del ilícito de abigeato se establece que debe demostrarse la intención o propósito del apoderamiento, es decir, no se exige que se demuestre que el imputado se apoderó de los semovientes con la intención de venderlos o para introducirlos en algún potrero (foja 21). Con todo, asevera, tomando en cuenta que la intención del acusado no era únicamente sacar los animales del potrero, puesto que se los llevó arreando rumbo al poblado de Teúl de González Ortega, esto es, no los sacó y los dejó a la vista y al alcance de los vaqueros (foja 23). Que la autoridad responsable no fundó ni motivó por qué sólo aplica los artículos 323 y 328 del código penal estatal (relativos al robo) al abigeato (foja 27). De igual manera, no se justificó porque se comulgó con el concepto de apoderamiento de la a quo, se consideró que no se expresaron argumentos para evidenciar que la determinación referida resultaba infundada, siendo que se expusieron las disposiciones legales aplicables y los criterios jurisprudenciales y doctrinales aplicables para tal efecto, así como lo que resolvió la juez de control sobre la impugnación de la abstención de investigación (foja 31). Asimismo, que tampoco se justificó por qué los datos de prueba fueron insuficientes para vincular a proceso al imputado, siendo que se demostró que el agraviado tenía la posesión del predio en que ocurrieron los hechos y que era el dueño de las cabezas de ternera (foja 34). Que en vía de consecuencia de lo expuesto, resulta incorrecto que no se hubiera estudiado la probable participación del inculpado (foja 35). Entonces, concluye, la resolución reclamada carece de una adecuada fundamentación y motivación (foja 36). Los argumentos sintetizados resultan infundados, porque parten de una premisa incorrecta, a saber, que el elemento de apoderamiento se concreta únicamente en la detentación material de los semovientes y no exige un aspecto subjetivo, relativo a la finalidad de dominio de la desposesión realizada. En efecto, el artículo 330 del Código Penal para el Estado de Zacatecas dispone: "Artículo 330 Comete el delito de abigeato el que se apodere de una o más cabezas de ganado ajeno cualquiera que sea su especie, sin consentimiento de quien legalmente pueda disponer de ellas, independientemente del lugar en que se encuentren y de que formen o no hato". El precepto anterior regula el tipo penal de abigeato, en esencia, como apoderamiento ilegítimo de cabezas de ganado. Así, es evidente que el núcleo del ilícito en comento se concreta en la acción de apoderarse de semovientes, lo que denota que el delito es de consumación instantánea, en la medida que se configura cuando el activo realiza el apoderamiento. De ahí que debe estimarse consumado el delito de abigeato, con independencia de que el sujeto activo obtenga el dominio final del ganado. En ese tenor, el apoderamiento es el acto de hacer llegar una cosa a nuestro poder; "poder" envuelve la facultad de disposición sobre la cosa para fines propios. Por tanto, es un acto de voluntad, debido a que se actúa sobre la cosa, deliberada y conscientemente. En consecuencia, el apoderamiento está constituido por dos aspectos, uno que es objetivo y el otro subjetivo. El aspecto objetivo requiere el desapoderamiento de quien ejercía la tenencia del bien o de la cosa, es decir, quitarla de la esfera de custodia del tenedor. De manera que existe desapoderamiento, cuando la acción del sujeto activo impide que el tenedor ejerza las facultades de disposición que le corresponden. El aspecto subjetivo está constituido por la voluntad de someter la cosa al propio poder de disposición, consiste en la simple disposición de la cosa o bien para fines propios o ajenos, cualquiera que éstos sean. Luego, tal elemento implica el disponer la cosa con el ánimo de apropiársela, lo que revela la existencia de un propósito de apoderarse de lo que es ajeno para disponerlo según el arbitrio personal del delincuente. Sirve de sustento a lo expuesto, por analogía, la jurisprudencia 1a./J. 6/2008 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, junio de dos mil ocho, página 234: "ROBO. EL ÁNIMO DE LUCRO, NO ES UN ELEMENTO CONSTITUTIVO DEL TIPO PENAL DE DICHO DELITO (LEGISLACIONES FEDERAL, DE MICHOACÁN Y DE PUEBLA). El apoderamiento como elemento del tipo del delito de mérito, está constituido por dos aspectos, uno que es objetivo y el otro subjetivo. El aspecto objetivo, requiere el desapoderamiento de quien ejercía la tenencia del bien o de la cosa, implicando quitarla de la esfera de custodia, es decir, la esfera dentro de la que el tenedor puede disponer de ella; por ende, existe desapoderamiento, cuando la acción del sujeto activo, al quitar la cosa de aquella esfera de custodia, impide que el tenedor ejerza sobre la misma sus poderes de disposición. En relación al aspecto subjetivo, está constituido por la voluntad de someter la cosa al propio poder de disposición, ya que no es suficiente el querer desapoderar al tenedor, sino que es necesario querer apoderarse de aquélla; el aspecto subjetivo del apoderamiento, consiste en la simple disposición del bien inmueble, para fines propios o ajenos del agente, cualquiera que ellos sean; consiste en disponer de la cosa con el ánimo de apropiársela (propósito de apoderarse de lo que es ajeno), de usarla, de disponer de ella, según el arbitrio personal del delincuente. Ahora bien, en estricto acatamiento al principio de exacta aplicación de la ley penal que consagra el párrafo tercero del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el denominado "ánimo de lucro" no se encuentra contemplado dentro de los elementos conformadores de los tipos penales de robo que prevén los artículos 367 del Código Penal Federal, 299 del Código Penal del Estado de Michoacán y 373 del Código de Defensa Social del Estado de Puebla, ya que junto al aspecto subjetivo de la acepción "apoderamiento" o en el "dolo" que se requiere como forma de realización del referido delito, no se prevé como elemento de tipificación. Además, el delito de robo es de consumación instantánea, pues se configura en el momento en el que el sujeto activo lleva a cabo la acción de apoderamiento, con independencia de que obtenga o no el dominio final del bien o de la cosa, ya que de conformidad con los ordenamientos legales mencionados (artículos 301 del Estado de Michoacán, 369 de la legislación federal, y 377 del Estado de Puebla), se tendrá por consumado el robo desde el momento en que el ladrón tiene en su poder la cosa robada, aun cuando después la abandone o lo desapoderen de ella; por lo que subordinar la consumación del robo a que el agente actúe con el ánimo de lucro, es condicionar el perfeccionamiento del delito a un elemento que no es constitutivo del tipo penal respectivo". En consecuencia, para realizar la acción de apoderamiento no es suficiente el querer desapoderar al tenedor, sino que es necesario querer apoderarse del ganado, es decir, tener el propósito de disponer de lo que es ajeno, lo que envuelve el fin de ejercer el dominio sobre el bien involucrado. En suma, el abigeato se actualiza de manera instantánea cuando se realiza una acción de apoderamiento ilegitima de ganado, pero tal conducta presupone no solo la existencia del desapoderamiento o detentación material, sino de la intención de ejercer un dominio sobre los semovientes, es decir, de querer apoderarse. En el caso, la sala responsable consideró que al existir datos de prueba relativos a que el inculpado no tuvo la intención de apoderarse del ganado, sino que el desapoderamiento tuvo la finalidad de sacar los animales del predio en el que se encontraban (foja 36 del toca de apelación). El quejoso controvierte la consideración anterior, en concreto, sobre la base de que desde el momento en que el acusado ejerció un poder de hecho sobre los semovientes se consumó el abigeato, con independencia de la intención final que hubiera tenido o de que los abandonó. Sin embargo, la pretensión del amparista resulta infundada, pues, como se consideró, para estimar acreditado el apoderamiento es necesaria la acreditación de un elemento subjetivo, relativo a la intención de apropiarse del ganado. Por tanto, se reitera, no basta la acción de desapoderar para que pueda estimarse que existe apoderamiento de ganado, sino que es necesario querer apoderarse de éste, es decir, tener el propósito de disponer de los semovientes. En esa línea, los datos de pruebas que fueron reseñados en la causa penal natural, referentes a que el inculpado previo a arrear a las cabezas de ganado involucradas demandó a los vaqueros del agraviado que retiraran los animales del predio en el que se encontraban, bajo el apercibimiento de que él los sacaría y que, una vez que realizó tal acción, amenazó que la próxima vez sería diferente si volvían a dicho lugar; excluyen que la intención del sujeto activo hubiera sido apropiarse del ganado, pues más bien revelan que el motivo de su conducta era la desocupación del terreno en el que se encontraban. Lo anterior es así, porque las personas que fueron desposeídas del ganado fueron advertidas en ese sentido y amenazadas que no volvieran. Luego, contrariamente a lo alegado, no puede hablarse propiamente de la existencia de un apoderamiento, ya que únicamente se acreditó que el agraviado sufrió un desapoderamiento de ganado, pero no que el sujeto activo se apropió de éste, al estar acreditada una diversa intención (desalojo). De ahí que, en el caso, de la detentación material que ocurrió respecto del ganado no puede seguirse el apropiamiento materia del ilícito de abigeato, pues si bien se trata de un delito de consumación instantánea, se insiste, la configuración de la acción de apoderamiento que lo actualiza presupone que se hubiera tenido un ánimo de apropiación, lo que no se encuentra acreditado en la especie, dada la mecánica de los hechos que se desprende de los datos de prueba mencionados. En consecuencia, al no desprenderse el elemento subjetivo del apoderamiento en comento, no era posible que se estimara que los hechos imputados encuadraban en el delito de abigeato, lo que hacía innecesario el estudio de la probable responsabilidad del inculpado (pues al no existir el hecho ilícito no era posible atribuir responsabilidad penal alguna). En suma, los conceptos de violación en estudio resultan infundados en cuanto al fondo de lo planteado, debido a que no es posible que en el acto reclamado se hubiera considerado que la sola posesión del ganado actualizaba el apoderamiento objeto del abigeato, por lo que dicha resolución debe considerarse substancialmente correcta, pues todos los aspectos que se combatieron en el recurso que dio origen al acto reclamado fueron dirigidos a demostrar la actualización del tipo penal referido (de manera que el tribunal de alzada no podía analizar un aspecto diverso, en términos del artículo 461 del Código Nacional de Procedimientos Penales). En conclusión, al resultar infundados los conceptos de violación y no advertirse alguna cuestión por la que proceda suplir la deficiencia de la queja en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo, se niega el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 124, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Enrique Cervantes Castañeda contra el acto reclamado de la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, consistente en la resolución de treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete, por las razones y fundamentos expuestos en el último considerando de la presente sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, asistido de Héctor Hugo Mejorada Bedolla, secretario de juzgado que autoriza y da fe, hasta hoy veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, en que lo permitieron las labores de este juzgado.
- Principal
El trece de noviembre de dos mil diecisiete, se da cuenta con una promoción con folio 15009 y anexos que se adjuntan. Conste. Zacatecas, Zacatecas, a trece de noviembre de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos para que obre como corresponda la promoción de cuenta signada por la Magistrada Presidenta y Ponente de la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, con la cual da cumplimiento a lo requerido mediante auto de treinta y uno de octubre de la presente anualidad; ténganse como pruebas las constancias que adjunta de la carpeta de investigación 33/2015; pruebas que dada su propia y especial naturaleza se tiene por desahogada, sin perjuicio de relacionarlas nuevamente en la audiencia constitucional que al efecto se celebre. Con su contenido, dese vista a las partes, para que hasta antes de celebración de la audiencia constitucional manifiesten lo que a sus intereses legales convenga. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Juan García Trejo, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. ABL
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