Enrique Castro Almanza
Expediente 103/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 8 actuaciones registradas, la última del 23 de febrero de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 103/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 23/02/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Enrique Castro Almanza
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Incidental
AUDIENCIA INCIDENTAL.- En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las DIEZ HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISÉIS, día y hora señalados para la celebración de la audiencia incidental relacionada con el juicio de amparo 103/2016, el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario en funciones de Juez de Distrito del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, designado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el uno de diciembre de dos mil quince, comunicada mediante oficio CCJ/ST/7129/2015, firmado por el licenciado Vicente David Burguet Franco, Secretario Técnico de dicha comisión, que actúa con la licenciada María Soledad Torres Muguiro, Secretaria que autoriza y da fe, encontrándose en audiencia pública, con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo, la declaró abierta, sin contar con la asistencia de las partes. A continuación, la Secretaria procede a relacionar las constancias que integran el presente incidente de suspensión entre las que destaca la copia de la demanda de garantías promovida por Enrique Castro Almanza, el contenido del auto de veintisiete de enero del año en curso, por el que se proveyó respecto a la suspensión provisional solicitada, la interlocutoria de cuatro de febrero del año en curso, por el que se resolvió la suspensión definitiva respecto del Director General de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado, con sede en esa ciudad y se difirió respecto del Juez Primero de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Sombrerete, Zacatecas; y con el informe previo de la autoridad citada en último término. A lo anterior, el Secretario en funciones de Juez de Distrito acuerda: Téngase por hecha la relación de constancias que antecede para los efectos legales conducentes y por rendido el informe previo del Juez Primero de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Sombrerete, Zacatecas. Acto continuo, se abre el periodo probatorio, en el cual la Secretaria hace constar que no fueron ofrecidas por ninguna de las partes; luego, al no haber pruebas por desahogar, se pasa a la etapa de alegatos, en la que se hace constar que ninguna de las partes hizo valer el derecho que les otorga el artículo 144, de la Ley de Amparo; luego, al no haber alegatos que tener por reproducidos y sin pedimento del Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se declara cerrada la etapa de alegatos y al no haber más actuaciones y constancias que relacionar, se procede al dictado de la interlocutoria correspondiente. V I S T O S, para resolver, los autos del incidente de suspensión, relativo al juicio de amparo 103/2016; y, R E S U L T A N D O 1. ENRIQUE CASTRO ALMANZA, solicitó la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados de las autoridades responsables Juez Primero de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Sombrerete, Zacatecas; así como Director General de la Policía Ministerial del Estado, con residencia en esta ciudad; que hizo consistir en la orden de aprehensión dictada en su contra y su cumplimiento. 2. Por auto de veintisiete de enero de dos mil dieciséis, se proveyó respecto a la suspensión provisional solicitada por ENRIQUE CASTRO ALMANZA, se solicitó informe previo a las autoridades responsables. 3. Mediante interlocutoria de cuatro de febrero del año en curso, se resolvió la suspensión definitiva respecto del Director General de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado, con sede en esa ciudad y se difirió respecto del Juez Primero de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Sombrerete, Zacatecas; y se citó a las partes a la audiencia incidental; la cual se desahogó al tenor del acta que antecede y que forma parte integral de la presente resolución. C O N S I D E R A N D O: I. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, es legalmente competente para resolver el presente incidente de suspensión, por serlo para conocer del juicio de garantías del cual se origina la incidencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, fracción I, 36, 122, 131 de la Ley de Amparo; y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. II. Por razón de técnica jurídica y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 146, de la Ley de Amparo vigente, el cual señala que las resoluciones que decidan sobre la suspensión definitiva deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados que se obtengan del estudio y análisis conjunto de la demanda de garantías, atendiendo a la tesis de jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, Tomo XI, Abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS". Bajo esa tesitura, los actos reclamados esencialmente consisten en la orden de aprehensión girada en contra del quejoso y su cumplimiento. III. Es cierto el acto reclamado al Juez Primero de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Sombrerete, Zacatecas, toda vez que el catorce de septiembre de dos mil quince, se giró orden de aprehensión en contra del ahora quejoso Enrique Castro Almanza, dentro del proceso penal 10/2015, por el delito de despojo de bien inmueble y robo calificado en perjuicio de la Asociación Ganadera Local de Saín Alto, Zacatecas. IV. Con apoyo en el artículo 166 fracción II de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales; SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS PARA EL EFECTO DE QUE LAS COSAS SE MANTENGAN EN EL ESTADO QUE ACTUALMENTE GUARDAN Y EL QUEJOSO NO SEA PRIVADO DE SU LIBERTAD PERSONAL, CON MOTIVO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN QUE RECLAMA, QUEDANDO EN CUANTO A ELLA A DISPOSICIÓN DE ESTE JUZGADO DE DISTRITO, HASTA EN TANTO EXISTA RESOLUCIÓN FIRME QUE PONGA FIN AL JUICIO PRINCIPAL DEL QUE DERIVA ESTA INCIDENCIA. Se aclara que, si la orden de aprehensión reclamada, fue dictada por algún delito que conforme a la ley no permita el beneficio de la libertad provisional bajo caución, en esta hipótesis, el único efecto de la suspensión será el consistente en que una vez que sea aprehendido el quejoso, éste quedará a disposición de este Juzgado de Distrito en cuanto a su libertad personal en el lugar en que quede recluido y a disposición del juez de la causa por lo que hace a la continuación del procedimiento penal. Las autoridades responsables no tendrán la obligación de acatar la presente medida cautelar si se sorprende al quejoso en flagrante delito o bien si se trata de cumplimentar una orden de presentación, aprehensión, reaprehensión, dictada por autoridad judicial distinta a las señaladas por el peticionario de garantías, en cuyo caso podrá aprehendérseles, porque así lo autoriza el artículo 16 de la Constitución General de la República. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 144, 146 y 217, de la Ley de Amparo, se Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se CONCEDE a ENRIQUE CASTRO ALMANZA, la suspensión definitiva solicitada, en los términos y para los efectos indicados en el considerando IV de esta interlocutoria. NOTIFÍQUESE MEDIANTE OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario en funciones de Juez de Distrito del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, designado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el uno de diciembre de dos mil quince, comunicada mediante oficio CCJ/ST/7129/2015, firmado por el licenciado Vicente David Burguet Franco, Secretario Técnico de dicha comisión, ante la licenciada María Soledad Torres Muguiro, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
En Zacatecas, Zacatecas, siendo las ONCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DIECIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISÉIS, encontrándose presente el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario en funciones de Juez de Distrito del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, designado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el uno de diciembre de dos mil quince, comunicada mediante oficio CCJ/ST/7129/2015, firmado por el licenciado Vicente David Burguet Franco, Secretario Técnico de dicha comisión, ante la licenciada María Soledad Torres Muguiro, Secretaria que autoriza y da fe, procede a celebrar LA AUDIENCIA DE ACUMULACIÓN a que se refieren los artículos 72 y 73 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, a fin de resolver sobre la acumulación del juicio de amparo 103/2016, al diverso 95/2016, ambos del índice de este Juzgado. Declarada abierta la audiencia sin la asistencia de las partes, el Secretario hace relación de los autos y da cuenta con el juicio de amparo 103/2016, promovido por ENRIQUE CASTRO ALMANZA, ante este propio Juzgado de Distrito, Abierto el período probatorio, la Secretaria hace constar que ninguna de las partes ofreció prueba alguna. En la etapa de alegatos, con apoyo en el numeral 124 de la ley de la materia en consulta, se tienen por formulados los que hizo valer el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado Federal, en su pedimento número 80/2016. Enseguida, se procede a emitir la resolución siguiente: VISTOS los autos para resolver la acumulación del juicio de amparo 103/2016, al diverso 95/2016, ambos del índice de este juzgado, promovidos respectivamente por ENRIQUE CASTRO ALMANZA Y AURELIO ROMAN VARELA, contra actos del JUEZ PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA Y DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE SOMBRERETE, ZACATECAS Y DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA MINISTERIAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE ZACATECAS. R E S U L T A N D O PRIMERO. En proveído de dos de febrero de dos mil dieciséis, se inició el trámite relativo a la acumulación del citado juicio de amparo 103/2016, al diverso 95/2016, promovido respectivamente por ENRIQUE CASTRO ALMAZA Y AURELIO ROMAN VARELA, por considerarla procedente, en razón de que los dos juicios se promueven contra las mismas autoridades responsable JUEZ PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA Y DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE SOMBRERETE, ZACATECAS Y DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA MINISTERIAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE ZACATECAS, y en ambos se reclama: Respecto del expediente 103/2016 así como del 95/2016 se desprende como acto reclamado: La orden de aprehensión de y su ejecución. Asimismo, en el citado acuerdo se ordenó proveer lo conducente en el diverso juicio 95/2016, del índice de este Tribunal Federal, lo que se hizo en proveído de cuatro de febrero de dos mil dieciséis, decretando la suspensión del procedimiento; y en el juicio de amparo en que se actúa, se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia de acumulación, la que inició al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en esta ciudad, tiene competencia legal para resolver el presente incidente de acumulación, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 72 y 73 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. SEGUNDO. Previamente conviene puntualizar que no pasa inadvertido para este resolutor, que la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, no contempla la institución de la acumulación en el procedimiento de amparo; empero, ello en modo alguno implica un obstáculo legal para llevar a cabo dicho procedimiento y; por ende, que no pueda aplicarse supletoriamente la legislación correspondiente, en razón de que al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido diversos criterios jurisprudenciales, en los cuales ha normado que no constituye un requisito sine qua non, que la ley a suplir contemple expresamente la institución a suplir y que no esté reglamentada. En efecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha determinado la posibilidad de que la aplicación supletoria de un ordenamiento legal proceda no sólo respecto de instituciones contempladas en la ley a suplir, que no estén reglamentadas, o bien, las regule en forma deficiente, sino también en el caso de cuestiones jurídicas no establecidas en tal ley, a condición de que sea indispensable para el juzgador acudir a tal supletoriedad para solucionar el conflicto que se le plantea y de que no esté en contradicción con el conjunto de normas cuyas lagunas debe llenar, sino que sea congruente con los principios contenidos en las mismas. Así, los requisitos establecidos para dicha supletoriedad, los sintetiza como se indica en los apartados siguientes: a) Que el ordenamiento legal a suplir establezca expresamente esa posibilidad (la de supletoriedad), indicando la ley o normas que pueden aplicarse supletoriamente. b) Que la ley a suplir no contemple la institución o las cuestiones jurídicas que se pretende aplicar supletoriamente, o aun estableciéndolas, no las desarrolle o las regule de manera deficiente. c) Que esa omisión o vacío legislativo, haga necesaria la aplicación supletoria de normas para solucionar la controversia o el problema jurídico planteado, sin que sea válido atender a cuestiones jurídicas que el legislador no tuvo intención de establecer en la ley a suplir. d) Que las normas aplicables supletoriamente no contraríen el ordenamiento legal a suplir, sino que sean congruentes con sus principios y con las bases que rigen de manera específica la institución o cuestión jurídica de que se trate. Conforme a lo anterior, válidamente puede concluirse que constituye criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el considerar que la supletoriedad es una figura necesaria para integrar una omisión de la ley o para interpretar sus disposiciones conjuntamente con otras normas o principios contenidos en otros ordenamientos y para que opere, no es absolutamente necesario que la institución o cuestión jurídica que pretende aplicarse supletoriamente esté contemplada en la ley a ser suplida, pero sí deben reunirse los demás requisitos establecidos en la Jurisprudencia antes invocada, para la aplicación supletoria de normas. Las anteriores consideraciones, se encuentran contenidas en la Jurisprudencia, cuyo contenido y texto son el siguiente: "SUPLETORIEDAD DE LAS LEYES. REQUISITOS PARA QUE OPERE. La aplicación supletoria de una ley respecto de otra procede para integrar una omisión en la ley o para interpretar sus disposiciones y que se integren con otras normas o principios generales contenidos en otras leyes. Así, para que opere la supletoriedad es necesario que: a) El ordenamiento legal a suplir establezca expresamente esa posibilidad, indicando la ley o normas que pueden aplicarse supletoriamente, o que un ordenamiento establezca que aplica, total o parcialmente, de manera supletoria a otros ordenamientos; b) La ley a suplir no contemple la institución o las cuestiones jurídicas que pretenden aplicarse supletoriamente o, aun estableciéndolas, no las desarrolle o las regule deficientemente; c) Esa omisión o vacío legislativo haga necesaria la aplicación supletoria de normas para solucionar la controversia o el problema jurídico planteado, sin que sea válido atender a cuestiones jurídicas que el legislador no tuvo intención de establecer en la ley a suplir; y, d) Las normas aplicables supletoriamente no contraríen el ordenamiento legal a suplir, sino que sean congruentes con sus principios y con las bases que rigen específicamente la institución de que se trate ." En este orden de ideas, debe convenirse en que el artículo 2 de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, actualiza el requisito contemplado en el inciso b), en la medida en que dispone que a falta de disposición expresa, se aplicará en forma supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles. Asimismo, el requisito contemplado en el inciso b), se actualiza en razón de que la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, no contempla la acumulación, mientras que la legislación aplicable de manera supletoria a la ley de la materia, a saber, el Código Federal de Procedimientos Civiles, sí prevé esa institución, en sus artículos 72 y 73. De igual forma, resulta incuestionable que en el presente asunto, se está en presencia de demandas de amparo en las que se reclaman actos que guardan estrecha conexidad, lo que implica la necesidad de determinar si resulta conveniente dichos juicios de amparo eventualmente se resuelvan en una misma sentencia, para así otorgar una mayor certeza jurídica a los quejosos, en la medida en que en una misma resolución se analizará el mismo acto que atribuyen de manera coincidente a la misma autoridad y derivado del mismo procedimiento; así como las cuestiones jurídicas planteadas y que estiman trasgreden sus derecho fundamentales; además de evitar con ello el pronunciamiento de resoluciones contradictorias; sin soslayar que además se optimizan el uso de los recursos materiales y humanos que corresponden al Poder Judicial de la Federación, particularmente en la administración de la justicia. Sin soslayar que la circunstancia de que en la nueva Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, a diferencia de la ley abrogada, el legislador no haya contemplado expresamente la institución de la acumulación, pues como se señaló en párrafos antepuestos, pues esa omisión o vacío legislativo, en modo alguno implica la proscripción de dicha institución del procedimiento de amparo, ya que basta la lectura íntegra del proceso legislativo de la nueva ley de la materia, para apreciar que no existe consideración alguna que permita concluir, que fue voluntad expresa e insoslayable del legislador, expulsar la acumulación del procedimiento en comento; máxime que como se ha venido explicando y como se señalará más adelante, la utilización de dicha figura está regulada en el ordenamiento aplicable de forma supletoria a la Ley de Amparo, además de que su aplicación se encuentra en armonía con la tutela jurisdiccional efectiva (particularmente una justicia pronta y expedita), así como los principios de economía y concentración procesal que rigen la materia, cuyos principios y derechos son ponderados por el legislador secundario en un Estado democrático y social de Derecho, consecuentemente, surge la necesidad de colmar esa omisión o vacío legislativo. Por ello, es que se considera que en la especie se actualizan las hipótesis reguladas en el inciso c). En el mismo orden de ideas, también se actualizan los requisitos contemplados en el inciso d), dado que resulta incuestionable que el juicio de amparo se rige por diversos principios, entre ellos, el de concentración y economía procesal, aspectos que conforman el denominado derecho fundamental de tutela jurisdiccional efectiva (particularmente una justicia pronta y expedita), consagrado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuya observancia es un imperativo para las autoridades jurisdiccionales del Estado Mexicano, como al efecto lo constituye este órgano de control constitucional; de ahí que se afirme que la aplicación de la institución de la acumulación en el asunto de nuestra atención, se encuentra en armonía con los principios que rigen el juicio de amparo y por supuesto, con los derechos fundamentales que asisten a los justiciables en todo procedimiento de legalidad o constitucionalidad. En ese tenor, se considera que a pesar de que la Ley de Amparo vigente no contempla la figura de la acumulación, en la especie resulta factible la aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles, a efecto de acumular los juicios de amparo de que se trata, máxime que ello redundará indefectiblemente en la observancia al derecho a la tutela jurisdiccional efectiva (particularmente una justicia pronta y expedita), consagrada en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los principios de concentración y economía procesal y por supuesto, a la optimización de los recurso materiales y humanos del Poder Judicial de la Federación. Cabe precisar, que las consideraciones establecidas en los párrafos antepuestos, se contienen sustancialmente en las siguientes consideraciones de la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que son del tenor literal siguiente: ". El primer tema abordado en esta contradicción de tesis fue el relativo a si es posible aplicar supletoriamente una institución que no está específicamente prevista en la ley a suplir, pero sí en el ordenamiento supletorio. Esta Sala concluyó que sí es posible, con base en los siguientes argumentos: En relación con la aplicación supletoria de normas, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en diversos criterios jurisprudenciales y aislados sostuvo que tal supletoriedad sólo opera tratándose de omisiones o vacíos legislativos, al tenor de las tesis cuyos textos y datos de identificación, son del tenor siguiente: "LEYES. APLICACIÓN SUPLETORIA. Para que un ordenamiento legal pueda ser aplicado supletoriamente, es necesario que en principio exista establecida la institución cuya reglamentación se trata de completar por medio de esa aplicación supletoria." (Tesis sin número, de la otrora Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 42 del Tomo XXVII-Tercera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época). "SUPLETORIEDAD DE LAS LEYES PROCESALES. PRINCIPIOS QUE LA RIGEN. La aplicación de las leyes supletorias sólo tienen lugar en aquellas cuestiones procesales que, comprendidas en la ley que suplen, se encuentren carentes de reglamentación o deficientemente reglamentadas". (Tesis sin número del Pleno de este Alto Tribunal, consultable en la página 157 del Tomo 121-126 Primera Parte del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época). "SUPLETORIEDAD DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES A LA LEY DE AMPARO. REQUISITOS. Dos son los requisitos necesarios para poder aplicar como ley supletoria de la de Amparo, el Código Federal de Procedimientos Civiles: a) Que la Ley de Amparo contemple la institución respecto de la cual se pretenda la aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles, y b) Que la institución comprendida en la Ley de Amparo no tenga reglamentación o bien, que conteniéndola sea deficiente". (Tesis sin número del Pleno de este Alto Tribunal, consultable en la página 157 del Tomo 121-126 Primera Parte del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época). Estas tesis refieren que la aplicación supletoria de normas opera sólo cuando la Ley a suplir prevé la institución o la cuestión procesal que se pretende complementar, pero la regula de manera deficiente o no la desarrolla. Sin embargo, el anterior criterio fue ampliado al establecerse la posibilidad de que la aplicación supletoria de un ordenamiento legal proceda no sólo respecto de instituciones contempladas en la ley a suplir, que no estén reglamentadas, o bien, las regule en forma deficiente, sino también en el caso de cuestiones jurídicas no establecidas en tal ley, a condición de que, sea indispensable para el juzgador acudir a tal supletoriedad para solucionar el conflicto que se le plantea y de que no esté en contradicción con el conjunto de normas cuyas lagunas debe llenar, sino que sea congruente con los principios contenidos en las mismas . En estas condiciones, los requisitos que deben satisfacerse para estimar procedente la aplicación supletoria de normas, son los siguientes: a) Que el ordenamiento legal a suplir establezca expresamente esa posibilidad, indicando la ley o normas que pueden aplicarse supletoriamente. b) Que la ley a suplir no contemple la institución o las cuestiones jurídicas que se pretende aplicar supletoriamente, o aun estableciéndolas, no las desarrolle o las regule de manera deficiente. c) Que esa omisión o vacío legislativo haga necesaria la aplicación supletoria de normas para solucionar la controversia o el problema jurídico planteado, sin que sea válido atender a cuestiones jurídicas que el legislador no tuvo intención de establecer en la ley a suplir. d) Que las normas aplicables supletoriamente no contraríen el ordenamiento legal a suplir, sino que sean congruentes con sus principios y con las bases que rigen de manera específica la institución o cuestión jurídica de que se trate. . Entonces, se advierte que es criterio de esta Segunda Sala el considerar que la supletoriedad es una figura necesaria para integrar una omisión de la ley o para interpretar sus disposiciones conjuntamente con otras normas o principios contenidos en otros ordenamientos. Para que opere, no es absolutamente necesario que la institución o cuestión jurídica que pretende aplicarse supletoriamente esté contemplada en la ley a ser suplida, pero sí deben reunirse los demás requisitos sentados por esta Segunda Sala para la aplicación supletoria de normas. . Consecuentemente, es infundado el argumento de la parte quejosa, en el sentido de que, para que aplique la supletoriedad, es necesario que la ley contemple la institución jurídica a suplir. ." Establecido lo anterior, procede analizar si en la especie procede la acumulación a que se refieren los artículos 72 y 73 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, por lo que al efecto, debe decirse que de la lectura íntegra de las demandas de amparo con que se formaron los juicios de amparo que ahora nos ocupan, se obtiene que en los dos asuntos se reclama el mismo acto consistente la orden de aprehensión y su ejecución; asimismo, en ambos casos figuran como autoridades responsables JUEZ PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA Y DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE SOMBRERETE, ZACATECAS Y DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA MINISTERIAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE ZACATECAS. De lo expuesto deriva, que se está en el supuesto previsto en los preceptos invocados, para admitir la supletoriedad de los artículos 72 y 73 del Código Federal de Procedimientos Civiles a la nueva Ley de Amparo, en lo relativo a la procedencia de la acumulación de juicios, por lo que se considera que los medios de control constitucional que se promueven, deben resolverse conjuntamente, con la finalidad de observar el derecho a una tutela jurisdiccional efectiva consagrado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los principios de concentración y economía procesal, además del aprovechamiento del conocimiento previo de los asuntos, de evitar el dictado de sentencias contradictorias y la optimización de los recursos materiales y humanos del Poder Judicial de la Federación. Bajo esa premisa, se consideras que en el caso concreto se actualiza el supuesto contenido en el referido artículo 72, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, dado que los dos juicios de amparo de que se trata versa el mismo acto reclamado y fueron promovidos contra las mismas autoridades, a saber el JUEZ PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA Y DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE SOMBRERETE, ZACATECAS Y DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA MINISTERIAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE ZACATECAS, y por los mismos actos reclamados. En esa tesitura, no se advierte que exista impedimento alguno para la acumulación de los juicios en comento; habida cuenta que se dan las condiciones para satisfacer la hipótesis del artículo 72 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, que se traduce en el principio de economía procesal. En ese sentido, conforme a lo dispuesto por el artículo 72 del invocado ordenamiento, el juicio más reciente se acumulará al más antiguo; por tanto, lo que procede es que el juicio de garantías 103/2016, se acumule al diverso expediente de amparo 95/2016, por ser éste el que se inició en primer término, toda vez que la demanda que le dio origen, fue presentada a las dieciocho horas con veinticinco minutos del veinticinco de enero de la presente anualidad; en tanto que la demanda con que se inició aquél, se presentó a las diecisiete horas con treinta y seis minutos del veinticinco de enero del año en curso, según se advierte del respectivo sello de recepción que obra estampado en sendos libelos constitucionales, por actualizarse el supuesto previsto en el artículo 72 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Tiene apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia del epígrafe y contenido siguientes: "ACUMULACIÓN EN AMPARO. SE PODRÁ DECRETAR DE OFICIO CUANDO SE TRATE DE JUICIOS EN TRÁMITE ANTE UN MISMO JUZGADO DE DISTRITO, PUES EN EL CASO DE LOS TRAMITADOS ANTE JUZGADOS DISTINTOS, SÓLO PROCEDERÁ A INSTANCIA DE PARTE. De la interpretación de los artículos 57 a 60 de la Ley de Amparo se advierte que en los juicios de garantías que se encuentren en trámite ante los Jueces de Distrito podrá decretarse su acumulación, a instancia de parte o de oficio, en los casos que señala la ley; que será competente para conocer de la acumulación, así como de los juicios acumulados, el Juez que hubiere prevenido, y que el más reciente se acumulará al más antiguo; que la acumulación podrá decretarse tanto respecto de los juicios de amparo que se sigan ante un mismo juzgado, como de los que se sigan ante juzgados diferentes; y que es potestativo para los Jueces decretarla o no. Ahora bien, como la facultad de decretar la acumulación de oficio se ejerce unilateralmente, con potestad plena y sin tramitación alguna, no es factible que un Juez de Distrito pueda hacerlo respecto de juicios que se sigan ante otro Juez, porque en esta hipótesis la acumulación ya no sería de oficio, sino mediante la necesaria concurrencia de dos voluntades, una que inicia el trámite sin poder vinculante y otra que accede a la acumulación y que no obraría por impulso propio ni a instancia de parte; luego, no es posible que, de oficio, un Juez de Distrito le ordene a otro que esté conociendo de otros juicios de amparo, que le envíe los autos, porque este último está en libertad de negarse a hacerlo por virtud de la facultad discrecional de que goza. En consecuencia, la acumulación de oficio sólo puede ejercerse respecto de los juicios de amparo que se tramitan ante un mismo juzgado, mientras que la acumulación a instancia de parte podrá promoverse ante cualquiera de los Jueces que estén conociendo de los juicios relacionados; sin embargo, en caso de que el que reciba la solicitud advierta de las constancias de autos que otro previno, conforme al sello fechador impreso en las demandas por la oficialía respectiva, deberá declararse legalmente incompetente para conocer del incidente de acumulación y remitir las constancias necesarias a aquél, a fin de que lo resuelva ". Así como la tesis del rubro y texto siguientes: "ACUMULACIÓN EN AMPARO. PROCEDE NO SÓLO CUANDO SE DEN LOS SUPUESTOS QUE LITERALMENTE ESTABLECE EL ARTÍCULO 57 DE LA LEY RELATIVA, SINO TAMBIÉN CUANDO EXISTA UNA ÍNTIMA CONEXIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. El artículo 57 de la Ley de Amparo, en sus dos fracciones, establece como supuestos indispensables para que proceda la acumulación, que se trate del mismo acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales, los quejosos y las autoridades responsables sean distintos; sin embargo, no puede entenderse el requisito de identidad entre los actos reclamados de manera literal y estricta, sino cuando sea posible la existencia de una íntima conexión entre los actos reclamados. Es decir, que aun cuando los actos que se reclamen no sean iguales, como literalmente lo dispone el precepto en comento, si se trata de actos cuyas materias son consecuencia una de la otra, lo que pudiera determinar su íntima conexión, entonces será procedente decretar la acumulación de los juicios de garantías relativos, pues tal es el espíritu que anima a la mencionada disposición legal, al tener por objeto tanto la economía del procedimiento, como evitar la contradicción de resoluciones que se dicten por diversos juzgadores en negocios que impliquen el mismo problema jurídico ". En atención a lo anterior, SE LEVANTA LA SUSPENSION DEL PROCEDIMIENTO decretada en los referidos juicios de garantías. Hágase del conocimiento de las partes la presente resolución y las anotaciones que correspondan en el libro de gobierno relativo. Por lo expuesto, fundado, con apoyo además en los artículos 72 y 73 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, se R E S U E L V E: PRIMERO. Es PROCEDENTE LA ACUMULACIÓN del juicio de amparo 103/2016, promovido por ENRIQUE CASTRO ALMANZA; al diverso 95/2016, promovido por AURELIO ROMAN VARELA, los dos del índice de este Juzgado de Distrito. SEGUNDO. Se ordena levantar la suspensión del procedimiento decretada en los citados juicios. NOTIFIQUESE MEDIANTE OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y PERSONALMENTE A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario en funciones de Juez de Distrito del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, designado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el uno de diciembre de dos mil quince, comunicada mediante oficio CCJ/ST/7129/2015, firmado por el licenciado Vicente David Burguet Franco, Secretario Técnico de dicha comisión, ante la licenciada María Soledad Torres Muguiro, Secretaria que autoriza y da fe. mcc. 7499 y 7500
- Incidental
El doce de febrero de dos mil dieciséis, la Secretaria licenciada María Soledad Torres Muguiro, doy cuenta al Secretario en funciones de Juez con un oficio con registro 2872.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a doce de febrero de dos mil dieciséis. Agréguense a sus autos para que obren como corresponda el oficio de cuenta; y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 140 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el INFORME PREVIO de la autoridad responsable Juez Primero de Primera Instancia y de lo Familiar del distrito judicial de Sombrerete, Zacatecas; sin perjuicio de su relación al momento del desahogo de la audiencia incidental que al efecto se celebre. NOTIFÍQUESE POR MEDIO DE LISTA. Así lo proveyó y firma licenciado Jorge Martín Zamora González, en funciones de Juez de Distrito del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, designado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el uno de diciembre de dos mil quince, comunicada mediante oficio CCJ/ST/7129/2015, firmado por el licenciado Vicente David Burguet Franco, Secretario Técnico de dicha comisión, quien actúa ante la licenciada María Soledad Torres Muguiro, Secretaria que autoriza.- DOY FE. *EMVG
- Incidental
AUDIENCIA INCIDENTAL.- En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL CUATRO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISÉIS, día y hora señalados para la celebración de la audiencia incidental relacionada con el juicio de amparo 103/2016, el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario en funciones de Juez de Distrito del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, designado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el uno de diciembre de dos mil quince, comunicada mediante oficio CCJ/ST/7129/2015, firmado por el licenciado Vicente David Burguet Franco, Secretario Técnico de dicha comisión, que actúa con la licenciada Maria Soledad Torres Muguiro, Secretaria que autoriza y da fe, encontrándose en audiencia pública, con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo, la declaró abierta, sin contar con la asistencia de las partes. A continuación, la Secretaria procede a relacionar las constancias que integran el presente incidente de suspensión entre las que destaca la copia de la demanda de garantías promovida por Enrique Castro Almanza, el contenido del auto de veintisiete de enero del año en curso y el informe previo del Director General de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad. Asimismo, CERTIFICA: Que no obra en autos constancia de que la diversa autoridad responsable Juez Primero de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Sombrerete, Zacatecas, haya quedado enterada del auto de veintisiete de enero del año en curso, ni obra en autos el acuse de recibo relativo al oficio 3437/2016, por el cual se le solicitó su correspondiente informe previo. A lo anterior, el Secretario en funciones de Juez de Distrito acuerda: Téngase por hecha la relación de constancias que antecede para los efectos legales conducentes y por rendido el informe previo del Director General de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad. Acto continuo, se abre el periodo probatorio, en el cual la Secretaria hace constar que no fueron ofrecidas por ninguna de las partes; luego, al no haber pruebas por desahogar, se pasa a la etapa de alegatos, en la que se hace constar que ninguna de las partes hizo valer el derecho que les otorga el artículo 144, de la Ley de Amparo; luego, al no haber alegatos que tener por reproducidos y sin pedimento del Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se declara cerrada la etapa de alegatos y al no haber más actuaciones y constancias que relacionar, se procede al dictado de la interlocutoria correspondiente. V I S T O S, para resolver, los autos del incidente de suspensión, relativo al juicio de amparo 103/2016; y, R E S U L T A N D O 1.- ENRIQUE CASTRO ALMANZA, solicitó la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados de las autoridades responsables Juez Primero de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Sombrerete, Zacatecas; así como Director General de la Policía Ministerial del Estado, con residencia en esta ciudad; que hizo consistir en la orden de aprehensión dictada en su contra y su cumplimiento. 2. Por auto de veintisiete de enero de dos mil dieciséis, se proveyó respecto a la suspensión provisional solicitada por ENRIQUE CASTRO ALMANZA, se solicitó informe previo a las autoridades responsables; y se citó a las partes a la audiencia incidental; la cual se desahogó al tenor del acta que antecede y que forma parte integral de la presente resolución. C O N S I D E R A N D O: I. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas es legalmente competente para resolver el presente incidente de suspensión, por tener competencia legal para conocer del juicio de garantías del cual deriva esta incidencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, fracción I, 37 y 125 de la Ley de Amparo vigente; y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. II. Por razón de técnica jurídica y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 146, de la Ley de Amparo vigente, el cual señala que las resoluciones que decidan sobre la suspensión definitiva deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados que se obtengan del estudio y análisis conjunto de la demanda de garantías, atendiendo a la tesis de jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, Tomo XI, Abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS". Bajo esa tesitura, los actos reclamados esencialmente consisten en la orden de aprehensión girada en contra del quejoso y su ejecución. III. Es cierto el acto reclamado al Director General de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, toda vez que en su informe previo manifestó que el Juez Primero de Primera Instancia y de lo Familiar de Sombrerete, Zacatecas, giró orden de aprehensión en contra del quejoso por considerarlo probable responsable en la comisión del delito de Despojo de Bien Inmueble y Robo Calificado, en perjuicio de Amador Hernández Zúñiga y coagraviados, dentro del proceso penal 10/2015. IV. Con apoyo en el artículo 166 fracción II de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales; SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS PARA EL EFECTO DE QUE LAS COSAS SE MANTENGAN EN EL ESTADO QUE ACTUALMENTE GUARDAN Y EL QUEJOSO NO SEA PRIVADO DE SU LIBERTAD PERSONAL, CON MOTIVO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN QUE RECLAMA, QUEDANDO EN CUANTO A ELLA A DISPOSICIÓN DE ESTE JUZGADO DE DISTRITO, HASTA EN TANTO EXISTA RESOLUCIÓN FIRME QUE PONGA FIN AL JUICIO PRINCIPAL DEL QUE DERIVA ESTA INCIDENCIA. Toda vez que para la procedencia de la suspensión decretada, conforme a lo dispuesto por el artículo 168, de la Ley de Amparo, debe exigirse al quejoso que exhiba garantía, sin perjuicio de otras medidas de aseguramiento que se estimen convenientes; deberá exhibir la cantidad de $5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.), como garantía, en billete de depósito por separado, o bien, en cualquiera de las formas autorizadas por la ley; BAJO APERCIBIMIENTO QUE DE NO HACERLO DENTRO DEL TÉRMINO DE CINCO DÍAS SIGUIENTES A LA LEGAL NOTIFICACIÓN DE ESTE PROVEÍDO, DEJARÁ DE SURTIR EFECTOS LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA DECRETADA. Para el caso de que el promovente opte por garantía consistente en póliza de fianza, ésta deberá contener la renuncia expresa de la compañía afianzadora al fuero de su domicilio, así como su sometimiento a la jurisdicción de este Juzgado de Distrito, debiendo señalar al Agente autorizado en esta ciudad, para oír y recibir notificaciones; la vigencia de la póliza deberá ser por todo el tiempo que dure la tramitación del juicio de garantías del que deriva este incidente; en el entendido de que si la vigencia de la póliza vence antes de la conclusión del juicio de amparo, la suspensión definitiva dejará de surtir sus efectos, sin necesidad de previo acuerdo. En el entendido de que el monto de la garantía señalada se fija de manera discrecional, toda vez que el delito que se atribuye al quejoso es el de Despojo de Bien Inmueble y Robo Calificado, cometido en agravio de Amador Hernández Zúñiga y coagraviados, sin que por otra parte se cuente con datos suficientes que permitan conocer su situación económica; pero tiene como fin evitar que se sustraiga de la acción de la Justicia y con ello se entorpezca el procedimiento penal de origen, y como medida necesaria a efecto de que la parte quejosa pueda ser devuelta a la responsable en el supuesto de que no le sea concedida la protección constitucional solicitada. Se aclara que, si la orden de aprehensión reclamada, fue dictada por algún delito que conforme a la ley no permita el beneficio de la libertad provisional bajo caución, en esta hipótesis, el único efecto de la suspensión será el consistente en que una vez que sea aprehendido el quejoso, éste quedará a disposición de este Juzgado de Distrito en cuanto a su libertad personal en el lugar en que quede recluido y a disposición del juez de la causa por lo que hace a la continuación del procedimiento penal. Las autoridades responsables no tendrán la obligación de acatar la presente medida cautelar si se sorprende al quejoso en flagrante delito o bien si se trata de cumplimentar una orden de presentación, aprehensión, reaprehensión, dictada por autoridad judicial distinta a las señaladas por el peticionario de garantías, en cuyo caso podrá aprehendérseles, porque así lo autoriza el artículo 16 de la Constitución General de la República. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 162, de la Ley de Amparo, se impone al quejoso como medida de aseguramiento la de COMPARECER ANTE EL JUEZ PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA Y DE LO FAMILIAR DE SOMBRERETE, ZACATECAS DENTRO DE UN PLAZO DE TRES DÍAS PARA SUJETARSE AL PROCESO QUE SE LE INSTRUYE LO ANTERIOR, SIN MENOSCABO DEL BENEFICIO QUE EN SU FAVOR ESTABLECE EL APARTADO A DEL ARTÍCULO 20 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, CONSISTENTE EN QUE NO PODRÁ SER OBLIGADO A DECLARAR, PRERROGATIVA QUE PUEDE HACER VALER EN EL MOMENTO EN QUE COMPAREZCA ANTE EL JUEZ DELPROCESO. V. Por otra parte, en atención a lo expuesto en la audiencia incidental, en el sentido de que la diversa responsable Juez Primero de Primera Instancia y de lo Familiar de Sombrerete, Zacatecas, no ha rendido su respectivo informe previo, ni obra el acuse de recibo del oficio por el que se le solicitó; a fin de dar margen a que se reciba el comunicado de mérito, se difiere la citada audiencia para las DIEZ HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, a fin de que tenga verificativo respecto de dicha responsable. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 144, 146 y 217, de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO.- Se CONCEDE a ENRIQUE CASTRO ALMANZA, la suspensión definitiva solicitada, para los efectos indicados en el considerando IV de esta interlocutoria. SEGUNDO.- Se DIFIERE la audiencia incidental para las DIEZ HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, en términos de lo expuesto en el considerando V de la presente resolución. NOTIFÍQUESE. Así lo resolvió y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario en funciones de Juez de Distrito del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, designado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el uno de diciembre de dos mil quince, comunicada mediante oficio CCJ/ST/7129/2015, firmado por el licenciado Vicente David Burguet Franco, Secretario Técnico de dicha comisión, ante la licenciada María Soledad Torres Muguiro, Secretaria que autoriza y da fe. EMVG
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