Enrique Buenavida López

Expediente 1301/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 8 actuaciones registradas, la última del 31 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1301/2022
Año
2022
Actuaciones
8
Última actuación
31/01/2023

Partes del expediente

  • Enrique Buenavida López
  • Juez de Distrito Especializado en el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el estado de Michoacán de Ocampo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, treinta y uno de enero de dos mil veintitrés. 1. Ejecutoria. De la certificación de cuenta, se desprende que a la fecha transcurrió el término legal de que disponían las partes, a fin de recurrir la sentencia definitiva dictada en autos, que negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, sin que lo hubieran hecho; por tanto, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2° de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. Sin que pase por alto que no se haya realizado el cómputo a la autoridad responsable para recurrir la resolución de mérito, pues en términos del párrafo segundo del artículo 87 de la Ley de Amparo, ésta carece de legitimación para impugnar la sentencia constitucional. 1.1. Devolución de documentos. En atención a que resulta innecesario conservar el disco digital DVD que la autoridad responsable, adjuntó como complemento a su informe justificado; se ordena su devolución. 1.2. Archivo. Se ordena el archivo definitivo de este cuaderno, para lo cual se instruye a la secretaria encargada del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 1.3. Valoración del amparo. Consecuentemente, toda vez que se negó la protección constitucional, se determina que el presente sumario es susceptible de DEPURACIÓN. 1.3.1. Destino del expediente y transferencia (depuración, principal). Atento a lo anterior, una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo la depuración de los autos en que se actúa; por lo que únicamente se deberá conservar la demanda, resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al juicio, la resolución que le otorga autoridad de cosa juzgada y la presente determinación, donde se declara el archivo definitivo. Después, materializar la transferencia de la serie documental restante, al depósito dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación que sea indicado, previa petición que al efecto se realice. 1.4. Incidente de suspensión. Toda vez que en el incidente de suspensión respectivo se negó y concedió la suspensión provisional y definitiva, de conformidad con el citado Acuerdo General, se considera que el original del cuaderno incidental es susceptible de DEPURACIÓN y no es de relevancia documental. Entonces, una vez que transcurran tres años contados a partir de que surta efectos la notificación de este acuerdo, hágase lo conducente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, incisos a) y c), del referido Acuerdo General. 1.5. Duplicado del incidente de suspensión. Por otra parte, el duplicado del incidente de suspensión es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, por lo que con fundamento en el artículo 20 fracción II, inciso a), del citado acuerdo, una vez transcurrido el término de seis meses, destrúyase. 2. Documentos irrecuperables. Finalmente, hágase saber a las partes que para el caso de que hayan exhibido documentos originales que obren en el expediente, contarán con el plazo de noventa días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos; apercibidos de que, en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. 3. Precisión. De conformidad con el natural 35 del multicitado acuerdo, hágase constar en la carátula del expediente relativo, la valoración correspondiente. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria Angélica Estefanía Aponte Ayala.

  2. Principal

    VISTOS los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 1301/2022, promovido por Enrique Buenavida López, a través del defensor público federal, por alegada violación de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atribuida al Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Michoacán, con residencia en Morelia, este órgano jurisdiccional ha decidido: NEGAR EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA DE LA UNIÓN. Al tenor de las siguientes: CONSIDERACIONES: PRIMERA. Precisión de la norma, acto u omisión reclamada. Del estudio integral de la demanda se advierte que la parte quejosa reclama: La resolución emitida en la audiencia de veintiocho de octubre de dos mil veintidós, en la cual se calificó de legal la detención en flagrancia del quejoso y se ratificó la legalidad de la retención ministerial. El auto de vinculación a proceso decretado el veintiocho de octubre de dos mil veintidós. La versión escrita de las resoluciones adoptadas en la audiencia de veintiocho de octubre de dos mil veintidós, por falta de fundamentación y motivación. Actos emitidos dentro de la causa penal 473/2022. SEGUNDA. Competencia. Este Juzgado, es competente para resolver el presente asunto, en términos de los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 49 y 61, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que, los actos reclamados tienen ejecución en esta ciudad. TERCERA. Norma general, acto u omisión cuya existencia sí quedó demostrada. Son ciertos los actos reclamados al Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Michoacán, con residencia en Morelia, pues así lo reconoció al rendir su informe justificado. Certeza que se corrobora con el disco óptico de audio y video que contiene las resoluciones combatidas en formato digital, así como con las copias de las constancias que integran la causa penal 473/2022, que remitió como complemento del informe justificado; mismas que tienen pleno valor en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de acuerdo a su numeral 2°, último párrafo. Al respecto, cobra aplicación la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." CUARTA. Análisis de las causales de improcedencia. Las partes no alegan causas de improcedencia, ni de oficio este órgano de control constitucional advierte la actualización de alguna, por lo que se procederá al análisis de los conceptos de violación. QUINTA. Estudio de los conceptos de violación. Primeramente es importante mencionar que de conformidad con el artículo 79, fracción III, inciso a), y penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional de amparo deberá suplir la deficiencia de los conceptos de violación, aun ante su ausencia, cuando la parte quejosa tenga el carácter de inculpado o sentenciado. Sin embargo, la suplencia no se da por la sola ausencia total o parcial de los conceptos de violación contra la resolución reclamada, sino que supone, necesariamente, la existencia de alguna irregularidad en dicha determinación y se adviertan causas jurídicamente válidas para preservar u otorgar algún derecho pues, la aplicación de esa figura jurídica, en todos los casos, debe llevarse a cabo siempre y cuando cause beneficio a la parte inconforme, en congruencia con su propia naturaleza. En caso contrario, esto es, cuando la actuación en análisis está ajustada a derecho o bien si el juzgador no advierte que dicha suplencia lo conduzca a aquella finalidad provechosa para la parte quejosa, bastará con que así lo declare sin necesidad de que haga un estudio oficioso del asunto, el cual, por carecer de un sentido práctico, sólo entorpecería la pronta solución del litigio en perjuicio de los propios justiciables. Es aplicable, por analogía, la jurisprudencia 370, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del rubro siguiente: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN LA APELACIÓN EN MATERIA PENAL." En el caso particular, respecto a los ilícitos que se analizan, este Juzgado no advierte que la suplencia de los conceptos de violación conduzca a una finalidad provechosa para el quejoso y, por ese motivo, se limitará al análisis de los conceptos de violación vertidos, los cuales resultan infundados. Previo a su análisis, se estima necesario realizar una breve reseña de lo acontecido en el procedimiento de origen, para mejor comprensión del asunto. Mediante oficio APAT-EIL-E4C2-1026/2022 de veintisiete de octubre de dos mil veintidós, signado por Ricardo Hernández Martínez, Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Célula IV-2 Apatzingán, Michoacán, a las dieciséis horas con veinticuatro minutos del día indicado, se puso a disposición del Juez de Control en turno Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Michoacán, al imputado Enrique Buenavida López, por los delitos de: Portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto y sancionado en el artículo 83, fracción III, en relación con el numeral 11, incisos d), con la agravante prevista en el penúltimo párrafo del artículo 83, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Posesión de cargadores para arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto y sancionado en el artículo 83, Quintus, fracción II, en relación con el numeral 11, inciso d), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Posesión de cartuchos para arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacional, previsto y sancionado en el artículo 83 Quat, fracción II, en relación con el numeral 11, inciso f), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Informando que la persona detenida quedaría a su disposición a través de la Policía Procesal bajo su mando en la Fiscalía General de la República en el Estado de Michoacán, con residencia en Apatzingán, para el efecto de que señalara día y hora para la celebración de la audiencia inicial a efecto de debatir sobre la detención y posteriormente formular imputación. La Administradora del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, recibió el oficio correspondiente, por lo que con fundamento en los artículos 307, 308 y 309 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ordenó formar la carpeta administrativa 473/2022 y a petición del Agente del Ministerio Público señaló las veintitrés horas con quince minutos del veintisiete de octubre de dos mil veintidós, a fin de que se llevara a cabo la audiencia solicitada, a través del método de videoconferencia. Derivado de que una audiencia previa generó mayor tiempo del programado, la audiencia inicial del asunto en estudio se llevó a cabo a las cero horas con dieciséis minutos del veintiocho de octubre de dos mil veintidós, en la que se tomaron las siguientes determinaciones: a) se calificó de legal la detención del imputado por considerar actualizada la hipótesis de flagrancia a que alude el artículo 16, párrafo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el 146, fracción I del Código Nacional de Procedimientos Penales; b) se verificó la observancia del plazo constitucional de cuarenta y ocho horas para poner al imputado a disposición de ese centro de justicia; c) se formuló imputación en contra del investigado; d) se tuvo al imputado solicitando que se resolviera su situación jurídica en el momento de la audiencia; y, e) se impuso al imputado la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. El veintiocho de octubre de dos mil veintidós, se vinculó a proceso al aquí quejoso por su probable participación, únicamente en los hechos que la ley considera como delitos de: Portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto y sancionado en el artículo 83, fracción III, en relación con el diverso 11, inciso d), con la agravante que prevé el penúltimo párrafo del referido numeral 83, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; y, Posesión de cargadores para armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto y sancionado en el artículo 83, Quintus, fracción II, en relación con el numeral 11, inciso d), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. No así, por el diverso de posesión de cartuchos para armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacional, previsto y sancionado en el artículo 83 Quat, fracción II, en relación con el diverso 11, inciso c), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Asimismo, se impuso al imputado la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y se fijó como plazo de cierre de investigación el de dos meses, que fenecerá el veintisiete de diciembre de dos mil veintidós. Para cumplir con los principios de exhaustividad y congruencia que debe imperar en toda sentencia de amparo, no es necesario transcribir los conceptos de violación, pues tales principios únicamente vinculan a este órgano de control constitucional a dar respuesta a todos los planteamientos de legalidad o constitucionalidad hechos en la demanda de amparo. Sin embargo, tampoco existe impedimento para sintetizarlos y analizarlos de la siguiente manera: 5.1. Respecto al control de detención. En el primer concepto de violación, el quejoso refiere que al dictarse el acuerdo de verificación de la flagrancia y retención no se examinaron las condiciones en las que se realizó la detención; no se dio cabal cumplimiento al imperativo del ordinal 149 primer párrafo del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues no se hizo un examen, no se investigó, no se escudriño con diligencia o cuidado el informe policial homologado, pues de haberse realizado, se hubiera advertido que las narraciones de los aprehensores son contradictorias y distan de la información que se desprende de diversos actos de investigación y datos de prueba. Que los elementos del Ejército Mexicano no respetaron los niveles de contacto, sostenidos por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando interceptaron los vehículos; por ello no se justifica su actuar, quienes ejercieron violencia con armas de fuego en contra de las unidades móviles en las que transitaba el quejoso sin acreditar la concurrencia de una suposición razonable de que se estaba cometiendo una conducta delictiva y sin señalar detenidamente cuál era la información sobre los hechos y circunstancias con las que contaban en ese momento para suponer razonablemente que el quejoso estaba cometiendo una conducta ilícita, y sin mediación los aprehensores abrieron fuego contra la unidad en la que transitaba el ahora quejoso. Con base en su narrativa, refiere que los aprehensores no demostraron haber agotado el primer nivel de contacto para solicitar al quejoso ser interrogado o cuestionado acerca de su origen y destino, que no demostraron que tuvieran información con la que contaban en ese momento para suponer razonablemente que la persona en cuestión estaba cometiendo una conducta ilícita o por el contrario, si el registro o revisión fue autorizado libremente por el posible afectado, pues lo que está demostrado es que se violó el derecho humano del quejoso a la libertad, logrando llegar al descubrimiento de los artefactos bélicos asegurados de manera ilícita, pues sin mediar razonamiento, entendimiento, platica o entrevista alguna, los elementos agredieron con armas de fuego las unidades en la que se transportaba el quejoso e incluso con proyección al lugar que ocupaban el piloto y copiloto en el vehículo descrito. Entonces -refiere-, queda demostrado la forma ilícita y con violación al derecho humano a la libertad del quejoso, de cómo los elementos castrenses obtuvieron el aseguramiento de los objetos bélicos; tampoco existe indicio de que pudiera haberse llegado al descubrimiento de los objetos bélicos por otros medios distintos al empleado el día de los hechos y mucho menos que inevitablemente hubieran sido descubiertos, toda vez que como los elementos del Ejército Mexicano lo indican, no se encontraban ahí por alguna instrucción u orden para un hecho concreto del que se haya tenido conocimiento por vías distintas, ni de que se haya implementado un operativo que implique su conocimiento inevitable. Señala que la ilicitud de las probanzas sostienen la ilegal detención y retención ministerial del imputado, toda vez que fueron obtenidos con violación al derecho humano a la libertad del quejoso. Es infundado el concepto de violación formulado por el defensor público del quejoso. En efecto, no le asiste la razón cuando esencialmente afirma que al no cumplirse con los niveles de contacto para que los captores elevaran su grado de intervención en la esfera jurídica del gobernado; entonces, la detención del imputado -aquí quejoso- resulta ilegal y por ende ilícito el hallazgo de los artefactos bélicos, pues contrario a lo que se aduce, en el caso el pronunciamiento del juez de control es apegado a lo dispuesto en los artículos 16 de la Constitución Federal y 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales. El artículo 16 de la Constitución Federal, en lo conducente señala: "Artículo 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. (.) Cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad más cercana y ésta con la misma prontitud, a la del Ministerio Público. Existirá un registro inmediato de la detención. (.) En casos de urgencia o flagrancia, el juez que reciba la consignación del detenido deberá inmediatamente ratificar la detención o decretar la libertad con las reservas de ley. (.) Ningún indiciado podrá ser retenido por el Ministerio Público por más de cuarenta y ocho horas, plazo en que deberá ordenarse su libertad o ponérsele a disposición de la autoridad judicial; este plazo podrá duplicarse en aquellos casos que la ley prevea como delincuencia organizada. Todo abuso a lo anteriormente dispuesto será sancionado por la ley penal." Del precepto en cita se advierte que cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que esté cometiendo un hecho señalado en la ley penal como delito. El artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece: "Artículo 146. Supuestos de flagrancia Se podrá detener a una persona sin orden judicial en caso de flagrancia. Se entiende que hay flagrancia cuando: La persona es detenida en el momento de estar cometiendo un delito, o Inmediatamente después de cometerlo es detenida, en virtud de que: a) Es sorprendida cometiendo el delito y es perseguida material e ininterrumpidamente, o b) Cuando la persona sea señalada por la víctima u ofendido, algún testigo presencial de los hechos o quien hubiere intervenido con ella en la comisión del delito y cuando tenga en su poder instrumentos, objetos, productos del delito o se cuente con información o indicios que hagan presumir fundadamente que intervino en el mismo. Para los efectos de la fracción II, inciso b), de este precepto, se considera que la persona ha sido detenida en flagrancia por señalamiento, siempre y cuando, inmediatamente después de cometer el delito no se haya interrumpido su búsqueda o localización." El precepto transcrito en su primer fracción define la flagrancia, como la figura jurídica que permite a cualquier persona detener a una persona en el momento en que esté cometiendo un hecho con apariencia de delito, supuesto que ocurrió en el presente asunto, tal como lo apreció el juez responsable. Se afirma lo anterior, porque de acuerdo con el disco que contiene la grabación de audio y video de la audiencia inicial celebrada el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, se obtiene la actualización de dicho supuesto, tal como lo adujo el juez responsable, ya que en el caso concreto los elementos del Ejército Mexicano estaban realizando actividades de seguridad pública, específicamente un recorrido de prevención de hechos constitutivos de delito, momento en el cual fueron agredidos probablemente por tripulantes de dos vehículos que circulaban en sentido contrario. Derivado de ello repelieron la agresión y el conductor de uno de los vehículos pierde el control del vehículo y se impacta contra un montículo, lo que permitió a los elementos del Ejército Mexicano dar alcance y verificar a sus tripulantes, de los cuales, uno de ellos se baja del vehículo y el otro queda en el interior del mismo y a la postre una vez que se realizó la revisión se localizaron las armas de fuego, los cartuchos y los cargadores, motivo por el cual fue detenido el imputado. De ahí, que de acuerdo a la dinámica que se expone, y a la información que se obtiene, existen datos o elementos suficientes para poder establecer que los elementos del Ejército Mexicano, bajo los argumentos que se expusieron sí cumplieron -tal como lo afirma la autoridad responsable- con los estándares constitucionales y legales para llevar a cabo la detención de una persona, pues en el caso, contaban con elementos objetivos, esto es, una agresión a través de proyectiles de arma de fuego, según se advierte y derivado de ello, llevaron a cabo un acercamiento a los tripulantes de un vehículo, el cual es justificado, porque existen datos objetivos que podían establecer la posible comisión de hechos constitutivos de delito, porque probablemente fueron agredidos por las personas que tripulaban esos vehículos. Derivado de ello, se insiste, se encuentra justificado que hubieran realizado la inspección al vehículo para luego encontrar armas de fuego, cargadores y cartuchos. De ahí que, tal como lo resolvió el juzgador responsable, a simple vista, era posible establecer que el portar armas de fuego y artefactos bélicos, está sancionado por la ley penal, y en consecuencia se podía llevar a cabo la detención del imputado bajo la figura de la flagrancia, derivado del evento. Como lo apreció el juez responsable, se contaban con elementos objetivos suficientes para establecer la legalidad de la detención en flagrancia del quejoso, porque ésta ocurrió en el momento en que estaba cometiendo los hechos señalados en la ley penal como delitos. Lo anterior demuestra, al menos para esta etapa procesal, la justificación de la intromisión y elevar los niveles de contacto para revisar el vehículo; aspectos que concatenados entre sí, justifican que los aprehensores contaban con elementos objetivos suficientes para proceder a revisar al imputado y luego la justificación de hace lo correspondiente en el interior del vehículo, encontrando los artefactos bélicos; para luego proceder a su detención. De ahí lo acertado de lo resuelto por el juez responsable al tener por acreditado que en el presente asunto sí existió actualizada la hipótesis de flagrancia a que se refiere el artículo 16, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el dispositivo legal 146, fracción I, del código adjetivo; y, por tanto, infundado lo aducido por la defensa del peticionario del amparo, en virtud a que su detención sí ocurrió dentro del contexto normativo constitucional señalado líneas arriba (artículo 16 párrafo quinto constitucional). En el segundo concepto de violación, el quejoso refiere que se pasó por alto que la fiscal por acuerdo de veinticinco de octubre, sin señalar hora determinada alguna, consideró que la retención de imputado resulta legal sustentándose en el informe policial homologado, lo cual es incorrecto, porque el artículo 149 del Código Nacional de Procedimientos Penales, exige que en los casos de flagrancia el Ministerio Público deberá examinar las condiciones de la detención inmediatamente después de que la persona sea puesta a su disposición, por ello -dijo- debió tomarse en cuenta que el imputado fue puesto a disposición de la fiscalía a las 17:45 horas del veintiséis de octubre y que para validar dicha detención solo tomó en cuenta el informe policial homologado, porque le fue entregado a esa hora y es claro que la fiscalía no contaba con elementos para validar la flagrancia ni esa validación fue de manera inmediata y que el plazo de cuarenta y ocho horas no es para justificar la flagrancia delictiva, sino para recabar los datos de prueba y registros que acrediten la existencia de un hecho con apariencia de delito y que el imputado probablemente participó en el mismo y poder ejercitar la acción penal. Sentado lo anterior, sostiene que de ninguna manera se debe argumentar que las cuarenta y ocho horas son para verificar la flagrancia delictiva, pues al ser puesto a disposición de la fiscalía federal ya los elementos aprehensores deben contar con los datos de prueba suficientes para que la fiscalía federal analice si es por flagrancia en la detención al momento de cometer el delito, o bien por señalamiento, como lo exigen las fracciones del 146 del código Nacional. Dicho concepto de violación es infundado. Lo anterior es así, porque de la determinación relativa al control de la detención, no se aprecia una argumentación en el sentido que se expone; es decir, que las cuarenta y ocho horas son para verificar la flagrancia delictiva. Contrario a ello, se advierte un estudio relativo a la flagrancia en los términos expuestos en párrafos que anteceden. Seguido a ello, el juez responsable esencialmente señaló que el segundo momento o aspecto a verificar es que no haya existido una demora en cuanto a la puesta a disposición del imputado ante la autoridad competente, y que para ello no bastaba referir aspectos temporales o numéricos, sino verificar si las acciones que se implementaron para llevar a cabo esas circunstancias justificaron el tiempo que se ocupó para ese traslado. En ese sentido, hizo referencia a las circunstancias relativas a que una vez detenido el imputado, se esperó en el lugar a una grúa en la cual se trasladó al vehículo que tripulaba el imputado; luego que en el trayecto se encontraron el otro vehículo que contaba con las características que probablemente había intervenido en el hecho donde fueron agredidos, ello sin apreciarse que hubieran ido a otro lugar. Derivado de esto -dijo-, se generó el traslado hasta las instalaciones de la Fiscalía de ambos vehículos, realizando todas aquellas actividades encomendadas. Que el imputado fue revisado por médico militar, quien dio cuenta de sus lesiones y fue puesto a disposición. Luego, dijo que los argumentos que se exponen no demuestran una demora en cuanto a la puesta a disposición, puesto que se establece un enlace lógico, circunstancias que tuvieron que ir agotando los elementos, por lo que el tiempo que se ocupó para la detención, traslado, puesta a disposición y demás aspectos técnicos administrativos, resultó el suficiente y necesario para poder llevar a cabo estas acciones, por tal motivo concluyó no hay una demora en la puesta a disposición. Luego, emitió pronunciamiento sobre el hecho de no haberse llevado a cabo el registro nacional de la detención de acuerdo a lo establecido en el artículo 17 de la Ley Nacional del Registro de Detenciones y determinó dar vista al Ministerio Público para que de considerarlo necesario se realizara la investigación correspondiente, para que se desengrane la probable incongruencia de si se tenía o no señal en el lugar de los hechos, de cómo sí se llamó a la grúa, pero no se llamó al Registro Nacional de Detenciones. Finalmente, verificó el punto relativo a que el fiscal no excedió el término de cuarenta y ocho horas, con el que contaba para poner a disposición a la persona detenida. Por tal motivo, una vez analizados esos aspectos calificó de legal la detención del imputado y ratificó la misma decretada por la fiscalía. Entonces, con base en lo antes expuesto, se determina declarar infundado su concepto de violación, puesto que no se aprecia argumento en el sentido mencionado. Respecto a la vinculación a proceso. En su concepto de violación, la parte quejosa reitera que sobre los hechos se debió verificar la existencia de datos suficientes y lícitos para emitir un auto de vinculación y al haberse omitido se vulnera el artículo 19 de la Constitución Federal. Que contrario a lo afirmado por el juez responsable, resultaba necesario que en base al principio de presunción de inocencia, la fiscal debía señalar cuáles eran los datos de prueba lícitos que de manera lógica y razonable sustenten el punto relatado por los elementos aprehensores, en el sentido de que el imputado ejecutó la conducta que integra los hechos delictivos, lo que no se acredita. Tales argumentos resultan infundados, en atención a las consideraciones siguientes: En primer lugar, cabe mencionar que el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos estatuye el principio pro homine o pro persona, conforme al cual es deber de las autoridades interpretar las normas de derechos humanos de conformidad con la propia Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia; sin embargo, no implica desatender a las reglas que establece el procedimiento penal acusatorio para la emisión de un auto de vinculación a proceso. Los derechos fundamentales de legalidad y seguridad, así como las formalidades esenciales del procedimiento, se establecen en los artículos 14 y 16 de la Constitución que son del tenor siguiente: "Artículo 14.- A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. ." "Artículo 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo. . No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión." El primero de los numerales transcritos autoriza la emisión de actos privados a través del cumplimiento de determinados requisitos como son, la existencia de un juicio seguido ante un tribunal previamente establecido, que se cumplan con las formalidades esenciales del procedimiento y se apliquen las leyes expedidas con anterioridad al hecho juzgado; además contempla el principio de exacta aplicación de la ley en materia penal, que impide a los juzgadores acudir a la analogía o a la mayoría de razón como medios para establecer el alcance o la aplicabilidad de la norma en los asuntos criminales; por lo que, la acción u omisión reprochada debe estar expresamente prevista como delito en una ley vigente al tiempo de su comisión, salvo que los elementos de tal ilícito se ajusten a una nueva descripción legal que resulte más favorable al delincuente. Por su parte, el segundo de los citados artículos -16 Constitucional- regula los actos de molestia que, pese a constituir afectación a la esfera jurídica del gobernado, no producen los mismos efectos que los actos privativos, pues sólo restringen de manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos, siempre y cuando preceda mandamiento de autoridad con competencia legal para ello, en donde ésta funde y motive la causa legal del procedimiento. En tanto, el auto de vinculación a proceso se regula en los artículos 19 y 20 Constitucionales, preceptos que en la parte que interesa disponen: "Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión." "Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. A. De los principios generales: I. El proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen; II. Toda audiencia se desarrollará en presencia del juez, sin que pueda delegar en ninguna persona el desahogo y la valoración de las pruebas, la cual deberá realizarse de manera libre y lógica; III. Para los efectos de la sentencia sólo se considerarán como prueba aquellas que hayan sido desahogadas en la audiencia de juicio. La ley establecerá las excepciones y los requisitos para admitir en juicio la prueba anticipada, que por su naturaleza requiera desahogo previo; IV. El juicio se celebrará ante un juez que no haya conocido del caso previamente. La presentación de los argumentos y los elementos probatorios se desarrollará de manera pública, contradictoria y oral; V. La carga de la prueba para demostrar la culpabilidad corresponde a la parte acusadora, conforme lo establezca el tipo penal. Las partes tendrán igualdad procesal para sostener la acusación o la defensa, respectivamente; VI. Ningún juzgador podrá tratar asuntos que estén sujetos a proceso con cualquiera de las partes sin que esté presente la otra, respetando en todo momento el principio de contradicción, salvo las excepciones que establece esta Constitución; VII. Una vez iniciado el proceso penal, siempre y cuando no exista oposición del inculpado, se podrá decretar su terminación anticipada en los supuestos y bajo las modalidades que determine la ley. Si el imputado reconoce ante la autoridad judicial, voluntariamente y con conocimiento de las consecuencias, su participación en el delito y existen medios de convicción suficientes para corroborar la imputación, el juez citará a audiencia de sentencia. La ley establecerá los beneficios que se podrán otorgar al inculpado cuando acepte su responsabilidad; VIII. El juez sólo condenará cuando exista convicción de la culpabilidad del procesado; IX. Cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será nula, y X. Los principios previstos en este artículo, se observarán también en las audiencias preliminares al juicio. ." El primero de dichos numerales contiene los requisitos mínimos que debe reunir todo mandamiento de autoridad restrictivo de libertad, atento a ello, la legalidad del acto que se reclama se hará a la luz del mencionado precepto. Por su parte, el artículo 20 párrafo primero instituye que el proceso penal debe ser acusatorio, adversarial y oral; asimismo, establece los principios rectores de este procedimiento, a saber, publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación; y, los principios generales a que debe sujetarse el operador de justicia. Aunado a tales preceptos, el Código Nacional de Procedimientos Penales establece los requisitos que han de observarse para emitir un auto de vinculación a proceso, los cuales se encuentran previstos por su ordinal 316 que establece: "Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso. El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente." Así, de la lectura de los numerales 19 Constitucional y 316 del código adjetivo, antes transcritos, se obtiene que para la emisión de un auto de vinculación a proceso deben satisfacerse ciertos requisitos, a saber: Se dicte en el plazo de setenta y dos horas o ciento cuarenta y cuatro horas, a partir de que el imputado sea puesto a disposición; y, por los hechos materia de la formulación de la imputación. Se haya formulado la imputación. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar. Precisar la conducta típica que se reprocha al imputado, y establecer el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba razonables que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y, que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. En relación a esto último, es de mencionar que para dictar vinculación a proceso basta que los datos de prueba permitan establecer de manera idónea, pertinente y en su conjunto, la probable intervención del imputado en el hecho delictivo, sin que sea exigible al Juez de Control acreditar los elementos del cuerpo del delito (elementos objetivos, normativos y subjetivos) ni la probable responsabilidad del autor en su perpetración, en razón de que para la emisión de un auto de vinculación a proceso, conforme a lo dispuesto por los preceptos 19 Constitucional y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales sólo se necesita que existan datos que permitan evidenciar la presencia de un hecho que esté señalado por la ley como delito y que dichos datos permitan establecer a título de probabilidad que el imputado lo cometió o participó en su perpetración, aunado a que el estándar probatorio en el sistema penal adversarial es mínimo y al momento de emitir una determinación de vinculación a proceso no se requiere de prueba plena, lo que en todo caso sería materia en la etapa de juicio oral, dado que el aludido fallo en realidad sólo debe fijar la materia de la investigación y el eventual juicio. Aunado a lo anterior, al tratarse el auto de vinculación a proceso de un acto de autoridad debe respetar los principios de legalidad y de seguridad jurídica contenidos por el artículo 16 de la Constitución Federal, que contempla la obligación del órgano judicial que emita una resolución de citar los preceptos legales en los que se funde para ello y señalar las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que haya tenido en consideración para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su perpetración. De la apreciación del audio y videograbación de la resolución reclamada se advierte que al quejoso le fue resuelta la situación jurídica dentro del plazo que contempla el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que solicitó que la misma le fuera resuelta en la propia audiencia. En la resolución reclamada se realizó una exposición detallada del hecho fáctico y expuso los datos de prueba recabados en la carpeta de investigación. Al imputado se le dio oportunidad de declarar, sin embargo refirió su deseo de no querer hacerlo durante el desahogo de la audiencia inicial; de ahí que no se aprecie vulnerado su derecho de defensa. Así, adverso a lo que señala la parte quejosa, tal como lo apreció el juez responsable, de los datos de prueba expuestos por el agente del Ministerio Público, se obtienen indicios razonables de que se cometieron los hechos que la ley señala como delitos, pues se cuenta con el informe policial homologado suscrito por los elementos aprehensores, en que se expusieron las circunstancias en que sucedió el evento, que concatenado a la evidencia del material bélico, inspecciones de vehículos, artefactos y objetos, así como los dictámenes que arrojaron su calibre y clasificación, resultan suficientes para el dictado del auto de vinculación a proceso. En el caso, el Juez de Distrito tomó en consideración y evaluó los datos de prueba que relató el fiscal investigador como sustento de la imputación formulada, explicando y justificando su valoración con base en la apreciación conjunta, integral y armónica de todos los datos probatorios, con lo cual cumplió con lo establecido en los numerales 259, 261 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establecen la facultad del juzgador para asignar el valor a los datos de prueba de manera libre y lógica, cuando sean idóneos y pertinentes para establecer razonadamente la existencia de un hecho delictivo y la probable participación del imputado. Con base en ello, acertadamente consideró cumplidos los requisitos legales, y por tanto dictó auto de vinculación a proceso en contra de Enrique Buenavida López, por su probable participación en los hechos que la ley señala como delitos de: Portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto y sancionado en el artículo 83, fracción III, en relación con el diverso 11, inciso d), con la agravante que prevé el penúltimo párrafo del referido numeral 83, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; y, Posesión de cargadores para armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto y sancionado en el artículo 83, Quintus, fracción II, en relación con el numeral 11, inciso d), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. No así, por el diverso de posesión de cartuchos para armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacional, previsto y sancionado en el artículo 83 Quat, fracción II, en relación con el diverso 11, inciso c), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Ahora, en esta etapa del juicio oral no es necesario acreditar los elementos que integran el cuerpo del delito, sino que basta encuadrar la conducta a la norma penal, de manera que permita identificar los motivos e identificar las razones que llevaron al juez de Distrito a determinar el tipo penal aplicable. Es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 35/2017, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley." En ese tenor, se establece que la decisión del Juez fue correcta, pues en el caso, de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba razonables que establecen que se cometieron los hechos reprobables antes mencionados, y hacen patente la probabilidad de que el imputado intervino en su comisión. Así, se converge con lo determinado por el juez responsable ya que analizados los datos de prueba que relató la parte acusadora en la audiencia inicial, sí es posible advertir las circunstancias de tiempo, lugar y ejecución de los hechos delictivos, conforme a la narrativa de los mismos que estableció dicha autoridad. En este sentido, cabe señalar que la técnica del juicio de amparo impone al órgano de control constitucional, realizar una ponderación formal y material de las actuaciones de la autoridad responsable, sin poder substituirlo en la valoración de los datos de prueba pues ello se circunscribe al principio de inmediación que sólo el juez de primera instancia puede verificar, empero, en tal ponderación si puede determinarse si la actuación del juzgador se ajustó o no a los principios que rigen el debido proceso legal, así como la razonabilidad de los argumentos que en su caso haya expuesto para resolver determinada cuestión. Se invoca a lo anterior el criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la ejecutoria de voz y contenido siguientes: "VINCULACIÓN A PROCESO. LOS JUECES DE AMPARO NO PUEDEN SUSTITUIR AL JUEZ DE CONTROL EN LA PONDERACIÓN DE LOS DATOS DE PRUEBA INCORPORADOS POR EL IMPUTADO O SU DEFENSA, EN EL PLAZO CONSTITUCIONAL O SU DUPLICIDAD, SIN EMBARGO, SÍ PUEDEN ANALIZAR LA LEGALIDAD DE SU EJERCICIO DE PONDERACIÓN. Los Tribunales Colegiados que participaron en la contradicción de tesis conocieron, en los correspondientes recursos de revisión, de casos en los que sendos imputados, por conducto de su defensa, incorporaron respectivamente en el plazo constitucional y su duplicidad, datos de prueba para que fueran considerados por el Juez de Control al resolver sobre su vinculación a proceso; sin embargo, sostuvieron criterios opuestos, pues uno de ellos determinó, implícitamente, que la autoridad de amparo en primera instancia podía sustituir al Juez de Control en la ponderación de los datos de prueba; mientras que el otro concluyó que ello correspondía al Juez de Control, pero en la etapa intermedia. Sobre tal cuestión, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que los Jueces de amparo no pueden sustituir al Juez de Control en la ponderación de los datos de prueba incorporados por el imputado o su defensa, en el plazo constitucional o su duplicidad; sin embargo, sí pueden analizar la legalidad del ejercicio de ponderación que aquél realiza. Ello debido a que el Juez de Control, para resolver sobre la vinculación a proceso, debe ponderar los datos de prueba que incorpore el imputado o su defensa, durante el plazo constitucional de setenta y dos horas o en su ampliación, en contradicción con los expuestos por el Ministerio Público, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 314 y 315 del Código Nacional de Procedimientos Penales; facultad que es exclusiva de las autoridades de instancia y, por tanto, no pueden ejercerla los Jueces constitucionales. No obstante, ello no implica que no puedan revisar el juicio de ponderación de los datos de prueba que se realiza; es decir, la legalidad y constitucionalidad del acto reclamado, no del dato de prueba en sí, pues su análisis se circunscribe única y exclusivamente a la valoración del juicio de prueba que llevó a cabo el Juez de Control, y resolver sobre la constitucionalidad de su determinación. Ejercicio que no implica que se sustituya al Juez natural en la apreciación de los datos de prueba, ya que sólo se analiza la legalidad de la ponderación que se hizo, a efecto de corroborar si se ajustó o no a los principios que rigen el debido proceso legal, y constatar que no se hubieran alterado los hechos, que no exista infracción a las reglas fundamentales de la lógica, a los conocimientos científicos y a las máximas de la experiencia." Entonces, lo asentado permite establecer, que como acertadamente lo sostuvo el juez responsable, los datos de prueba aportados por el representante social, acreditan la realización de los hechos que la ley señala como delitos por los que se dictó el auto de vinculación a proceso. En efecto, la realización de los hechos quedó acreditada puesto que de los indicios que arrojan los datos de prueba que relató la representación social permiten sostener que el imputado aquí quejoso tuvo dentro de su radio de acción y ámbito de disponibilidad inmediata los artefactos bélicos. Conductas realizadas sin pertenecer a esos institutos armados, ni contar con permiso de la Secretaría de la Defensa Nacional. Además, debemos tomar en consideración que en esta etapa del juicio, la referencia al hecho ilícito es la relativa al núcleo del tipo, y que para el dictado del auto de vinculación basta que los datos de prueba arrojen la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, pues tal determinación sólo fija la materia de la investigación y el eventual juicio. De igual forma, como lo sostuvo el Juez responsable se acredita la participación del quejoso como coautor del delito, en términos del artículo 13 fracción II del Código Penal Federal, pues de conformidad con la mecánica del evento se pone de manifiesto que el imputado exteriorizó su resolución de portar y poseer los artefactos bélicos. Así, analizando la legalidad de las razones que dio el Juez responsable, se concluye que fue acertada la determinación tomada con base en los datos que aportó el Ministerio Público -que quedaron precisos con antelación-, pues con éstos es posible determinar las circunstancias de ejecución del evento delictivo y posibilidad de que el quejoso los cometió. De ahí que, como ya se mencionó, en esta etapa del juicio oral, únicamente se señalan los datos de prueba que obran en la carpeta de investigación para solicitar la vinculación a proceso, con un estándar probatorio mínimo. Además, el artículo 359 del Código Nacional de Procedimientos Penales, confiere al juzgador la facultad de asignar con base en su prudente arbitrio el valor que corresponde a cada prueba, de manera libre y lógica, exponiendo las razones de ello, y en el caso la ponderación que realizó el juzgador de los datos de prueba se considera acertada, pues de dicho informe se obtienen los pormenores en que se aseguró al implicado y artefactos que poseía y portaba. En cuanto a las posibles inconsistencias del informe policial homologado que hace valer con las entrevistas de los elementos aprehensores, es de mencionar que todo ello será motivo de análisis en la etapa de juicio, en que se valoran los datos, como medios de prueba, momento en que se exigirá de la existencia de pruebas plenas para sostener la culpabilidad del imputado. Aunado a lo anterior, es de mencionar que no es posible a través de este amparo efectuar el análisis respecto de tales inconsistencias, pues ello sería sustituir la función encomendada al juez de instancia, lo que no está permitido; además analizando los datos aportados por el Ministerio Público y las razones que dio el Juez de Distrito, se concluye que fue acertada la determinación tomada, ya que la información que se obtiene del mismo permite determinar las circunstancias de ejecución del evento delictivo y posibilidad de que el quejoso participó en su comisión. Se invoca a lo anterior el criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la ejecutoria de voz y contenido siguientes: "VINCULACIÓN A PROCESO. LOS JUECES DE AMPARO NO PUEDEN SUSTITUIR AL JUEZ DE CONTROL EN LA PONDERACIÓN DE LOS DATOS DE PRUEBA INCORPORADOS POR EL IMPUTADO O SU DEFENSA, EN EL PLAZO CONSTITUCIONAL O SU DUPLICIDAD, SIN EMBARGO, SÍ PUEDEN ANALIZAR LA LEGALIDAD DE SU EJERCICIO DE PONDERACIÓN. Los Tribunales Colegiados que participaron en la contradicción de tesis conocieron, en los correspondientes recursos de revisión, de casos en los que sendos imputados, por conducto de su defensa, incorporaron respectivamente en el plazo constitucional y su duplicidad, datos de prueba para que fueran considerados por el Juez de Control al resolver sobre su vinculación a proceso; sin embargo, sostuvieron criterios opuestos, pues uno de ellos determinó, implícitamente, que la autoridad de amparo en primera instancia podía sustituir al Juez de Control en la ponderación de los datos de prueba; mientras que el otro concluyó que ello correspondía al Juez de Control, pero en la etapa intermedia. Sobre tal cuestión, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que los Jueces de amparo no pueden sustituir al Juez de Control en la ponderación de los datos de prueba incorporados por el imputado o su defensa, en el plazo constitucional o su duplicidad; sin embargo, sí pueden analizar la legalidad del ejercicio de ponderación que aquél realiza. Ello debido a que el Juez de Control, para resolver sobre la vinculación a proceso, debe ponderar los datos de prueba que incorpore el imputado o su defensa, durante el plazo constitucional de setenta y dos horas o en su ampliación, en contradicción con los expuestos por el Ministerio Público, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 314 y 315 del Código Nacional de Procedimientos Penales; facultad que es exclusiva de las autoridades de instancia y, por tanto, no pueden ejercerla los Jueces constitucionales. No obstante, ello no implica que no puedan revisar el juicio de ponderación de los datos de prueba que se realiza; es decir, la legalidad y constitucionalidad del acto reclamado, no del dato de prueba en sí, pues su análisis se circunscribe única y exclusivamente a la valoración del juicio de prueba que llevó a cabo el Juez de Control, y resolver sobre la constitucionalidad de su determinación. Ejercicio que no implica que se sustituya al Juez natural en la apreciación de los datos de prueba, ya que sólo se analiza la legalidad de la ponderación que se hizo, a efecto de corroborar si se ajustó o no a los principios que rigen el debido proceso legal, y constatar que no se hubieran alterado los hechos, que no exista infracción a las reglas fundamentales de la lógica, a los conocimientos científicos y a las máximas de la experiencia." Ahora, la carga probatoria corresponde al Agente del Ministerio Público, conforme al artículo 20, apartado A, fracciones V y X, de la Constitución Federal. En el particular, la responsable para vincular a proceso al imputado atendió a los datos de prueba que anunció la representación social, y los indicios que arrojaron resultan suficientes en esta etapa del proceso para arribar a dicha determinación. Por tanto, al haber cumplido la fiscalía con la carga de la prueba, contrario a lo que aduce la parte quejosa, la determinación reclamada, no vulnera el principio de presunción de inocencia, recogido en el artículo 20, inciso B, fracción I, de la Constitución Política, ni el principio in dubio pro reo que forma parte de ese derecho fundamental. Además, recordemos que para vincular a proceso a un imputado no se requieren pruebas plenas que demuestren más allá de toda duda razonable la existencia de un hecho que la ley señale como delito, así como que la persona implicada lo cometió o participó en su comisión, como sí sería necesario al dictar la sentencia definitiva en la etapa de juicio. De ahí que, en este momento no hay base para dudar de la veracidad de lo que se asienta en el informe policial homologado, y toda vez que en el nuevo sistema de justicia oral, no es necesario que existan pruebas formalizadas, sino únicamente datos que establezcan el delito que se imputa, el lugar, tiempo, las circunstancias de ejecución y que exista probabilidad de que aquel lo cometió o participó en su ejecución, lo que en la especie aconteció, por lo que se arriba a la conclusión que correctamente el Juez de Distrito responsable dictó auto de vinculación a proceso al determinar la comisión de los hechos con apariencia de delitos, así como la presunción de que el aquí quejoso lo cometió. Es aplicable al particular, la tesis de jurisprudencia emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, de voz y contenido siguientes: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EL JUEZ DE GARANTÍA, EL TRIBUNAL DE APELACIÓN, LOS JUECES DE DISTRITO Y LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO, AL MOMENTO DE DICTARLO O ANALIZARLO, ÚNICAMENTE DEBEN ATENDER A LOS DATOS DE INVESTIGACIÓN QUE REFIERA EL MINISTERIO PÚBLICO EN LA AUDIENCIA RELATIVA Y A LAS PRUEBAS QUE SE DESAHOGUEN EN ELLA, SIEMPRE QUE NO SE ESTÉ EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS DE EXCEPCIÓN (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA). Conforme al nuevo sistema de justicia penal acusatorio adversarial, para el dictado del auto de vinculación a proceso sólo debe atenderse a los datos que establezcan que se cometió un hecho señalado por la ley como delito y exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión, lo cual debe atenderse por el Juez de Garantía y, en su caso, analizarse por el tribunal de apelación, los Jueces de Distrito y los Tribunales Colegiados de Circuito, esto es, aquella determinación debe dictarse y/o analizarse únicamente con base en los datos de investigación que refiera el Ministerio Público en la audiencia de vinculación a proceso y las pruebas que se desahoguen en ella, siempre que no se esté en alguno de los supuestos de excepción en donde esos datos se formalizan, como lo son, la etapa preliminar, el reconocimiento de personas, la declaración ministerial del imputado y el anticipo de prueba, previstos en los artículos 262, 298 y 267 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, respectivamente." Debe destacarse que el auto de vinculación a proceso, no significa el fin de la investigación, por el contrario, la misma va a continuar pero de una manera formalizada o judicializada, ya con una litis determinada; es decir, las partes pueden continuar reuniendo más elementos de convicción. Dicho de otro modo, con la vinculación a proceso sólo se fija la materia a que se constreñirá la investigación por parte de la Fiscalía, dentro del plazo que fijó la Juez. Por los motivos expuestos, se determina que el proceder del Juez responsable, no conculca derechos fundamentales del quejoso Enrique Buenavida López, de ahí lo infundado de los conceptos de violación formulados. Respecto a la versión escrita de las resoluciones adoptadas en la audiencia de veintiocho de octubre de dos mil veintidós. Por lo que ve a dicho acto reclamado, en su concepto de violación, la parte quejosa esencialmente reclama que dicha versión escrita carece de fundamentación y motivación. Ese motivo de disenso es infundado. En efecto, el artículo 67, párrafo segundo, fracción IV, del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece taxativamente que deben constar por escrito, después de su emisión oral, entre otras resoluciones, la de vinculación a proceso, de manera que no se justifica prescindir de la versión escrita del auto de vinculación a proceso. En el caso concreto, obra en autos dicha versión escrita, misma que de su contenido es posible advertir que no excede el alcance de la emitida oralmente, pues de ella se obtienen citados los preceptos que le dan legalidad; asimismo, desarrollada conforme a los siguientes puntos: el PRIMERO es relativo a la Detención; el SEGUNDO al Plazo constitucional de retención ministerial, el TERCERO fue titulado como Requisito de procedibilidad respecto a la determinación de la calificación de la legal detención. Luego, en diverso apartado se aprecian la resolución de vinculación a proceso, conforme a los datos de prueba ahí enunciados; asimismo, se aprecia la determinación de no existir causas de extinción de la acción penal o excluyente de los delitos, también sobre la medida cautelar, y el plazo de cierre de la investigación, entre otra relativa a la vista a la fiscalía correspondiente para llevar a cabo la investigación correspondiente, respecto a la posible falta administrativa o de orden penal, respecto de los malos tratos o posibles actos de tortura que adujo el imputado haber sufrido, así como la omisión en la elaboración inmediata del Registro Nacional de Detención. No resta mencionar que, en la última parte de dicha versión escrita, se hizo la precisión relativa a que las decisiones judiciales hechas constar, en conjunto con su esquema de motivación y fundamentación que las sustentan con mayor puntualización, se encuentran respaldadas en el registro de audio y video atinente a la audiencia de veintiocho de octubre de dos mil veintidós, la que este órgano jurisdiccional convalida; por lo que, al ser de esta manera, se estima que el Juez de Control, no infringió las formalidades esenciales del procedimiento; de ahí lo infundado del concepto de violación formulado. Por tanto, al no advertir deficiencia que suplir en favor del quejoso, lo procedente es negar el amparo y protección de la justicia federal. Por lo expuesto y fundado se, RESUELVE ÚNICO. La Justica de la Unión no ampara ni protege a Enrique Buenavida López, contra los actos reclamados y autoridad responsable precisados en el considerando primero; y, por los motivos expuestos en el considerando quinto de esta resolución. Notifíquese personalmente y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo resolvió y firma electrónicamente el treinta de diciembre de dos mil veintidós, en que concluyó la emisión del fallo, Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la persona secretaria Frenette Aronny Rodríguez García.

  3. Incidental

    Por tanto, con apoyo en el artículo 146 fracción IV, de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. Se NIEGA la suspensión definitiva solicitada por Enrique Buenavida López, conforme a los términos del considerando quinto de esta resolución. SEGUNDO. Se CONCEDE la suspensión definitiva solicitada por Enrique Buenavida López, conforme a los términos del considerando sexto de esta resolución. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo resolvió y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también la secretaria Mayra Stephany Medel Hernández.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, cinco de diciembre de dos mil veintidós. 1. Se reciben alegatos. Incorpórese al sumario el pedimento suscrito por la Fiscal de la Federación adscrita a este Juzgado; en atención a su contenido, formula alegatos que a esa representación social corresponden, los cuales podrán ser tomados en consideración en el momento procesal oportuno. 1.1. Solicita copias. Asimismo, solicita se le expidan copias simples de la sentencia que se emita en este expediente; al respecto, dígasele que una vez que ello acontezca, se le hará la entrega de las copias solicitadas. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la persona secretaria Mayra Stephany Medel Hernández.

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