Enrique Álvarez Núñez

Expediente 370/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 6 actuaciones registradas, la última del 25 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
370/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
25/05/2023

Partes del expediente

  • Enrique Álvarez Núñez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veinticinco de mayo de dos mil veintitrés. 1. Estado procesal. Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, de donde se advierte que las partes no interpusieron recurso de revisión, dentro del término legal, contra la sentencia dicta por este juzgado en la que se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma causó ejecutoria. Sin que en el caso sea necesario realizar el cómputo relativo a la presentación del recurso por lo que ve a la autoridad responsable, pues como se advierte de los párrafos que preceden, se negó el amparo en el juicio en que se actúa, por tanto no le depara perjuicio alguno, por lo que carecen de legitimación para recurrirla, en términos del artículo 87 de la Ley de Amparo. 2. Orden de archivo y se reserva envío físico del expediente al archivo. Se ordena el archivo de este expediente, el cual, una vez que se integren al expediente físico todas y cada una de las constancias que se acordaron y las que forman parte del expediente electrónico para lo cual se instruye a la secretaria encargada del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá remitirse físicamente el presente asunto al ARCHIVO DEFINITIVO, previa su anotación correspondiente en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 3. Valoración. En términos del artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN. Por tanto, con apoyo en los artículos 18, una vez que transcurra el plazo de tres años, dentro de los treinta días siguientes, deberá depurarse el presente juicio de amparo, conforme a lo establecido en los referidos numerales; hecho lo anterior, transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los Libros de Gobierno, tal y como lo dispone el artículo 27 del acuerdo normativo. De conformidad con el natural 35 del multicitado acuerdo, hágase constar en la carátula del expediente relativo, la valoración correspondiente. 4. Devolución de constancias. En atención a que resulta innecesario conservar el tomo de prueba que se formó con las constancias que adjuntó a su informe justificado el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en esta ciudad, se ordena su devolución en dos tomos de pruebas, sin que sea necesario acusar de recibo puesto que el sello de recepción produce los mismos efectos. 5. Documentos originales. Finalmente, hágase saber a las partes que para el caso de que hayan exhibido documentos originales que obren en el expediente, contarán con el plazo de noventa días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos, apercibidos de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria Maira Flor López Valencia.

  2. Principal

    VISTOS los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 370/2023, promovido por ********************, por conducto de su apoderado jurídico, por alegada violación de los artículos 14 y 17 de la Constitución Federal, atribuida al juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Morelia, Michoacán, este órgano jurisdiccional ha decidido: NEGAR EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA DE LA UNIÓN Lo anterior al tenor de las siguientes CONSIDERACIONES: PRIMERO. Precisión de la norma general, acto u omisión reclamada. Del estudio integral de la demanda, se advierte que la parte quejosa reclama del juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Morelia, Michoacán, lo siguiente: El auto emitido el uno de marzo de dos mil veintitrés, en el juicio ordinario civil 363/2021, sobre reconocimiento de calidad de asociado y otras prestaciones, iniciado por ******************** frente a Sitio Las Américas, asociación civil, que en etapa de ejecución de sentencia negó reconocer el carácter de tercero coadyuvante a la Comisión Coordinadora de Transporte Público de Michoacán (COCOTRA), a fin de que constriña a la parte demandada vencida a cumplir con la sentencia ejecutoria. SEGUNDO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer de este juicio, conforme lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; 49 y 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General Número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que se reclama una determinación declarativa carente de ejecución material y la autoridad que la dictó reside en Morelia, Michoacán, territorio en que este órgano judicial ejerce jurisdicción. TERCERO. Norma general, acto u omisión cuya existencia sí quedó acreditada. Es cierto el acto reclamado al juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Morelia, Michoacán, ya que así lo aceptó al rendir su informe justificado, lo que se corrobora con las copias certificadas del juicio ordinario civil 363/2021, que remitió en apoyo al mismo, del cual se advierte el auto de uno de marzo de dos mil veintitrés, reclamado. Elemento de juicio que cuenta con valor probatorio pleno, al ser copia autorizada emitida por funcionario público en ejercicio de sus atribuciones, de conformidad con los dispositivos 129, 130, 197 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. CUARTO. Causales de improcedencia. De conformidad con el estudio oficioso que exige realizar el artículo 62 de la Ley de Amparo, no se advierte actualizada alguna causal de improcedencia, tampoco fueron hechas valer por las partes. QUINTO. Conceptos de violación. Los motivos de inconformidad son los que se contienen en la demanda y no se transcriben al no existir disposición que obligue a ello. SEXTO. Antecedentes del acto reclamado. Se precisan los antecedentes destacados del juicio de origen. El ocho de diciembre de dos mil veintiuno, el juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Morelia, Michoacán, dictó sentencia definitiva en el juicio ordinario civil 363/2021, al tenor de los siguientes puntos resolutivos: "PRIMERO. Ha quedado surtida la competencia de este órgano jurisdiccional para conocer y fallar en definitiva el presente juicio. SEGUNDO. El actor ********************, por su propio derecho, justificó los hechos constitutivos de su demanda, por lo que se declara procedente la acción que en la vía ordinaria civil, sobre reconocimiento de calidad de asociado y otras prestaciones, promovió por su propio derecho, en contra de la moral denominada Sitio Las Américas, asociación civil, representada legalmente por su presidente Pedro Cruz Silva, a quien no le prosperaron sus defensas y excepciones; en consecuencia, TERCERO. Se condena a la expresada impetrada al reconocimiento de calidad de socio de ********************, en la organización denominada Sitio Las Américas, asociación civil y su incorporación en el padrón de asociados, en acta de asamblea correspondiente; concediéndose a la enjuiciada de referencia, el término legal de 3 tres días que refiere el artículo 726, del Código Adjetivo Civil de la Entidad, una vez que este fallo cause ejecutoria, para que cumpla voluntariamente con las prestaciones a que resultó condenada, bajo el apercibimiento que de no hacerlo se procederá a su ejecución forzosa. [.]" Inconforme con dicha determinación, Sitio Las Américas, asociación civil, interpuso recurso de apelación, del cual correspondió conocer al magistrado de la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, quien lo registró con el número I-40/2021 y en resolución de veinticinco de febrero de dos mil veintidós, determinó confirmar la sentencia rebatida. Contra dicha determinación la apelante promovió juicio de amparo directo, del cual conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, registrado con el número 253/2022, cuyos magistrados integrantes en sesión de veintisiete de octubre de dos mil veintidós, negaron a Sitio Las Américas, asociación civil, la protección de la justicia federal solicitada. Mediante proveídos de tres y treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, dictados en el juicio de origen, el juez responsable a petición de la parte vencedora, requirió a la Comisión Coordinadora de Transporte Público de Michoacán (COCOTRA), en calidad de tercero coadyuvante, a fin de que por conducto de su coordinador constriñera a la parte condenada Sitio Las Américas, asociación civil, a cumplir con la sentencia ejecutoria, al ser el ente encargado de vigilar el cumplimiento de las condiciones que establecen las concesiones y permisos emergentes y determinar, en su caso, la revocación, suspensión y cancelación que proceda en términos de su Ley y Reglamento. En respuesta al último requerimiento, el jefe de departamento de Amparos y Procesos Administrativos de la Comisión Coordinadora del Transporte Público del Estado de Michoacán, mediante oficio CCT-DAJ-469/2022, de nueve de septiembre del año pasado, expresó que no se encuentra facultado para revocar o cancelar concesiones, salvo en los supuestos del artículo 44 de la Ley de Comunicaciones y Transportes de esta entidad federativa, así, que no existe una causa administrativa con la cual pueda justificar imponer dicha sanción contra Sitio Las Américas, asociación civil. Dijo además que los juzgadores se encuentran dotados de herramientas propias coactivas para hacer cumplir sus determinaciones. Comunicado que el juez de origen tuvo recibido en auto de catorce de septiembre de dos mil veintidós, quedando enterado de su contenido. Mediante escrito presentado el veintisiete de febrero del año en curso, el apoderado jurídico de la parte actora, solicitó al juez responsable que requiriera a la Comisión Coordinadora del Transporte Público del Estado de Michoacán, en calidad de tercero coadyuvante, a fin de que constriñera a la parte vencida a cumplir con la sentencia ejecutoria. En respuesta a dicha petición, en acuerdo de uno de marzo de dos mil veintitrés, el juez de origen calificó improcedente la petición porque la Comisión Coordinadora del Transporte Público del Estado de Michoacán, no se encuentra facultada ni obligada a relacionarse institucionalmente con la vida corporativa de aquellas personas jurídicas que con motivo del servicio de transporte público sean creadas, por lo que no se encuentra facultada a revocar o cancelar concesiones, salvo en los casos legalmente establecidos en el numeral 44 de la Ley de Comunicaciones y Transportes del Estado de Michoacán. SÉPTIMO. Estudio de la constitucionalidad de la norma, acto u omisión reclamada. Es infundado el concepto de violación. La parte quejosa expresa que el auto combatido viola sus derechos contenidos en los numerales 14 y 16 de la Constitución Federal porque el juez responsable no dicta determinaciones adecuadas para que se cumpla la sentencia ejecutoria al negar requerir a la Comisión Coordinadora del Transporte Público del Estado de Michoacán, en calidad de tercero coadyuvante, para que esta a su vez constriña a la parte vencida en el juicio de origen a cumplir con los efectos de la sentencia ejecutoria, ya que dicho ente goza de fuerza y facultades frente a sus concesionarios en términos de los artículos 1.1, 1.2, 1.2.1, 10, fracción XI y demás aplicables de su Reglamento Interior. Motivo de disenso infundado. El punto de toque consiste en determinar si la figura de tercero coadyuvante se actualiza en etapa de ejecución o bien, únicamente opera durante el trámite del juicio. Dicha institución únicamente sirve de apoyo al juez en el trámite del litigio, no así en etapa de ejecución. Se explica, la institución de tercero coadyuvante, en tratándose de procedimientos instaurados en la vía civil de primera instancia, tiene su fundamento legal en el artículo 355 del código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán, el cual dispone que los terceros se encuentran obligados en todo tiempo a prestar auxilio a los tribunales en la averiguación de la verdad. Lo cual implica que dicha figura opera únicamente durante la tramitación de los juicios, para apoyar al juzgador a dictar una resolución apegada a la realidad, exhibiendo los documentos y cosas que tengan en su poder, cuando para ello fueran requeridos, esto es, que aporten algún elemento de prueba, con los que se permita dilucidar cierta cuestión de la litis planteada. Por tanto, en dicho momento procesal, los tribunales se encuentran facultados y tienen el deber de compeler a los terceros, mediante los medios de apremio que estimen más eficaces, para que cumplan con dicha obligación, o bien, de forma fundada y motivada expresen su oposición. Finalmente, contempla los casos de excepción a terceros, como es, ascendientes, descendientes, cónyuge y personas que deben guardar secreto profesional, en tratándose de asuntos en que se pretenda acreditar algún hecho contra la parte que están relacionados. Lo que pone de manifiesto, que el tercero coadyuvante no opera en ejecución de sentencias en materia del fuero común civil, pues su actuar se encuentra reservado a fungir como apoyo del juzgador para allegarse de la verdad jurídica. Por ello, la Comisión Coordinadora del Transporte Público del Estado de Michoacán, no se encuentra compelida a dictar medidas tendentes a que Sitio Las Américas, asociación civil, acate la sentencia ejecutoria que impera en el juicio subyacente, menos aún a revocar o cancelar concesiones en su contra, como medida de sanción por su contumacia. Pues en todo caso, para ello, el juez tiene a su alcance los medios de apremio contemplados en la codificación adjetiva civil del Estado, para hacer cumplir sus determinaciones, no así diversas instituciones o particulares que no son parte del litigio. Menos aún, si con ello, se pretende que modifiquen situaciones jurídicas que se encuentran reservadas a las autoridades competentes, en salvaguarda del derecho de audiencia, de conformidad con el numeral 16 de la Constitución Federal. Sirve de sustento, por analogía, la tesis 1a. XXVIII/2018 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 52, Marzo de 2018, Tomo I, página 1106, de registro digital 2016489, de contenido literal: "TERCERÍA COADYUVANTE. SU NATURALEZA JURÍDICA. Del artículo 1365 del Código de Comercio, se advierte que las tercerías coadyuvantes producen el efecto de asociar a quien las interpone, con la parte en cuyo derecho coadyuva, a fin de que el juicio continúe según el estado en que se encuentra, y se sustancie hasta las ulteriores diligencias con el tercero y el coadyuvado. Conforme a ello, el tercero coadyuvante tiene un interés legítimo propio en un conflicto ajeno, por lo que no puede considerársele parte dentro del proceso, en tanto: a) no le asiste el carácter de actor ni demandado; b) con su intervención no da origen a ningún nuevo proceso; c) dicha adhesión no se homologa a la presentación de la demanda; y, d) no sigue un pleito propio sino el de otra persona. En ese sentido, las tercerías coadyuvantes tienen como finalidad auxiliar la pretensión del demandante o del demandado, las cuales pueden oponerse en cualquier juicio, independientemente del estado en que se encuentra, siempre y cuando no se haya pronunciado sentencia ejecutoria." Criterio que se cita, en virtud de que el artículo empleado en dicha tesis y el contenido del precepto legal 355 del código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán, guardan similitud. En ese tenor, al calificarse infundado el motivo de inconformidad, por los motivos y fundamentos expuestos, se niega el Amparo y Protección de la Justicia Federal solicitado por ******************** respecto del acto reclamado al juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Morelia, Michoacán. Finalmente, no pasa inadvertido el alegato formulado por la agente del Ministerio Público de la adscripción; sin embargo, este órgano de control constitucional se abstiene de realizar pronunciamiento al respecto, porque la litis en el juicio de amparo se constriñe a lo expuesto en la demanda de amparo, el informe justificado y los datos observados de las constancias del acto o procedimiento de origen. Por expuesto y fundado, se RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ******************** contra el acto reclamado al juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Morelia, Michoacán, por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando séptimo. Notifíquese personalmente y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo resolvió y firma electrónicamente el día de hoy veintiocho de abril de dos mil veintitrés, en que concluyó la emisión del fallo, Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria Citlali Linda Fraga Salcedo.

  3. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE TERCERA INTERESADA SITIO LAS AMERICAS A.C., LA DETERMINACION DE VEINTIOCHO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS, TODA VEZ QUE NO COMPARECIÓ ANTE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO OBSTANTE HABERLE DEJADO EL CITATORIO/AVISO RESPECTIVO, EN EL DOMICILIO SEÑALADO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES EN ESTA CIUDAD, CUYO CONTENIDO ES EL SIGUIENTE: VISTOS los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 370/2023, promovido por ********************, por conducto de su apoderado jurídico, por alegada violación de los artículos 14 y 17 de la Constitución Federal, atribuida al juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Morelia, Michoacán, este órgano jurisdiccional ha decidido: NEGAR EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA DE LA UNIÓN Lo anterior al tenor de las siguientes CONSIDERACIONES: PRIMERO. Precisión de la norma general, acto u omisión reclamada. Del estudio integral de la demanda, se advierte que la parte quejosa reclama del juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Morelia, Michoacán, lo siguiente: El auto emitido el uno de marzo de dos mil veintitrés, en el juicio ordinario civil 363/2021, sobre reconocimiento de calidad de asociado y otras prestaciones, iniciado por ******************** frente a Sitio Las Américas, asociación civil, que en etapa de ejecución de sentencia negó reconocer el carácter de tercero coadyuvante a la Comisión Coordinadora de Transporte Público de Michoacán (COCOTRA), a fin de que constriña a la parte demandada vencida a cumplir con la sentencia ejecutoria. SEGUNDO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer de este juicio, conforme lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; 49 y 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General Número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que se reclama una determinación declarativa carente de ejecución material y la autoridad que la dictó reside en Morelia, Michoacán, territorio en que este órgano judicial ejerce jurisdicción. TERCERO. Norma general, acto u omisión cuya existencia sí quedó acreditada. Es cierto el acto reclamado al juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Morelia, Michoacán, ya que así lo aceptó al rendir su informe justificado, lo que se corrobora con las copias certificadas del juicio ordinario civil 363/2021, que remitió en apoyo al mismo, del cual se advierte el auto de uno de marzo de dos mil veintitrés, reclamado. Elemento de juicio que cuenta con valor probatorio pleno, al ser copia autorizada emitida por funcionario público en ejercicio de sus atribuciones, de conformidad con los dispositivos 129, 130, 197 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. CUARTO. Causales de improcedencia. De conformidad con el estudio oficioso que exige realizar el artículo 62 de la Ley de Amparo, no se advierte actualizada alguna causal de improcedencia, tampoco fueron hechas valer por las partes. QUINTO. Conceptos de violación. Los motivos de inconformidad son los que se contienen en la demanda y no se transcriben al no existir disposición que obligue a ello. SEXTO. Antecedentes del acto reclamado. Se precisan los antecedentes destacados del juicio de origen. El ocho de diciembre de dos mil veintiuno, el juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Morelia, Michoacán, dictó sentencia definitiva en el juicio ordinario civil 363/2021, al tenor de los siguientes puntos resolutivos: "PRIMERO. Ha quedado surtida la competencia de este órgano jurisdiccional para conocer y fallar en definitiva el presente juicio. SEGUNDO. El actor ********************, por su propio derecho, justificó los hechos constitutivos de su demanda, por lo que se declara procedente la acción que en la vía ordinaria civil, sobre reconocimiento de calidad de asociado y otras prestaciones, promovió por su propio derecho, en contra de la moral denominada Sitio Las Américas, asociación civil, representada legalmente por su presidente Pedro Cruz Silva, a quien no le prosperaron sus defensas y excepciones; en consecuencia, TERCERO. Se condena a la expresada impetrada al reconocimiento de calidad de socio de ********************, en la organización denominada Sitio Las Américas, asociación civil y su incorporación en el padrón de asociados, en acta de asamblea correspondiente; concediéndose a la enjuiciada de referencia, el término legal de 3 tres días que refiere el artículo 726, del Código Adjetivo Civil de la Entidad, una vez que este fallo cause ejecutoria, para que cumpla voluntariamente con las prestaciones a que resultó condenada, bajo el apercibimiento que de no hacerlo se procederá a su ejecución forzosa. [.]" Inconforme con dicha determinación, Sitio Las Américas, asociación civil, interpuso recurso de apelación, del cual correspondió conocer al magistrado de la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, quien lo registró con el número I-40/2021 y en resolución de veinticinco de febrero de dos mil veintidós, determinó confirmar la sentencia rebatida. Contra dicha determinación la apelante promovió juicio de amparo directo, del cual conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, registrado con el número 253/2022, cuyos magistrados integrantes en sesión de veintisiete de octubre de dos mil veintidós, negaron a Sitio Las Américas, asociación civil, la protección de la justicia federal solicitada. Mediante proveídos de tres y treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, dictados en el juicio de origen, el juez responsable a petición de la parte vencedora, requirió a la Comisión Coordinadora de Transporte Público de Michoacán (COCOTRA), en calidad de tercero coadyuvante, a fin de que por conducto de su coordinador constriñera a la parte condenada Sitio Las Américas, asociación civil, a cumplir con la sentencia ejecutoria, al ser el ente encargado de vigilar el cumplimiento de las condiciones que establecen las concesiones y permisos emergentes y determinar, en su caso, la revocación, suspensión y cancelación que proceda en términos de su Ley y Reglamento. En respuesta al último requerimiento, el jefe de departamento de Amparos y Procesos Administrativos de la Comisión Coordinadora del Transporte Público del Estado de Michoacán, mediante oficio CCT-DAJ-469/2022, de nueve de septiembre del año pasado, expresó que no se encuentra facultado para revocar o cancelar concesiones, salvo en los supuestos del artículo 44 de la Ley de Comunicaciones y Transportes de esta entidad federativa, así, que no existe una causa administrativa con la cual pueda justificar imponer dicha sanción contra Sitio Las Américas, asociación civil. Dijo además que los juzgadores se encuentran dotados de herramientas propias coactivas para hacer cumplir sus determinaciones. Comunicado que el juez de origen tuvo recibido en auto de catorce de septiembre de dos mil veintidós, quedando enterado de su contenido. Mediante escrito presentado el veintisiete de febrero del año en curso, el apoderado jurídico de la parte actora, solicitó al juez responsable que requiriera a la Comisión Coordinadora del Transporte Público del Estado de Michoacán, en calidad de tercero coadyuvante, a fin de que constriñera a la parte vencida a cumplir con la sentencia ejecutoria. En respuesta a dicha petición, en acuerdo de uno de marzo de dos mil veintitrés, el juez de origen calificó improcedente la petición porque la Comisión Coordinadora del Transporte Público del Estado de Michoacán, no se encuentra facultada ni obligada a relacionarse institucionalmente con la vida corporativa de aquellas personas jurídicas que con motivo del servicio de transporte público sean creadas, por lo que no se encuentra facultada a revocar o cancelar concesiones, salvo en los casos legalmente establecidos en el numeral 44 de la Ley de Comunicaciones y Transportes del Estado de Michoacán. SÉPTIMO. Estudio de la constitucionalidad de la norma, acto u omisión reclamada. Es infundado el concepto de violación. La parte quejosa expresa que el auto combatido viola sus derechos contenidos en los numerales 14 y 16 de la Constitución Federal porque el juez responsable no dicta determinaciones adecuadas para que se cumpla la sentencia ejecutoria al negar requerir a la Comisión Coordinadora del Transporte Público del Estado de Michoacán, en calidad de tercero coadyuvante, para que esta a su vez constriña a la parte vencida en el juicio de origen a cumplir con los efectos de la sentencia ejecutoria, ya que dicho ente goza de fuerza y facultades frente a sus concesionarios en términos de los artículos 1.1, 1.2, 1.2.1, 10, fracción XI y demás aplicables de su Reglamento Interior. Motivo de disenso infundado. El punto de toque consiste en determinar si la figura de tercero coadyuvante se actualiza en etapa de ejecución o bien, únicamente opera durante el trámite del juicio. Dicha institución únicamente sirve de apoyo al juez en el trámite del litigio, no así en etapa de ejecución. Se explica, la institución de tercero coadyuvante, en tratándose de procedimientos instaurados en la vía civil de primera instancia, tiene su fundamento legal en el artículo 355 del código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán, el cual dispone que los terceros se encuentran obligados en todo tiempo a prestar auxilio a los tribunales en la averiguación de la verdad. Lo cual implica que dicha figura opera únicamente durante la tramitación de los juicios, para apoyar al juzgador a dictar una resolución apegada a la realidad, exhibiendo los documentos y cosas que tengan en su poder, cuando para ello fueran requeridos, esto es, que aporten algún elemento de prueba, con los que se permita dilucidar cierta cuestión de la litis planteada. Por tanto, en dicho momento procesal, los tribunales se encuentran facultados y tienen el deber de compeler a los terceros, mediante los medios de apremio que estimen más eficaces, para que cumplan con dicha obligación, o bien, de forma fundada y motivada expresen su oposición. Finalmente, contempla los casos de excepción a terceros, como es, ascendientes, descendientes, cónyuge y personas que deben guardar secreto profesional, en tratándose de asuntos en que se pretenda acreditar algún hecho contra la parte que están relacionados. Lo que pone de manifiesto, que el tercero coadyuvante no opera en ejecución de sentencias en materia del fuero común civil, pues su actuar se encuentra reservado a fungir como apoyo del juzgador para allegarse de la verdad jurídica. Por ello, la Comisión Coordinadora del Transporte Público del Estado de Michoacán, no se encuentra compelida a dictar medidas tendentes a que Sitio Las Américas, asociación civil, acate la sentencia ejecutoria que impera en el juicio subyacente, menos aún a revocar o cancelar concesiones en su contra, como medida de sanción por su contumacia. Pues en todo caso, para ello, el juez tiene a su alcance los medios de apremio contemplados en la codificación adjetiva civil del Estado, para hacer cumplir sus determinaciones, no así diversas instituciones o particulares que no son parte del litigio. Menos aún, si con ello, se pretende que modifiquen situaciones jurídicas que se encuentran reservadas a las autoridades competentes, en salvaguarda del derecho de audiencia, de conformidad con el numeral 16 de la Constitución Federal. Sirve de sustento, por analogía, la tesis 1a. XXVIII/2018 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 52, Marzo de 2018, Tomo I, página 1106, de registro digital 2016489, de contenido literal: "TERCERÍA COADYUVANTE. SU NATURALEZA JURÍDICA. Del artículo 1365 del Código de Comercio, se advierte que las tercerías coadyuvantes producen el efecto de asociar a quien las interpone, con la parte en cuyo derecho coadyuva, a fin de que el juicio continúe según el estado en que se encuentra, y se sustancie hasta las ulteriores diligencias con el tercero y el coadyuvado. Conforme a ello, el tercero coadyuvante tiene un interés legítimo propio en un conflicto ajeno, por lo que no puede considerársele parte dentro del proceso, en tanto: a) no le asiste el carácter de actor ni demandado; b) con su intervención no da origen a ningún nuevo proceso; c) dicha adhesión no se homologa a la presentación de la demanda; y, d) no sigue un pleito propio sino el de otra persona. En ese sentido, las tercerías coadyuvantes tienen como finalidad auxiliar la pretensión del demandante o del demandado, las cuales pueden oponerse en cualquier juicio, independientemente del estado en que se encuentra, siempre y cuando no se haya pronunciado sentencia ejecutoria." Criterio que se cita, en virtud de que el artículo empleado en dicha tesis y el contenido del precepto legal 355 del código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán, guardan similitud. En ese tenor, al calificarse infundado el motivo de inconformidad, por los motivos y fundamentos expuestos, se niega el Amparo y Protección de la Justicia Federal solicitado por ******************** respecto del acto reclamado al juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Morelia, Michoacán. Finalmente, no pasa inadvertido el alegato formulado por la agente del Ministerio Público de la adscripción; sin embargo, este órgano de control constitucional se abstiene de realizar pronunciamiento al respecto, porque la litis en el juicio de amparo se constriñe a lo expuesto en la demanda de amparo, el informe justificado y los datos observados de las constancias del acto o procedimiento de origen. Por expuesto y fundado, se RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ******************** contra el acto reclamado al juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Morelia, Michoacán, por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando séptimo. Notifíquese personalmente y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo resolvió y firma electrónicamente el día de hoy veintiocho de abril de dos mil veintitrés, en que concluyó la emisión del fallo, Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria Citlali Linda Fraga Salcedo.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiséis de abril de dos mil veintitrés. 1. Comparece tercero interesado. Agréguese a los autos el ocurso presentado por Nicolás López Maldonado, mandatario jurídico de la tercera interesada "Sitio Las Américas A.C." -carácter que se le reconoce en términos del artículo 6 de la Ley de Amparo, al tenor del poder notarial que obra en el juicio de origen- atento a su contenido, de conformidad con el precepto 5°, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, téngasele compareciendo a juicio en cuanto tercero interesado. 1.1. Autorizados para oír notificaciones. Se tiene como sus autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones a Juan Luis Adame Molina, José Misael López Maldonado y Martín Tapia García, ello por así haberlo solicitado de manera expresa la parte tercera interesada. 1.2. Señala domicilio para recibir notificaciones. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de su parte para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Loma La Cortina, número ciento noventa y cuatro, fraccionamiento Loma Larga, código postal 58095, con residencia en esta ciudad. 1.3. Proporciona correo electrónico. Finalmente, se le tiene proporcionando la dirección de correo electrónico niloma73@hotmail.com, para efecto de establecer comunicación. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria Maira Flor López Valencia.

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