Enrique Estrada Estrada
Expediente 303/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 303/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 15/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Enrique Estrada Estrada
- Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales, a través de la Delegación de dicho Instituto en el Estado
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, quince de marzo de dos mil veintitrés. 1. Registro. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ********************, contra actos y omisiones del Delegado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a través de la Delegación de dicho Instituto e el Estado, con residencia en esta ciudad y otras autoridades. Previo a emitir el pronunciamiento respectivo, resulta necesario establecer que la Firma Electrónica, es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa. En el caso, la demanda se presentó electrónicamente, por lo cual le es aplicable el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte, que en sus artículos 16 y 17 a la letra dicen: "Artículo 16. Para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea será necesario que las personas interesadas cuenten con firma electrónica emitida o reconocida por el PJF a través de la Unidad en términos de lo establecido en el último párrafo del artículo 14 del presente Acuerdo General y se registren en el sistema. Para registrarse en el Portal las personas usuarias deberán: (i) indicar su nombre, correo electrónico y CURP; (ii), crear un "Nombre de Usuario" y una "Contraseña"; y (iii) vincular su Firma Electrónica al registro respectivo. El registro de cada usuaria o usuario en el sistema es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra. Artículo 17. El registro en el Portal no es obligatorio tratándose de demandas de amparo en los que se señalen como reclamados actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo. En este caso tampoco se exigirá que el archivo que contenga la demanda de amparo sea firmado electrónicamente. Sin embargo, para la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas, será necesario que las personas usuarias se registren en el Portal." Luego, como el juicio constitucional se rige por el principio de instancia de parte agraviada, es decir, la exigencia de que el gobernado a quien se afecte en su esfera de derechos por el acto de autoridad, sea quien presente el escrito de demanda de amparo en calidad de promovente, y, la única manera de que el particular inste al órgano jurisdiccional para que conozca de la contienda constitucional, es presentando la demanda firmada por el impetrante, virtud a ello, un escrito de demanda presentado sin firma (en este caso electrónica), equivale a un anónimo que no obliga al órgano jurisdiccional a realizar ningún acto procesal tendiente a darle curso legal, pues la falta de firma, en lugar de ser una deficiencia que pueda ser corregida, constituye una ausencia en la expresión de la voluntad del actor de presentar la demanda, por tal motivo al no existir instancia de parte agraviada, se considera que los actos que en la misma se combaten no afectan su interés jurídico. Así, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece la facultad de los jueces constitucionales de examinar el escrito de demanda y establece que, de encontrarse motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, supuesto que se actualiza, como se ha reiterado en la jurisprudencia, cuando el trámite del juicio no genere posibilidades probatorias de arribar a una conclusión diversa. En el presente asunto, del análisis de la demanda de amparo que nos ocupa, se advierte que el escrito de demanda carece firma autógrafa a nombre del promovente, sin embargo, como ésta fue transmitida en línea, se desprende que la misma no fue firmada electrónicamente mediante el uso de la FIREL por el quejoso ********************, tal situación se considera como la ausencia de manifestación de voluntad de instar el juicio constitucional, lo que hace improcedente el mismo. En términos del artículo 221 de la Ley de Amparo, se invoca la sentencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 100/2021, sustentada entre los Tribunales Colegiados Tercero en Materia Penal del Segundo Circuito, al resolver el recurso de queja 20/2021, y Séptimo en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver las quejas 55/2020 y 89/2020, documento divulgado el veintiuno de junio de dos mil veintidós, con el número 230/2022, en la que determinó que, aun en el contexto de la contingencia sanitaria ocasionada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), debe desecharse la demanda de amparo presentada a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación (PJF) que carezca de la firma electrónica (FIREL) del promovente, criterio que dio lugar a la jurisprudencia: "LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA DURANTE LA CONTINGENCIA SANITARIA OCASIONADA POR EL VIRUS SARS-COV2 (COVID-19), A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, DEBE DESECHARSE ANTE LA FALTA DE FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO." Asimismo, tiene aplicación la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida" Máxime, que en el presente asunto no se está en el supuesto de excepción que prevé el artículo 3, último párrafo, de la Ley de Amparo, esto es, tratándose de los actos prohibidos por los numerales 22 constitucional y 15 de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, pues como se advierte del escrito de demanda, el promovente señala como acto reclamado, la negativa u omisión de otorgarle y aplicarle el servicio de cardiología y el procedimiento de cateterismo y colocación de marca-pasos, que fue solicitado por su médico cardiólogo adscrito a la clínica de Zamora, Michoacán, desde el nueve de marzo del presente año; lo que a juicio de este Juzgador no se trata una omisión que importe peligro la privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales. No resulta óbice a lo anterior, el hecho de que el escrito presentado en línea contenga impresa firma autógrafa, por lo que, al no contener su firma electrónica no se aprecia su voluntad, es decir, no hay instancia de parte. En esas condiciones, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia referida, por lo que, SE DESECHA la demanda de amparo, promovida por ********************, contra actos del Delegado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a través de la Delegación de dicho Instituto e el Estado, con residencia en esta ciudad y otras autoridades. 8. Domicilio y autorizados. Se tiene a la parte quejosa señalando domicilio en esta ciudad para recibir notificaciones y autorizando para tal efecto a ******************** y ********************, con las facultades amplias que prevé el artículo 12 de la Ley de Amparo, dado que tiene su cédula inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, mientras que ******************** y ********************, en términos restringidos, hasta en tanto acrediten encontrarse facultados para ejercer la profesión de licenciado en derecho. Por tanto, manténganse bajo resguardo ese dato a fin de que sea utilizado como medio especial y expedito de contacto, de tal forma que solo deba acudirse físicamente este órgano jurisdiccional cuando resulte estrictamente indispensable, evitando el riesgo sanitario que representa la concentración de personas. 9. Correo electrónico y número telefónico. De igual forma se tiene proporcionado correo electrónico y número telefónico, a fin de que el personal de actuaría de este órgano jurisdiccional establezca contacto. 10. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). 11. Transparencia. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 6º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase saber a las partes que les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales; en el entendido de que, ante la falta de manifestación expresa, se publicarán las determinaciones judiciales íntegramente con las salvedades y excepciones que contempla el reglamento en cita, en relación con la información catalogada como personal, sensible o reservada, en términos de lo previsto en los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8º y 117, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese personalmente y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria Carlos Fernando Cabrera López.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintidós de marzo de dos mil veintitrés. 1. Causa ejecutoria. De la certificación de cuenta se desprende que, a la fecha, transcurrió el término legal de que disponían las partes, a fin de recurrir la sentencia definitiva dictada en el presente, en la que por un lado se sobreseyó y por otro se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, sin que lo hubieren hecho; por tanto, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2º de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. 1.1. Se requiere cumplimiento. En consecuencia, con fundamento en los artículos 192 y 258 de Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Comisión Reguladora de Energía, con residencia en la Ciudad de México, para que dentro del plazo de tres días, computado legalmente, cumpla con la sentencia de amparo, cuyos efectos se constriñen a lo siguiente: Deje insubsistente el oficio ********************de siete de junio de dos mil veintidós; Hecho lo cual, emita una respuesta por escrito, de manera congruente, exhaustiva, fundada y motivada a la petición que le fue planteada por el quejoso el diecinueve de abril de dos mil veintidós, respecto al núcleo esencial de dicha petición -conforme a lo expuesto en esta ejecutoria-; y Notifique debidamente la citada respuesta al peticionario en el domicilio que éste señaló para tal efecto en su escrito de petición. 1.1. Apercibimiento. Apercibida que, en caso de realizar acciones evasivas, tales como actuaciones inconducentes o gestiones irrelevantes para el cumplimiento de la sentencia, le será impuesta una multa de cien Unidades de Medida y Actualización equivalente a ********************, en términos de los artículos 237, fracción I, y 259, de la Ley de Amparo; asimismo, se dará inicio al PROCEDIMIENTO DE INEJECUCIÓN establecido en el numeral 193 de la Ley de la materia, el cual puede culminar con la separación de su cargo y su consignación ante la autoridad competente. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria Angélica Estefanía Aponte Ayala.
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