Enrique Baltazar Avila
Expediente 2302/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 8 actuaciones registradas, la última del 6 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 2302/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 06/03/2023
Partes del expediente
- Enrique Baltazar Avila
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, seis de marzo de dos mil veintitrés. Causa ejecutoria sentencia. Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, de los que se advierte que dentro del término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, la sentencia dictada el catorce de febrero de dos mil veintitrés, mediante la cual se sobreseyó en el presente juicio de amparo, no fue recurrida por la parte quejosa, que es a quien en todo caso le pudiera perjudicar; con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE LA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se acuerda lo siguiente. Destrucción. Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto que determinó sobreseer en el presente juicio de amparo; es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso b) del artículo 21 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: (.) b) Expedientes de juicio de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados...". Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 Acuerdo General Conjunto de referencia. Una vez que transcurra el plazo que refiere el artículo dieciocho, párrafo primero del Acuerdo General en cita, transfiérase al Centro de Documentación y Análisis. Cuaderno incidental (negó la provisional y definitiva). Por otra parte, tomando en consideración que en el incidente de suspensión, se negó la medida cautelar provisional y la definitiva, se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo en comento; por tanto, el cuaderno original es susceptible de destrucción, una vez que transcurra el citado plazo de tres años que prevé el numeral en cita. En diverso aspecto, como lo dispone el diverso numeral 20, fracción II, inciso a) de dicho Acuerdo General, el duplicado del incidente de suspensión podrá ser destruible una vez que transcurra el plazo de seis meses. Háganse las anotaciones respectivas en las carátulas de los expedientes; asimismo, insértese este acuerdo en el cuaderno original y en el duplicado del incidente de suspensión para constancia. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de la demanda, la sentencia que determinó sobreseer el juicio de amparo y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de documentos. Dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa no es necesario requerirla para que los recoja, como lo exige el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, catorce de febrero de dos mil veintitrés. Gestiones de cumplimiento. El Director General de Asuntos Jurídicos y Representante Legal del Secretario de Seguridad Pública del Estado, en cumplimiento al requerimiento de treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, informa las gestiones que se encuentra realizando a fin de dar cumplimiento a la sentencia dictada en autos del expediente en que se actúa, remitiendo al efecto la copia de conocimiento del oficio ********************, de ocho de febrero del actual, del que se advierte que solicitó al Subsecretario de Desarrollo Institucional y Administración Policial de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla, cumplir con los requerimientos realizados por este Juzgado, mediante oficios 4687/2023, 4690/2023, 4691/2023 y 4697/2023. De lo anterior, este órgano jurisdiccional queda enterado, para los efectos legales conducentes. Se requiere cumplimiento. Por otra parte, de autos se advierte que las autoridades responsables han sido omisas en lograr el pleno cumplimiento de la ejecutoria dictada en el expediente en que se actúa, por lo que este órgano jurisdiccional considera pertinente requerir nuevamente a las autoridades responsables para que, dentro del plazo de tres días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, den cumplimiento a los efectos de la ejecutoria de amparo, esto es: "95. En atención a lo anterior, las autoridades responsables precisadas en el considerando VI de esta sentencia, en el ámbito de su respectiva competencia, deberán proceder en los términos que enseguida se indican: Que realicen las gestiones necesarias para que se pague la indemnización correspondiente a la parte quejosa, consistente en tres meses de salario y veinte días por cada año de servicio, quien al momento de los hechos tenía el cargo de policía custodio, la cual deberá de calcularse conforme a la ley aplicable. En este sentido, cabe señalar que no debe excluirse la posibilidad de que dentro de algún ordenamiento legal o administrativo a nivel federal, estatal o municipal, existan normas que prevean expresamente un monto por indemnización para este tipo de casos, que como mínimo sea el anteriormente señalado, pues en tales casos la autoridad deberá aplicar directamente lo dispuesto en esos ordenamientos. De igual forma, deberá procederse a la realización del pago correspondiente de las demás prestaciones a que tiene derecho, las cuales son las de remuneración diaria ordinaria, así como los beneficios, recompensas, estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, haberes, dietas, compensaciones o cualquier otro concepto que percibía como funcionaria por la prestación de sus servicios, desde que se concretó su separación y hasta que se realicen los pagos correspondientes. La institución que, por ley o convenio, otorgaba el servicio de salud a la quejosa deberá continuar o, en su caso, reanudarle los servicios de salud que le correspondían, así como a sus coasegurados, hasta en tanto no transcurra el plazo que por ley debe transcurrir. En consecuencia, las autoridades responsables, por conducto del área administrativa competente, deberán de demostrar que se le han pagado las cuotas y aportaciones que correspondan a la institución que otorga el aludido servicio de salud en beneficio de la quejosa, hasta el día de su liquidación total. Por su parte, dicha institución de salud deberá requerir a la autoridad responsable ordenadora o al ente gubernamental que corresponda el pago de las cuotas y aportaciones que debieron entregarse a favor del quejoso como si hubiese estado laborando, con el objeto de que exista una base sólida para el otorgamiento de los servicios en materia de salud, aunado a que se realicen las afectaciones que correspondan a las subcuentas respectivas. Finalmente, se deberá ordenar la anotación en el expediente personal del quejoso, así como en el Registro Nacional de Seguridad Pública, en el sentido de que fue separado o destituido de manera injustificada, pero que derivado de la restricción constitucional establecida en la fracción XIII, apartado B, del artículo 123 de la Constitución Federal, no fue posible reinstalarlo en su cargo. (.)" En la inteligencia de que deberán remitir copia certificada de las constancias que acrediten cumplimiento al fallo protector o en su caso, las gestiones que se encuentren realizando para lograr lo ordenado. Apercibimiento. Finalmente, se hace del conocimiento de las autoridades responsables requeridas, que subsisten los apercibimientos decretados en el auto en que se inició la etapa de ejecución. Notifíquese; y vía electrónica a la parte quejosa.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintisiete de enero de dos mil veintitrés. Se rinde informe justificado. Diferimiento de audiencia constitucional. Agréguense a los autos los oficios del Director de Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento de Tehuacán, Puebla, en representación del Ayuntamiento; Presidente Municipal Constitucional; Regidora de Industria y Comercio, Agricultura y Ganadería; Administrador del Mercado "16 de Marzo de 1960"; Directora de Fomento Comercial y Abasto; Jefe de Alineadores y Alineadores de Fomento Comercial y Abastos, todos del Ayuntamiento de Tehuacán, Puebla; atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tienen por rendidos los informes justificados. Vista a las partes. Con el contenido de los informes de cuenta dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga dentro del plazo de ocho días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, sin perjuicio de relacionarlos en la audiencia constitucional. Delegados y Domicilio. En términos de lo dispuesto por los artículos 9 y 28, fracción I, de la Ley de Amparo, se tienen como delegados de las autoridades responsables a las personas que mencionan y por señalado el domicilio para oír y recibir notificaciones que indican en los comunicados que se proveen. Pruebas. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, téngasele como prueba de las responsables, las documentales que anexan a su oficio de cuenta, que se admiten y desahogan dada su propia y especial naturaleza, debiendo darse cuenta con éstas en la audiencia constitucional. Ahora bien, toda vez que en esta fecha se dio vista con el informe justificado por el plazo de ocho días, a fin de dar margen a lo anterior y no transgredir las reglas esenciales que rigen en el juicio de amparo, SE DIFIERE la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las TRECE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL CATORCE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su celebración. Sirve de fundamento, la tesis aislada: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, SEÑALAMIENTO DE." Notifíquese.
- Incidental
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veinte de enero de dos mil veintitrés. Sin mayor acuerdo. El Fiscal General del Estado -por conducto de su representación-, en cumplimiento a lo solicitado en auto de doce de enero del año en curso, remite las constancias siguientes: Oficio FGE/CGAJ/DPC/242/2023-REQ de dieciséis de enero de dos mil veintitrés, en el que se le requirió al Titular del Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado, a efecto de que proporcionara un perito en materia de trabajo social. Copia de conocimiento del oficio FGE/ICF/0429/2022 de diecisiete de enero del presente año, mediante el cual se designa a Marisol Franco Morales, como perito en trabajo social, a fin de desahogar la prueba pericial requerida en autos. Atento a su contenido, no se hace mayor pronunciamiento al respecto, toda vez que en el auto de diecinueve de enero de dos mil veintitrés, se tuvo al Titular del Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado informando lo conducente, aunado a que la perito de referencia ya protesto y acepto el cargo conferido. Delegado. En términos de lo dispuesto por el artículo 9 de la Ley de Amparo, se tienen como delegados a las personas que se menciona. Cúmplase.
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