Enoch Velázuez Carmona
Expediente 17/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 68 actuaciones registradas, la última del 2 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 17/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 68
- Última actuación
- 02/03/2023
Partes del expediente
- Enoch Velázuez Carmona
Actuaciones
Las 4 más recientes de 68.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, dos de marzo de dos mil veintitrés. Admisión de recurso. Agréguese a los autos el oficio de cuenta firmado por la Actuaria judicial adscrita al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, mediante el cual informa el contenido del acuerdo de veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, dictado en el incidente de inejecución de sentencia 2/2023 de su índice, del que se advierte que se admitió a trámite el mismo; atento a su contenido, tómese nota para los efectos legales conducentes. Notifíquese.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla veintitrés de febrero de dos mil veintitrés. Remisión a Tribunal Colegiado. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación de cuenta, de los que se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que las partes promovieran recurso de inconformidad contra el auto de veintisiete de enero de dos mil veintitrés, en el que se declaró cumplida parcialmente la sentencia de amparo y se determinó que hay imposibilidad jurídica para acatar el punto b) del fallo protector; por tanto, con apoyo en dicho precepto legal, se declara que ha causado estado el mencionado proveído para todos los efectos legales consiguientes. En consecuencia, remítanse los autos al Tribunal Colegiado en Materia de Administrativa del Sexto Circuito, en turno, a fin de que determine si efectivamente se actualiza imposibilidad jurídica para dar cumplimiento al punto b) del fallo protector, en términos del artículo 196 párrafos segundo y último de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo el criterio del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de contenido siguiente. "RECURSO DE INCONFORMIDAD. PROCEDE CONTRA EL ACUERDO DEL JUEZ DE DISTRITO EN EL QUE DECLARA QUE EXISTE IMPOSIBILIDAD MATERIAL O JURÍDICA PARA CUMPLIR LA EJECUTORIA DE AMPARO. *** En el entendido que de conformidad con el Acuerdo General del pleno del consejo de la judicatura federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, que reformó y adicionó el diverso Acuerdo General 12/2020, que regula el expediente electrónico, establece, en esencia, que a partir del uno de diciembre del año dos mil veintidós, únicamente existe obligación de integrar al expediente físico, los documentos recibidos, por lo que únicamente se enviarán al Tribunal de Alzada aquellas constancias que obran de forma física en el expediente. Una vez que se tenga conocimiento del órgano colegiado al que corresponda resolver el medio de impugnación, procédase a la vinculación del expediente electrónico. Finalmente, fórmese cuadernillo de antecedentes con las constancias necesarias. Notifíquese.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintisiete de enero de dos mil veintitrés. Cumplida parcialmente, imposibilidad jurídica para dar cumplimiento a un efecto. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de tres días concedido a las partes, mediante auto de diecisiete de enero de dos mil veintitrés, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera sobre el cumplimiento que las autoridades responsables han dado a la ejecutoria de amparo; por tanto, este órgano de control de la constitucionalidad procede al análisis oficioso de dicho cumplimiento con base en los elementos que obran en el expediente en el que se actúa; ello, atendiendo a los lineamientos establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que el cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de amparo, constituye una cuestión de orden público. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 2ª./J. 26/2000, visible en la página doscientos cuarenta y tres del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, de rubro "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Sentencia. Al respecto, se precisa que mediante sentencia de veintiuno de diciembre de dos mil dieciocho, se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal. Recurso de revisión. Posteriormente, las autoridades responsables interpusieron recurso de revisión, mismo que tramitó y resolvió el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y Sexto Circuito y por ejecutoria dictada en su expediente ******************** determinó modificar la sentencia recurrida, bajo los siguientes parámetros: "(.) En mérito de lo anterior, lo procedente es conceder al quejoso el amparo solicitado, para que las autoridades responsables, dentro del ámbito de sus respectivas competencias: a).- Indemnicen al quejoso, lo que debe comprender el pago de tres meses de su sueldo y veinte días por cada año laborado y, asimismo, se le cubra la remuneración diaria ordinaria, los beneficios, recompensas, estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, haberes, dietas, compensaciones o cualquier otro concepto que percibía por la prestación de sus servicios, desde que se concretó su separación injustificada, y hasta que se realice el pago correspondiente. b).- Ordenen que en su expediente personal, así como en el Registro Nacional de Seguridad Pública, se lleve a cabo la anotación de que fue separado de su cargo de manera injustificada. c).- Las autoridades responsables tomarán las medidas necesarias para que la Delegación Estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social, o en su caso la dependencia o institución que corresponda, sigan prestando al impetrante la atención médica a la que como trabajador tiene derecho, así como a sus familiares como beneficiarios. (.)" Atento a lo anterior, en proveído de veintidós de octubre de dos mil diecinueve, se requirió a las autoridades responsables para que informaran sobre el cumplimiento dado al fallo protector y remitieran las constancias relativas para acreditarlo, en donde también se vinculó para efectos del cumplimiento de la ejecutoria al municipio de Xiutetelco, Puebla. Gestiones de las autoridades. Mediante proveído de cuatro de noviembre de dos mil diecinueve, las autoridades responsables informaron las gestiones de cumplimiento sobre el punto c) de la ejecutoria de amparo, de la que se advirtió la instrucción que dieron para brindar servicio médico al quejoso ********************y sus dependientes. Por otra parte, por auto de quince de enero de dos mil veinte, se requirió nuevamente a las responsables a fin de que acreditaran el cumplimiento a los restantes puntos de le ejecutoria de mérito, esto es, de los incisos a) y b), es decir, se solicitó la información sobre las prestaciones que percibía el quejoso y respecto al monto de la cantidad líquida que le correspondía por concepto de indemnización de tres meses de sueldo y veinte días por cada año laborado, así como los beneficios, recompensas, estímulos, asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, haberes, dietas, compensaciones o cualquier otro concepto que percibiera por la prestación de sus servicios, así como para que comunicara, si ya se había realizado la anotación, tanto en el expediente personal del quejoso, como en el Registro Nacional de Seguridad Pública, relativa a que ********************fue separado de su cargo de manera injustificada. Sin embargo, ante el incumplimiento a diversos requerimientos que se les realizaron a las autoridades de que se trata, en auto de diez de marzo de dos mil veinte se determinó la imposición de una multa en su contra y se les conminó nuevamente para que dieran cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Posteriormente, en proveído de veinticuatro de agosto de dos mil veinte, por haber incurrido en sucesivos incumplimientos a los requerimientos que se les habían realizado, se determinó aperturar de forma oficiosa el incidente de inejecución de sentencia y remitir los autos del presente juicio de amparo al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito en turno, a fin de que resolviera lo que en derecho procediera; mismo del que conoció el Primero de ellos e informó sobre su admisión en el diverso auto de nueve de septiembre del mismo año. Luego, por auto de trece de noviembre de dos mil veinte, se requirió al director de Recursos Humanos de la Tesorería del Ayuntamiento de Xiutetelco, Puebla, para que remitiera el cálculo correspondiente y las documentales con las que acreditara el pago de los tres meses de salario que percibía el quejoso y veinte días por cada año laborado, sin que perdiera de vista que también debía considerar la remuneración diaria ordinaria, los beneficios, recompensas, estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, haberes, dietas, compensaciones o cualquier otro concepto que percibiera el quejoso con motivo de la prestación de sus servicios. Respecto al punto en estudio, por auto de diez de marzo de dos mil veintiuno, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito remitió el testimonio de la ejecutoria dictada el diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, en el incidente de inejecución de sentencia ********************, del que se advierte que ordenó reponer el procedimiento; y, por consiguiente, se aperturó el incidente de liquidación a fin de determinar la cantidad líquida que correspondía por concepto de indemnización a la parte quejosa con motivo del punto a) de la ejecutoria de amparo, ordenando la realización de una prueba pericial en materia de contabilidad y otorgando el derecho a las partes para que ofrecieran las pruebas que estimaran pertinentes y manifestaran lo que a su derecho conviniera. De la misma forma, en proveído de diez de mayo de dos mil veintiuno, se tuvo al síndico municipal de Xiutetelco, Puebla, informando lo relativo a las percepciones del quejoso, así como su fecha de ingreso y baja; además, respecto al punto b) de la ejecutoria de amparo, manifestó la imposibilidad para cumplir toda vez que esa autoridad no había recibido de la administración saliente, ninguna documentación o expediente de la parte quejosa, razón por la que no podría realizar la anotación de baja injustificada en el respectivo expediente personal. Atento a lo anterior, se requirió al titular del Registro de Seguridad Pública Nacional para que informara si existía algún registro de alta del quejoso ********************, como policía municipal del distrito judicial de Xiutetelco, Puebla, adscrito a la Dirección de Seguridad Pública y si se encontraba registrado en el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Por otra parte, en audiencia incidental de dos de julio de dos mil veintiuno, se resolvió procedente el incidente de liquidación y, previa regulación de la planilla de liquidación de sentencia, se determinó que la cantidad que debía pagar el Ayuntamiento del municipio de Xiutetelco, Puebla, ascendía a ********************), menos las deducciones que por concepto de obligaciones tributarias tuviera que pagar el empleador; resolución anterior que causó ejecutoria y se requirió de cumplimiento en proveído de veintisiete de julio de dos mil veintiuno. Así pues, en auto de seis de diciembre de dos mil veintiuno, se tuvo a las responsables informando sobre un convenio de pago que realizaron el veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno con el quejoso, respecto de la cantidad a la que fueron condenadas en la interlocutoria antes precisada; de donde se advirtió que, previo descuento de las obligaciones tributarias, convinieron pagar la cantidad de ********************), en trece parcialidades de ********************). En el entendido que, el primer pago fue por la cantidad de ********************), mismo que fue depositado mediante transferencia bancaria el veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno y del que quedó la acreditación de su realización en el mismo convenio de referencia (promoción 20333, fojas 46, 52 y 53). Por su parte, en lo que corresponde a la anotación en el Registro Nacional de Seguridad Pública relativa a que el quejoso ********************fue separado de su cargo de manera injustificada como policía municipal adscrito a la Dirección de Seguridad Pública Municipal, tal información fue recibida en proveído de veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno; documentales de las que se puede advertir que restaba únicamente que las responsables acreditaran lo relativo a la anotación en el expediente personal del quejoso lo concerniente a que fue separado de su cargo de forma injustificada, requiriéndose al respecto tal actuación. Atento a lo anterior, se advirtió la inexistencia del expediente personal del quejoso ********************dentro del Registro Nacional de Seguridad Pública; lo cual quedó acordado en auto de once de enero de dos mil veintidós, en donde las responsables informaron que después de realizar la búsqueda del expediente personal del quejoso, no advirtieron su existencia, por lo que se encontraban en imposibilidad de cumplir con lo requerido en la primera parte del punto b) de la ejecutoria de amparo, esto es, sobre la anotación en el expediente personal del solicitante de amparo. A pesar de lo anterior, con la finalidad de corroborar el dicho de las responsables, en esa misma fecha se les requirió la remisión de constancias relativas al acta de entrega recepción del área correspondiente a la Secretaría de Seguridad Pública de Xiutetelco, específicamente el apartado de documentación de los expedientes personales de los servidores públicos de dicha dependencia. Cuestión anterior que fue cumplimentada en proveído de once de febrero de dos mil veintidós, con la remisión por parte del presidente municipal del Ayuntamiento de Xiutetelco, de la copia certificada del acta de entrega recepción correspondiente al periodo 2018-2021; del que se advirtió que no obraba el expediente personal del quejoso ********************. Ahora, mediante auto de dos de marzo de dos mil veintidós, las autoridades responsables informaron el pago correspondiente de las dos primeras mensualidades, de las trece parcialidades que fueron pactadas con motivo de la cantidad a la que fueron condenadas de pago en la resolución de liquidación de sentencia de dos de julio de dos mil veintiuno. Finalmente, las restantes cantidades (punto a) de la ejecutoria de amparo en relación con el incidente de liquidación que se aperturó) fueron acordadas respecto a su cumplimiento de pago, en proveídos de treinta de marzo (tercera mensualidad), dos de mayo (cuarta mensualidad), treinta y uno de mayo (quinta mensualidad), seis de julio (sexta mensualidad), dos de septiembre (séptima y octava mensualidad), tres de octubre (novena mensualidad) y treinta de noviembre (décima y décima primera mensualidad), todos estos proveídos del año dos mil veintidós; así como el diverso de diecisiete de enero de dos mil veintitrés (décimo segunda mensualidad). Cabe destacar que a las constancias que remitió la responsable se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2. Valoración del cumplimiento. En ese sentido, este órgano de control de la constitucionalidad considera que la autoridad responsable demostró haber dado cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en el presente juicio de amparo; se estima lo anterior, en razón de las siguientes consideraciones: Partiendo de los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo, en su punto a) se estableció que las autoridades responsables debían realizar la indemnización al quejoso comprendiendo el pago de tres meses de su sueldo y veinte días por cada año laborado, además de cubrirse la remuneración diaria ordinaria, los beneficios, recompensas, estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, haberes, dietas, compensaciones y cualquier otro concepto que percibiera por la prestación de sus servicios, desde que se concretó su separación injustificada y hasta que se realizara el pago correspondiente. Situación anterior que sí aconteció, puesto que en auto de seis de diciembre de dos mil veintiuno, las responsables informaron sobre un convenio de pago que realizaron el veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno con el quejoso, respecto de la cantidad a la que fueron condenadas de pago en la resolución de liquidación de sentencia de dos de julio de dos mil veintiuno; de donde se advirtió que previo descuento de las obligaciones tributarias, convinieron completar la cantidad de ********************), a través de un primer pago de ********************) y en doce parcialidades de ********************). Delimitándose la indemnización correspondiente al cumplimiento de los pagos que fueron acordados entre las partes, mismos que sí se realizaron en su totalidad, puesto que el primer pago de ********************), fue expresamente recibido en la realización del convenio de que se trata, el cual fue depositado mediante transferencia bancaria el veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno (promoción 20333, páginas 46, 52 y 53). Ahora, por cuanto hace al depósito de las posteriores mensualidades, éstas fueron informadas a este órgano jurisdiccional en proveídos de dos de marzo de dos mil veintidós (primera y segunda mensualidad), treinta de marzo (tercera mensualidad), dos de mayo (cuarta mensualidad), treinta y uno de mayo (quinta mensualidad), seis de julio (sexta mensualidad), dos de septiembre (séptima y octava mensualidad), tres de octubre (novena mensualidad) y treinta de noviembre (décima y décima primera mensualidad), todos estos proveídos del año dos mil veintidós; así como el diverso de diecisiete de enero de dos mil veintitrés (décimo segunda mensualidad). Por lo que el punto a) de la ejecutoria de amparo fue cumplimentado en su términos. Pasando ahora al punto c) de la sentencia de que se trata, referente a la prestación de atención médica que como trabajador tenía derecho la parte quejosa, así como sus familiares en calidad de beneficiarios; el mismo se tuvo por informado mediante proveído de cuatro de noviembre de dos mil diecinueve, puesto que se advirtió la instrucción que dieron al profesionista que brinda servicio médico a los trabajadores del ayuntamiento, para que siguiera proporcionando las atenciones correspondientes al quejoso ********************, servicio que, como derecho adquirido, tenía la parte quejosa con motivo de sus labores que venía desempeñando; por lo que este punto también se valora como cumplido en sus términos. Ahora, el estudio del punto b) de la ejecutoria de amparo puede dividirse en la anotación que las responsables debían realizar, primero, en su expediente personal; y segundo, en el Registro Nacional de Seguridad Pública. Ambos relativos a que el promovente del amparo fue separado de su cargo de manera injustificada. Entonces, se observa que la segunda anotación, relativa al Registro Nacional de Seguridad Pública, sí fue cumplimentada en sus términos, situación que fue informada en proveído de veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno, y que se advirtió de las constancias que remitió el Director de Telecomunicaciones del C5I [Centro de Control Comando, Coordinación, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia]. Sin embargo, por lo que respecta a la primera de las anotaciones, en proveído de diez de mayo de dos mil veintiuno, se tuvo al síndico municipal de Xiutetelco, Puebla, informando que esa autoridad no había recibido de la administración saliente, ninguna documentación o expediente de la parte quejosa, razón por la que no podría realizar la anotación de baja injustificada en el respectivo expediente personal. Inclusive, en auto de once de enero de dos mil veintidós las responsables informaron que después de realizar la búsqueda del expediente personal del quejoso ********************, no se advirtió su existencia; situación que motivó el requerimiento a las responsables de constancias relativas al acta de entrega recepción del área correspondiente a la Secretaría de Seguridad Pública de Xiutetelco, específicamente el apartado de documentación de los expedientes personales de los servidores públicos de dicha dependencia; esto con la finalidad de corroborar su dicho. A pesar de lo anterior, en proveído de once de febrero de dos mil veintidós, se tuvo por recibida la copia certificada del acta de entrega recepción correspondiente al periodo 2018-2021; del que se advirtió que no obraba el expediente personal del quejoso ********************. Por todo lo anterior, se concluye que la ejecutoria de amparo se ha cumplido de forma parcial en lo relativo a los puntos a), c) y anotación en el Registro Nacional de Seguridad Pública del punto b); y al mismo tiempo, se determina que existe imposibilidad jurídica parcial para la ejecución del fallo protector, esto es, únicamente en lo relativo a la anotación en el expediente personal del quejoso, contemplada en el punto b) de la ejecutoria de amparo; por lo que, con fundamento en los artículos 196, segundo párrafo y 214 de la Ley de Amparo, se decreta la misma. En consecuencia, en términos del artículo 196 párrafos segundo y último de la Ley de Amparo, una vez que transcurra el plazo de quince días que refiere el diverso 202 de la ley de la materia, remítanse los autos al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito en turno, a fin de que determine si efectivamente se actualiza la imposibilidad jurídica para dar cumplimiento al punto b) del fallo protector, únicamente en lo relativo a la anotación en el expediente personal del quejoso sobre que fue separado de su cargo de manera injustificada. Sirve de apoyo el criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de contenido siguiente. "RECURSO DE INCONFORMIDAD. PROCEDE CONTRA EL ACUERDO DEL JUEZ DE DISTRITO EN EL QUE DECLARA QUE EXISTE IMPOSIBILIDAD MATERIAL O JURÍDICA PARA CUMPLIR LA EJECUTORIA DE AMPARO. En términos de los párrafos segundo y último del artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando el Juez de Distrito considera que una sentencia de amparo indirecto es de imposible cumplimiento, debe esperar a que transcurra el plazo de 15 días a que se refiere el numeral 202 de la ley citada, y si no se interpone recurso de inconformidad, debe aplicar por analogía el trámite del incidente de inejecución de sentencia y enviar los autos del juicio al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda quien los recibirá, notificará a las partes su radicación, revisará el trámite del Juez del conocimiento y emitirá una resolución en la que determine la existencia de una imposibilidad para el cumplimiento, pues así se asegura que una determinación de tal naturaleza sea revisada, de oficio, por el superior jerárquico del Juez a quo, que en el caso lo es el Tribunal Colegiado de Circuito. Sin embargo, si dentro del plazo de 15 días se interpone recurso de inconformidad, en términos del artículo 201, fracción II, de la ley mencionada, ese medio de impugnación debe declararse procedente contra la resolución del Juez de Distrito y no de la que emita el Tribunal Colegiado de Circuito en la que confirme la existencia de dicha imposibilidad pues, acorde con el punto cuarto fracción IV, del Acuerdo General Número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, modificado mediante el Instrumento Normativo aprobado por el propio Pleno el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, no cabría interponer el recurso de inconformidad contra la resolución emitida por el Tribunal Colegiado de Circuito en términos del artículo 196 de la ley de la materia, en razón de que la competencia para resolver dichos recursos recae, precisamente, en esos órganos colegiados, derivado, además, de que deben ser los propios órganos jurisdiccionales que tramitaron el juicio de amparo (Jueces de Distrito en amparo indirecto y Tribunales Colegiados de Circuito en amparo directo) los que en primera instancia se pronuncien sobre la existencia de una imposibilidad para cumplir el fallo constitucional y, eventualmente, conozcan y resuelvan con efectos vinculantes, cuando cause estado la interlocutoria respectiva, las solicitudes que en su oportunidad se presenten sobre el cumplimiento sustituto, determinando si ha lugar o no a dicho cumplimiento, de modo que la Suprema Corte únicamente se ocupe de aquellas gestiones que se le planteen sobre tales temas en los incidentes de inejecución radicados ante ella." Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, diecisiete de enero de dos mil veintitrés. Vista con cumplimiento. Visto el oficio suscrito por el Presidente Municipal del Ayuntamiento de Xiutetelco, Puebla, quien en cumplimiento al requerimiento formulado en auto de veintiséis de diciembre de dos mil veintidós, remite constancias certificadas con las que refiere haber cumplido con la ejecutoria de amparo. FECHA DE CUMPLIMIENTO POR LA AUTORIDAD RESPONSABLEFECHA DE RECEPCIÓN DEL OFICIO POR EL QUE DIO CUMPLIMIENTO LA AUTORIDAD RESPONSABLE 22 de diciembre de 2022 16 de enero de 2023 En consecuencia, con apoyo en los ordinales 192 y 193 de la Ley de Amparo, los cuales establecen la obligación del Juez de Distrito de velar por el debido cumplimiento de las ejecutorias que otorguen el amparo y protección de la justicia federal, así como con fundamento en el artículo 196 del citado ordenamiento, se da vista a las partes por el plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, con las siguientes constancias remitidas por la autoridad responsable: Con el oficio PM/549/2019 y anexos, registrados con el número de folio 25398 y recibido mediante proveído de cuatro de noviembre de dos mil diecinueve. Con el oficio PM/247/2022 y anexos, registrados con el número de folio 2730 y recibido mediante proveído de once de febrero de dos mil veintidós. Con el oficio de cuenta y anexo, registrado con el número de folio 1157, recibido en dieciséis de enero de dos mil veintitrés. Apercibidas que de no desahogar la vista ordenada, se resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de mérito con los elementos que obren en autos. Ahora, para dar margen a lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción I, inciso k), de la Ley de Amparo, notifíquese el contenido del presente acuerdo de manera personal a las partes, así como el oficio y anexos recibidos en el oficio de cuenta. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
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