Enrique Domínguez Sánchez
Expediente 58/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 58/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 07/03/2022
Partes del expediente
- Enrique Domínguez Sánchez
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, siete de marzo de dos mil veintidós. Causa estado sobreseimiento fuera de audiencia. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término para interponer recurso de revisión previsto por los artículos 81, fracción I, inciso d) y 86 de la Ley de Amparo, contra el proveído de catorce de febrero de dos mil veintidós, por el cual se sobreseyó fuera de audiencia constitucional el presente juicio de amparo; por tanto, al no haber sido impugnado en su oportunidad, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, ha quedado firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se acuerda lo siguiente. Destrucción. Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto que determinó sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso b) del artículo 21 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: (.) b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido (...)" Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Hágase las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en que se actúa. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de la demanda, el auto que determinó sobreseer fuera de audiencia el juicio de amparo y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Finalmente, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de documentos. Dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa no es necesario requerirla para que los recoja, como lo exige el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, catorce de febrero de dos mil veintidós. Informe Justificado. Agréguese a los autos el oficio de la Jueza Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla; atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el informe justificado. Comunicación no procesal. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se tiene a la mencionada autoridad responsable señalando el correo electrónico, a fin de mejorar la comunicación -no procesal- con las partes en el presente juicio de amparo. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las pruebas documentales que anexa a su informe de cuenta, las cuales se desahogan por su propia y especial naturaleza. Sobreseimiento fuera de audiencia Ante todo, debe tenerse presente que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la ley de la materia, las causas de improcedencia del juicio de amparo deben analizarse preferentemente al fondo del asunto, ya sea que las aleguen las partes o que se adviertan de oficio, por tratarse de una cuestión de orden de público. En el caso, este órgano jurisdiccional advierte de oficio, que respecto del acto reclamado atribuido a la Jueza Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, consistente en la omisión de dictar sentencia en el juicio de divorcio incausado 496/2021, del índice de la autoridad responsable, se actualiza la causa de improcedencia del juicio constitucional prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" Del precepto legal transcrito se advierte que el juicio de amparo es improcedente, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, es decir, cuando éste haya sido derogado, revocado o nulificado y sus efectos sean destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, de tal suerte que haya quedado restablecida, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio y por virtud de ello el correspondiente acto no agravie al quejoso; es decir, se dejan de afectar los derechos fundamentales del gobernado, como si nunca hubiere existido el acto de autoridad o se hubiere concedido el amparo caso en el que el juicio de amparo carecería de litis sobre la cual hacer un pronunciamiento de fondo. Es aplicable al caso, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, del tomo IX, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a junio de 1999, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ÉSTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual manera resulta aplicable, el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 241, del tomo VII, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a abril de 1998, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad." Es útil también la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, tomo VII, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a febrero de 1998, de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Igualmente, es aplicable el criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 71, del tomo VI, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a noviembre de 1997, que dice: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Bajo esa óptica jurídica, conviene señalar que la parte quejosa reclama la omisión de dictar sentencia en el juicio de divorcio incausado 496/2021, del índice de la autoridad responsable; sin embargo, de las constancias remitidas por la autoridad responsable en apoyo a su informe de cuenta, se advierte que el veintiocho de enero de dos mil veintidós, se dictó la sentencia de cuya omisión se duele la parte quejosa. En dicha sentencia la Juez responsable determinó lo siguiente: "Por lo expuesto y fundado es de resolver y se: RESUELVE PRIMERO. Fue legal y formalmente válido el procedimiento de divorcio incausado unilateral. SEGUNDO. Atendiendo a que los cónyuges únicamente solicitan la disolución del vínculo matrimonial en virtud de que el acto de matrimonio se desprende que celebraron matrimonio bajo el régimen de separación de bienes, así mismo no es de aprobarse el convenio exhibido en autos. TERCERO. Se declara disuelto el vínculo matrimonial celebrado el día ONCE DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE, ante la fe del Juez del Registro Civil de las Personas de Ignacio de Zaragoza, Puebla. CUARTO. Se dejan a salvo los derechos de las partes para que en el término de tres días hagan valer por la vía incidental, exclusivamente por lo que concierne al convenio, tal y como lo establece el artículo 447 del Código Civil de la Entidad Poblana. QUINTO. Se dejan a los ex cónyuges en aptitud de contraer matrimonio. SEXTO. Ejecutoriada que sea esta sentencia se ordena girar atento oficio al Director del Registro del Estado Civil de las Personas de Puebla, quien remitirá a su vez un juego de copias certificadas al Archivo Estatal a efecto de hacer las anotaciones correspondientes al libro duplicado y la segunda al JUEZ DEL REGISTRO CIVIL DE LAS PERSONAS DE IGNACIO ZARAGOZA, PUEBLA, para que proceda a realizar lo conducente en el libro original de actas en términos del fallo definitivo, acompañándose para tal efecto los insertos necesarios a efecto de expedir el acta de divorcio respectiva autorizando a la unidad de gestión judicial para realizar el exhorto correspondiente para tal efecto." Como se advierte de lo anterior, el Juzgado responsable el veintiocho de enero de dos mil veintidós, dictó la sentencia correspondiente en el juicio de divorcio incausado 496/2021 de su índice, la cual ya fue notificada a las partes; en consecuencia, dado que ha cesado la omisión de la que se duele la parte quejosa, los efectos del acto reclamado desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiese invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna de dicha afectación. Es aplicable, por analogía, la tesis de contenido siguiente. "ACTO RECLAMADO, CESACION DE LOS EFECTOS DEL, TRATANDOSE DE LA OMISION DE RESOLVER UN RECURSO ADMINISTRATIVO. El acto reclamado consistente en la omisión de resolver dentro de los plazos legales un recurso administrativo cesa en sus efectos con el dictado del fallo respectivo, sin que para así estimarlo obste el hecho de que se alegue que no se notificó al interesado el sentido de ese fallo. En efecto, la omisión que se analiza no se traduce en la falta de respuesta a un ocurso elevado por un particular a la autoridad administrativa, sino en no haberse dictado una resolución dentro del término que señala la ley; por lo que hay que entender que la violación que se impugna atañe a la garantía consagrada por el artículo 17 de la Constitución General de la República y no al derecho de petición establecido por el artículo 8o. de la Carta Magna." Por tanto, se concluye que en el caso, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en el juicio fuera de audiencia, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 63, fracción V, de la norma citada. En esas circunstancias, al haberse sobreseído el juicio de amparo a través del presente proveído, se deja sin efectos la audiencia constitucional que se tenía programada para las TRECE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL QUINCE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. En las relatadas condiciones al haberse actualizado la causa de improcedencia antes analizada, respecto del acto reclamado, dese de baja el presente asunto y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
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San Andrés Cholula, Puebla, diecisiete de enero de dos mil veintidós. Se reexpiden oficios de recursos de revisión y se ordena notificación vía electrónica. Vistos los autos se advierte lo siguiente: El once de noviembre de dos mil veintiuno se dictó sentencia definitiva en el presente juicio de amparo; sin embargo, no sé ordenó la notificación electrónica de la autoridad responsable Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de los Poderes del Estado de Puebla. En auto de treinta de noviembre de dos mil veintiuno, se tuvo a la parte quejosa ***a interponiendo recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada el once de noviembre de dos mil veintiuno; sin embargo, no obran las constancias de notificación siguientes: "54009/2021 DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETARÍA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA (AUTORIDAD RESPONSABLE) (.) 54011/2021 AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA ADSCRIPCIÓN (MINISTERIO PÚBLICO)" Asimismo, no sé ordenó la notificación electrónica de la citada autoridad responsable del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de los Poderes del Estado de Puebla. De igual manera, el tres de diciembre pasado, se tuvo al Director Jurídico en representación de la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaria de Administración del Estado de Puebla, interponiendo recurso de revisión en contra del fallo protector emitido en el presente asunto; no obstante, no obra la constancia de notificación siguiente: "56740/2021 AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA ADSCRIPCIÓN (MINISTERIO PÚBLICO)" Así como también, no obra la constancia de notificación electrónica del Director General del Instituto responsable. Finalmente, el ocho de diciembre siguiente, el Delegado del Encargado de Despacho de la Subsecretaría de Desarrollo Institucional y Administración Policial y Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Policial, y el Delegado de la Directora de Desarrollo Humano, ambos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla interpusieron recurso de revisión en contra de la sentencia de amparo, pero tampoco se ordenó la notificación electrónica del referido instituto responsable. En consecuencia, reexpídanse los oficios 54009/2021, 54011/2021 y 56740/2021, relativos a las notificaciones de las partes de los recursos de revisión interpuestos en autos. Asimismo, por cuanto hace a la notificación de la autoridad responsable Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de los Poderes del Estado de Puebla, toda vez que en auto de diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, se le autorizó el juicio en línea, se ordena notificar vía electrónica a la responsable la sentencia definitiva dictada el once de noviembre de dos mil veintiuno y los acuerdos de treinta de noviembre, tres y ocho de diciembre, todos de dos mil veintiuno. Notifíquese; y vía electrónica a la autoridad responsable Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de los Poderes del Estado de Puebla, así como las determinaciones precisadas. EN CUMPLIMIENTO A LO ANTERIOR, SE ORDENA NOTIFICAR ELECTRÓNICAMENTE LOS SIGUIENTES ACUERDOS EN LOS TÉRMINOS ANTES PRECISADOS AUDIENCIA CONSTITUCIONAL "En San Andrés Cholula, Estado de Puebla, a las dieciséis horas del once de noviembre de dos mil veintiuno, *********** IX. RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo 1155/2021-V, respecto del acto y autoridad precisados en el considerando V de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ******, respecto de los actos y autoridades indicados en el considerando VI de esta sentencia, de conformidad con las razones vertidas en el diverso VII, y para los efectos precisados en el punto VIII. Notifíquese". "San Andrés Cholula, Estado de Puebla, treinta de noviembre de dos mil veintiuno. Se interpone recurso de revisión. Rosa María Valdez Rivera quejosa interpone recurso de revisión en contra de la sentencia de once de noviembre de dos mil veintiuno, dictada en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 80, 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, se ordena tramitar el citado recurso y correr traslado a las restantes partes con copia del escrito de agravios, una vez que se encuentre debidamente integrado el expediente en que se actúa, es decir, obren las constancias de notificación a las partes del auto de esta fecha, en el término de tres días siguientes a ello, remítase el original del presente juicio de amparo, al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, en turno, con el escrito de interposición del recurso y expresión de agravios, a fin de que se sirva sustanciarlo. Fórmese el cuaderno de antecedentes. Notifíquese". "San Andrés Cholula, Estado de Puebla, ocho de diciembre de dos mil veintiuno. Se interpone recurso de revisión. El Delegado del Encargado de Despacho de la Subsecretaría de Desarrollo Institucional y Administración Policial y Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Policial, y el Delegado de la Directora de Desarrollo Humano, ambos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla, Interponen recursos de revisión en contra de la sentencia de once de noviembre de dos mil veintiuno, dictada en el presente juicio. En consecuencia, con fundamento en los artículos 80, 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, se ordena tramitar el citado recurso y correr traslado a las restantes partes con copia del escrito de agravios, una vez que se encuentre debidamente integrado el expediente en que se actúa, es decir, obren las constancias de notificación a las partes del auto de esta fecha, en el término de tres días siguientes a ello, remítase el original del presente juicio de amparo, al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, en turno, con los escritos de interposición de los recursos y expresión de agravios, a fin de que se sirvan sustanciarlos. Fórmese el cuaderno de antecedentes. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa".
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