Enrique Apolonio SàNchez SàNchez

Expediente 633/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 27 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
633/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
27/07/2022

Partes del expediente

  • Enrique Apolonio SàNchez SàNchez

Actuaciones

  1. Principal

    Puebla, Puebla, veintisiete de julio de dos mil veintidós. CAUSA ESTADO Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se desprende que el auto de catorce de junio de dos mil veintidós, por el que se DESECHÓ la demanda de amparo, no fue recurrido mediante el recurso de queja procedente en términos del artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; en tales condiciones, con fundamento en el precepto 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, DICHO AUTO CAUSA ESTADO. Anótese lo procedente en el libro de gobierno y archívese este asunto como totalmente concluido. DESTINO DEL EXPEDIENTE En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 6, fracción I, y, 21 inciso d), acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente expediente en que se actúa, es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al ser un juicio de amparo en el que se DESECHÓ la demanda de amparo, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes; por lo cual, una vez transcurridos TRES AÑOS a partir de esta fecha, se procederá en términos del ante penúltimo párrafo del citado artículo 21. ANOTACIONES EN CARÁTULA Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del acuerdo general invocado y verifíquese que el expediente electrónico como el impreso coincidan en su totalidad. SIN OPOSICIÓN DE DATOS PERSONALES Así mismo, se hace constar que las partes no ejercieron el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales al momento de hacerse pública la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, a pesar de habérseles hecho el señalamiento respectivo en el acuerdo correspondiente a las partes. SE GIRA DESPACHO PARA NOTIFICAR A QUEJOSO INTERNO En virtud de que el quejoso Enrique Apolonio Sánchez Sánchez, se encuentra privado de su libertad en el CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE TEHUACAN, PUEBLA; con fundamento en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo primer párrafo; 42, fracción II, y 310 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, gírese atento despacho vía electrónica al JUEZ DE LO PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TEHUACAN, PUEBLA, para que en auxilio de las labores de este juzgado federal, se sirva realizar lo siguiente: a) Ordene al personal a su digno cargo a quien corresponda desahogar la diligencia encomendada, se constituya en las instalaciones del CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE TEHUACAN, PUEBLA, para lo cual, deberá tomar las medidas de salud necesarias, ello con el fin de resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. b) Busque, por conducto del personal de custodia correspondiente, al quejoso Enrique Apolonio Sánchez Sánchez y, se cerciore de su identidad. c) Le haga saber el órgano jurisdiccional que ordena su notificación -Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla- así como el número de expediente, juicio de amparo 633/2022; Le notifique únicamente para conocimiento el contenido del presente proveído, corriéndole traslado de éste. Por último, asiente razón en el sentido de si el impetrante del amparo quiso o no recibir la notificación, así como si fue su deseo o no firmar para constancia; sin que la persona encargada de realizar la diligencia en comento se encuentre facultada para asentar manifestaciones que no se encuentren relacionadas con la notificación. APERCIBIMIENTO Se apercibe al JUEZ DE LO PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TEHUACAN, PUEBLA, que de no dar cumplimiento a lo solicitado en el plazo señalado, sin causa justificada, o de no informar las causas que se lo impidiesen, se le impondrá una multa de CINCUENTA VECES el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, que tenga al momento en que se emite el presente proveído, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 123, apartado A, fracción VI, párrafo primero Constitucional, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme al artículo 237, fracción I, de la Ley de Amparo.

  2. Principal

    Puebla, Puebla, a diecinueve de julio de dos mil veintidós. DESPACHO DILIGENCIADO Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta suscrito por el Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla, por el cual devuelve diligenciado el original del despacho número 585/2022 del índice de este Juzgado, mediante el cual se ordenó la notificación personal de la parte quejosa Enrique Apolonio Sánchez Sánchez. Acúsese recibo a la autoridad oficiante, dese de baja en la estadística de este juzgado y hágase las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente.

  3. Principal

    Puebla, Puebla, a doce de julio de dos mil veintidós. DESPACHO PARCIALMENTE DILIGENCIADO Agréguese a los presentes autos los oficios signados por el Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla, por los que devuelve el original del despacho número 499/2022 (orden 636/2022), del índice de este Juzgado, recibido vía correo electrónico, mediante el cual se ordenó la notificación personal de la parte quejosa Enrique Apolonio Sánchez Sánchez. Acúsese recibo a la autoridad oficiante, dese de baja en la estadística de este juzgado y hágase las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente. Ahora bien, de la revisión de la comunicación encomendada al juez exhortado, se advierte que obra la diligencia de notificación en la cual el diligenciario adscrito a ese órgano jurisdiccional asentó que notificó al quejoso Enrique Apolonio Sánchez Sánchez, el proveído de treinta de junio de dos mil veintidós; no obstante mediante el despacho número 499/2022 (orden 636/2022), del índice de este Juzgado, se ordenó que se notificara el auto de catorce de junio de dos mil veintidós, por lo que a efecto de evitar posibles nulidades se ordena girar nuevo despacho al Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla, para que en auxilio de las labores de este juzgado realice lo siguiente: a) Ordene al personal a su digno cargo a quien corresponda desahogar la diligencia encomendada, se constituya en las instalaciones del CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE TEHUACAN, PUEBLA, para lo cual, deberá tomar las medidas de salud necesarias, ello con el fin de resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. b) Busque, por conducto del personal de custodia correspondiente, al quejoso Enrique Apolonio Sánchez Sánchez y, se cerciore de su identidad. c) Le haga saber el órgano jurisdiccional que ordena su notificación -Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla- así como el número de expediente, juicio de amparo 633/2022; Le notifique únicamente para conocimiento el contenido del proveído de catorce de junio de dos mil veintidós, corriéndole traslado de éste el cual se adjunta al presente despacho. Por último, asiente razón en el sentido de si el impetrante del amparo quiso o no recibir la notificación, así como si fue su deseo o no firmar para constancia; sin que la persona encargada de realizar la diligencia en comento se encuentre facultada para asentar manifestaciones que no se encuentren relacionadas con la notificación. APERCIBIMIENTO Se apercibe al JUEZ DE LO PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TEHUACAN, PUEBLA, que de no dar cumplimiento a lo solicitado en el plazo señalado, sin causa justificada, o de no informar las causas que se lo impidiesen, se le impondrá una multa de CINCUENTA VECES el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, que tenga al momento en que se emite el presente proveído, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 123, apartado A, fracción VI, párrafo primero Constitucional, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme al artículo 237, fracción I, de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    Puebla, Puebla, a catorce de junio de dos mil veintidós. RADICACIÓN Vista la demanda de amparo promovida por ENRIQUE APOLONIO SÀNCHEZ SÀNCHEZ, contra los actos del DIRECTOR GENERAL DE PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL DE LA CIUDAD DE TEHUACÁN, PUEBLA y otras autoridades; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente bajo el número 633/2022. DESECHAMIENTO Ahora bien, debe puntualizarse que el Juez de Distrito está constreñido al análisis de la demanda de amparo, tal como lo impone el artículo 113 de la Ley de Amparo: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En ese sentido, en la demanda de amparo, el quejoso reclama la orden de traslado del Centro Penitenciario de Tehuacán, Puebla a uno diverso, lo que conduce a desechar de plano la demanda de amparo. Ello, en virtud de que el juicio de amparo está concebido por el legislador, como un medio extraordinario de defensa, cuya finalidad es mantener el orden constitucional; de ahí que no pueda acudirse a esa instancia cuando ante las autoridades vinculadas con la reclamación del inconforme se otorgue un medio legal, a través del cual sea posible reparar el perjuicio alegado por la parte legitimada. Además, con la tramitación de la defensa propuesta que en su caso haga valer el gobernado, también se otorga al ente de gobierno responsable o a quien incurrió en la falta, la oportunidad de enmendar las violaciones en que pudiera haber incurrido. ORDEN DE TRASLADO La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver los recursos de queja 36/2020 y 46/2020, fallados en sesión de trece de enero de dos mil veintiuno, señaló que el traslado urgente o excepcional, implica una determinación administrativa, cuando se trate de casos de delincuencia organizada, esté en riesgo la integridad y la salud de la persona privada de la libertad o esté en riesgo la seguridad o gobernabilidad del centro penitenciario. Supuestos en que la autoridad penitenciaria deberá notificar a la autoridad jurisdiccional, dentro de las veinticuatro horas posteriores al traslado, para que, en un plazo de cuarenta y ocho horas, resuelva sobre la legalidad de la medida. Asimismo, la sala indicó que respecto de esa determinación administrativa, proceden dos medios de defensa legal con los que puede ser combatida; el recurso de apelación y la controversia judicial; cuya procedencia, depende del actuar del Juez de Control o de Ejecución, ya que una vez que esa autoridad ha sido notificada de la orden de traslado urgente o excepcional, cuenta con cuarenta y ocho horas para emitir la resolución en la que calificará la legalidad de la orden de traslado, y contra dicha resolución es procedente el recurso de apelación. En cambio, si la autoridad judicial es omisa en pronunciase sobre la legalidad de la determinación administrativa que ordena el traslado dentro del término fijado, se actualizará la procedencia de la controversia judicial. La sala precisó que cuando se presenten casos en que la persona privada de su libertad, reclama una orden de traslado, donde no se tenga certeza de la calificación que sobre su legalidad emite el Juez de Ejecución, en tanto que la presumible determinación administrativa se comunicó al quejoso por la propia autoridad administrativa, de forma verbal, lo procedente será que el afectado promueva una "controversia judicial", a fin de que sea el Juez de Control o de Ejecución, quien resuelva respecto de sus derechos implicados. Ello, -la sala señaló- porque conforme a lo dispuesto por el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las personas privadas de su libertad, podrá accionar la controversia judicial respecto de cuestiones relacionadas con sus derechos en materia de traslados, que podrá ejercerse en el momento de la notificación de traslado, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando la persona privada de la libertad no hubiera sido notificada previamente. Lo anterior, la sala precisó, porque conforme al último párrafo del artículo 117 citado, los traslados por razones urgentes, relacionados con la integridad física o la salud de la persona privada de la libertad, o bien, por cuestiones de seguridad del centro penitenciario, no requerirán autorización previa del Juez de Ejecución, sin perjuicio de que dicha determinación pueda ser recurrida, y en su caso, confirmada o revocada, a través de los medios legales de defensa antes referidos (apelación o controversia judicial). Por tanto, la sala señaló que contra la orden de traslado urgente o excepcional, que se reclama a una autoridad administrativa, sin autorización judicial previa, es procedente la controversia judicial, prevista en los artículos 52, último párrafo, y 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, porque ese medio de defensa legal, tiene la potencialidad de confirmar, modificar o revocar la referida orden de traslado. Además, la sala destacó que el artículo 122 la Ley Nacional de Ejecución Penal, señala que la controversia judicial, deberá formularse por escrito y presentarse ante la administración del juzgado de ejecución, precisando el nombre del promovente, datos de localización, el relato de su inconformidad, los medios de prueba en caso de contar con ellos, así como la solicitud de suspensión del acto, cuando se considere que se trata de caso urgente, y la firma o huella digital. De igual forma, -la sala indicó- prescribe que el Juez de Control o de Ejecución, de acuerdo con la naturaleza de la pretensión, de oficio o a petición de parte, ordenará la suspensión del acto si lo considera pertinente, así como el desahogo de las pruebas que estime conducentes para resolver el conflicto. Y el segundo párrafo, del artículo 124 de la propia ley de ejecución, que regula la sustanciación de la controversia judicial, precisa que en caso de tratarse de medidas disciplinarias y de violación a derechos que constituyan un caso urgente que, de no atenderse de inmediato, quedará sin materia la acción o el recurso jurisdiccional, el Juez de Control o de Ejecución, de oficio o a solicitud de parte, decretará de inmediato la suspensión del acto, hasta en tanto se resuelve en definitiva. Asimismo, la sala indicó que en el artículo 132, fracción VII, la Ley Nacional de Ejecución Penal, se prevé que el recurso de apelación es procedente en contra de las resoluciones que se pronuncien respecto de los traslados de las personas privadas de la libertad en los centros de reclusión, por lo que de estar inconformes con el sentido de la resolución con la que culmina el procedimiento de la controversia judicial, cuentan con un medio de impugnación ordinario, con el objeto de que un tribunal de alzada revise la legalidad de dicha resolución, a fin de que pueda ser confirmada, modificada o revocada. La sala señaló que no se surte alguno de los casos de excepción al principio de definitividad, ya que el traslado urgente o excepcional, aun cuando se emita de forma oral, no es un acto que carezca de fundamentación, porque está previsto en el artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que faculta a la autoridad administrativa penitenciaria, para ordenar y ejecutar el traslado de personas privadas de su libertad, sin autorización judicial previa, cuando se actualice alguna de las hipótesis específicas que se prevén en las diversas fracciones de dicho numeral; mientras que la legalidad de su aplicación, se corroborará una vez que la determinación se somete al control de la autoridad jurisdiccional, luego de ejecutada la medida. De igual forma, la sala indicó que si bien la orden de traslado afecta de manera indirecta la libertad, no constituye una violación directa a la Constitución Federal; porque conforme al modelo actual de judicialización y régimen de penas, esa medida ya no constituye un acto que afecte la libertad fuera de procedimiento, pues se cuenta con una regulación especial en la Ley Nacional de Ejecución Penal, que precisa las especificas hipótesis en las que de manera excepcional, se faculta a la autoridad administrativa para que emita y ejecute el traslado de personas privadas de su libertad de un centro penitenciario a otro, bajo requisitos específicos, porque se establecen plazos precisos (notificación del traslado a la autoridad jurisdiccional dentro de las veinticuatro horas siguientes a la ejecución y cuarenta y ocho horas para calificar la legalidad de la determinación administrativa), con el fin de que la correspondiente autoridad judicial realice con posterioridad a la materialización del traslado, su control de legalidad. Por ende, el Juez de Control o el Juez de Ejecución, según sea el caso, será quien finalmente determine la legalidad del traslado, a través de una resolución que constituya la culminación del correspondiente procedimiento, en respeto al derecho a un debido proceso; resolución contra la cual procede el recurso de apelación. Además, la sala refirió que al estar previsto el medio ordinario de impugnación en la propia ley, tampoco se actualiza la excepción al principio de definitividad, relativa a que el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. De las ejecutorias de las quejas referidas derivó la tesis aislada siguiente: ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO SIN INTERVENCIÓN JUDICIAL PREVIA. AL CONTAR CON UNA REGULACIÓN ESPECÍFICA EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, CONSTITUYE UN ACTO DICTADO DENTRO DEL PROCEDIMIENTO, AL QUE LE ES APLICABLE EL PLAZO GENÉRICO DE QUINCE DÍAS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO [ABANDONO DE LAS JURISPRUDENCIAS 1a./J. 83/2015 (10a.) Y 1a./J. 58/2016 (10a.)]. Entonces, de acuerdo con lo expuesto, contra la orden de traslado atribuida a las autoridades administrativas, sin intervención de la autoridad judicial, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX7, de la Ley de Amparo, en el cual se establece que contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, previo a la promoción del juicio de amparo, es necesario agotar el medio ordinario de defensa, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. Ello, porque contra la orden de traslado sin intervención judicial procede la controversia judicial prevista en el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Sin que sea óbice que a la fecha no se haya notificado formalmente la orden de traslado, pues tal circunstancia no lo exime de la obligación de agotar el medio ordinario de impugnación. De ahí, que contra la orden de traslado sin intervención judicial el juicio de amparo es improcedente, por lo que procede desechar la demanda de amparo. Sin que pase desapercibido que el quejoso señala como acto reclamado del DIRECTOR GENERAL DE PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL DE LA CIUDAD DE TEHUACÁN, PUEBLA, la orden que se le infrinjan por conducto de sus subordinados sufrimiento moral y psíquico, y que de ejecutarse el traslado quedaría incomunicado con sus familiares, lo que implicaría un trato cruel y de tortura, no obstante no ha lugar a emitir mayor pronunciamiento, toda vez que de la integridad de la demanda de amparo se inadvierte que el quejoso se encuentre sufriendo algún acto que afecte su integridad física y emocional que ameriten pronunciarse al respecto, pues los mismos se tratan de actos futuros e inciertos, máxime, que el trato cruel y de tortura a que hace referencia, lo hace depender de la incomunicación que dice padecería en caso de ser trasladado a un centro penitenciario diverso, de ahí que lo hace depender de una consecuencia del acto primigenio. En tales condiciones, al advertirse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia previsto por la fracción XX, del artículo 61 de la ley de la materia, lo procedente es desechar de plano la presente demanda de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 del mismo cuerpo legal. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese este asunto como totalmente concluido. AUTORIZADOS Téngase por autorizadas los profesionistas, que menciona en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo. ACCESO EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA Como lo solicita la parte promovente, y con fundamento en los artículos 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, y 57 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno Del Consejo de la Judicatura Federal, que Regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el Uso de Videoconferencias en Todos los Asuntos Competencia de los Órganos Jurisdiccionales a Cargo del Propio Consejo, se autoriza notificación electrónica de aquellos proveídos que se ordenen notificar personalmente, y por ende la consulta del expediente electrónico a través del usuario JULIOCP; por tanto, con fundamento en los artículos 77 y 78 del Acuerdo General Conjunto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que regula los servicios relativos a la transmisión electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal, se comisiona a la Analista Jurídico SISE adscrita a este juzgado federal, para que previo cercioramiento del usuario proporcionado, proceda a realizar la autorización correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NO SE TIENE DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Atento a lo anterior, es innecesario tener por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones personales en el que indica en su escrito de cuenta de amparo, esto, toda vez que ha proporcionado el nombre de usuario para la consulta del expediente electrónico y recibir sus notificaciones por la misma vía del presente asunto. COMUNICACIONES NO PROCESALES Respecto al señalamiento del teléfono y correo electrónico, que proporciona en su escrito de demanda, en términos del artículo 5, fracción I del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se tiene únicamente señalado para realizar comunicaciones no procesales, no así para que se realicen las notificaciones derivadas de este juicio de amparo. FORMA DE NOTIFICACIÓN Así, en atención a que en términos del ACUERDO GENERAL 21/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, la nueva estrategia de inmediata digitalización de las constancias en los asuntos nuevos que se promuevan físicamente, la apertura total del juicio en línea a todas las materias e instancias en los asuntos competencia de los órganos a cargo del Consejo, y la necesidad de que la mayor parte del personal jurisdiccional continúe trabajando de manera remota, hacen necesaria y a la vez idónea la continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional. Así también, se instruye al actuario encargado de practicar alguna notificación personal derivada del presente asunto para que la desahogue en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, ello con el fin de resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. EXHORTO A LAS PARTES Por otra parte, toda vez que el CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, ha determinado la implementación de medidas para evitar la propagación del virus COVID-19, así como privilegiar el acceso a la justicia federal; conforme a lo dispuesto en el artículo 22 del ACUERDO GENERAL 21/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19, el cual faculta a los juzgadores, a exhortar a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, asimismo propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. En tales condiciones, se exhorta a las partes, para que de ser posible, realicen los trámites correspondientes para obtener la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación, así como propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Así mismo, conforme al artículo 55 del ACUERDO GENERAL 12/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE REGULA LA INTEGRACIÓN Y TRÁMITE DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y EL USO DE VIDEOCONFERENCIAS EN TODOS LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES A CARGO DEL PROPIO CONSEJO, y 29 del ACUERDO GENERAL 21/2020 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19, dígasele a la parte quejosa que podrá solicitar que se le realicen las notificaciones electrónicas de las resoluciones judiciales, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo y, para ello, es indispensable que las partes manifiesten expresamente la solicitud para recibir notificaciones electrónicas a través de una promoción impresa, electrónica o, cuando la ley aplicable lo prevea, vía comparecencia, en el asunto de que se trate, dirigida al órgano jurisdiccional donde se tramita, en la que señalen el "Nombre de Usuario" que crearon al registrarse en el Portal. En caso que se solicite la autorización de notificación electrónica para personas diversas a la parte solicitante, también deberá señalar sus "Nombres de Usuario". Para mayor información pueden seguir los pasos que se informan en la liga siguiente: https://www.cjf.gob.mx/documentos/cartelFirel.pdf En tanto que la tramitación de la firma electrónica "Firel" la pueden hacer en el sitio: https://www.firel.pjf.gob.mx e incluso puede descargar la aplicación para hacer el trámite correspondiente en su teléfono móvil si éste opera con plataformas "Android" o "iOS". SE GIRA DESPACHO PARA EL JUEZ PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TEHUACAN, PUEBLA En virtud de que el quejoso Enrique Apolonio Sánchez Sánchez, se encuentra privado de su libertad en el CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE TEHUACAN, PUEBLA; con fundamento en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo primer párrafo; 42, fracción II, y 310 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, gírese atento despacho vía electrónica al JUEZ DE LO PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TEHUACAN, PUEBLA, para que en auxilio de las labores de este juzgado federal, se sirva realizar lo siguiente: a) Ordene al personal a su digno cargo a quien corresponda desahogar la diligencia encomendada, se constituya en las instalaciones del CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE TEHUACAN, PUEBLA, para lo cual, deberá tomar las medidas de salud necesarias, ello con el fin de resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. b) Busque, por conducto del personal de custodia correspondiente, al quejoso Enrique Apolonio Sánchez Sánchez y, se cerciore de su identidad. c) Le haga saber el órgano jurisdiccional que ordena su notificación -Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla- así como el número de expediente, juicio de amparo 633/2022; Le notifique únicamente para conocimiento el contenido del presente proveído, corriéndole traslado de éste. Por último, asiente razón en el sentido de si el impetrante del amparo quiso o no recibir la notificación, así como si fue su deseo o no firmar para constancia; sin que la persona encargada de realizar la diligencia en comento se encuentre facultada para asentar manifestaciones que no se encuentren relacionadas con la notificación. APERCIBIMIENTO Se apercibe al JUEZ DE LO PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TEHUACAN, PUEBLA, que de no dar cumplimiento a lo solicitado en el plazo señalado, sin causa justificada, o de no informar las causas que se lo impidiesen, se le impondrá una multa de CINCUENTA VECES el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, que tenga al momento en que se emite el presente proveído, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 123, apartado A, fracción VI, párrafo primero Constitucional, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme al artículo 237, fracción I, de la Ley de Amparo. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Finalmente en conformidad con los preceptos 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 11, fracción VI, 16 y 68, éste último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano al emitir la sentencia respectiva y con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública, protegiendo aquella considerada legalmente como confidencial o reservada.

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