Enrique de Jesús Osorio Tlacomulco
Expediente 28/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 42 actuaciones registradas, la última del 31 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 28/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 42
- Última actuación
- 31/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Enrique de Jesús Osorio Tlacomulco
Actuaciones
Las 4 más recientes de 42.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos se advierte que a esta fecha ha trascurrido el plazo otorgado a las partes para que manifestaran lo que a su derecho importara en relación con las actuaciones realizadas por la autoridad responsable en cumplimiento a la sentencia dictada en este juicio, sin que hubieran efectuado manifestación alguna; empero, en virtud de que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, corresponde a este juzgado federal pronunciarse al respecto. De la sentencia dictada en este juicio se advierte que se concedió el amparo solicitado para el efecto de que FERNANDO MARTÍNEZ ESPINOSA, JUEZ DE ORALIDAD PENAL Y EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO-PONIENTE y DIRECTOR DEL CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA, realizara lo siguiente: 1.- Señale nueva fecha y hora para resolver la prórroga y modificación de prisión preventiva necesaria, por una diversa medida cautelar; 2.- Deje insubsistente la resolución de diez de diciembre de dos mil veinte emitida en la carpeta judicial administrativa 256/2018/CHOLULA y 3.- Emita otra en la que siguiendo los lineamientos decretados en la presente sentencia, determine que ha fenecido el plazo de la prisión preventiva de dos años, más el tiempo que ocupó el imputado en el ejercicio de su derecho de defensa, debiendo tomar en consideración únicamente los cuatro meses generados con motivo de las ampliaciones del plazo para el cierre de la investigación complementaria y, varíe la medida cautelar por una menos lesiva. 4.- De igual forma, la protección constitucional se hace extensiva al acto de ejecución reclamado al Director del Centro Reinserción Social de San Pedro Cholula, Puebla. Sin embargo, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, atendiendo a que se trata de un asunto del orden penal en el que se concedió la protección constitucional contra una medida cautelar restrictiva de libertad por un delito no considerado como grave en el artículo 69 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, la presente resolución debe surtir efectos de manera inmediata. No obstante, como el efecto de la sentencia es la libertad, para que este órgano jurisdiccional se encuentre en posibilidad de ordenar su ejecución, se considera necesario, a fin de evitar que el impetrante evada la acción de la justicia, decretar las medidas de aseguramiento siguientes: a) El quejoso deberá exhibir la cantidad de $30,000.00 (treinta mil pesos cero centavos moneda nacional). Garantía que puede ser exhibida en cualquiera de las formas establecidas por la ley, es decir, ya sea en billete de depósito a su nombre o en póliza de fianza, la que deberá contener los siguientes requisitos, domicilio de la compañía en esta ciudad, nombre del agente o agentes en esta plaza y la expresión de que la compañía se somete a la Jurisdicción de los Tribunales del Estado para el caso de litigio. b) Señalar bajo protesta de decir verdad un domicilio en esta ciudad de Puebla o zona conurbada -en donde reside este órgano jurisdiccional- en el cual se obligue a residir hasta en tanto cause ejecutoria esta determinación, así como si tuviera algún cambio del mismo, haciendo de su conocimiento que no podrá ausentarse de esta ciudad o zona conurbada sin previa autorización de este juzgado. c) Comparecer ante el Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro Poniente, para ponerse a su disposición. d) Así mismo, el Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro Poniente, deberá canalizar al quejoso con la autoridad de supervisión de medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso para los efectos conducentes y se reporte ante dicha unidad cada quince días. e) No salir del territorio estatal ni del país sin previa autorización de este juzgado, la cual solamente se podrá otorgar por razones de salud del impetrante o trabajo de éste; caso en el cual, el demandante de amparo deberá justificar tales extremos, que el suscrito deberá calificar, y en caso de que se estime procedente, se dictarán nuevas medidas para asegurar que no evada la acción de la justicia. En cumplimiento a la ejecutoria de mérito: En auto de nueve de julio de dos mil veintiuno, se ordenó la inmediata libertad del aquí quejoso Enrique de Jesús Osorio Tlacomulco, al cumplir el citado quejoso con todas y cada uno de los requisitos impuestos en la resolución mencionada. Por su parte la DIRECTORA DEL CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA, informó que el nueve de julio de dos mil veintiuno, el mencionado quejoso fue puesto en libertad. Así, dentro de la causa penal 256/2018/CHOLULA, del índice de la autoridad responsable, se realizó lo siguiente: Mediante auto de seis de agosto de dos mil veintiuno, señaló las trece horas del diez de agosto del año en curso, para el desahogo de la audiencia relativa a la modificación de la medida cautelar impuesta. En audiencia de diez de agosto de este año, dejó insubsistente la resolución de diez de diciembre de dos mil veinte emitida en la carpeta judicial administrativa. (17:35:58 minutos del DVD) En su lugar, emitió otra en la que siguiendo los lineamientos decretados en sentencia, determinó que ha fenecido el plazo de la prisión preventiva de dos años, más el tiempo que ocupó el imputado en el ejercicio de su derecho de defensa, tomando en consideración únicamente los cuatro meses generados con motivo de las ampliaciones del plazo para el cierre de la investigación complementaria, determinando imponer al aquí quejoso, considerando las propuestas por la agente el Ministerio Público, y al no existir ejercicio de contradicción por parte de la defensa, así como de considerarlas proporcionales, en términos del artículo 153 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se impuso como medida cautelar, las siguientes: Prohibición de salir del Estado. Prohibición de acercarse a la víctima, y en caso de advertir su presencia, deberá alejarse. Firma periódica de manera mensual, por lo que deberá acudir a la Unidad de Medidas Cautelares, el primer miércoles de cada mes. En ese sentido, se estima que la sentencia dictada en el presente juicio de amparo se encuentra cumplida, en atención a que los efectos para los cuales se concedió el amparo han sido satisfechos por la autoridad responsable; sin que en el caso se advierta exceso o defecto en su cumplimiento, pues no hizo más ni menos de lo que le correspondía hacer en cumplimiento al fallo. En consecuencia, se declara cumplida la ejecutoria de mérito y, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto totalmente y definitivamente concluido; hágase lo anterior del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes. NO APERTURA DE INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Toda vez que no se aperturaron cuadernos incidentales por no haberlo solicitado la parte quejosa no se hace pronunciamiento alguno del destino de éstos. DESTINO DEL EXPEDIENTE Con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este órgano jurisdiccional califica que este asunto: Carece de relevancia documental al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 15 del acuerdo general citado. ES DEPURABLE, de conformidad con el diverso 18 fracción I, inciso b) del acuerdo general citado porque se concedió el amparo y protección de la justicia federal, dicha medida cautelar tiene efectos definitivos, por tanto, procede conservarse, durante un plazo de tres años, contados a partir de esta fecha y, una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, se deberá depurar el expediente y una vez hecho lo anterior, deberá transferirse dicho cuaderno original a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación ANOTACIONES EN CARÁTULA Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del acuerdo general invocado y verifíquese que el expediente electrónico como el impreso coincida en totalidad. DATOS PERSONALES Así también, se hace constar que las partes no ejercieron el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales al momento de hacerse pública la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, a pesar de habérseles hecho el señalamiento respectivo en el acuerdo correspondiente a las partes. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS Finalmente, remítase al FERNANDO MARTÍNEZ ESPINOSA, JUEZ DE ORALIDAD PENAL Y EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO-PONIENTE, el registro audiovisual que remitió en apoyo al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; sin que en el caso se solicite acuse de recibo a la citada autoridad en virtud que la constancia de notificación del oficio por medio del cual se le remiten, surte los mismos efectos.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos se advierte que a esta fecha ha trascurrido el plazo otorgado a las partes para que manifestaran lo que a su derecho importara en relación con las actuaciones realizadas por la autoridad responsable en cumplimiento a la sentencia dictada en este juicio, sin que hubieran efectuado manifestación alguna; empero, en virtud de que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, corresponde a este juzgado federal pronunciarse al respecto. De la sentencia dictada en este juicio se advierte que se concedió el amparo solicitado para el efecto de que FERNANDO MARTÍNEZ ESPINOSA, JUEZ DE ORALIDAD PENAL Y EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO-PONIENTE y DIRECTOR DEL CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA, realizara lo siguiente: 1.- Señale nueva fecha y hora para resolver la prórroga y modificación de prisión preventiva necesaria, por una diversa medida cautelar; 2.- Deje insubsistente la resolución de diez de diciembre de dos mil veinte emitida en la carpeta judicial administrativa 256/2018/CHOLULA y 3.- Emita otra en la que siguiendo los lineamientos decretados en la presente sentencia, determine que ha fenecido el plazo de la prisión preventiva de dos años, más el tiempo que ocupó el imputado en el ejercicio de su derecho de defensa, debiendo tomar en consideración únicamente los cuatro meses generados con motivo de las ampliaciones del plazo para el cierre de la investigación complementaria y, varíe la medida cautelar por una menos lesiva. 4.- De igual forma, la protección constitucional se hace extensiva al acto de ejecución reclamado al Director del Centro Reinserción Social de San Pedro Cholula, Puebla. Sin embargo, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, atendiendo a que se trata de un asunto del orden penal en el que se concedió la protección constitucional contra una medida cautelar restrictiva de libertad por un delito no considerado como grave en el artículo 69 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, la presente resolución debe surtir efectos de manera inmediata. No obstante, como el efecto de la sentencia es la libertad, para que este órgano jurisdiccional se encuentre en posibilidad de ordenar su ejecución, se considera necesario, a fin de evitar que el impetrante evada la acción de la justicia, decretar las medidas de aseguramiento siguientes: a) El quejoso deberá exhibir la cantidad de $30,000.00 (treinta mil pesos cero centavos moneda nacional). Garantía que puede ser exhibida en cualquiera de las formas establecidas por la ley, es decir, ya sea en billete de depósito a su nombre o en póliza de fianza, la que deberá contener los siguientes requisitos, domicilio de la compañía en esta ciudad, nombre del agente o agentes en esta plaza y la expresión de que la compañía se somete a la Jurisdicción de los Tribunales del Estado para el caso de litigio. b) Señalar bajo protesta de decir verdad un domicilio en esta ciudad de Puebla o zona conurbada -en donde reside este órgano jurisdiccional- en el cual se obligue a residir hasta en tanto cause ejecutoria esta determinación, así como si tuviera algún cambio del mismo, haciendo de su conocimiento que no podrá ausentarse de esta ciudad o zona conurbada sin previa autorización de este juzgado. c) Comparecer ante el Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro Poniente, para ponerse a su disposición. d) Así mismo, el Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro Poniente, deberá canalizar al quejoso con la autoridad de supervisión de medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso para los efectos conducentes y se reporte ante dicha unidad cada quince días. e) No salir del territorio estatal ni del país sin previa autorización de este juzgado, la cual solamente se podrá otorgar por razones de salud del impetrante o trabajo de éste; caso en el cual, el demandante de amparo deberá justificar tales extremos, que el suscrito deberá calificar, y en caso de que se estime procedente, se dictarán nuevas medidas para asegurar que no evada la acción de la justicia. En cumplimiento a la ejecutoria de mérito: En auto de nueve de julio de dos mil veintiuno, se ordenó la inmediata libertad del aquí quejoso Enrique de Jesús Osorio Tlacomulco, al cumplir el citado quejoso con todas y cada uno de los requisitos impuestos en la resolución mencionada. Por su parte la DIRECTORA DEL CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA, informó que el nueve de julio de dos mil veintiuno, el mencionado quejoso fue puesto en libertad. Así, dentro de la causa penal 256/2018/CHOLULA, del índice de la autoridad responsable, se realizó lo siguiente: Mediante auto de seis de agosto de dos mil veintiuno, señaló las trece horas del diez de agosto del año en curso, para el desahogo de la audiencia relativa a la modificación de la medida cautelar impuesta. En audiencia de diez de agosto de este año, dejó insubsistente la resolución de diez de diciembre de dos mil veinte emitida en la carpeta judicial administrativa. (17:35:58 minutos del DVD) En su lugar, emitió otra en la que siguiendo los lineamientos decretados en sentencia, determinó que ha fenecido el plazo de la prisión preventiva de dos años, más el tiempo que ocupó el imputado en el ejercicio de su derecho de defensa, tomando en consideración únicamente los cuatro meses generados con motivo de las ampliaciones del plazo para el cierre de la investigación complementaria, determinando imponer al aquí quejoso, considerando las propuestas por la agente el Ministerio Público, y al no existir ejercicio de contradicción por parte de la defensa, así como de considerarlas proporcionales, en términos del artículo 153 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se impuso como medida cautelar, las siguientes: Prohibición de salir del Estado. Prohibición de acercarse a la víctima, y en caso de advertir su presencia, deberá alejarse. Firma periódica de manera mensual, por lo que deberá acudir a la Unidad de Medidas Cautelares, el primer miércoles de cada mes. En ese sentido, se estima que la sentencia dictada en el presente juicio de amparo se encuentra cumplida, en atención a que los efectos para los cuales se concedió el amparo han sido satisfechos por la autoridad responsable; sin que en el caso se advierta exceso o defecto en su cumplimiento, pues no hizo más ni menos de lo que le correspondía hacer en cumplimiento al fallo. En consecuencia, se declara cumplida la ejecutoria de mérito y, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto totalmente y definitivamente concluido; hágase lo anterior del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes. NO APERTURA DE INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Toda vez que no se aperturaron cuadernos incidentales por no haberlo solicitado la parte quejosa no se hace pronunciamiento alguno del destino de éstos. DESTINO DEL EXPEDIENTE Con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este órgano jurisdiccional califica que este asunto: Carece de relevancia documental al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 15 del acuerdo general citado. ES DEPURABLE, de conformidad con el diverso 18 fracción I, inciso b) del acuerdo general citado porque se concedió el amparo y protección de la justicia federal, dicha medida cautelar tiene efectos definitivos, por tanto, procede conservarse, durante un plazo de tres años, contados a partir de esta fecha y, una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, se deberá depurar el expediente y una vez hecho lo anterior, deberá transferirse dicho cuaderno original a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación ANOTACIONES EN CARÁTULA Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del acuerdo general invocado y verifíquese que el expediente electrónico como el impreso coincida en totalidad. DATOS PERSONALES Así también, se hace constar que las partes no ejercieron el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales al momento de hacerse pública la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, a pesar de habérseles hecho el señalamiento respectivo en el acuerdo correspondiente a las partes. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS Finalmente, remítase al FERNANDO MARTÍNEZ ESPINOSA, JUEZ DE ORALIDAD PENAL Y EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO-PONIENTE, el registro audiovisual que remitió en apoyo al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; sin que en el caso se solicite acuse de recibo a la citada autoridad en virtud que la constancia de notificación del oficio por medio del cual se le remiten, surte los mismos efectos.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio del JUEZ DE ORALIDAD PENAL Y EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO-PONIENTE, FERNANDO MARTÍNEZ ESPINOSA, así como un dvd, por el que informa sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196, primer párrafo, de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con su contenido, así como con el diverso identificado con el número de registro 12944, para que en el plazo de tres días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación del presente, manifiesten lo que a su interés convenga; lo anterior, en el entendido que transcurrido dicho plazo, con manifestación o sin ella, se resolverá lo que en derecho proceda.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio del JUEZ DE ORALIDAD PENAL Y EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO-PONIENTE, FERNANDO MARTÍNEZ ESPINOSA, así como un dvd, por el que informa sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196, primer párrafo, de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con su contenido, así como con el diverso identificado con el número de registro 12944, para que en el plazo de tres días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación del presente, manifiesten lo que a su interés convenga; lo anterior, en el entendido que transcurrido dicho plazo, con manifestación o sin ella, se resolverá lo que en derecho proceda.
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