Emmanuel Sánchez Méndez
Expediente 1632/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 26 actuaciones registradas, la última del 8 de febrero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1632/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 26
- Última actuación
- 08/02/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Emmanuel Sánchez Méndez
- EMMANUEL SÁNCHEZ MÉNDEZ y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 26.
- Principal
Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta suscrito por la Secretaria del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito por el cual remite el testimonio de la ejecutoria pronunciada el veinticinco de enero de dos mil dieciocho dictada dentro recurso de inconformidad número 30/2017 el expediente de amparo número 1632/2016de la cual se advierte que dicho Tribunal Colegiado resolvió declarar infundado el recurso de inconformidad promovido por el quejoso. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo acúsese recibo a la superioridad de la ejecutoria antes mencionada y devuélvase el presente asunto al archivo. Glósese a los presentes autos el expedientillo que se formó con motivo del recurso planteado únicamente por lo que hace a las constancias que obran en original; lo anterior a fin de hacer práctico el manejo del juicio de amparo en que se actúa.
- Principal
Agréguese a los autos el ocurso del inconforme xxxpor el que interpone recurso de inconformidad en contra del acuerdo de diecisiete de octubre del año en curso. En consecuencia, con fundamento en el artículo 203 de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 5/2013 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, actualmente vigente, una vez debidamente integrado, remítase el original del escrito de inconformidad, así como el presente expediente al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, en turno, para la substanciación del recurso interpuesto. Fórmese el expedientillo de antecedentes correspondiente con las constancias necesarias y distribúyanse entre las partes copias simples de la inconformidad interpuesta.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos se advierte que a esta fecha ha trascurrido el plazo otorgado a las partes para que manifestaran lo que a su derecho importara en relación con las actuaciones realizadas por la autoridad responsable en cumplimiento a la sentencia dictada en este juicio, sin que hubieran efectuado alguna manifestación; empero, tomando en consideración que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, corresponde a este juzgado federal pronunciarse al respecto. De la parte considerativa que interesa de la sentencia dictada en este juicio se advierte que se concedió el amparo solicitado para el efecto de que el Juez Octavo de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, realizara lo siguiente: Deje insubsistente el acto reclamado; y en su lugar: Reponga el procedimiento, esto es, señale día y hora para el desahogo de los careos e interrogatorios ofrecido por el defensor del quejoso a cargo de los elementos aprehensores Manuel Covarrubias Yañez, Miguel Saucedo Sánchez, del agraviado Carlos Guzmán Eugenio y del testigo de cargo Luciano Salazar Juárez con el aquí quejoso Emmanuel Sánchez Méndez, debiendo vigilar que éstos sean citados de manera inmediata conforme a los lineamientos establecidos en el código adjetivo; pudiendo en su caso, hacer uso de las medidas de apremio para lograr su comparecencia; asimismo en el supuesto de que requiera girar exhorto a una diversa autoridad para lograr la comparecencia de alguna de las partes, puede valerse de los medios más eficaces y expeditos que concede la ley, a fin de lograr que su desahogo se pueda verificar dentro del término constitucional ampliado, es decir, conforme a los medios de comunicación establecidos en la ley adjetiva penal. En el entendido que las citadas pruebas se deberán desahogar dentro del término constitucional ampliado (ciento cuarenta y cuatro horas), restando las horas que transcurrieron desde que el inculpado quedó a su disposición y el momento en que se ofreció y admitió dicho medio de convicción, es decir, tomando en consideración las actuaciones del proceso 235/2015, donde el juez responsable emitió el acuerdo de admisión de las citadas probanzas el tres de octubre de dos mil dieciséis, debiendo ante la falta de hora de su emisión tomarse las cero horas de esa misma fecha, con el objeto de evitar una vulneración a la garantía de defensa del encausado, al reducir el plazo para el desahogo de tales probanzas y resolver su situación jurídica; ello, con la finalidad de no exceder el término constitucional y para estar en similares condiciones a las que prevalecieron en el periodo aludido. De no lograrse lo ordenado, no obstante realizar los actos necesarios y suficientes para ello, deberá resolver la situación jurídica del ahora quejoso dentro del término constitucional con las pruebas que obren en el sumario, asentando las razones por las cuales no se desahogaron las citadas pruebas y todas y cada una de las medidas empleadas y medios de apremio decretados para lograr tal desahogo. Realizado lo anterior y sin rebasar el término constitucional ampliado, con libertad de jurisdicción deberá emitir y notificar la nueva resolución en el sentido que estime procedente; y si considera dictar el auto de formal procesamiento en contra del quejoso por los delitos por los cuales ejercitó la acción penal el representante social, deberá purgar los defectos formales destacados en el cuerpo de la presente sentencia, mismos que consisten en: Deberá de manera fundada y motivada dar contestación de manera exhaustiva y congruente al escrito de la parte quejosa presentado ante ella el seis de octubre de dos mil dieciséis, por la que hace valer la figura de la prescripción; Deberá motivar su determinación por cuanto al elemento integrador del ilícito de portación de arma e instrumento prohibido consistente en "sin un fin lícito"; Deberá subsanar las incongruencias respecto a la manifestación de la autoridad de acreditar los delitos de cohecho, desobediencia y resistencia de particulares y, decretar en sus puntos resolutivos la conclusión a la que llegó con el estudio de todas y cada una de las constancias que sirvieron de base para la resolución del término constitucional; lo anterior en acatamiento por lo dispuesto por los artículos 16 y 19 constitucionales. Inconforme con dicha determinación, el quejoso interpuso recurso de revisión, que conocieron los Integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito bajo el toca R-116/2017, quienes por ejecutoria de diez de agosto pasado determinaron modificar la sentencia sujeta a revisión bajo los siguientes puntos: PRIMERO.- Se modifica la sentencia sujeta a revisión, con excepción del punto resolutivo segundo. SEGUNDO.- Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Emmanuel Sánchez Méndez, por lo que hace al acto de ejecución reclamado al Diligenciario adscrito al Juzgado Octavo de lo Penal de la ciudad de Puebla, consistente en la notificación del auto de formal prisión dictado en su contra, el seis de octubre de dos mil dieciséis, en la causa penal número 235/2015, por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de portación de arma e instrumento prohibido y privación ilegal de la libertad. TERCERO.- Para los efectos precisados en la sentencia recurrida, la Justicia de la Unión ampara y protege a Emmanuel Sánchez Méndez, contra los actos que reclamó al Juez Octavo de lo Penal de la ciudad de Puebla, y Director del Centro de Reinserción Social de Puebla, consistentes en el auto de formal prisión dictado en su contra, el seis de octubre de dos mil dieciséis, en la causa penal número 235/2015, por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de portación de arma e instrumento prohibido y privación ilegal de la libertad; así como su ejecución. Ahora bien, de las constancias que envió el Juez Octavo de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, se advierte que en el proceso 235/2015 de su índice, realizó lo siguiente: Mediante acuerdo de treinta de agosto de la presente anualidad: Dejó insubsistente el auto de formal prisión reclamado dictado contra el quejoso Emmanuel Sánchez Méndez el seis de octubre de dos mil dieciséis. Precisó que el término constitucional vence a las tres horas con quince minutos del dos de septiembre de este año; ello, previo descuento del tiempo transcurrido a partir de que el indiciado fue puesto a disposición de ese juzgado (cero horas del tres de octubre del año que transcurrió en que fue dictado el auto admisorio de pruebas). Repuso el procedimiento, para lo cual admitió a trámite los careos e interrogatorios entre el quejoso con los elementos aprehensores Manuel Covarrubias Yañez, Miguel Saucedo Sánchez, con el agraviado Carlos Guzmán Eugenio y con el testigo de cargo Luciano Salazar Juárez, tomando las medidas necesarias a fin citarlos en forma inmediata. El treinta y uno de agosto de este año el Comisario Encargado de los Procesos Nones levantó una razón, con motivo de la citación al testigo de cargo Luciano Salazar Juárez, al señalar que en el domicilio se ubica un inmueble en construcción casi terminado, sin que nadie saliera a su llamado. En la misma data notificó por estrados al aquí quejoso y a su garante; ateniendo a que el primero se encuentra gozando del beneficio de su libertad provisional bajo caución. Por su parte, en la citada fecha, el Diligenciario adscrito al Juzgado Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, con residencia en Tlaxcala, Tlaxcala, se constituyó en el domicilio del agraviado notificándole el acuerdo de treinta de agosto de esta anualidad dictado por el juez de origen. En uno de septiembre de dos mil diecisiete notificó al defensor particular del inconforme, mediante cédula de notificación. En dicha fecha, la Secretaria de Acuerdos levantó una certificación en la que hizo constar que únicamente compareció el elemento aprehensor Manuel Covarrubias Yañez; también dio cuenta con el escrito del Director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal del Ayuntamiento de Puebla, en el que le informa que el diverso elemento aprehensor Miguel Saucedo Sánchez está de vacaciones. Hecho lo anterior y sin rebasar el término constitucional ampliado, con libertad de jurisdicción, a las dos horas con treinta minutos del dos de septiembre pasado resolvió la situación jurídica del quejoso Emmanuel Sánchez Méndez, para lo cual: De manera fundada y motivada dio contestación de manera exhaustiva y congruente al escrito de la parte quejosa presentado ante ella el seis de octubre de dos mil dieciséis, por la que hace valer la figura de la prescripción; Motivó su determinación por cuanto al elemento integrador del ilícito de portación de arma e instrumento prohibido consistente en "sin un fin lícito". Subsanó las incongruencias respecto a la manifestación de la autoridad de acreditar los delitos de cohecho, desobediencia y resistencia de particulares. Decretó en sus puntos resolutivos la conclusión a la que llegó con el estudio de todas y cada una de las constancias que sirvieron de base para la resolución del término constitucional. Finalmente, notificó dicha determinación a las partes. Por su parte, el Director del Centro de Reinserción Social de Puebla, en acatamiento del fallo, efectuó las anotaciones correspondientes en el expediente penitenciario del inconforme e informó que ingresó a dicho centro de reclusión el treinta de septiembre del año pasado, pero obtuvo su libertad bajo caución en la misma data. En las condiciones relatadas y con independencia de que sea correcto o no el estudio de fondo del auto de formal prisión, este juzgado estima que la sentencia dictada se encuentra cumplida, en atención a que los efectos para los cuales se concedió el amparo han sido satisfechos por la autoridad responsable; sin que en el caso se advierta exceso o defecto en su cumplimiento, pues no hizo más ni menos de lo que le correspondía hacer en cumplimiento al fallo. En consecuencia, se declara cumplida la ejecutoria de mérito y, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto totalmente y definitivamente concluido; hágase lo anterior del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes. Sin que pasen inadvertidas las manifestaciones del quejoso contenidas en el ocurso presentado en este juzgado el dieciocho de septiembre y diez de octubre de este año, en el sentido de que la ejecutoria de amparo no está cumplida por los motivos que se citan a continuación. Que el juez de origen continúa violentando su derecho humano de seguridad jurídica (derecho de audiencia) y legalidad, principios de presunción de inocencia y debido proceso. Que ha ocurrido a firmar el libro de procesados cada lunes de cada semana ante el Juzgado Octavo de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla por la causa legal que se le instruye, sin que se le haya notificado en forma personal los actos tendentes a cumplir con la ejecutoria. Que tiene conocimiento del contenido de la determinación en la que se resuelve su situación jurídica por parte de este juzgado federal. Que el juez natural dejó de hacerle del conocimiento en forma personal el día y hora señalados para el desahogo de los careos e interrogatorios ofrecidos por su defensor, ya que de las constancias que obran en autos se desprende que se le notificó por lista y en la cual no obra ni su firma ni su huella, así como a su garante, quien tampoco firmó porque de igual manera se le realizó por medio de lista, cuando en autos obra su domicilio y el de su garante. Que el Diligenciario adscrito al juzgado responsable se constituyó en el domicilio señalado de su defensor particular y lo notificó tres horas y media antes para la fecha y hora señaladas para el desahogo de los careos e interrogatorio. Que el proceso fue turnado al Diligenciario encargado de notificar los expedientes impares para su diligenciación el treinta de agosto pasado; sin embargo, se nota que es treinta y uno, pues se marcó sobre el uno un cero, a fin de dar tiempo para citar y notificar; y supuestamente estar en condiciones de desahogar las pruebas. Que la responsable es omisa nuevamente en vigilar se cumplan sus determinaciones, pues ni el agraviado, el testigo, uno de los remitentes, su defensor particular y el quejoso ocurrieron al desahogo de los careos. Que la razón en la que se indica la imposibilidad para citar al testigo Luciano Salazar Juárez, fue estampada por la Comisario adscrita a dicho juzgado; empero, no se advierte que se le haya facultado para ello, lo que sí está reservado por ley a la Secretaria de Acuerdo y al Diligenciario del Juzgado (fe pública) Que si bien obra una certificación en la que la Secretaria Non hace constar y certifica que se comunicó con la Secretaria del Juzgado Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, con residencia en Tlaxcala, para tener conocimiento del exhorto deducido del proceso 235/2015, que se instruye en contra de Emmanuel Sánchez Méndez, quien le indicó que se radicó bajo el número 152/2017 y el mismo está diligenciado, el número de proceso se citó incorrectamente; además, el diligenciario notificó al agraviado quince horas antes de vencerse el término constitucional, apercibiéndolo que en caso de no comparecer sería presentado por conducto de la fuerza pública, sin que lo hubiera presentado. Que la responsable nuevamente no realizó un estudio pormenorizado, exhaustivo y congruente con relación a la prescripción hecho valer por su defensor particular Que el juez hace una exposición dogmática con relación a los argumentos que esgrime en el auto de bien preso, ya que solo se concreta a establecer que por lógica este instrumento que se me señaló portaba el día de su detención no se utilizó con el fin de una actividad recreativa o algún deporte o laboral, siendo que existen señalamientos contradictorios por parte de los aprehensores al momento de rendir su declaración ministerial. Que no se le ha notificado en forma personal ni a su defensor particular el auto de formal prisión decretado en su contra por parte de la autoridad responsable. Al respecto, debe decirse que las manifestaciones por cuento a la vulneración al principio de seguridad jurídica, presunción de inocencia y debido proceso, así como la prescripción hecha valer, son cuestiones de fondo que resultan ajenas a los lineamientos establecidos en el fallo protector, pues la concesión de la protección constitucional implicó que la autoridad responsable dejara insubsistente la resolución de seis de octubre de dos mil dieciséis y realizara lo precisado en párrafos precedentes. Lo que en el caso aconteció pues de la resolución de dos de septiembre de este año se advierte que la autoridad responsable, previo a dejar insubsistente la determinación reclamada, reponer el procedimiento y realizar todos los actos tendentes a citar a las partes involucradas para el desahogo de los careos e interrogatorios, con libertad de jurisdicción, resolvió la situación jurídica del inconforme, lo cual no contraviene lo establecido en la ejecutoria de amparo, pues son cuestiones de legalidad o fondo que no fueron materia de la ejecutoria de amparo, pues, como se indicó, dicha determinación cumple con la totalidad de los lineamientos que se indicaron en el fallo, así como con los requisitos de fundamentación y motivación de acuerdo con lo expuesto en párrafos precedentes al señalar la juez responsable la cita del precepto legal aplicable al caso y las razones, motivos o circunstancias especiales que lo llevaron a concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento. Y por lo que hace a la actuación del juez respecto de las notificaciones practicadas a las partes para el desahogo de las pruebas de careos e interrogatorio, debe indicarse que el juez responsable cumplió con los lineamientos de la sentencia, pues dada la temporalidad fijada para la resolución del auto de término constitucional, realizó los actos que tuvo a su alcance para el desahogo de tales medios de prueba y si los mismos no se desahogaron, no fue una cuestión imputable al juez, lo cual no lo deja en estado de indefensión como alega, pues durante el periodo de instrucción pueden desahogarse dichos medios y ser valorarlos en el momento procesal oportuno. En esa medida, las manifestaciones aducidas por el quejoso Emmanuel Sánchez Méndez, por cuanto al fondo del asunto, en su caso, constituyen materia de una diversa litis constitucional, de modo que quedan expeditos sus derechos para hacerlos valer del modo que estime pertinente. Glósese a los presentes autos, el original de los cuadernos incidentales derivados del presente juicio de amparo, y resguárdese el duplicado por separado, debidamente identificado. Por otra parte, toda vez que el presente expediente es un asunto total y definitivamente concluido, y las constancias que obran en el mismo carecen de relevancia documental, sin que se advierta documento alguno en original exhibido por la parte quejosa, lo que se hace constar de conformidad a lo señalado en el punto Décimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, con vigencia a partir de treinta días después de su publicación, según su artículo primero transitorio; el presente expediente es susceptible de DEPURACIÓN, de conformidad con lo dispuesto en el punto vigésimo primero fracción IV del citado Acuerdo General. De igual forma, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio, es susceptible de DEPURACIÓN, pues se CONCEDIÓ LA MEDIDA CAUTELAR SOLICITADA, ya sea en la suspensión provisional o definitiva por todos los actos reclamados, acorde con lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción III del punto vigésimo primero del acuerdo general relativo, y con apoyo en el Manual para la organización de los Archivos Judiciales Regulados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de diciembre de dos mil doce, debiendo conservarse todas las resoluciones de la provisional o definitiva relativas a su otorgamiento y de la violación a la suspensión; por lo cual, una vez transcurridos TRES AÑOS a partir de esta fecha, deberán transferirse el juicio principal y dicho cuaderno original, al Centro de Documentación y Análisis, previa la anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Del mismo modo, en términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado del cuaderno incidental, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. Se ordena hacer la anotación correspondiente en las carátulas de los expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto décimo primero del acuerdo en comento. Finalmente, se hace constar que las partes no ejercieron el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales al momento de hacerse pública la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, a pesar de habérseles hecho el señalamiento respectivo en el acuerdo correspondiente a las partes.
- Principal
Agréguese a los autos el escrito del quejoso XXvisto su contenido, téngasele realizando diversas manifestaciones con relación al cumplimiento dado por la autoridad responsable ordenadora, las cuales serán tomadas en consideración al momento de dictar la resolución que determine si la ejecutoria está cumplida o no. Por lo que respecta a la petición del impetrante del amparo en cuanto a permitir tomar placas fotográficas de las actuaciones que de este expediente emanan, dígasele que se provee en conformidad lo anterior; previa petición verbal y razón que del citado acto se deje asentada en el presente sumario. Lo anterior, conforme a la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, signada por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
Quedan 22 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · 9,898 expedientes
- Emmanuel Gutiérrez Cuba973/2022
- Emmanuel Huerta Felegrino925/2018
- Emmanuel Martinez Balcazar964/2018
- Emmanuel Reyes Cruz54/2023
- Emmanuel Reynoso Alonso314/2019
- Emmanuel Sánchez García25/2022
- Emmanuel Torres Medina403/2023
- Enrico Jorge Córtese Dabove1196/2022
- Enrique Alejandro Martínez144/2019
- Enrique Alfonso Escartin Galindo213/2019
- Enrique Apolonio SàNchez SàNchez633/2022
- Enrique Castañeda Palacios389/2023