Enith Lilian Sepulveda Rodríguez

Expediente 866/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 19 actuaciones registradas, la última del 7 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
866/2020
Año
2020
Actuaciones
19
Última actuación
07/10/2021

Partes del expediente

  • Enith Lilian Sepulveda Rodríguez
  • Michelle Camila Sepulveda Rodríguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, siete de octubre de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa se inconformara contra el auto por el que se declaró cumplida la ejecutoria de amparo, sin que lo haya hecho; por tanto, se tiene por consentido el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de depuración dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Igualmente, con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de destruirse, ya que se negó la medida cautelar solicitada. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el juicio y transfiéranse éste a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del aludido Acuerdo General. Asimismo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el original del incidente de suspensión. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, contado a partir de esta propia fecha. Devuélvase a la autoridad responsable las documentales que allegó al presente asunto, mismas que obran en dos tomos de pruebas, por considerar innecesaria su retención. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el licenciado Oscar Hernández García, secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, encargado del despacho por licencia de carácter personal del titular de este órgano jurisdiccional en términos del artículo 43 primer párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso artículo 107 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la carrera judicial y las condiciones de los funcionarios judiciales, con autorización emitida por el Presidente del Consejo de la Judicatura Federal, según oficio 3506/2021 de veintiuno de septiembre del presente año, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, dos de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, se advierte que por auto de once de agosto de dos mil veintiuno, se dio vista a la parte quejosa para que se manifestara sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que a la fecha haya realizado manifestación alguna. En tal virtud, este Juzgado de Distrito procede a pronunciarse al respecto. Al efecto, mediante sentencia de veintiuno de junio de dos mil veintiuno, se otorgó a las quejosas Michelle Camila Sepúlveda Rodríguez y Enith Lillian Sepúlveda Rodríguez, la protección federal, para que la Juez de Primera Instancia en Materia Familiar de Morelia, Michoacán, realizara lo siguiente: "I. Deje insubsistente el acuerdo de nueve de noviembre de dos mil veinte aquí reclamado, en el que remitió al diverso de cinco del mismo mes y año, que a su vez remitió al diverso de diecisiete de febrero del mismo año; y, II. En atención a la solicitud de las quejosas, con plenitud de jurisdicción y, tomando en consideración la etapa en la que se encuentra el juicio de origen -que es la de ejecución- determinar si es o no procedente decretar una medida cautelar como la que peticionaron las quejosas." En cumplimiento a lo anterior, la autoridad responsable realizó lo siguiente: Por oficio recibido en oficialía de partes de este órgano jurisdiccional el nueve de agosto del presente año, la Juez de Primera Instancia en Materia Familiar de Morelia, Michoacán, remitió copia certificada del auto de cinco del propio mes y año, en el que dejo insubsistente el auto de nueve de noviembre de dos mil veinte, dictado dentro del expediente 561/2019, y procedió acordar lo relativo a lo solicitado por la parte quejosa el nueve del mismo mes y año. Al efecto, les hizo saber que en auto de diecisiete de febrero de dos mil veinte, se ordenó girar oficio a la Institución Bancaria Banorte Banco Mercantil del Norte S.A., para que de manera inmediata realizara la anotación respectiva en la cuenta SEZJ73052G17 a nombre del deudor alimentista Jorge Ulises Sepulveda Zavala, y éste no pudiera realizar ningún retiro de dicha cuenta, hasta en tanto se tuviera conocimiento sobre sus percepciones. Asimismo, les hizo del conocimiento que atendiendo a la etapa de ejecución en que se encuentra el juicio de origen, no se puede decretar la medida cautelar solicitada por las quejosas, dado que como se dijo en el auto de diecisiete de febrero de dos mil veinte, la anotación referida se equipara a un aseguramiento que garantiza los derechos alimentarios de las promoventes. Y que para el supuesto de que lo que pretendan sea el embargo de bienes del obligado en cumplimiento forzoso de la sentencia, es indispensable que se resuelva primeramente el incidente correspondiente a la liquidación de la sentencia, ya que se encuentra en trámite, y que se promueva la ejecución de la misma. En consecuencia, este juzgado estima que la autoridad responsable ha dado cumplimiento al fallo protector pronunciado en este juicio; motivo por el cual se aprecia colmado el extremo previsto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución a la parte agraviada en el goce de la garantía violada y sin decidir sobre la legalidad del cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria pronunciada en esta Instancia Constitucional, se declara que el fallo protector quedó cumplido. Notifíquese por lista, personalmente a la parte quejosa y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Alejandra Álvarez Calderón, secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el sistema del SISE, el acuerdo y/o resolución de 11 de agosto de dos mil veintiuno, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, veinte de julio de dos mil veintiuno.****************************************Vista la certificación precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia de veintiuno de junio de dos mil veintiuno, en la que se concedió la protección de la Justicia Federal solicitada en el juicio de amparo en que se actúa, sin que lo hayan realizado.****************************************Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria.****************************************Asimismo, en dicha resolución se concedió la protección constitucional a la parte quejosa para que el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar, con residencia en esta ciudad, realice lo siguiente:****************************************"Deje insubsistente el acuerdo de nueve de noviembre de dos mil veinte aquí reclamado, en el que remitió al diverso de cinco del mismo mes y año, que a su vez remitió al diverso de diecisiete de febrero del mismo año; y,****************************************En atención a la solicitud de las quejosas, con plenitud de jurisdicción y, tomando en consideración la etapa en la que se encuentra el juicio de origen -que es la de ejecución- determinar si es o no procedente decretar una medida cautelar como la que peticionaron las quejosas. (.)"****************************************Atento lo anterior, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo requiérase a la autoridad responsable Juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar, con residencia en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días, computado legalmente cumpla con la sentencia ejecutoriada de referencia, apercibido que de no hacerlo sin causa justificada, se le impondrá multa por $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos moneda nacional), equivalente a cien unidades de medidas de actualización, de conformidad con el artículo 192, segundo párrafo, en relación con los diversos 238 y 258 del ordenamiento legal en cita.****************************************Toda vez que la autoridad responsable, carece de superior jerarquico y en caso de no cumplir con los requerimientos formulados, se remitirá el expediente al tribunal colegiado competente o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, para seguir el trámite de inejecución que puede culminar con la separación del puesto del titular de la autoridad.****************************************Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable.****************************************Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Alejandra Álvarez Calderón, secretaria que autoriza y da fe.

Quedan 15 actuaciones en este expediente

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