Enrique Alonso González Flores
Expediente 31/2016 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 36 actuaciones registradas, la última del 6 de enero de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 31/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 36
- Última actuación
- 06/01/2017
Partes del expediente
- Enrique Alonso González Flores
- Agente del Ministerio Público del Fuero Común de Ensenada, Baja California, Especializada en Robos y Seguridad Social
Actuaciones
Las 4 más recientes de 36.
- Principal
Procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado, y por lista en una página electrónica del Poder Judicial de la Federación, a la parte TERCERA INTERESADA Marisol Al Rodríguez Manzo, el auto de seis de enero de dos mil diecisiete, dictado dentro del Juicio de amparo 31/2016-V-A, con fundamento en el artículo 29 de la Ley de Amparo, que dice: Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se aprecia que a la fecha ha transcurrido el plazo de quince días establecido en el primer párrafo del artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes manifestaran su inconformidad contra el proveído de seis de diciembre de dos mil dieciséis, que declaró cumplido el fallo protector; en consecuencia, se tiene por consentido dicho acuerdo, toda vez que ninguna de las partes se inconformó. ANOTACIONES Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio que concedió el amparo, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Depurar el cuaderno original del incidente de suspensión, derivado del presente juicio de amparo, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción III del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al haberse concedido la suspensión definitiva de los actos reclamados. 3. Destruir el duplicado del cuaderno incidental, en términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, hecho que deberá realizarse una vez transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 4. Transferir el expediente principal y el cuaderno original del incidente de suspensión, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. 5. Devolución de constancias. En términos de lo establecido en el numeral 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de Aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se ordena devolver a la autoridad responsable Agente del Ministerio Público del Fuero Común Investigadora de Delitos de Robos, con sede en esta ciudad, las copias certificadas que remitió como anexo a su informe justificado, consistente en dos tomos.
- Principal
Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se aprecia que a la fecha ha transcurrido el plazo de quince días establecido en el primer párrafo del artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes manifestaran su inconformidad contra el proveído de seis de diciembre de dos mil dieciséis, que declaró cumplido el fallo protector; en consecuencia, se tiene por consentido dicho acuerdo, toda vez que ninguna de las partes se inconformó. ANOTACIONES Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio que concedió el amparo, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Depurar el cuaderno original del incidente de suspensión, derivado del presente juicio de amparo, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción III del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al haberse concedido la suspensión definitiva de los actos reclamados. 3. Destruir el duplicado del cuaderno incidental, en términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, hecho que deberá realizarse una vez transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 4. Transferir el expediente principal y el cuaderno original del incidente de suspensión, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. 5. Devolución de constancias. En términos de lo establecido en el numeral 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de Aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se ordena devolver a la autoridad responsable Agente del Ministerio Público del Fuero Común Investigadora de Delitos de Robos, con sede en esta ciudad, las copias certificadas que remitió como anexo a su informe justificado, consistente en dos tomos.
- Principal
Ensenada, Baja California, seis de diciembre de dos mil dieciséis. Visto el estado de los autos, se procede a analizar si efectivamente la autoridad responsable Agente del Ministerio Público Investigador de Delitos de Seguridad Social, con sede en esta ciudad, cumplió con la ejecutoria dentro del juicio de amparo en que se actúa, ello en virtud de que transcurrió el plazo de tres días otorgado a la parte quejosa para que manifestara lo que a su interés conviniera, en relación con lo informado por la responsable, respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. De acuerdo con lo que establece el artículo 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, aplicable en este juicio, en cuanto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo; la sentencia que conceda la protección constitucional tendrá por objeto restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; asimismo, cuando dicho acto sea de carácter negativo, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma exija. En el presente caso, se actualiza la segunda de las hipótesis. Por sentencia de fecha veinticinco de octubre de dos mil dieciséis, este Juzgado de Distrito concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa Enrique González Flores, la cual causó ejecutoria mediante acuerdo de dieciséis de noviembre del actual; en esa misma fecha se requirió a la autoridad responsable Agente del Ministerio Público Investigador de Delitos de Seguridad Social, con sede en esta ciudad, para que diera cumplimiento a la sentencia de amparo. El fallo mencionado, en la parte conducente, señala: "Dejar insubsistente el acuerdo de veinte de enero de dos mil dieciséis, dictado en la averiguación previa 6229/15/311/AP, únicamente en lo relativo a la negativa de acordar la prueba ofrecida por el quejoso; y, En su lugar, con libertad de criterio, emitiera otro en el que purgara los vicios formales destacados en el presente fallo constitucional, a cuyo efecto debería examinar la admisibilidad de la prueba propuesta por el peticionario, atendiendo a la naturaleza y a los fines perseguidos con su desahogo, y no a los datos de incriminación que estime probados con diversas diligencias practicadas previamente, máxime que son éstos los que pretenden ser desvirtuados mediante el ejercicio del derecho de defensa, por lo que concierne a su carácter de co-imputado." En fecha veintidós de noviembre de dos mil dieciséis, se tuvo por recibo el oficio signado por el Agente del Ministerio Público Investigador de Delitos de Seguridad Social, con sede en esta ciudad, al cual anexó copia certificada del proveído de dieciocho de noviembre del año en curso, de la que se aprecia que el representante social remitió copia certificada al Director de Averiguaciones Previas de esta ciudad, para que por su conducto fuera enviada en vía de exhorto al Procurador General de Justicia del Estado de Baja California, a efecto de desahogar diversas testimoniales a cargo de Víctor Manuel Villegas Partida y Roberto Mendoza Paniagua. Con lo anterior, se dio vista a la parte quejosa, mismo que en data veintiocho de noviembre del año en curso, manifestó su conformidad con los actos que realizó la responsable para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Consecuentemente, si la protección de la Justicia Federal fue para que la autoridad responsable Agente del Ministerio Público Investigador de Delitos de Seguridad Social, con sede en esta ciudad, dejara insubsistente el auto de veinte de enero de dos mil dieciséis, y en su lugar, con libertad de criterio, emitiera otro en el que purgara los vicios formales destacados en el presente fallo constitucional, a cuyo efecto debería examinar la admisibilidad de la prueba propuesta por el peticionario, atendiendo a la naturaleza y a los fines perseguidos con su desahogo, y no a los datos de incriminación que estime probados con diversas diligencias practicadas previamente, máxime que son éstos los que pretenden ser desvirtuados mediante el ejercicio del derecho de defensa, por lo que concierne a su carácter de co-imputado; lo cual, como se vio, realizó la autoridad responsable; por tanto, es evidente que quedó acatada la ejecutoria dictada en este asunto; sin que este órgano jurisdiccional advierta excesos o defectos; por ende, se tiene por cumplida la sentencia dictada en este juicio, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo vigente, debiéndose comunicar lo anterior a la autoridad responsable para su conocimiento. Con lo anterior, con fundamento en el artículo 202 del citado ordenamiento legal, se ordena dar vista a la parte quejosa, para que dentro del plazo de quince días, manifieste lo que a su interese convenga, en el entendido que de no hacerlo se tendrá por consentido el presente proveído. Notifíquese personalmente.
- Principal
con fundamento en los artículos 26, 27 y 29 de la Ley de Amparo, por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, y por lista en una página electrónica del Poder Judicial de la Federación a la tercero interesada el auto que dice...Visto el estado de los autos, se procede a analizar si efectivamente la autoridad responsable Agente del Ministerio Público Investigador de Delitos de Seguridad Social, con sede en esta ciudad, cumplió con la ejecutoria dentro del juicio de amparo en que se actúa, ello en virtud de que transcurrió el plazo de tres días otorgado a la parte quejosa para que manifestara lo que a su interés conviniera, en relación con lo informado por la responsable, respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. De acuerdo con lo que establece el artículo 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, aplicable en este juicio, en cuanto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo; la sentencia que conceda la protección constitucional tendrá por objeto restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; asimismo, cuando dicho acto sea de carácter negativo, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma exija. En el presente caso, se actualiza la segunda de las hipótesis. Por sentencia de fecha veinticinco de octubre de dos mil dieciséis, este Juzgado de Distrito concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa Enrique González Flores, la cual causó ejecutoria mediante acuerdo de dieciséis de noviembre del actual; en esa misma fecha se requirió a la autoridad responsable Agente del Ministerio Público Investigador de Delitos de Seguridad Social, con sede en esta ciudad, para que diera cumplimiento a la sentencia de amparo. El fallo mencionado, en la parte conducente, señala: "Dejar insubsistente el acuerdo de veinte de enero de dos mil dieciséis, dictado en la averiguación previa 6229/15/311/AP, únicamente en lo relativo a la negativa de acordar la prueba ofrecida por el quejoso; y, En su lugar, con libertad de criterio, emitiera otro en el que purgara los vicios formales destacados en el presente fallo constitucional, a cuyo efecto debería examinar la admisibilidad de la prueba propuesta por el peticionario, atendiendo a la naturaleza y a los fines perseguidos con su desahogo, y no a los datos de incriminación que estime probados con diversas diligencias practicadas previamente, máxime que son éstos los que pretenden ser desvirtuados mediante el ejercicio del derecho de defensa, por lo que concierne a su carácter de co-imputado." En fecha veintidós de noviembre de dos mil dieciséis, se tuvo por recibo el oficio signado por el Agente del Ministerio Público Investigador de Delitos de Seguridad Social, con sede en esta ciudad, al cual anexó copia certificada del proveído de dieciocho de noviembre del año en curso, de la que se aprecia que el representante social remitió copia certificada al Director de Averiguaciones Previas de esta ciudad, para que por su conducto fuera enviada en vía de exhorto al Procurador General de Justicia del Estado de Baja California, a efecto de desahogar diversas testimoniales a cargo de Víctor Manuel Villegas Partida y Roberto Mendoza Paniagua. Con lo anterior, se dio vista a la parte quejosa, mismo que en data veintiocho de noviembre del año en curso, manifestó su conformidad con los actos que realizó la responsable para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Consecuentemente, si la protección de la Justicia Federal fue para que la autoridad responsable Agente del Ministerio Público Investigador de Delitos de Seguridad Social, con sede en esta ciudad, dejara insubsistente el auto de veinte de enero de dos mil dieciséis, y en su lugar, con libertad de criterio, emitiera otro en el que purgara los vicios formales destacados en el presente fallo constitucional, a cuyo efecto debería examinar la admisibilidad de la prueba propuesta por el peticionario, atendiendo a la naturaleza y a los fines perseguidos con su desahogo, y no a los datos de incriminación que estime probados con diversas diligencias practicadas previamente, máxime que son éstos los que pretenden ser desvirtuados mediante el ejercicio del derecho de defensa, por lo que concierne a su carácter de co-imputado; lo cual, como se vio, realizó la autoridad responsable; por tanto, es evidente que quedó acatada la ejecutoria dictada en este asunto; sin que este órgano jurisdiccional advierta excesos o defectos; por ende, se tiene por cumplida la sentencia dictada en este juicio, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo vigente, debiéndose comunicar lo anterior a la autoridad responsable para su conocimiento. Con lo anterior, con fundamento en el artículo 202 del citado ordenamiento legal, se ordena dar vista a la parte quejosa, para que dentro del plazo de quince días, manifieste lo que a su interese convenga, en el entendido que de no hacerlo se tendrá por consentido el presente proveído.
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