Enrique Acosta Meza Díaz
Expediente 281/2016 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 38 actuaciones registradas, la última del 12 de julio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 281/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 38
- Última actuación
- 12/07/2018
Partes del expediente
- Enrique Acosta Meza Díaz
- Agente del Ministerio Público del Fuero Común Especializado en Delitos Contra la Seguridad Social, con sede en Ensenada
Actuaciones
Las 4 más recientes de 38.
- Principal
Cúmplase.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio de cuenta, proveniente del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, a través del cual solicita copia certificada de todo lo actuado en el presente juicio. Atento a lo anterior, envíese las copias certificadas que solicita, para los efectos legales a que haya lugar. Cúmplase.
- Principal
Ensenada, Baja California, veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se aprecia que a la fecha ha transcurrido el plazo de quince días establecido en el primer párrafo, del artículo 202, de la Ley de Amparo, para que las partes manifestaran su inconformidad contra el proveído de veinticinco de agosto de dos mil diecisiete, que declaró cumplido el fallo protector; en consecuencia, se tiene por consentido dicho acuerdo, toda vez que ninguna de las partes legitimadas para hacerlo se inconformó. ANOTACIONES Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio que concedió el amparo, en el que NO existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Destruir el cuaderno original del incidente de suspensión, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción III del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al haberse negado la medida cautelar respecto de los actos reclamados. 3. Destruir el duplicado del cuaderno incidental, en términos de lo dispuesto en la fracción III, del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, hecho que deberá realizarse una vez transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 4. Transferir el expediente principal, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS En términos de lo establecido en el numeral 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de Aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se ordena devolver al Agente del Ministerio Público Titular de la Agencia Investigadora de Delitos contra la Seguridad Social, con residencia en esta ciudad, los seis tomos de pruebas que remitió al rendir su informe justificado. Notifíquese y personalmente a las partes.
- Principal
Hago efectivo el apercibimiento del A V I S O de veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete, dejado en el domicilio procesal del quejoso Enrique Acosta Meza Díaz, en virtud de no haber acudido a este recinto jurisdiccional a notificarse de manera personal, por lo que se ordena la notificación del auto de veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete, por lista y por lista en una página electrónica al citado quejoso, publicada el veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete, en el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, con fundamento en los artículos 26, 27 y 29, todos de la Ley de Amparo, que dice: Visto el estado de autos, se procede a analizar si la autoridad responsable Titular de la Agencia del Ministerio Público Investigadora de Delitos Patrimoniales, con residencia en esta ciudad, cumplió con la ejecutoria del juicio de amparo en que se actúa, ello en virtud de que transcurrió el plazo de tres días otorgado a las partes para que manifestaran lo que a su interés conviniera en relación con lo informado por la responsable, respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, lo cual realizó la parte quejosa mediante escritos presentados en ocho y diez de agosto de dos mil diecisiete (foja 388 y 391). De acuerdo con lo que establece el artículo 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, aplicable en este juicio, en cuanto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo; la sentencia que conceda la protección constitucional tendrá por objeto restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; asimismo, cuando dicho acto sea de carácter negativo, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma exija. En el presente caso, se actualiza la segunda de las hipótesis. Por sentencia de fecha treinta de noviembre de dos mil dieciséis, este Juzgado de Distrito concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa Enrique Acosta Meza Díaz, la cual al no haber sido recurrida causó ejecutoria en treinta de diciembre de dos mil dieciséis, se requirió a la autoridad responsable, entonces denominada Agente del Ministerio Público del Fuero Común Especializado en Delitos contra la Seguridad Social, ahora Delitos Patrimoniales, de esta ciudad, para dar cumplimiento a la sentencia de amparo. El fallo mencionado, en la parte conducente, señala Se concede el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto de que la autoridad responsable Agente del Ministerio Público del Fuero Común Especializado en Delitos contra la Seguridad Social, con sede en esta ciudad, dentro de las averiguaciones previas 3078/15/311/AP, 200/15/311/AP, 832/16/311/AP, acumuladas a la diversa 7495/14/311/AP, realice lo siguiente Acuerde lo conducente en relación a la prueba consistente en la valoración psicológica del aquí quejoso, ordenada mediante acuerdo de radicación de la 7495/14/311/AP Una vez desahogada y allegada a la indagatoria la prueba mencionada, de considerar que no existe algún otro medio de convicción necesario en la averiguación, determine el ejercicio o no de la acción penal. En fechas veintisiete de enero (foja 161), veintiuno de julio (fojas 216 y 217) y uno de agosto (foja 386), todas del año en curso, se tuvieron por recibidos los oficios provenientes de la Agencia del Ministerio Público responsable, en los cuales, en el primero de ellos, se tuvo por rendido el dictamen pericial en materia de Psicología por parte de la perito oficial Elisa Martínez Sánchez; en el segundo de los mencionados informa que se tuvo por rendido el dictamen en materia de psicología del aquí quejoso y, finalmente, en el tercero de los nombrados se tuvieron por recibidas las resoluciones de veintisiete y veintiocho de julio de dos mil diecisiete, signadas por la responsable, donde determinó en la primera de ellas el ejercicio de la acción penal en contra de Graciela Díaz Durán, también conocida como Graciela Salazar y Salazar Díaz Reginaldo, por el delito de Falsedad ante las autoridades, y en la diversa resolución determinó no ejercer acción penal por los delitos de amenazas, falsificación de documentos; uso de documentos falsos; fraude; y fraude procesal. De lo anterior, se dio vista a la parte quejosa, quien hizo manifestaciones mediante los escritos referidos en párrafos precedentes, el primero de ellos en el sentido de que estaba conforme con el cumplimiento, mientras que en el segundo, sólo manifestó su inconformidad respecto a que en el Juzgado Único de Primera Instancia Penal, con residencia en esta ciudad aún no existe la consignación de la averiguación previa 7495/14/311/AP, pero no respecto a la determinación de la responsable en el cumplimiento de la ejecutoria. Ahora bien, si la protección de la Justicia Federal fue para que la autoridad responsable Agencia del Ministerio Público Investigadora de Delitos contra la Seguridad Social, con residencia en esta ciudad, acordara la prueba consistente en valoración psicológica del aquí quejoso, ordenada mediante acuerdo de radicación de la averiguación previa 7495/14/311/A y una vez desahogada ésta de considerar que no existe algún otro medio de convicción necesario en la averiguación, determine el ejercicio o no de la acción penal en el citado expediente, lo cual así sucedió, pues como quedó establecido anteriormente, la agente del Ministerio Público responsable por una parte determinó el ejercicio de la acción penal en contra de Graciela Díaz Durán, también conocida como Graciela Salazar, también conocida como Graciela Díaz Salazar, así como por Salazar Díaz Reginaldo, ambos por el delito de falsedad ante las autoridades, y por la otra resolvió no ejercer acción en contra de Graciela Salazar, también conocida como Graciela Díaz Salazar, Enrique Acosta Meza Díaz y Nadia Fragozo Ruiz por los delitos de amenazas, falsificación de documentos, uso de documentos falsos, fraude y fraude procesal; por tanto, es evidente que quedó acatada la ejecutoria dictada en este asunto; sin que este órgano jurisdiccional advierta excesos o defectos; por ende, se tiene por cumplida la sentencia dictada en este juicio, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo vigente, debiéndose comunicar lo anterior a la autoridad responsable para su conocimiento. Con lo anterior, con fundamento en el artículo 202 del citado ordenamiento legal, se ordena dar vista a las partes, para que dentro del plazo de quince días, manifiesten lo que a sus intereses convenga, en el entendido que de no hacerlo se tendrá por consentido el presente proveído.
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