Enrique Alberto Imaz Flores

Expediente 217/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 8 actuaciones registradas, la última del 5 de julio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
217/2017
Año
2017
Actuaciones
8
Última actuación
05/07/2017

Partes del expediente

  • Enrique Alberto Imaz Flores

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que el auto en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo ha quedado firme, considerando que las partes legitimadas para hacerlo no interpusieron recurso de revisión contra. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el cual se sobreseyó fuera de audiencia constitucional, no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Depurar el cuaderno original del incidente de suspensión, derivado del presente juicio de amparo, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción III del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al haberse concedido la medida cautelar de los actos reclamados. 3. Destruir el duplicado del cuaderno incidental, en términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, hecho que deberá realizarse una vez transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 4. Transferir el expediente principal y el cuaderno original del incidente de suspensión, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. 5. Devolución de constancias. En términos de lo establecido en el numeral 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de Aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se ordena devolver a la autoridad responsable Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Agencia Segunda Investigadora Ensenada de la Unidad de Investigación y Litigación en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, las copias certificadas que remitió como anexo a su oficio de siete de junio de los corrientes, consistente en un tomo.

  2. Principal

    hago efectivo el apercibimiento del aviso de catorce de junio de dos mil diecisiete, dejado en el domicilio procesal de la parte quejosa, en virtud de no haber acudido a este recinto jurisdiccional a notificarse de manera personal, por lo que se ordena la notificación el auto de trece de junio de dos mil diecisiete, por lista y por lista en una página electrónica a la PARTE QUEJOSA publicada el diecinueve de junio de dos mil diecisiete, en el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, con fundamento en el artículo 29, de la nueva Ley de Amparo, que dice: Agréguese a los autos el oficio signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Agencia Segunda Investigadora Ensenada de la Unidad de Investigación y Litigación en el Estado de Baja California, mediante el cual acompaña copia certificada de la carpeta de investigación 820/2017, y solicitada por proveído de ocho de junio del año en curso. Con fundamento en el artículo 119 del ordenamiento legal antes invocado, ténganse como pruebas de la citada autoridad, el mencionado medio de convicción. Ahora bien, atendiendo al grosor de los anexos acompañados al oficio de cuenta; para un mejor manejo del expediente, se ordena la apertura de un tomo de pruebas por separado. SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA Ahora bien, de las constancias provenientes de la responsable Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Agencia Segunda Investigadora Ensenada de la Unidad de Investigación y Litigación en el Estado de Baja California, las que adjuntó al oficio de cuenta, se advierte que sobreviene una causal de improcedencia, por lo que esta Juzgadora procede a su estudio de oficio y de manera preferente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 63, fracción IV, del mismo ordenamiento legal, que establecen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado" En efecto, Enrique Alberto Imaz Flores, por propio derecho, promovió demanda de amparo contra actos del Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula Número Dos de la Unidad de Investigación y Litigación, con residencia en Ensenada, Baja California, cuyo acto reclamado lo hizo consistir en: "De la autoridad responsable mencionada en el inciso A) se le reclama la violación al debido proceso, la injusta e ilegal omisión de acordar y pronunciarse en relación al escrito de fecha 11 de abril de 2017 solicitado dentro de la carpeta de investigación 820/2017, mediante el cual solicite mi libertad con fundamento en el artículo 113 fracción XVII y 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales, manteniéndome indebidamente privado sin razón alguna de mi libertad personal al omitir acordar con celeridad que el caso amerita y además porque el delito por el cual soy investigado no es de los que amerita prisión preventiva oficiosa en los términos del artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, así mismo se le reclama la violación a mi derecho de petición en términos del artículo 8 constitucional." Sin embargo, de las documentales enviadas por la responsable antes mencionada, se desprende que en fecha doce de abril de dos mil diecisiete, dentro de la carpeta de investigación FED/BC/ENS/0000820/2017, de su índice, dicha representación social dio contestación a su petición formulada el once de abril del año en curso (foja 140 del tomo de pruebas), asimismo, se ordenó la libertad durante la investigación del aquí quejoso Enrique Alberto Imaz Flores, según se advierte del oficio ENS-AII-174/2017 y del acta de prevenciones que se le realizó al imputado. Las documentales en examen, a las que se les confiere eficacia probatoria plena, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, acredita de forma fehaciente que han cesado los efectos del acto reclamado que el quejoso le atribuyó a la autoridad responsable, ya que es evidente que si la dolencia jurídica del quejoso lo era en suma la omisión de pronunciarse en relación al escrito de once de abril del año en curso, presentado dentro de la carpeta de investigación 820/2017, en el cual solicitó el beneficio de libertad, y mediante acuerdo de doce de abril de dos mil diecisiete, la responsable le dio respuesta a su solicitud y decretó la libertad durante la investigación de la parte quejosa, se torna evidente que de esa manera desapareció jurídicamente la inacción reclamada. En esas condiciones, se advierte que los efectos del acto reclamado en el presente juicio de garantías, han cesado; razón por la cual se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo y como consecuencia procede SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA en el juicio de garantías de acuerdo a lo establecido por la fracción V del artículo 63 del ordenamiento legal citado. Al efecto, tiene aplicación la tesis de jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 8, del tomo VI, Común, Sección Jurisprudencia S.C.J. N, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Asimismo, se invoca por aplicable, la tesis número 415, sustentada por el Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 356, del Tomo VI, Común, Sección Jurisprudencia S.C.J.N., del epígrafe y contenido siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO.- Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que establezcan, de modo tal, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Sin que sea necesario dar vista al quejoso con la respuesta de la responsable dado que la misma cumplió con la pretensión del solicitante del amparo. Tampoco es oportuno la celebración de la audiencia constitucional respectiva, pues el motivo de improcedencia en estudio, se encuentra demostrado de tal manera, que no podría ser desvirtuado por medio de convicción alguno que aportara alguna de las partes, resultando innecesario que se lleve a cabo. Por tanto, quedan sin efectos la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional que fue señalada para las nueve horas con diez minutos del catorce de junio de dos mil diecisiete. Sobre el particular es ilustrativa la jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que aparece publicada en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y contenido: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Asimismo, resulta aplicable la jurisprudencia Tesis: II.2o.P. J/23 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, consultaba en la página 991 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIV, Noviembre de 2006, que establece: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO SIN TRANSGREDIR LOS ARTÍCULOS 76, 77, 78 Y 80 DE LA LEY DE AMPARO, AL ACTUALIZARSE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA Y, EN CONSECUENCIA, OMITIR ENTRAR AL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO. La actuación del Juez Federal por la que decreta el sobreseimiento en el juicio fuera de audiencia, no transgrede los artículos 76, 77, 78 y 80 de la Ley de Amparo, pues es indudable que con independencia de que aprecie el acto reclamado tal como aparece acreditado ante la responsable, como lo establece esencialmente el artículo 78 en cita (lo que ni siquiera puede estar a discusión), ello no impide la actualización de las causales de improcedencia. Lo anterior, en virtud de que el contenido del diverso artículo 76 recoge el principio de relatividad de las sentencias, de manera que cuando en él se establece que: "Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de los individuos particulares o de las personas morales, privadas u oficiales que lo hubiesen solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere ...", no se impone una obligación de conceder el amparo sino la limitación de que el pronunciamiento se emita, en su caso, sólo respecto del directo quejoso; en cambio, en el artículo 77 de la ley de la materia, se enuncian los requisitos que deben contener las sentencias, tales como la fijación del acto reclamado, los fundamentos en que se apoye el sobreseimiento, o bien, la declaración o no de inconstitucionalidad, y los puntos resolutivos en los que se concrete con claridad y precisión el acto o actos por los que se sobresea, conceda o niegue el amparo, lo cual, de ninguna manera se trastoca por el hecho de que el sentido del fallo sea precisamente el sobreseimiento en el que la posibilidad de hacerlo encuentra incluso fundamento formal. Finalmente, en el artículo 80 se establece el objeto o finalidad de las sentencias en que se conceda el amparo, hipótesis que no se actualiza precisamente ante el sentido de una resolución en la que legalmente se decreta el sobreseimiento en el juicio, por lo que es evidente que ninguno de los preceptos aludidos se ve afectado, en virtud de que se resuelva el sobreseimiento sin abordar el fondo del asunto."

  3. Principal

    Ensenada, Baja California, ocho de junio de dos mil diecisiete. Visto el estado de autos, se advierte que la responsable Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Agencia Segunda Investigadora Ensenada de la Unidad de Investigación y Litigación en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, fue omisa en dar cumplimiento a lo solicitado en proveído de veinticinco de mayo del año en curso, no obstante de estar debidamente notificada para ello, como se advierte de la constancia de notificación que obra en autos (foja 45). En consecuencia, de conformidad con el artículo 75 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, requiérase a la referida autoridad responsable para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que tenga conocimiento del presente proveído, de contestación al requerimiento formulado el veinticinco de mayo del año en curso; con el apercibimiento que de no hacerlo en el plazo concedido o no manifestar el impedimento legal que le asiste para ello, se hará acreedora a una multa por el equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización vigente al día de hoy, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    Ensenada, Baja California, veinticinco de mayo de dos mil diecisiete. Visto el oficio signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Agencia Segunda Investigadora Ensenada de la Unidad de Investigación y Litigación en el Estado de Baja California, al cual acompañó copias simples de la carpeta de investigación 820/2017, y no certificada como fue solicitado en proveído de quince de mayo del año en curso; por tanto, devuélvase las constancias de referencia a la responsable. Por otra parte, considerando que el quejoso señaló como acto reclamado "la injusta e ilegal omisión de acordar y pronunciarse en relación al escrito de fecha 11 de abril de 2017, solicitado dentro de la carpeta de investigación 820/2017, mediante el cual solicite mi libertad con fundamento en el artículo 113 fracción XVII y 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales, manteniéndome indebidamente privado sin razón alguna de mi libertad personal a omitir acordar con la celeridad que el caso amerita y además porque el delito por el cual soy investigado no es de los que amerita y además porque el delito por el cual soy investigado no es de los que amerita prisión preventiva oficiosa en los términos del artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, mismo que se reclama la violación a mi derecho de petición en términos del artículo 8 constitucional"; en consecuencia, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, así como el artículo 297 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, requiérasele al Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Agencia Segunda Investigadora Ensenada de la Unidad de Investigación y Litigación en el Estado de Baja California, para que dentro del plazo de tres días contado a partir de la notificación del presente proveído, informe si dio contestación al escrito presentado por el quejoso el once de abril del año en curso, en el que solicitó su libertad como prerrogativa que le asistía acorde al artículo 113, fracción XVII, del Código Nacional de Procedimientos Penales, y en su caso, remita copia certificada de las actuaciones conducentes al proveído y notificación del mismo, respecto a la libertad del quejoso; con el apercibimiento que de no hacerlo en el término concedido o no manifestar el impedimento legal que le asiste para ello, se le impondrá una multa por el equivalente a la suma de cincuenta Unidades de Medida y Actualización vigente al día de hoy, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Notifíquese.

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