ENRIQUE ALEJANDRO PIZANO JIMÉNEZ y Otros.

Expediente 936/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 1 actuación registrada, la última del 29 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
936/2019
Año
2019
Actuaciones
1
Última actuación
29/10/2019

Partes del expediente

  • ENRIQUE ALEJANDRO PIZANO JIMÉNEZ y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    MESA V B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de octubre de dos mil diecinueve. Con el escrito de demanda de amparo, promovida por ....... , como se advierte de la lectura integra de la demanda; fórmese expediente impreso y electrónico, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 936/2019. Previamente, en atención a que el acto reclamado consiste en la orden de traslado del quejoso de un centro penitenciario a otro, que se dice en la demanda fue ordenado por diversas autoridades administrativas, con fundamento en los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo, y la jurisprudencia 58/2016 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO CUANDO SE EMITE SIN LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD JUDICIAL RECTORA, AUN CUANDO SOLO SE AFECTE LA LIBERTAD PERSONAL DE MANERA INDIRECTA. [foja 865, Libro 36, Tomo II, noviembre de dos mil dieciséis, materia común, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación], SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO del aludido acto, para el efecto de que se mantengan las cosas en el estado que actualmente guardan y no se ejecute la orden de traslado reclamada del Centro de Readaptación Social número 2 "Occidente", con sede en Puente Grande, Jalisco, donde actualmente se encuentran internos a algún otro centro penitenciario, debiendo los quejosos quedar a disposición de este Juzgado y, en su caso, del Juez de Distrito a quien se estima competente para el conocimiento del asunto; en cuanto a su libertad personal en el lugar de su reclusión, y a disposición del juez y autoridad penitenciaria correspondientes por lo que se refiere al procedimiento judicial que les atañe. Ello, en el entendido de que la suspensión otorgada no surtirá efecto legal alguno, si: Ya se llevó a cabo el traslado de los quejosos a un diverso centro penitenciario del que actualmente se encuentran recluidos. La ejecución de la nueva orden de traslado es con motivo del cumplimiento a una ejecutoria de amparo. La nueva orden de traslado proviene de autoridad judicial y no de autoridad administrativa -ya que cambiaría la naturaleza del acto reclamado; por lo que, en ese caso, corresponde al Juez de Distrito a quien se declina competencia, en párrafos siguientes, pronunciarse respecto de la suspensión de la orden de traslado; toda vez que el pronunciamiento de la suspensión de plano sólo es con relación al acto atribuido a las autoridades administrativas. Los quejosos se encuentran recluidos por estar siendo procesados o haber sido sentenciados por delito proveniente de la delincuencia organizada, siempre y cuando la orden de traslado provenga de autoridad judicial. Se trata de internos que requieran de medidas especiales de seguridad, siempre y cuando la orden de traslado provenga de autoridad judicial. Por lo que al actualizarse cualquiera de estas condiciones, la suspensión de plano no tendrá efecto legal alguno. Cabe señalar, que la suspensión otorgada no autoriza a los quejosos a violar alguna disposición interna o externa que represente la alteración de la disciplina y las normas apropiadas de conducta obligadas a observar en el centro de readaptación en que se encuentran. Condicionante que encuentra fundamento en el artículo 18, párrafos segundo, tercero y noveno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece el sistema penitenciario y la creación de centros de reclusión específicos para internos que requieran medidas especiales de seguridad. Sustenta lo anterior, el criterio emitido por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, contenido en la tesis I.9o.P.129 P (10a.), Décima Época, pendiente de publicarse en el Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. DEBE RESTRINGIRSE LA CONCESIÓN DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA, SI AQUÉLLA ESTÁ RELACIONADA CON EL DELITO DE DELINCUENCIA ORGANIZADA O SI EL QUEJOSO REQUIERE MEDIDAS ESPECIALES DE SEGURIDAD, SIEMPRE QUE SE EMITA POR AUTORIDAD JUDICIAL. La citada medida cautelar contra la orden de traslado de un centro penitenciario a otro, debe restringirse en cuanto a su concesión, si dicha orden se encuentra relacionada con el delito de delincuencia organizada o si el quejoso requiere medidas especiales de seguridad, siempre que se emita por autoridad judicial, porque vulnera el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en razón de que el diverso 128, fracción II, de la Ley de Amparo, así lo condiciona, en el sentido de que esa medida no surtirá efectos si contraviene disposiciones de orden público. En efecto, el precepto citado de la Carta Magna establece que para la reclusión preventiva y la ejecución de sentencias en materia de delincuencia organizada se destinarán centros especiales, y los que revisten este carácter son los centros de reclusión de máxima seguridad, por contar con las medidas de seguridad e instalaciones necesarias para la protección integral de los procesados o sentenciados y la disminución de riesgo de fuga. Incluso, dispone que podrán imponerse medidas de vigilancia especial de seguridad a otros internos que requieran medidas especiales de seguridad, en términos de la ley. Lo que se traduce en que ningún derecho fundamental es absoluto y, en esa medida, todos admiten restricciones, con la salvedad de que no se realicen a costa de una afectación innecesaria o desmedida a otros derechos constitucionalmente protegidos. Lo anterior, en virtud de que en esos supuestos se afecta al interés social y se contravienen disposiciones de orden público; por lo que se impone a las autoridades responsables como efecto de la suspensión otorgada, la obligación de notificarlo al juez competente dentro del plazo de 24 horas que prevé el artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. En la inteligencia de que la seguridad, custodia y guarda de los quejosos, queda bajo la más estricta responsabilidad de las autoridades a cuya disposición se encuentran, quienes deberán tomar todas y cada una de las medidas pertinentes para tal efecto, atendiendo a la naturaleza y circunstancias del asunto. En tal virtud, requiéraseles a las autoridades responsables para que dentro del plazo de veinticuatro horas hagan del conocimiento de este Juzgado de Distrito la forma y términos en que den cumplimiento a la suspensión de oficio y de plano decretada; apercibidas que de no hacerlo su conducta actualizará el delito previsto por el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, y de inmediato se dará vista al Agente del Ministerio Público de la Federación para los efectos legales a que hubiere lugar. Ahora, antes de pronunciarse sobre la admisión de la demanda de amparo resulta necesario verificar si este Juzgado Primero de Distrito, es competente para conocer de la misma, por ser éste un presupuesto procesal cuyo estudio es de orden público. Al respecto, cabe destacar que el artículo 37 de la Ley de Amparo, establece: Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. El numeral transcrito revela que la competencia de los Jueces de Distrito se surte en función de las autoridades ejecutoras que intervienen en el juicio constitucional, de suerte que en cada uno de sus párrafos establece diversas reglas para fijar la competencia de los órganos jurisdiccionales federales, a saber: 1. Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2. Cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, será competente el juez de la jurisdicción ante el que se presente la demanda; y, 3. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo. Lo que distingue las dos primeras reglas de la tercera, es que en ésta el acto o resolución reclamada no requiere ejecución material, mientras que la actualización de las otras exige esta ejecución; y lo que hace la diferencia entre las reglas competenciales que requieren que el acto reclamado tenga ejecución material, no lo es el que el acto ya se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino que ello suceda en la jurisdicción de uno o varios Jueces Federales, ya que la primera regla se refiere a todos los supuestos en que puede encontrarse la ejecución, pero sólo hace mención a que se realice en una jurisdicción, mientras que la segunda regla concierne a la ejecución en dos distritos diferentes. Así, como se adelantó, son los actos de ejecución los que determinan la competencia de los Jueces de Distrito; entonces, respecto a la primera regla competencial, que es la fundamental, debe establecerse que es el lugar donde vaya a ejecutarse o se haya ejecutado el acto reclamado lo que fija la competencia del Juez de Distrito, es decir, es Juez competente aquel en cuya circunscripción territorial se ubique el sitio o lugar donde los actos de ejecución se vayan a realizar o se hayan realizado; sin que obste que los actos ordenadores o decisorios emanen de una autoridad cuya residencia no pertenezca a dicha circunscripción. Luego, para determinar la competencia de un Juez de Distrito en el conocimiento de un juicio de amparo donde se reclamen actos que tengan ejecución material, debe atenderse al lugar donde éstos se realicen, traten de realizarse o se hayan realizado, de manera que la residencia de la autoridad ordenadora es irrelevante para la fijación competencial, esto es, el sitio donde los actos reclamados vayan a ejecutarse materialmente, se ejecuten o se hayan ejecutado, es lo que establece la competencia de los Jueces de Distrito. Ahora bien, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que la competencia para conocer de una orden de traslado en la que solo se tenga noticia cierta sobre el lugar donde comenzará la ejecución de ese acto, pero no del sitio donde continuará ejecutándose, corresponderá al Juez de Distrito con residencia en el lugar donde el quejoso se encuentre recluido, en términos del párrafo primero del mencionado artículo 37, pues no hay duda de que ahí se iniciará a materializar ese acto de autoridad y no se sabe si tal traslado será o no a un Distrito Judicial distinto. De lo contrario, la delimitación de la competencia territorial quedaría a voluntad del quejoso, quien estaría en condiciones de presentar la demanda en un lugar distinto al sitio donde está recluido, bajo la sola manifestación, no corroborada de que la citada orden de traslado "podría" ejecutarse en aquella demarcación territorial, sin importar si efectivamente esto será o no así. Establecido lo anterior, debe destacarse que en el caso, los peticionarios de amparo, esencialmente, reclaman a través de este juicio de amparo la orden de traslado del Centro Federal de Readaptación Número 2 "Occidente", con sede en Puente Grande, Jalisco, a diversos centros penitenciarios, actos que atribuye al Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, y otras autoridades, y de los hechos relatados en su escrito inicial de demanda se advierte que los quejosos se encuentran privados de su libertad en el citado centro federal, de donde pretenden, según los quejosos, trasladarlos, sin saber a dónde. En ese tenor, con base en los antecedentes expuestos, resulta evidente que el acto reclamado a través de esta vía constitucional, por su naturaleza, al tratarse de una orden de traslado de internos de un centro penitenciario en el Estado de Jalisco, sin tener noticia cierta del lugar donde se ejecutará la orden de traslado, es competente el Juez de Distrito con residencia en el lugar donde los quejosos se encuentran internos, en términos del artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo. En ese orden, en términos del punto cuarto, fracción III, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, la competencia se surte a favor del Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en turno en el Estado de Jalisco, residente en Zapopan, toda vez que es el lugar donde comenzara la ejecución de la orden de traslado reclamada. En tales condiciones, al haber quedado de manifiesto que de conformidad con el artículo 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo, la competencia para conocer de este asunto, corresponde al Juez de Distrito en cuya jurisdicción tendrá ejecución el acto reclamado, esto es, en el Estado de Jalisco, con apoyo en lo previsto por el artículo 48, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin proveer trámite alguno, este Juzgado de Distrito declara carecer de competencia para conocer de la referida demanda de amparo; por ende, dada la naturaleza de los actos reclamados, se ordena remitir de inmediato este expediente al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en turno en el Estado de Jalisco, residente en Zapopan, a quien se estima competente, solicitándole el acuse de recibo correspondiente. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia 64/2019 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Octubre de 2019, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 2020828, de rubro: COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA ORDEN DE TRASLADO DE UN INTERNO DE UN CENTRO DE RECLUSIÓN A OTRO, CUANDO SÓLO SE TIENE NOTICIA CIERTA DEL LUGAR DONDE COMENZARÁ LA EJECUCIÓN DE ESE ACTO, PERO NO DEL SITIO DONDE CONTINUARÁ EJECUTÁNDOSE. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON RESIDENCIA EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO SE ENCUENTRE RECLUIDO. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 90/2007-PS, de la que derivó la jurisprudencia 1a./J. 35/2008, de rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO INTERPUESTO CONTRA UNA ORDEN DE TRASLADO DE UN REO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO.", determinó que, la orden para trasladar a un reo de un centro de reclusión a otro, por su naturaleza jurídica, es un acto de tracto sucesivo, pues sus efectos no se agotan con su sola emisión, sino que se prolongan en el tiempo con motivo de su ejecución, la cual culmina hasta que es ingresado en el otro centro penitenciario; dicho criterio tomó como referencia lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 36 de la Ley de Amparo abrogada, cuyo contenido es similar a la regla competencial prevista en el segundo párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo vigente. En esa ocasión no se analizó si tal porción normativa resultaba aplicable para determinar qué Juez de Distrito es el legalmente competente por razón de territorio para conocer de una demanda de amparo indirecto promovida contra la orden de traslado de un interno de un centro penitenciario a otro, ubicado en un Distrito Judicial distinto, cuando sólo se tiene noticia cierta sobre el lugar donde comenzará la ejecución de ese acto, pero no del sitio donde continuará ejecutándose. Así, para esta Primera Sala en ese caso específico no puede aplicarse esa regla competencial, dado que su actualización parte de la existencia de datos objetivos que permitan colegir que el acto reclamado tendrá ejecución en un Distrito Judicial distinto del cual se tenga noticia cierta. De no constar esa información, la competencia para conocer del asunto corresponderá al Juez de Distrito con residencia en el lugar donde el quejoso se encuentre recluido, en términos del párrafo primero del mencionado artículo 37, pues no hay duda de que ahí se iniciará a materializar ese acto de autoridad y no se sabe si tal traslado será o no a un Distrito Judicial distinto. De lo contrario, la delimitación de la competencia territorial quedaría a voluntad del quejoso, quien estaría en condiciones de presentar la demanda en un lugar distinto al sitio donde está recluido, bajo la sola manifestación, no corroborada de que la citada orden de traslado "podría" ejecutarse en aquella demarcación territorial, sin importar si efectivamente esto será o no así. Por tanto, la regla prevista en el párrafo segundo del artículo 37 de la Ley de Amparo para decidir qué Juez de Distrito es el competente para conocer del asunto, a prevención, sólo es aplicable cuando el traslado: a) efectivamente sea a un centro de reclusión ubicado en un distinto Distrito Judicial; y b) se tenga noticia cierta del Distrito Judicial al que se trasladará. Con copias de las boletas de registro y escrito de demanda de amparo, fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente. A fin de notificar este proveído a los quejosos RAÚL SOSA JIMÉNEZ, ENRIQUE ALEJANDRO PIZANO JIMÉNEZ, JOSÉ GUADALUPE SERNA PADILLA, GUILLERMO ALBERTO RAMÍREZ MUNDO, FRANCISCO JAVIER VÁZQUEZ VÁZQUEZ, OSCAR ALBERTO COBARRUBIAS SEGURA, MARCO ANTONIO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, JOSÉ LUIS MURGUÍA MÁRQUEZ, RAMIRO CORTÉZ MORA, FELIPE GOMÉZ RAMÍREZ, JESÚS BONILLA LARA, VÍCTOR MANUEL MARTÍNEZ CISNERO y ESTEBAN GUILERMO VAZQUEZ RODRÍGUEZ, quienes se encuentran en el Centro Federal de Readaptación Número 2 "Occidente", con sede en Puente Grande, Jalisco; con fundamento en los artículos 26, fracción I, inciso c), 27, fracción II, de la Ley de Amparo, 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, y el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, gírese exhorto vía SISE al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en turno en el Estado de Jalisco, residente en Zapopan, para que, en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, ordene a quien corresponda notifique personalmente el presente auto a .... , por lo que se le solicita tenga a bien ordenar deducir copia certificada de este auto para efecto de entregarla a los requeridos, y sin que se estime necesario acusar recibo, en atención a que éste se consulta electrónicamente. Hecho que sea lo anterior, devuelva por la misma vía la comunicación oficial respectiva. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, para el caso de que en este asunto se ordene alguna notificación de carácter personal, se habilita al actuario para que, de ser necesario, practique ésta en horas y días inhábiles. Notifíquese personalmente por exhorto a los quejosos.

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