Enrique Canseco Aragón

Expediente 836/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 5 actuaciones registradas, la última del 7 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
836/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
07/09/2023

Partes del expediente

  • Enrique Canseco Aragón

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de septiembre de dos mil veintitrés. Vistos los autos y el cómputo secretarial que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera recurso de queja contra el acuerdo a través del cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo promovida por ****** a favor del directo quejoso *****; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, según su numeral 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído, para todos los efectos legales. Archivo del expediente Con fundamento en los artículos 1, 8, fracción I, 9, 12, 14 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, -que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales-, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, en vigor, al día siguiente, archívese este asunto como concluido. Relevancia documental Por otra parte, se estima que este expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del precitado Acuerdo. Directriz establecida en el manual correspondiente En términos del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados aprobado por el Consejo de la Judicatura Federal mediante oficio SEMPLE./ADM./004/*****/2020 de veintiséis de agosto de dos mil veinte, específicamente en su punto 7.4, se estableció como lineamiento que los expedientes en los que obre suspensión de plano se estima que dicha medida cautelar tiene efectos definitivos y perdura hasta la terminación del juicio constitucional por lo que procede conservarse, con independencia del sentido de la resolución emitida en el juicio. (manual que es aplicable, en lo conducente, de conformidad con el artículo Transitorio noveno del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, -que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales-, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, hasta en tanto se emita el nuevo manual correspondiente). Expediente conservable Bajo esa directriz y toda vez que el presente expediente se sobreseyó fuera de audiencia, sin embargo, se concedió la suspensión de plano de los actos reclamados, por lo que, se estima que este expediente es CONSERVABLE, por lo que será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, será transferido al Depósito documental, que es el área destinada a la organización, conservación y consulta del archivo judicial, dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, conforme a lo establecido en el artículo 26 del Acuerdo invocado. Anotación en la carátula y libro En términos del artículo 34 del citado Acuerdo, indíquese en la carátula la referida valoración, y háganse las anotaciones correspondientes en el libro electrónico. Notifíquese.

  2. Principal

    MESA VI B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de agosto de dos mil veintitrés. Se glosa informe suspensión de plano Glósese a los autos, únicamente para que obre como corresponda, el informe de suspensión de plano que rinde el Comisario de la Policía Vial del Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca; ello, toda vez que en proveído de veintiuno de agosto del año en curso, se tuvo por no presentada la demanda de amparo promovida a favor del directo quejoso. Domicilio Con apoyo en el numeral 28, fracción I, de la Ley de Amparo, por señalado como domicilio para recibir notificaciones el que indica la citada autoridad responsable. No ha lugar a tener por señalado autorizados Por otra parte, no ha lugar a tener por autorizadas para oír y recibir notificaciones a las personas que menciona, toda vez que al tratarse de autoridad responsable, no están facultadas para designar autorizados, pues, dicha figura fue creada para los quejosos, es decir, una persona física o moral privada, sin perjuicio de que si es su voluntad mediante oficio los designe delegados, como lo establece expresamente el artículo 9°, de la Ley de Amparo. La anterior determinación se adopta, en estricto acatamiento a la tesis de jurisprudencia 2a./J. 147/2019 (10a.), aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del dos de octubre de dos mil diecinueve, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 72, Noviembre de 2019, Tomo I, página 478, Décima Época, Registro digital: 2020942, de observancia obligatoria para que este órgano de control constitucional, en términos del artículo 217, de la Ley de Amparo, que es del tenor siguiente: AUTORIZADOS EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS AUTORIDADES CON CARÁCTER DE TERCERO INTERESADAS NO ESTÁN FACULTADAS PARA DESIGNARLOS Y, POR TANTO, ÉSTOS NO SE ENCUENTRAN LEGITIMADOS PARA INTERPONER RECURSOS DE REVISIÓN. La circunstancia de que la autoridad haya intervenido como contraparte del agraviado, derivado de la impugnación de algún acto u omisión, o de que tenga un interés contrario a éste en el juicio de amparo, no desvirtúa su naturaleza de autoridad, pues no queda desprovista de su carácter de ente público y, por ende, en ningún momento puede asimilarse a un particular o confundirse con éste. Así, la porción normativa que corresponde al último párrafo del artículo 10 de la Ley de Amparo alude a una regla que debe observarse cuando se trate de establecer cómo opera en el juicio de amparo la representación de la autoridad cuando tenga el carácter de tercero interesada, misma que remite al artículo 9o. de la ley citada, es decir, la representación o sustitución durante la instrucción del juicio de amparo para dicha parte se realizará conforme a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables o, en todo caso, por medio de oficio podrán acreditar delegados para que actúen conforme a sus propios intereses. Por tanto, la autoridad tercero interesada no está facultada para designar autorizados y, por tanto, éstos no están legitimados para interponer recursos de revisión, pues su representación en juicio se rige por el último párrafo del artículo 10 del ordenamiento mencionado. Número telefónico y correo electrónico Respecto al número telefónico y correo electrónico que señala la autoridad judicial, toda vez que la misma, no tiene acceso a actuar desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el artículo 257, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, instrúyase al Actuario que podrá emplear dichos medios como comunicación procesal, debiendo en estos casos certificarse la confirmación de recepción de la comunicación respectiva. Notifíquese.

  3. Principal

    MESA VI San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de agosto de dos mil veintitrés. Se tiene por no presentada demanda Vista la diligencia de notificación de diecinueve de agosto del presente año, practicada al directo agraviado ********************, por la que se le hizo saber el contenido del auto de la misma fecha, dictado en este juicio de amparo; se advierte que no ratificó la demanda de amparo presentada a su favor por ********************; en tales condiciones, con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo. Por lo anterior, se dejan sin efecto las providencias decretadas a favor del referido quejoso en este expediente, así como la fecha señalada para la audiencia constitucional. Hágase lo anterior del conocimiento de la parte quejosa y autoridades responsables, para los efectos legales correspondientes. Se glosa informe suspensión de plano En otro orden, glósese a los autos, únicamente para que obre como corresponda, el informe de suspensión de plano que rinde el Juez Calificador del Primer Turno de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca; ello, toda vez que en el presente proveído se tuvo por no presentada la demanda de amparo promovida a favor del directo quejoso. Domicilio Por último, con apoyo en el numeral 28, fracción I, de la Ley de Amparo, por señalado como domicilio para recibir notificaciones el que indica la citada autoridad responsable. Notifíquese personalmente a la parte quejosa

  4. Principal

    MESA III A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de agosto de dos mil veintitrés. Estado de autos Visto el estado de autos, se desprende que en auto de treinta y uno de julio del presente año, se efectúo requerimiento a la autoridad responsable Javier Cruz Jiménez Presidente Municipal del Ayuntamiento del Municipio de San Pedro Mixtepec, Juquila, Oaxaca, para que remitiera de forma detallada el plan de pagos parciales que comunicó tenía previstos para realizar a la parte quejosa, sin que a la fecha obre en autos constancia legal de su notificación. Se requiere constancia de notificación Por consiguiente, en términos del artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase al Jefe de Correos de México, con sede en la ciudad de Oaxaca, para que en el plazo de tres días siguiente a su legal notificación, remita a este órgano jurisdiccional el acuse de recibo relativo al registro postal MN680114771MX depositado en la oficina a su cargo el uno de agosto del presente año. Apercíbasele que de incumplir con lo anterior, se le impondrá una multa de cincuenta unidades de medida y actualización vigente de conformidad con lo previsto en el artículo 237, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 259 y 238 de la misma, esto es, la cantidad equivalente a cinco mil ciento ochenta y siete pesos, cero centavos ($5,187.00), a razón de 103.74 como valor diario. Consideraciones previas para imposición de multa Ahora bien, toda vez que de autos se conoce que la autoridad responsable Javier Cruz Jiménez Presidente Municipal del Ayuntamiento del Municipio de San Pedro Mixtepec, Juquila, Oaxaca, únicamente se ha limitado a informar las gestiones relativas a la solicitud de expedición de un Decreto especial que autorice la erogación de una partida para el pago de las sentencias y laudos dictados en contra de ese Municipio, dentro de la cual ha referido está contemplado el pago al cumplimiento de la presente ejecutoria de amparo, sin embargo, a la fecha no ha cumplido con acciones contundentes dentro del ámbito de sus funciones para acatar puntualmente la ejecutoria del presente juicio, siendo, que dicha autoridad se encuentra obligada a realizar todas las acciones necesarias para su cumplimiento, pues no se puede tener paralizada la ejecutoria dictada en autos, al ser de orden público y esta autoridad federal debe velar por su acatamiento a la brevedad. Aunado a lo anterior se tiene que a la fecha se han realizado múltiples requerimientos para obtener el cumplimiento por parte de la autoridad responsable, tal como enseguida se verá: La sentencia en este juicio se dictó el dieciocho de febrero dos mil veintiuno; Dicha sentencia causó ejecutoria el siete de abril de dos mil veintiuno, de la cual quedaron notificadas las autoridades responsables el cinco de marzo de dos mil veintiuno, tal como se hizo constar en auto de doce de abril de dos mil veintiuno; Por auto de diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, con la finalidad de hacer cumplir la sentencia dictada en este juicio de amparo y con fundamento en el artículo 197 de la Ley de Amparo, se tuvo al Magistrado de la Segunda Sala Unitaria de Primera Instancia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, como autoridad vinculada al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, únicamente para efecto de que mediante oficio a las autoridades aquí responsables les requiriera que cumplan con la condena indicada en la sentencia dictada por la Sala Superior del otrora Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Oaxaca, en el expediente toca de revisión **** el diecinueve de junio de dos mil doce. Luego el veinticuatro de mayo de ese mismo año, el Magistrado Titular de la Segunda Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, en su calidad de autoridad vinculada al cumplimiento de la ejecutoria de amparo; remitió copia certificada del proveído de diecinueve de mayo de dos mil veintiuno que dictó dentro del expediente ***** de su estadística, por el que acreditó el requerimiento a las autoridades responsables Presidente Municipal Constitucional, Síndico Procurador Municipal Constitucional, y Ayuntamiento, todos del municipio de San Pedro Mixtepec, Juquila, Oaxaca, para el cumplimiento de la sentencia. El ocho de julio de dos mil veintiuno, la Sala vinculada al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, informó que giró oficio a la Directora Jurídica de la Subsecretaria Jurídica de la Secretaría General de Gobierno del Estado, para que le informará el domicilio del Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de San Pedro Mixtepec, Juquila, Oaxaca a fin de hacerle efectiva la multa impuesta, por no cumplir el requerimiento efectuado. Por autos de quince de julio, veinticinco de agosto, trece de septiembre y veintidós de septiembre todos correspondientes al año dos mil veintiuno, se tuvo a las autoridades responsables Presidente Municipal Constitucional, Síndico Procurador y Ayuntamiento, todos del municipio de San Pedro Mixtepec, Juquila, Oaxaca, informando en vías de cumplimiento a la ejecutoria, e inicialmente indicaron que habían solicitado la información a la Secretaría General de Acuerdos del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, respecto de la relación de laudos, resoluciones o condenas en donde dicho Municipio fue condenado, para realizar las gestiones correspondientes al pago. No obstante, posteriormente, indicaron bajo protesta de decir verdad, a este órgano jurisdiccional, que dicho municipio tenía suspendidos los ingresos propios con motivo de la contingencia sanitaria generada a causa del virus denominado COVID-19, al referir que ese municipio se encontraba en semáforo rojo, precisando que por ello no tenía recursos para otros gastos diversos que no fueran propios para la operatividad de ese Municipio. Además en auto de siete de octubre de dos mil veintiuno se les concedió una prórroga de veinte días hábiles a las autoridades responsables, para que dentro del ámbito de sus atribuciones como servidores públicos, se organizaran y paulatinamente efectuarán las gestiones necesarias, a fin de cumplir con la condena indicada en la sentencia dictada por la Sala Superior del otrora Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Oaxaca, en el expediente toca de revisión **** el diecinueve de junio de dos mil doce. Transcurrido dicho termino y por determinación de veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, las responsables comunicaron que los concejales de dicho municipio habían instrumentado simultáneamente mecanismos de transferencia y adecuaciones, y por ello exhibieron una tabla de pagos parciales previstos para efectuar el pago de la condena indicado en la sentencia dictada por la Sala Superior del otrora Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Oaxaca, en el expediente de revisión ****, siendo un total de treinta y seis pagos parciales, los primeros por el monto de *****, y el último por *****, información con la que se dio vista a la parte quejosa. El seis de diciembre de dos mil veintiuno, se tuvo a *****, autorizado en términos amplios de la parte quejosa, desahogando la vista que le fue otorgada en auto de veintiséis de noviembre de ese año, quien refirió que en relación al pretendido cumplimiento de la ejecutoria de amparo por parte de las autoridades responsables y el plan de pagos formulado por aquellas, rechazaba dicha propuesta, en razón de que no se especificaba ni la periodicidad ni las fechas en las cuales se pretendía exhibir o pagar las parcialidades, aunado a que ni siquiera cumplía con lo mínimo a lo que fueron condenados en los autos del juicio de nulidad ***** del índice de la Segunda Sala Unitaria de Primera Instancia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y de Cuentas del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, motivo por el que se requirió a las responsables el cumplimiento de la ejecutoria de amparo o en su caso acreditaran haber convenido con la parte quejosa sobre las modalidades de pago para el total cumplimiento de la condena dictada en el juicio de nulidad antes citado. Luego es hasta el proveído de once de enero de dos mil veintidós, que el Encargado del Despacho de la Presidencia Municipal Constitucional y la Síndica Procuradora del Ayuntamiento de San Pedro Mixtepec, Juquila, Oaxaca, informaron que dicho Ayuntamiento se encontraba en proceso de acto de entrega formal de la administración 2019-2021, y en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 175, 176 y 177 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, y en su carácter de servidores públicos salientes indicaron que no podían seguir realizando las exhibiciones de pagos parciales para el buen cobro del actor, toda vez que las autoridades entrantes del periodo 2021-2024, eran las responsables en su momento para continuar con lo convenido, anexando el acta circunstanciada relativa. Al respecto se les informó a las aludidas responsables, que debían cumplir con la ejecutoria de amparo, en su calidad de representantes del cargo que ostentaban y no como personas físicas, pues el hecho de que existiera un cambio de administración en la titularidad de los cargos que en esa data desempeñaban, no era un impedimento que no les permita acatar el fallo protector en sus términos, el cual es de orden público. El diez de febrero de dos mil veintidós, se agregó el oficio signado por *****, Presidente del H. Ayuntamiento del Municipio de San Pedro Mixtepec, Juquila, Oaxaca, mediante el cual informó este Juzgado, que con fecha primero de enero de esa anualidad, se instaló el H. Ayuntamiento que administrará al Municipio de San Pedro Mixtepec, Juquila, Oaxaca, por el periodo que comprende del año 2022 al año 2024, ostentando el cargo referido, y para tales efectos exhibió fotocopia de su acreditación oficial con fotografía expedida por la Secretaría General de Gobierno (SEGEGO) de Oaxaca. En respuesta a las razones de imposibilidad expuestas por dicha autoridad municipal, mediante oficio se le remitió copia certificada de las constancias respectivas, para que estuviera en condiciones de acatar debidamente la ejecutoria de amparo y además se le concedió una prórroga de diez días hábiles, para que dentro del ámbito de sus atribuciones como servidor público, se organizara y a la brevedad posible realizará las gestiones necesarias para el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Por actuación de diecisiete de junio de dos mil veintidós, el Presidente del H. Ayuntamiento del Municipio de San Pedro Mixtepec, Juquila, Oaxaca, nuevamente expuso motivos de imposibilidad para acatar el fallo protector, sin embargo, precisó que en el Presupuesto modificado y aprobado, en el Capítulo ***OTROS SERVICIOS GENERALES se estableció el concepto 3940 denominado Sentencias y resoluciones por autoridad competente, por un monto de ******* que es la cantidad determinada y de la que disponía dicho Municipio, para darle cumplimiento a la presente sentencia y a otras sentencias y laudos que debía cumplir. Al respecto, indicó que a causa de diversos requerimientos que le han efectuado a ese Ayuntamiento, tenía un corte de 26 sentencias y laudos por cumplir, de los cuales solo en 11 de ellos tienen identificados los montos a pagar, los cuales suman la cantidad de ******, lo cual supera por mucho el monto presupuestado que tenía ese Municipio para ese ejercicio fiscal. Por tal razón, es que dicho Ayuntamiento determinó elaborar un programa de pagos parciales, que le permita cubrir con los pagos de las sentencias y laudos, lo cual se estableció en la sesión extraordinaria de Cabildo de fecha 11 de mayo del 2022, misma que remitió en copia certificada. El doce de agosto de dos mil veintidós, dicho Presidente, nuevamente expuso a este Juzgado las imposibilidades para acatar la ejecutoria de amparo, y precisó que hasta el veintiocho de junio de ese año, ese Ayuntamiento tuvo conocimiento del total de laudos y sentencias por cumplir, los cuales resultaron treinta, por un monto acumulado de $*****, cuando conforme al presupuesto de egresos del Municipio para el ejercicio fiscal 2022, solo contaba con un monto de $******. Asimismo indicó que el quince de julio del dos mil veintidós, ese Ayuntamiento celebró una sesión extraordinaria de Cabildo, para tratar los asuntos de las 30 sentencias y laudos en los que ese Municipio está condenado a pagar, y en el punto SÉPTIMO, inciso a) Análisis, discusión y en su caso aprobación del Programa Municipal de Pago de Laudos y Sentencias, con vigencia en el ejercicio fiscal 2022; el cabildo aprobó el Programa Municipal de Pago de Laudos y Sentencias, el cual fue elaborado en observancia al marco jurídico federal, estatal y municipal que regula el ejercicio de los recursos que maneja el Municipio, para no incurrir en responsabilidades y conforme a la capacidad financiera de dicho Ayuntamiento. Finalmente precisó que giró instrucciones a la Tesorería Municipal para que una vez que tuviera disponibles los recursos para realizar los pagos correspondientes, los realizara a la brevedad. En proveído de veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, el Presidente Municipal del Ayuntamiento del Municipio de San Pedro Mixtepec, Juquila, Oaxaca, exhibió copia del escrito por medio del cual solicitó formalmente al Congreso del Estado de Oaxaca, la expedición de un Decreto especial que autorice la erogación de una partida para el pago de las sentencias y laudos dictados en contra del Municipio, anexándole copias certificadas del acta de la sesión extraordinaria de Cabildo de fecha 15 de julio del 2022, en cuyo punto 7 inciso c) del orden del día, se acordó hacer dicha solicitud, por una cantidad de $******, para pagar 29 sentencias y laudos que ese Municipio tenía registrados hasta esa fecha, entre ellos, la sentencia dictada en el expediente número *****, dictada por la Segunda Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa de Oaxaca, materia de la presente ejecutoria de amparo. Y por otra parte en esa misma actuación el Magistrado Titular de la Segunda Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, en su calidad de autoridad vinculada al cumplimiento de la ejecutoria de amparo informó que la Tesorera Municipal del Ayuntamiento de San Pedro Mixtepec Juquila, Oaxaca, exhibió como pago parcial al cumplimiento de la resolución de fecha diecinueve de junio de dos mil doce, dictada por la Sala Superior de este Tribunal, el cheque con número de folio *****, expedido por la institución bancaria denominada "****", a favor del actor *****, por la cantidad de $******, por tanto, tuvo a la autoridad demandada en vías de cumplimiento con la resolución de mérito, y dejó a disposición del actor el cheque de mérito para que dentro del plazo de tres días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente en que surtiera efectos la notificación del proveído de veintisiete de septiembre de dos mil veintidós que dictó dentro del expediente ***** de su estadística, se presentara a la Sala Unitaria vinculada al cumplimiento de la ejecutoria para recibir el cheque de referencia. En actuación de veinte de octubre siguiente, la Sala Unitaria referida remitió a este órgano de control constitucional copia certificada de la diligencia de entrega de cheque de fecha diecisiete de octubre del dos mil veintidós, dictada dentro del expediente ****** de su estadística. Luego, hasta el proveído de primero de junio de dos mil veintitrés la autoridad comunicó que no le habían otorgado respuesta puntual a la solicitud que con fecha doce de septiembre de dos mil veintidós, realizó al Congreso del Estado de Oaxaca, esto es, la expedición de un decreto especial que autorice la erogación de una partida especial para el pago de las sentencias y laudos dictados en contra de dicho Municipio. En torno a ello, añadió que con fecha treinta y uno de marzo del presente año, el Secretario de Servicios Parlamentarios del H. Congreso del Estado, mediante oficio número 6094/LXV de fecha primero de marzo actual, le comunicó el contenido del acuerdo 638 aprobado por el Pleno Legislativo de la LXV Legislatura del Congreso del Estado, en la sesión ordinaria de primero de marzo del presente año, en el sentido de determinar improcedente autorizar el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2023 de ese Municipio para el laudo dictado en el expediente número 219/2016 de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca. Por auto de veintitrés de junio del presente año, la autoridad municipal responsable, precisó que la administración a su cargo solo podía dar cumplimiento en la modalidad de pagos parciales, que es un presupuesto normativo previsto por el artículo 42 de la Ley Estatal Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que es reglamentaria de los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, 137 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. Refiriendo que dicha propuesta de pago será en la modalidad de pagos parciales, por la cantidad de $*****, mensuales, que se pagarán a partir del próximo mes de julio de los recursos propios que recaude la Tesorería Municipal, expidiendo el cheque respectivo los días 17 de cada mes o al siguiente día hábil por sí el día 17 fuera inhábil. Ahora, desde esa última actuación de veintitrés de junio de dos mil veintitrés, hasta la data de la presente determinación la autoridad municipal responsable no ha remitido de forma detallada el plan de pagos parciales que comunicó tenía previstos para realizar a la parte quejosa, ni tampoco ha informado las gestiones realizadas para el cumplimiento de la sentencia, aun pese a que hubo diversos requerimientos por parte de este órgano jurisdiccional. Se hace efectiva multa Ahora bien, toda vez que ha transcurrido en exceso el plazo concedido para que la autoridad responsable Presidente Municipal del Ayuntamiento del Municipio de San Pedro Mixtepec, Juquila, Oaxaca, cumpla cabalmente con el fallo protector; se hace efectivo el apercibimiento decretado, por lo que en términos de los artículos 260, fracción II, en relación con el 238 de la Ley de Amparo, se impone a Javier Cruz Jiménez, quien ostenta el cargo de la citada autoridad, multa por la cantidad de cien unidades de medida y actualización, equivalente a diez mil trescientos setenta y cuatro pesos, moneda nacional ($10,374.00), a razón de 103.74 como valor diario; para lo cual remítase el oficio correspondiente al Administrador Desconcentrado de Recaudación de Oaxaca "1", y copia del oficio signado por la Directora de Gobierno, del cual se puede advertir los datos personales de la persona física a la cual se impone multa, a efecto de que haga efectiva la multa correspondiente. Se requiere cumplimiento No obstante lo anterior, con base en todas las consideraciones plasmadas, con fundamento en el artículo 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, de nueva cuenta requiérase a las autoridades responsables Javier Cruz Jiménez -dato obtenido de los informes rendidos en autos-, Presidente Municipal del Ayuntamiento de San Pedro Mixtepec, Juquila, Oaxaca, a Sara Graciela Martínez García Síndico Municipal de San Pedro Mixtepec, Juquila, Oaxaca y al Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Mixtepec, Juquila, Oaxaca, por conducto de sus demás integrantes, según se advierte de la información proporcionada en auto de veintitrés de agosto del presente año, por el Director Jurídico de la Subsecretaria de Desarrollo Democrático de la Secretaria de Gobierno del Estado de Oaxaca, respecto de las personas que actualmente ostentan los cargos para el periodo 2023 del Ayuntamiento de San Pedro Mixtepec, Juquila, Oaxaca, esto es: Síndica Municipal: *****. Síndico Procurador: ****. Regidor de Hacienda e Igualdad de Género: *****. Regidor de Obras Públicas y Desarrollo Urbano: *****. Regidora de Educación, Cultura Física y Deporte: *****. Regidor de Salud: *****. Secretario Municipal: ****. Regidora de Desarrollo Rural y Social: *****. Regidora de Turismo, Recreación y Espectáculos: *****. Regidora de Protección Civil y Movilidad: *****. Regidora de Ecología y Medio Ambiente: ******. Regidor de Desarrollo Cultural y Artesanal: *****. Tesorera Municipal: *****. Secretario Municipal: *******. Así como a la autoridad vinculada al cumplimiento de la sentencia Javier Martín Villanueva Hernández Magistrado Titular de la Segunda Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca (actual denominación), -dato obtenido de los informes rendidos en autos-, para que en el plazo de tres días, siguiente al en que reciban el comunicado respectivo, cumplan con la ejecutoria de amparo, para ello se les reitera que los efectos del fallo fueron los siguientes: (.) "6.1. Efectos del fallo protector. A fin de que se restituya al demandante del amparo en el goce de los derechos constitucionales transgredidos, en términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación del precepto XVIII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, aprobada en la Novena Conferencia Internacional Americana, en Bogotá, Colombia, el dos de mayo de mil novecientos cuarenta y ocho, procede conceder a ******, el amparo y protección constitucional instada, para el efecto de que las autoridades responsables: Realicen las gestiones necesarias, a fin de cumplir con la condena indicada en la sentencia dictada por la Sala Superior del otrora Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Oaxaca, en el expediente toca de revisión **** el diecinueve de junio de dos mil doce, para lo cual deberá usar todos los instrumentos que estén a su alcance, en el ámbito de su competencia para ello, de conformidad con el artículo 197 de la Ley de Amparo." (.) La anterior precisión, se realiza en estricto acatamiento a la jurisprudencia P./J. 59/2014 (10a.), aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el seis de noviembre de dos mil catorce, publicada en la página 5, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, Décima Época, que es del tenor siguiente: "CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. LA IMPOSICIÓN DE LAS SANCIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO ESTÁ CONDICIONADA A QUE EL JUEZ DE AMPARO REALICE LOS REQUERIMIENTOS CON LA PRECISIÓN NECESARIA EN CUANTO A LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA ACATAR EL FALLO Y A LOS ACTOS QUE LES CORRESPONDE EJECUTAR A CADA UNA DE ELLAS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Conforme a lo dispuesto en el citado precepto legal, si la autoridad es omisa en el cumplimiento de una sentencia de amparo, ello conduciría de manera automática a la imposición de la sanción pecuniaria, y en caso de que aun impuesta la multa el cumplimiento no se acredite, ello dará lugar a continuar con el procedimiento de ejecución que, eventualmente, podría conducir a la separación del titular de la autoridad responsable y a su consignación ante el juez penal. En este escenario, resulta de especial relevancia que el juzgador de amparo requiera el cumplimiento del fallo protector con la precisión necesaria en cuanto a las autoridades competentes para acatarlo y respecto de los actos que les corresponde realizar, ya que si el debido acatamiento de la sentencia concesoria está sujeto a que diversas autoridades emitan en el ámbito de su respectiva competencia, regulado en una ley o un reglamento, diferentes actos cuya emisión jurídicamente constituye una condición indispensable para el dictado de los demás, será necesario que en el requerimiento respectivo se vincule a cada una de las autoridades competentes a emitir los actos que jurídicamente les correspondan; incluso, los apercibimientos respectivos deberán tomar en cuenta esas particularidades. En tal virtud, cuando el cumplimiento del fallo protector implique la emisión de actos de diferentes autoridades que den lugar al desarrollo de un procedimiento en el cual la falta de emisión de alguno de ellos impida la de los siguientes, antes de imponer una multa de las previstas en el párrafo segundo del artículo 192 de la Ley de Amparo deberá identificarse a la autoridad contumaz, es decir, a la responsable del incumplimiento, dado que las diversas autoridades que no ejerzan poder de mando sobre ésta, de encontrarse impedidas legalmente para emitir el acto que les corresponde, tendrán una causa justificada para no haber cumplido el fallo protector. Ante ello, si el juzgador de amparo tiene la duda fundada sobre cuáles son las autoridades que gozan de las atribuciones para realizar los actos necesarios para el cumplimiento del fallo protector atendiendo a lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Amparo, en el primer acuerdo que dicte en el procedimiento de ejecución de la sentencia, además de requerir a la autoridad o a las autoridades responsables el cumplimiento de la sentencia concesoria deberá requerirlas para que en el plazo de tres días hábiles se pronuncien fundada y motivadamente sobre cuáles son las autoridades que cuentan con las atribuciones para acatar dicho fallo. Lo anterior, con la finalidad de que, con base en lo manifestado por las referidas autoridades y en el análisis del marco jurídico aplicable, determine si es el caso de vincular al cumplimiento de la sentencia a diversas autoridades; pronunciamiento que deberá contener las consideraciones y los fundamentos legales que sirvan de base para vincular a las autoridades respectivas, atendiendo a lo previsto en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, el cual contiene un principio aplicable a toda resolución emitida dentro de un juicio de amparo." Solicitud de informe sobre cambio de denominación Además, se requiere a las autoridades responsables que para el caso de que con posterioridad a este auto, cambie el titular del cargo que ostentan en la actualidad, lo informen mediante oficio a este órgano jurisdiccional, a efecto de proveer lo que en derecho proceda. Apercibimiento De incumplir las autoridades responsables sin causa justificada (informen el impedimento legal o material que tengan para ello), se les hará efectivo el apercibimiento decretado en actuaciones anteriores, esto es, multa de cien días de unidades de medida y actualización, que es la cantidad equivalente a diez mil trescientos setenta y cuatro pesos, cero centavos ($10,374.00), a razón de 103.74 como valor diario, conforme a lo establecido en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo. Asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda para seguir el trámite de inejecución, el cual puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 54/2014 (10ª) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo. [Décima Época, registro: 2007918, Pleno, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, Materia(s): Común, página: 19]. De igual forma, hágaseles saber que el incumplimiento a una ejecutoria de amparo, puede tipificar el ilícito que establece el artículo 267, fracción I, de la Ley de Amparo, mismo que tiene una pena de prisión que se castiga con cinco a diez años de prisión, multa de cien a mil días, en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos. Precisión sobre superiores jerárquicos No se soslaya que el artículo 192 de la Ley de Amparo, párrafo tercero, establece que al ordenar la notificación y requerimiento a las autoridades responsables, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquella para que le ordene cumplir con la ejecutoria y el numeral 194 de la propia ley dispone que se entiende por superior jerárquico de la autoridad responsable el que de conformidad con las disposiciones correspondientes ejerza sobre ella poder o mando para obligarla a actuar o dejar de actuar en la forma exigida en la sentencia de amparo, o bien para cumplir esta última por sí misma. Empero, en el caso, la autoridad responsable, Presidente Municipal Constitucional del Municipio de San Pedro Mixtepec, Juquila, Oaxaca; tiene como superior jerárquico al Ayuntamiento de esa localidad, mismo al que también le reviste la calidad de autoridad responsable, motivo por el cual no es factible requerirle en su calidad de superior jerárquico. Por lo que hace a la Segunda Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca, al contar con autonomía e independencia para resolver las controversias sometidas a su conocimiento, carecen de superior jerárquico, puesto que no lo es la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del estado, ya que si bien es superior por razón de grado, su competencia se actualiza cuando las partes interponen los medios de defensa legal, y tampoco lo es la Junta de Gobierno y Administración de dicho Tribunal, ya que acorde a su naturaleza administrativa no encuadra dentro de los supuestos establecidos en el artículo 194 de la Ley de Amparo, ya que no podría ejercer poder o mando sobre los Magistrados de la Sala Regional en cuestión, para que emitan una determinación para cumplir con una sentencia de amparo ni cumplir por sí mismos una sentencia de amparo dirigida a dichos Magistrados, pues ello implicaría una invasión a su esfera competencial; por tanto, el aludido Magistrado carece de superior jerárquico, de ahí que el requerimiento al cumplimiento de la sentencia solo se realiza a ellos. Sirve de apoyo, por las razones que la informan, la jurisprudencia P./J. 63/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 6, Libro 13, Diciembre de 2014, Tomo I, Materia Común, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro digital 2008147, de rubro y texto: "CONSEJOS DE LA JUDICATURA LOCALES. NO SON SUPERIORES JERÁRQUICOS DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES QUE INTEGRAN A LOS PODERES JUDICIALES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 192 Y 194 DE LA LEY DE AMPARO). En aquellas entidades federativas en las que se haya establecido un órgano de administración del aparato judicial, éste deberá responder a la naturaleza prevista en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para el Consejo de la Judicatura Federal. Así, la conformación de Consejos de la Judicatura en los Estados es de servicio administrativo a la función jurisdiccional, debido a lo cual, aquéllos no pueden controlar o invadir la esfera jurisdiccional de los órganos que administran, por lo que dicha función, bajo ningún concepto, puede estar subordinada a la administrativa, organizacional, disciplinaria o de cualquier otra naturaleza, que ejerzan esos Consejos, pues sus competencias, en materia de inspección y vigilancia sobre los juzgados y tribunales, únicamente pueden referirse al examen de lo necesario para conocer el funcionamiento del órgano judicial y el cumplimiento de los deberes del personal judicial, pero no, y a riesgo de violentar la independencia judicial, pueden referirse a la interpretación y aplicación de las leyes por los juzgadores cuando administran justicia en su sentido más amplio, incluyendo el contenido, modo y forma del cumplimiento de una sentencia de un tribunal de amparo. Por tanto, más allá de una relación de jerarquía, las funciones de dichos Consejos se encuentran dirigidas a salvaguardar la autonomía e independencia judiciales, de forma que los órganos jurisdiccionales se enfoquen a la resolución de los asuntos sometidos a su consideración, permitiendo que un órgano especializado se encargue de la administración necesaria para que la impartición de justicia se realice en los términos establecidos en el artículo 17 constitucional. En consecuencia, para efectos del cumplimiento de sentencias de amparo, los Consejos de la Judicatura locales no son superiores jerárquicos de los órganos jurisdiccionales que integran a los Poderes Judiciales de los Estados, pues acorde a su naturaleza administrativa, no encuadran dentro de los supuestos establecidos en el artículo 194 de la Ley de Amparo, ya que no podrían: (I) ejercer poder o mando sobre órganos jurisdiccionales para que emitan una determinación para cumplir con una sentencia de amparo; y (II) cumplir, por sí mismos, una sentencia de amparo dirigida a un órgano jurisdiccional, pues ello implicaría una invasión a su esfera competencial. Por lo anterior, en el supuesto de que la autoridad responsable sea un órgano jurisdiccional de un Poder Judicial local, la existencia de un Consejo de la Judicatura no actualiza el supuesto normativo contenido en el artículo 192 de la Ley de Amparo, consistente en que se requiera al superior jerárquico para cumplir una sentencia de amparo." Notifíquese.

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