Enoc Terrero Vásquez
Expediente 1298/2014 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 8 actuaciones registradas, la última del 12 de mayo de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 1298/2014
- Año
- 2014
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 12/05/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Enoc Terrero Vásquez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
MESA II A Vista la certificación de cuenta se advierte que el último plazo de quince días a que se refiere el numeral 202 de la Ley de Amparo, transcurrió sin que las partes legitimadas hubieren hecho valer recurso alguno en contra del auto de nueve de abril del año en curso (fojas 183 a 185), que tuvo por cumplida la sentencia dictada en este juicio de amparo; en consecuencia, en términos del artículo en cita, se declara que ha quedado firme dicho proveído, para los efectos legales a que haya lugar. Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables.
- Incidental
MESA II A Vista la certificación de cuenta, se provee lo relativo al destino del presente incidente de suspensión, que se tramitó en original y duplicado. De los autos se advierte que por interlocutoria de treinta de septiembre de dos mil catorce (fojas 10 a 13), se negó la medida cautelar respecto de los actos reclamados por la parte quejosa; por tanto, con fundamento en los puntos cuarto, vigésimo, fracción III, y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre del citado año, en vigor el veintiséis de noviembre siguiente, transcurridos más de seis meses, contados a partir de que surtió efectos la notificación de la citada interlocutoria, procédase a la destrucción del duplicado de este incidente, en tanto que el original, por haberse negado la medida cautelar respecto de los actos reclamados, en su oportunidad, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción en términos del punto vigésimo primero, fracción III, del acuerdo invocado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.
- Principal
MESA II A Vistos los autos y certificación de cuenta, se advierte que concluyó el término concedido a la parte quejosa y terceros interesados en auto de diecisiete de marzo del año en curso, respecto a la vista relativa al cumplimiento que la autoridad responsable dio a la sentencia que le concedió el amparo y protección al quejoso Enoc Terrero Vásquez, sin que hubiesen hecho manifestación alguna; en consecuencia, se procede a analizar la determinación adoptada por la responsable respecto de dicho cumplimiento. Así, se destaca que el diecisiete de febrero de dos mil quince (fojas 111 a 133), se emitió sentencia en la que se concedió al quejoso Enoc Terrero Vásquez, el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que los Magistrados Integrantes de la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado: 1. Dejaran insubsistente la resolución de veintitrés de mayo de dos mil catorce, dictada en el toca penal 210/2014, en la que revocaron el auto de formal prisión emitido el seis de febrero de dos mil catorce por el Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Tuxtepec, Oaxaca, en el proceso penal 01/2014, que se instruye contra César Augusto Domínguez Andrade, como probable responsable en la comisión del delito de fraude específico, cometido en perjuicio patrimonial de Enoc Terrero Vásquez, y 2. En su lugar, con plenitud de jurisdicción, dictaran una nueva determinación en la que analizaran los agravios formulados por la parte recurrente, a partir de los elementos del cuerpo del delito en lo individual y la probable responsabilidad del inculpado, con relación al apartado probatorio existente en la causa, a fin de fundar y motivar debidamente su conclusión; resolución que podría ser en el mismo sentido o en otro, con la precisión de que para el caso de reiterar la revocación de la formal prisión decretada en primera instancia, deberían establecer cuál o cuáles de los elementos del cuerpo del delito no fueron colmados por el Ministerio Público, o en su caso si ello atiende a la insuficiencia probatoria en relación a la probable responsabilidad del agente, o la actualización de alguna excluyente o causa de justificación. Luego, por auto de seis de marzo del año en curso (fojas 159 y 160), se requirió a la citada autoridad responsable el cumplimiento del fallo protector. En acatamiento a ello, los Magistrados de la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, por oficio 697 remitieron copia certificada de la resolución dictada el doce de marzo de dos mil quince, en el toca penal 210/2014 de su índice (fojas 164 a 174), de la que se advierte dejaron insubsistente la diversa de veintitrés de mayo de dos mil catorce y, con plenitud de jurisdicción, emitieron otra en la que nuevamente revocaron el auto de formal prisión recurrido y dictaron a favor de César Augusto Domínguez Andrade auto de libertad por falta de elementos para procesar con las reservas de ley, bajo las siguientes consideraciones: 1. Que la declaración de Enoc Terrero Vásquez, contrario a lo sostenido por el juzgador de origen, no tiene valor probatorio en términos del artículo 354 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado, en razón de que su dicho no genera certeza de que hayan acontecido los hechos tal y como los da a conocer en su escrito de querella. 2. Que lo mismo ocurre con el testimonio de Miriam Triunfo Rodríguez, en virtud de que se conduce en los mismos términos que el ofendido, no describe las características del vehículo de motor que le ofrecieron a su esposo, por el cual pagó la cantidad de ciento sesenta mil pesos cero centavos moneda nacional, y no aporta mayor detalle respecto del hecho, denotando únicamente con su testimonio ánimo por beneficiar al ofendido quien resulta ser su esposo, lo cual hace a su testimonio parcial y sin valor probatorio en términos del artículo 354 de Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado. 3. Que al igual que el testimonio de Miriam Triunfo Rodríguez, el de Jacobo Terrero Vásquez no tiene valor probatorio en términos del artículo 354 del citado código adjetivo, por tornarse parcial, es decir contrario a lo previsto en el inciso c), de la fracción VI, del numeral 355 del ordenamiento legal en cita, en virtud de que va más allá de lo informado por el ofendido. 4. Además, que la factura número CC4871 de treinta y uno de mayo de dos mil seis, expedida por automotriz R&R S.A. de S.V., a favor de Mario Muciño Sandoval, con endoso a favor de César Augusto Domínguez Andrade, de veinticinco de septiembre de dos mil seis, misma que ampara el vehículo de motor Volkswagen, modelo dos mil seis, tipo Bora, color rojo spice, con número de motor BTK017871, número de serie 3VWGN11K76M822934, después de ser examinada por el perito en documentoscopía, se determinó que éste corresponde a un documento falso. De donde concluyeron en que no se cumple con el primer requisito de fondo que exige el artículo 19 Constitucional referente a la existencia de datos bastantes para comprobar el cuerpo del delito de fraude específico, ya que las pruebas que tienen valor probatorio (testimonios de solvencia económica de Areli Terrero Castillo y Yolanda Hernández Gutiérrez y el dictamen de avaluó), son insuficientes tanto para demostrar el primero de sus elementos (relativo a la acción de vender una cosa mueble y recibir su precio), como para acreditar la probable responsabilidad de Cesar Augusto Domínguez Andrade; por lo que, señalaron, se actualiza la hipótesis prevista en la fracción II del artículo 14 del Código Penal vigente en el Estado. De ahí que, estimaron, resultaba innecesario pronunciarse respecto de los demás elementos, así como de la probable responsabilidad del procesado. Ahora bien, el examen comparativo que se realiza entre la ejecutoria de amparo y la resolución con la que se da cumplimiento, pone de manifiesto que la Sala responsable dejó insubsistente la resolución de veintitrés de mayo de dos mil catorce y, con plenitud de jurisdicción, dictó otra siguiendo los lineamientos señalados en la ejecutoria de amparo; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia pronunciada en este juicio de garantías, lo que se ordena hacer del conocimiento de las partes para los efectos legales correspondientes. En otro orden, en acatamiento a lo dispuesto por el párrafo cuarto del citado ordinal 196 de la ley de la materia, y con fundamento, además, en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre del año en curso, en vigor el veintiséis de noviembre siguiente, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que en este juicio de amparo se concedió el amparo solicitado, se considera de valor jurídico; por lo que deberá hacerse del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su depuración, conforme a lo establecido en la fracción IV del punto Vigésimo Primero del Acuerdo invocado. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. En otro orden, toda vez que este expediente se tramitó con incidente de suspensión, acuérdese lo relativo a su destino en ese propio cuaderno. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
MESA II A. Notificación personal por lista. (Quejoso) Vistos los autos y certificación de cuenta, se advierte que concluyó el término concedido a la parte quejosa y terceros interesados en auto de diecisiete de marzo del año en curso, respecto a la vista relativa al cumplimiento que la autoridad responsable dio a la sentencia que le concedió el amparo y protección al quejoso Enoc Terrero Vásquez, sin que hubiesen hecho manifestación alguna; en consecuencia, se procede a analizar la determinación adoptada por la responsable respecto de dicho cumplimiento. Así, se destaca que el diecisiete de febrero de dos mil quince (fojas 111 a 133), se emitió sentencia en la que se concedió al quejoso Enoc Terrero Vásquez, el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que los Magistrados Integrantes de la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado: 1. Dejaran insubsistente la resolución de veintitrés de mayo de dos mil catorce, dictada en el toca penal 210/2014, en la que revocaron el auto de formal prisión emitido el seis de febrero de dos mil catorce por el Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Tuxtepec, Oaxaca, en el proceso penal 01/2014, que se instruye contra César Augusto Domínguez Andrade, como probable responsable en la comisión del delito de fraude específico, cometido en perjuicio patrimonial de Enoc Terrero Vásquez, y 2. En su lugar, con plenitud de jurisdicción, dictaran una nueva determinación en la que analizaran los agravios formulados por la parte recurrente, a partir de los elementos del cuerpo del delito en lo individual y la probable responsabilidad del inculpado, con relación al apartado probatorio existente en la causa, a fin de fundar y motivar debidamente su conclusión; resolución que podría ser en el mismo sentido o en otro, con la precisión de que para el caso de reiterar la revocación de la formal prisión decretada en primera instancia, deberían establecer cuál o cuáles de los elementos del cuerpo del delito no fueron colmados por el Ministerio Público, o en su caso si ello atiende a la insuficiencia probatoria en relación a la probable responsabilidad del agente, o la actualización de alguna excluyente o causa de justificación. Luego, por auto de seis de marzo del año en curso (fojas 159 y 160), se requirió a la citada autoridad responsable el cumplimiento del fallo protector. En acatamiento a ello, los Magistrados de la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, por oficio 697 remitieron copia certificada de la resolución dictada el doce de marzo de dos mil quince, en el toca penal 210/2014 de su índice (fojas 164 a 174), de la que se advierte dejaron insubsistente la diversa de veintitrés de mayo de dos mil catorce y, con plenitud de jurisdicción, emitieron otra en la que nuevamente revocaron el auto de formal prisión recurrido y dictaron a favor de César Augusto Domínguez Andrade auto de libertad por falta de elementos para procesar con las reservas de ley, bajo las siguientes consideraciones: 1. Que la declaración de Enoc Terrero Vásquez, contrario a lo sostenido por el juzgador de origen, no tiene valor probatorio en términos del artículo 354 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado, en razón de que su dicho no genera certeza de que hayan acontecido los hechos tal y como los da a conocer en su escrito de querella. 2. Que lo mismo ocurre con el testimonio de Miriam Triunfo Rodríguez, en virtud de que se conduce en los mismos términos que el ofendido, no describe las características del vehículo de motor que le ofrecieron a su esposo, por el cual pagó la cantidad de ciento sesenta mil pesos cero centavos moneda nacional, y no aporta mayor detalle respecto del hecho, denotando únicamente con su testimonio ánimo por beneficiar al ofendido quien resulta ser su esposo, lo cual hace a su testimonio parcial y sin valor probatorio en términos del artículo 354 de Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado. 3. Que al igual que el testimonio de Miriam Triunfo Rodríguez, el de Jacobo Terrero Vásquez no tiene valor probatorio en términos del artículo 354 del citado código adjetivo, por tornarse parcial, es decir contrario a lo previsto en el inciso c), de la fracción VI, del numeral 355 del ordenamiento legal en cita, en virtud de que va más allá de lo informado por el ofendido. 4. Además, que la factura número CC4871 de treinta y uno de mayo de dos mil seis, expedida por automotriz R&R S.A. de S.V., a favor de Mario Muciño Sandoval, con endoso a favor de César Augusto Domínguez Andrade, de veinticinco de septiembre de dos mil seis, misma que ampara el vehículo de motor Volkswagen, modelo dos mil seis, tipo Bora, color rojo spice, con número de motor BTK017871, número de serie 3VWGN11K76M822934, después de ser examinada por el perito en documentoscopía, se determinó que éste corresponde a un documento falso. De donde concluyeron en que no se cumple con el primer requisito de fondo que exige el artículo 19 Constitucional referente a la existencia de datos bastantes para comprobar el cuerpo del delito de fraude específico, ya que las pruebas que tienen valor probatorio (testimonios de solvencia económica de Areli Terrero Castillo y Yolanda Hernández Gutiérrez y el dictamen de avaluó), son insuficientes tanto para demostrar el primero de sus elementos (relativo a la acción de vender una cosa mueble y recibir su precio), como para acreditar la probable responsabilidad de Cesar Augusto Domínguez Andrade; por lo que, señalaron, se actualiza la hipótesis prevista en la fracción II del artículo 14 del Código Penal vigente en el Estado. De ahí que, estimaron, resultaba innecesario pronunciarse respecto de los demás elementos, así como de la probable responsabilidad del procesado. Ahora bien, el examen comparativo que se realiza entre la ejecutoria de amparo y la resolución con la que se da cumplimiento, pone de manifiesto que la Sala responsable dejó insubsistente la resolución de veintitrés de mayo de dos mil catorce y, con plenitud de jurisdicción, dictó otra siguiendo los lineamientos señalados en la ejecutoria de amparo; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia pronunciada en este juicio de garantías, lo que se ordena hacer del conocimiento de las partes para los efectos legales correspondientes. En otro orden, en acatamiento a lo dispuesto por el párrafo cuarto del citado ordinal 196 de la ley de la materia, y con fundamento, además, en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre del año en curso, en vigor el veintiséis de noviembre siguiente, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que en este juicio de amparo se concedió el amparo solicitado, se considera de valor jurídico; por lo que deberá hacerse del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su depuración, conforme a lo establecido en la fracción IV del punto Vigésimo Primero del Acuerdo invocado. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. En otro orden, toda vez que este expediente se tramitó con incidente de suspensión, acuérdese lo relativo a su destino en ese propio cuaderno. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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