Enoc Ricardo Amavizca Navarro
Expediente 349/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 5 actuaciones registradas, la última del 24 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 349/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 24/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Enoc Ricardo Amavizca Navarro
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Causa estado auto que sobreseyó fuera de audiencia el juicio, se ordena archivo...
- Principal
CON ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA AL QUEJOSO, EL CONTENIDO DEL AUTO DE FECHA 24/MAYO/2021, QUE EN LO CONDUCENTE DICE:Causa estado auto que sobreseyó fuera de audiencia el juicio, se ordena archivo...
- Principal
CON ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA AL QUEJOSO, EL CONTENIDO DEL AUTO DE FECHA 26/abril/2021, QUE EN LO CONDUCENTE DICE:Auto. Hermosillo, Sonora, veintiséis de abril de dos mil veintiuno. Informe justificado. Conforme a lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe justificado rendido por el presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se tienen por ofrecida la documental que anexa a su informe. Sobreseimiento por cesación de efectos. Del análisis de las constancias que la autoridad responsable acompañó a su informe justificado se advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Se estima la actualización de dicha causa de improcedencia ya que los efectos del acto reclamado cesan cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto que se le reclama y se da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca o también cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y restituye al quejoso en el goce de la garantía violada. De modo tal que la cesación de efectos no sea más que el hecho de que la autoridad que haya emitido el acto impugnado deje de afectar la esfera jurídica del quejoso, lo cual debe ser de manera definitiva; asimismo, sus efectos deben desaparecer totalmente, pues la razón que justifica la causa de improcedencia referida no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte efectos, ni los surtirá y, que no dejó huella en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. Es decir, dicha hipótesis normativa se encuentra orientada por la imposibilidad de concretar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía violada, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a las autoridades responsables a que obren en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que ésta exija. Tiene aplicación la jurisprudencia 2a./J.59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, página 38, que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso, el acto reclamado por la parte quejosa consiste en la omisión de fijar fecha para la audiencia prevista en el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo en el juicio laboral 120/20JE1. Por su parte, la autoridad oficiante remitió copia certificada del auto de diecinueve de abril del año en curso, en el que corrigió el procedimiento y señaló las doce horas con treinta minutos del veintiuno de mayo de este año, para la celebración de la aludida audiencia y notificó tal determinación a la parte actora el veinte de abril siguiente. En ese sentido, si la demanda de amparo fue presentada el treinta de marzo de dos mil veintiuno, es incuestionable que durante la tramitación del juicio cesaron los efectos del acto impugnado, pues al señalado fecha para la audiencia mencionada, se constituyó una situación jurídica que definitivamente destruyó la que dio motivo a la demanda y se restituyó a la parte quejosa en el goce de los derechos que consideraba violados, tal como si se hubiera concedido el amparo solicitado. Sirve de apoyo, la jurisprudencia VI.2o. J/339, emitida por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Número 83, Noviembre 1994, Octava Época, página 70, que expresa: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a substituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." Bajo las condiciones apuntadas, se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio, conforme a lo dispuesto en la fracción V del numeral 63 de la Ley de Amparo. Sustenta la anterior determinación, la jurisprudencia 2a./J.10/2003, publicada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, en página 386, cuyo rubro dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." En esas condiciones, se deja sin efectos la fecha designada para la celebración de la audiencia constitucional. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado de registro de juicios de amparo. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y por oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Jesús Efrén Ibarra Othón, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, veintiséis de abril de dos mil veintiuno. Informe justificado. Conforme a lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe justificado rendido por el presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se tienen por ofrecida la documental que anexa a su informe. Sobreseimiento por cesación de efectos. Del análisis de las constancias que la autoridad responsable acompañó a su informe justificado se advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Se estima la actualización de dicha causa de improcedencia ya que los efectos del acto reclamado cesan cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto que se le reclama y se da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca o también cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y restituye al quejoso en el goce de la garantía violada. De modo tal que la cesación de efectos no sea más que el hecho de que la autoridad que haya emitido el acto impugnado deje de afectar la esfera jurídica del quejoso, lo cual debe ser de manera definitiva; asimismo, sus efectos deben desaparecer totalmente, pues la razón que justifica la causa de improcedencia referida no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte efectos, ni los surtirá y, que no dejó huella en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. Es decir, dicha hipótesis normativa se encuentra orientada por la imposibilidad de concretar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía violada, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a las autoridades responsables a que obren en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que ésta exija. Tiene aplicación la jurisprudencia 2a./J.59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, página 38, que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso, el acto reclamado por la parte quejosa consiste en la omisión de fijar fecha para la audiencia prevista en el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo en el juicio laboral 120/20JE1. Por su parte, la autoridad oficiante remitió copia certificada del auto de diecinueve de abril del año en curso, en el que corrigió el procedimiento y señaló las doce horas con treinta minutos del veintiuno de mayo de este año, para la celebración de la aludida audiencia y notificó tal determinación a la parte actora el veinte de abril siguiente. En ese sentido, si la demanda de amparo fue presentada el treinta de marzo de dos mil veintiuno, es incuestionable que durante la tramitación del juicio cesaron los efectos del acto impugnado, pues al señalado fecha para la audiencia mencionada, se constituyó una situación jurídica que definitivamente destruyó la que dio motivo a la demanda y se restituyó a la parte quejosa en el goce de los derechos que consideraba violados, tal como si se hubiera concedido el amparo solicitado. Sirve de apoyo, la jurisprudencia VI.2o. J/339, emitida por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Número 83, Noviembre 1994, Octava Época, página 70, que expresa: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a substituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." Bajo las condiciones apuntadas, se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio, conforme a lo dispuesto en la fracción V del numeral 63 de la Ley de Amparo. Sustenta la anterior determinación, la jurisprudencia 2a./J.10/2003, publicada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, en página 386, cuyo rubro dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." En esas condiciones, se deja sin efectos la fecha designada para la celebración de la audiencia constitucional. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado de registro de juicios de amparo. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y por oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Jesús Efrén Ibarra Othón, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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