Enrique Alberto Salmón Becerril
Expediente 690/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 50 actuaciones registradas, la última del 16 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 690/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 50
- Última actuación
- 16/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Enrique Alberto Salmón Becerril
- Juez Oral de lo Penal del Distrito Judicial Número Uno
Actuaciones
Las 4 más recientes de 50.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, dieciséis de mayo de dos mil veintitrés. Oficio. Agréguense a los presentes autos el oficio con anexos suscrito por el secretario del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en Ciudad Obregón, por medio del cual, remite en dos tomos, las copias certificadas del presente expediente ordenadas expedir a favor de dicha autoridad; en mérito a lo anterior, téngase por recibidas las constancias de referencia para los efectos legales a que haya lugar. No se considera necesario glosar las referidas constancias con las actuaciones originales; toda vez que, duplicarían las ya existentes, lo que dificultaría el manejo del expediente al tornarse muy voluminoso; en consecuencia, destrúyanse las referidas copias certificadas por carecer de relevancia documental. Declaración de ejecutoria. Por otra parte. de la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el quince de marzo de dos mil veintitrés, que sobreseyó en el presente juicio. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez trascurridos tres años. Anotaciones. Háganse las anotaciones correspondientes. Devolución de documentos. Resulta innecesario dar vista a las partes a fin de que soliciten la devolución de documentos originales, dado que no se advierte la exhibición de éstos. Incidente de suspensión. Acuérdese lo conducente en relación con la valoración y destino de los cuadernos incidentales de suspensión que derivan del presente juicio de amparo. Notifíquese; y por oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Guadalupe López Gutiérrez, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Incidental
Auto. Hermosillo, Sonora, dieciséis de mayo de dos mil veintitrés. Destino del incidente de suspensión. Vista la certificación de cuenta, se advierte que en esta fecha se ordenó el archivo del sumario como asunto concluido; en consecuencia, se procede a valorar el destino del cuaderno relativo al incidente en el que se actúa. Valoración del original. Con fundamento en el artículo 18, fracción I), inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, depúrese el original del presente incidente de suspensión, una vez transcurridos tres años, en virtud de que se concedió la medida cautelar provisional y parcialmente la definitiva en la presente incidencia. Valoración del duplicado. En términos del artículo 20, fracción II, inciso a), del citado acuerdo general destrúyase el duplicado de este expediente, una vez que concluya el plazo de seis meses. Billete de depósito. Ahora bien, del estado de autos se advierte que obra en el sumario garantía presentada por la parte quejosa a fin que siguiera surtiendo efectos la suspensión decretada en el presente incidente y el presente asunto se encuentra totalmente concluido. En consecuencia, requiérase a la parte quejosa ********************, para que se constituya en las instalaciones de este órgano jurisdiccional cito calle Doctor Paliza esquina Londres, número cuarenta y cuatro (44), colonia el Centenario, el nueve de junio de dos mil veintitrés, a fin de que se le haga la devolución del billete de depósito ********************, expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, por la cantidad de ********************, que presentó para garantizar los posibles daños y perjuicios que le pudiera ocasionar a la parte tercera interesada la suspensión emitida en el presente cuaderno incidental. Apercibido que de no comparecer a recibir el billete de depósito reseñado en el párrafo que antecede, prescribirá el mismo en el término de dos años contado a partir de la legal notificación del presente proveído, a favor del Gobierno Federal, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 50, de la Ley de la Tesorería de la Federación. Lo anterior previa identificación, toma de razón y recibo que se deje agregada en autos. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Guadalupe López Gutiérrez, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Audiencia y resolución constitucional En Hermosillo, Sonora, a las diez horas con cuarenta y nueve minutos del quince de marzo de dos mil veintitrés, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Guadalupe López Gutiérrez, secretaria con quien autoriza y da fe, declaró abierta la presente audiencia, sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia de ley, se relacionan las constancias que obran en autos y da cuenta al juez con el escrito inicial de demanda, las constancias de emplazamiento a juicio de las partes y los informes con justificación rendidos por las autoridades responsables. Con excepción del correspondiente a las autoridades "agentes Ministeriales de Investigación Criminal Comisionados al Departamento de Abigeato y Delitos en contra de Animales por Actos de Maltrato o Crueldad, con sede en esta ciudad", "Departamento de Ordenes de Aprehensión de la Coordinación Estatal de la Policía Estatal de Seguridad Pública del Estado de Sonora, ciudad; y "agentes de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal del Departamento de Órdenes de Aprehensión, con residencia en Navojoa, Sonora", toda vez que mediante autos de veintiséis de julio y cinco de diciembre de dos mil veintidós, se tuvieron como inexistentes y se suspendió toda comunicación legal con las mismas. Abierto el período de pruebas, se da cuenta con las documentales ofrecidas por la parte quejosa, así como las diversas documentales, la confesional expresa, presuncional e instrumental de actuaciones ofertadas por las autoridades responsables director General de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora y agente del Ministerio Investigador Especializado en Delitos de Abigeato y Delitos en Contra de los Animales por Actos de Maltrato o Crueldad, ambos con sede en esta ciudad, con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas por su propia naturaleza las citadas probanzas. Cerrada la etapa de pruebas y abierta la de alegatos, se hace constar que las partes no los formularon. El juez acuerda: téngase por perdido el derecho para expresarlos; se cierra esta fase y se procede a dictar la resolución respectiva. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 690/2022 P; y Antecedentes y trámite del juicio de amparo Por escrito presentado el veinticinco de mayo de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, y remitido al día siguiente hábil, por razón de turno, a este juzgado de Distrito, Enrique Alberto Salmón Becerril, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos reclamados del Juez Oral de lo Penal del Distrito Uno del Poder Judicial del Estado de Sonora, con sede en Hermosillo, Sonora y otras autoridades. En veintiséis de mayo de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda, se solicitó a las autoridades responsable su respectivo informe justificado; se dio a la representación social de la adscripción la intervención legal que le compete, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previos diferimientos se llevó a cabo en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia, al tenor de los considerandos siguientes: Competencia Este juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio, ello de conformidad con lo previsto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 37, 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud que el acto de reclamo emana de una autoridad con residencia en el ámbito territorial donde este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. Precisión de los actos reclamados Del estudio integral de la demanda de amparo, con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisan como actos reclamados: La orden de comparecencia, de búsqueda, de localización, de presentación y de aprehensión y, de las autoridades ejecutoras, todo acto encaminado o dirigido a la ejecución de éstas y que atente contra mi libertad personal e intimidad. Restricción de acceso a registros de investigación en su contra Inexistencia de los actos en reclamo No son ciertos los actos reclamados a las siguientes autoridades en sus denominaciones correctas, pues así lo manifestaron al rendir su informe justificado. Director General de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora. Administrador del Juzgado Oral de lo Penal del Distrito Uno, con sede en Hermosillo, Sonora. Agente del Ministerio Investigador Especializado en Delitos de Abigeato y Delitos en Contra de los Animales por Actos de Maltrato o Crueldad, con sede en esta ciudad. Director General de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal con sede en esta ciudad. Agente Investigador del Ministerio Público Especializado en Delitos de Abigeato, con sede en Ciudad Obregón, Sonora. Administrador del Juzgado de Oralidad Penal del Distrito Judicial cinco con sede en Navojoa, Sonora. Jefe de Grupo de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal Encargado de la Base Operativa, con sede en Ciudad Obregón. Administrador del Juzgado Oral de lo Penal del Distrito Dos, con Residencia en Ciudad Obregón, Sonora. Comisario General de la Coordinacion Estatal de la Policía Estatal de Seguridad Pública. Agente de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, Encargado del Departamento de Ordenes de Aprehensión y Comparecencias, con residencia en esta ciudad. Jefe de Grupo de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, Encargado de la Base Operativa Hermosillo. Encargado de la Agencia del Ministerio Público Investigador Especializado en Delitos de Abigeato y Delitos Contra Animales por Actos de Maltrato o Crueldad con sede en Navojoa, Sonora. Jefe de Grupo de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal Base Operativa Abigeatos, Navojoa. Comisario General de la Coordinación Estatal de la Policía Estatal de Seguridad Pública. Ahora, la parte quejosa no aportó pruebas que corroboraran las aseveraciones planteadas en su demanda de amparo, ni desvirtuaran las negativas formuladas por las autoridades; lo que ineludiblemente lleva a concluir la inexistencia de los actos reclamados. En consecuencia, en el caso se actualiza la hipótesis prevista por la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo y, por ende, se debe decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo. Es aplicable al caso, la jurisprudencia número 284, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." De igual manera, resulta aplicable la tesis VI.2o.A.4 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, del tenor: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." Decisión En las relatadas condiciones, al ser inexistentes los actos reclamados a las autoridades responsables señaladas en el apartado IV, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, en términos de lo establecido en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. Resuelve Único. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Enrique Alberto Salmón Becerril, respecto de los actos precisados en el apartado III del presente fallo, por las razones expuestas en el apartado IV. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Guadalupe López Gutiérrez, secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, dieciséis de febrero de dos mil veintitrés. Estado procesal. Vista la certificación que antecede y el estado de los autos se desprende que no es posible celebrar la audiencia constitucional señalada para esta data, toda vez que no obra constancia alguna que acredite que la Representación Social adscrita a este órgano jurisdiccional, haya quedado debidamente emplazada al sumario como fue ordenado en auto de veintiséis de mayo de dos mil veintidós. En consecuencia, se comisiona al actuario para que de inmediato notifique personalmente a la Representación Social adscrita a este órgano jurisdiccional el referido acuerdo. Diferimiento de audiencia constitucional. Para dar tiempo a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta data y se fijan las diez horas con cuarenta y nueve minutos del quince de marzo de dos mil veintitrés, para su celebración. Notifíquese personalmente el auto de veintiséis de mayo de dos mil veintidós, a la Representación Social adscrita a este órgano jurisdiccional. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Guadalupe López Gutiérrez, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
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