Eneida Barreras Martínez

Expediente 829/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
829/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
24/08/2022

Partes del expediente

  • Eneida Barreras Martínez y Otros.
  • Eneida Barreras Martínez
  • Tribunal de Justicia Administrativa del Gobierno del Estado de Sonora

Actuaciones

  1. Principal

    Auto. En Hermosillo, Sonora, veinticuatro de agosto de dos mil veintidós. Declaración de ejecutoria. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia de veintiséis de julio de dos mil veintidós, que sobreseyó en el presente juicio. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha determinación ha causado ejecutoria. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de Juzgado, correspondiente al registro de juicios de amparo con el número que le corresponda; así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Notifíquese; y por oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma Cleotilde Jáuregui Enríquez, secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora, encargada del despacho por vacaciones del titular, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, autorizada en términos del oficio CCJ/ST/3437/2022, de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Audiencia y resolución constitucional En Hermosillo, Sonora, a las nueve horas con diecinueve minutos del veintiséis de julio de dos mil veintidós, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario con quien autoriza y da fe, declaró abierta la presente audiencia, sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia de ley, el secretario relaciona las constancias que obran en autos y da cuenta al juez con el escrito inicial de demanda, auto de radicación, las constancias de emplazamiento a juicio de las partes y el informe con justificación rendido por la responsable; a lo que el juez acuerda: se tiene por hecha la certificación de constancias. Por otro lado, revisado el estado de autos, se advierte que en auto de radicación, este órgano jurisdiccional determinó que dada la naturaleza del acto reclamado no existe tercero interesado. De igual manera, se advierte que ya transcurrió a las partes el plazo de ocho días previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, a fin de que se impongan del contenido del informe rendido por la autoridad responsable. A continuación, se declara abierto el periodo de pruebas y el secretario da cuenta con las documentales que exhibió la autoridad señalada como responsable; así como, la documental que exhibe la parte quejosa, adjunta al escrito de demanda. El juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tiene por admitido y desahogado por su especial naturaleza el aludido medio de convicción. Cerrada la etapa probatoria y abierta la de alegatos, el secretario hace constar que las partes omitieron realizar manifestaciones al respecto. El juez acuerda: se tiene por perdido el derecho de las partes para expresar alegatos; se cierra esta fase y se procede a dictar la resolución respectiva. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 829/2022 L-I; y, Resultando Único. Antecedentes y trámite del juicio de amparo Por escrito presentado el veinte de junio de dos mil veintidós, , en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, y remitido el veintidós de junio siguiente, por razón de turno, a este juzgado, Eneida Barreras Martínez, Guadalupe Encinas Chávez, Elizabeth Armenta Salazar, David Herrera Dibene, Ramón Martín Román Gonzales, Claudia Astorga Acosta, Francisca Ruiz Quiñonez, Sulina López Soto, Leonel Acedo Félix, Nora Belinda Renovato Frayre y Ramón Ariel Fontes Gil, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto que reclama del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora. Por proveído de veinticuatro de junio de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó a la autoridad responsable informe justificado; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional; la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede y culmina con la sentencia que aquí se emite, bajo los siguientes: Considerandos I. Competencia Este juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio, ello de conformidad con lo previsto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 37, 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que se reclama un acto de autoridad que tiene su residencia dentro del ámbito territorial donde este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. II. Precisión del acto reclamado Del estudio integral de la demanda de amparo, con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisan como actos reclamados: La omisión de realizar el emplazamiento a juicio a la parte demandada, en los tiempos previstos en el artículo 873-A de la Ley Federal de Trabajo, aplicada supletoriamente a la Ley del Servicio Civil; y, continuar con las etapas procesales. Existencia del acto reclamado No son ciertos los actos reclamados a la Magistrada Instructora de la Segunda Ponencia de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad. Para explicar lo anterior, es importante precisar que a efecto de que puedan ser materia de análisis en el juicio de amparo, es necesario que los actos reclamados existan a la fecha en que se presenta la demanda de derechos. Robustece lo anterior el criterio sustentado por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenida en la tesis con número de registro 207528, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, tomo I, primera parte-1, enero-junio de 1988, página 273, de rubro siguiente: "ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL. DEBE ACREDITARSE RESPECTO A LA FECHA DE PRESENTACION DE LA DEMANDA DE AMPARO". Además, según lo ha establecido nuestro más Alto Tribunal, cuando se controvierta en el juicio de amparo la omisión de actuar de alguna autoridad, la existencia de tal omisión dependerá de que las leyes que regulan sus funciones le faculten para proceder en la forma que se le exige; asimismo, que se actualicen los supuestos necesarios para que la autoridad se encuentre en posibilidad, condiciones o aptitud de proceder en los términos solicitados, pues sólo en dicho supuesto podría incurrir en incumplimiento. Por tanto, en caso de que no se actualicen las condiciones necesarias para que la autoridad realice la actuación cuya omisión se reclama, ello implicará la inexistencia del deber de actuar, y como consecuencia, de la omisión atribuida. Cobra aplicación a lo anterior la tesis con registro 196080, número 1a.XXIV/98, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, tomo VII, junio de 1998, página 53, de rubro y texto: "ACTOS DE NATURALEZA OMISIVA. PARA ESTAR EN APTITUD DE PRECISAR SU CERTEZA O FALSEDAD, DEBE ACUDIRSE EN PRINCIPIO A LAS NORMAS LEGALES QUE PREVÉN LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD PARA DETERMINAR SI EXISTE O NO LA OBLIGACIÓN DE ACTUAR EN EL SENTIDO QUE INDICA EL QUEJOSO. Para que se actualice la omisión en que incurre una autoridad debe existir previamente la obligación correlativa, conforme lo dispongan las normas legales; por tanto, un acto omisivo atribuido a la autoridad, como puede ser que el presidente de la República, no haya sancionado un acuerdo expedido por un secretario de Estado, independientemente de las afirmaciones de la quejosa y las manifestaciones de la responsable, será cierto o inexistente, en función de las obligaciones y facultades constitucionales que ineludiblemente está constreñida a realizar, sea en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, o bien, en forma aislada y espontánea sin que tenga como presupuesto una condición; y no simplemente por el solo hecho de incurrir en la omisión por sí misma con criterios subjetivos. En estas circunstancias, para estar en aptitud de precisar la certeza o falsedad de un acto de naturaleza omisiva cuando se le imputa a determinada autoridad, debe acudirse en principio a las normas legales que prevén su competencia para verificar si en realidad está obligada a realizar esa conducta, es decir, antes de pronunciarse sobre una posible omisión es necesario identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que la quejosa indica, porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta soslayando la exigencia objetiva de que se debe obrar en determinado sentido, que después de todo puede servir como referencia para iniciar el análisis de certeza de actos". De igual forma, resulta aplicable la jurisprudencia con registro 2018110, número 2a./J. 99/2018 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, el diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, de rubro y texto siguientes: "ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos. Por tanto, a efecto de establecer lo conducente respecto a la existencia de las omisiones atribuidas a la Magistrada Instructora de la Segunda Ponencia de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, es necesario verificar si dicha autoridad se encuentra jurídicamente facultada para proceder en los términos requeridos por la parte impetrante; asimismo, si a la fecha de presentación de la demanda, esto es el veinte de junio de dos mil veintidós, se encontraban actualizados los supuestos necesarios para que la responsable realizara el acto procesal cuya omisión se le reclama. En ese orden de ideas, del análisis del artículo 34, fracción II, del Reglamento Interior de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, se desprende que la facultad de practicar las notificaciones corresponde a los actuarios del citado órgano jurisdiccional, sin que se advierta que los magistrados instructores puedan practicar dichos actos procesales. En consecuencia, al no contar la Magistrada Instructora de la Segunda Ponencia de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, con facultad legal para practicar las notificaciones personales, en particular los emplazamientos, queda manifiesto que la omisión que se le reclama de emplazar a la parte demandada en el expediente de origen es inexistente. Por otra parte, el artículo 116 de la Ley del Servicio Civil para el Estado de Sonora, establece que el Tribunal, inmediatamente que se reciba la contestación de la demanda, o una vez transcurrido el plazo para contestarla ordenará la práctica de las diligencias que fueren necesarias y citará a las partes y a los testigos y peritos para la audiencia de pruebas, alegatos y resolución. En tales condiciones, queda manifiesto que la obligación de la Magistrada Instructora de continuar con las etapas procesales conforme a lo establecido en la Ley del Servicio Civil para el Estado de Sonora, se encuentra condicionada a la previa contestación de la demanda, o en su caso, a la conclusión del plazo para contestarla. Por tanto, tomando en consideración que a la fecha en que presentó la demanda de amparo no había sido emplazada la parte demandada en el expediente de origen, entonces no se actualizaba la obligación del órgano jurisdiccional de continuar con las etapas procesales y como consecuencia, la omisión que se atribuye a la Magistrada Instructora de proceder en dicho sentido, es inexistente. IV. Decisión En las relatadas condiciones, al ser inexistente el acto reclamado a la autoridad responsable, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, en términos de lo establecido en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 73 al 77 y 217 de la Ley de Amparo, se Resuelve Único. Se sobresee en el juicio de amparo, promovido por Eneida Barreras Martínez, Guadalupe Encinas Chávez, Elizabeth Armenta Salazar, David Herrera Dibene, Ramón Martín Román Gonzales, Claudia Astorga Acosta, Francisca Ruiz Quiñonez, Sulina López Soto, Leonel Acedo Félix, Nora Belinda Renovato Frayre y Ramón Ariel Fontes Gil, por las razones y fundamentos expuestas en el considerando III de este fallo. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario de juzgado con quien legalmente actúa, que autoriza y da fe. Doy Fe.

  3. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, cuatro de julio de dos mil veintidós. Informe justificado. Conforme a lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe justificado rendido por el secretario de acuerdos y proyectos adscrito a la Segunda Ponencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad; dese vista a las partes con su contenido, así como para los efectos legales a que hubiere lugar. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las pruebas documentales, sin perjuicio de relacionarlas durante la audiencia constitucional que se celebre en el presente juicio. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, veinticuatro de junio de dos mil veintidós. 1. Recepción. Fórmese expediente con el escrito y anexo de cuenta. Regístrese bajo el número que le corresponda en el libro uno de Juzgado relativo a registro de juicios de amparo. 2. Admisión. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII, y XV de la Constitución Federal; 1, fracción I, 2, 14, 33 fracción IV, 35, 37, 107, 108, 110, 115, 116, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo promovida por Eneida Barreras Martínez, Guadalupe Encinas Chávez, Elizabeth Armenta Salazar, David Herrera Dibene, Ramón Martín Román Gonzales, Claudia Astorga Acosta, Francisca Ruiz Quiñonez, Sulina López Soto, Leonel Acedo Félix, Nora Belinda Renovato Frayre y Ramón Ariel Fontes Gil, contra el acto atribuido a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad. 3. Representante común. En términos del artículo 13 de la Ley de Amparo, se señala como representante común de los quejosos a Eneida Barreras Martínez, sin perjuicio de que pueda ser sustituido por otro a petición de éstos. 4. Audiencia constitucional. Se fijan las nueve horas con diecinueve minutos del veintiséis de julio de dos mil veintidós, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio. Se comunica a las partes que podrán comparecer a la celebración de la audiencia mediante escrito, videoconferencia o presencialmente -previa solicitud del código QR, el cual puede ser generado a través del sistema de "Agenda OJ" disponible en el Portal de Servicios en Línea-. 5. Informe. Con fundamento en los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, se solicita a la autoridad señalada como responsable rinda su informe justificado, lo que deberá hacer dentro del plazo de quince días, enviando adjunto a dicho informe copia certificada, completa y legible de las constancias que sirva de apoyo. Al efecto, se proporciona el correo institucional 1jdo5cto@correo.cjf.gob.mx a efecto de que haga llegar su informe o cualquier comunicación dirigida al órgano. 6. Apercibimiento a la autoridad responsable. Apercíbasele que de no cumplir con lo anterior en el lapso fijado, además de presumirse ciertos los actos que se le reclama, con fundamento en los artículos 117, párrafo cuarto, y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, y los artículos transitorios primero, segundo y tercero, del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, que reformó y adicionó diversos dispositivos del texto constitucional en materia de desindexación del salario mínimo, se le impondrá en la sentencia que se dicte, multa de cien unidades de medida de actualización. 7. Requerimiento a la autoridad. Requiérasele a la autoridad señalada como responsable para que, al momento de rendir su informe con justificación, comunique si la parte quejosa ha tramitado diverso juicio de amparo en contra de los mismos actos reclamados; asimismo, para que tan pronto como ocurra una causa notoria de sobreseimiento o hayan cesado los efectos de los actos combatidos, así lo hagan saber a este juzgado; apercibida que de no hacerlo, de conformidad con los artículos 237, fracción I y 259, de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de cincuenta unidades de medida de actualización. 8. Prevención a la autoridad. En caso de que la autoridad se niegue a recibir un oficio de notificación, se tendrá por hecha la misma, debiendo el actuario adscrito levantar una razón sobre el particular. 9. Herramientas de comunicación. Se pone a disposición de los justiciables para entablar comunicación sobre cuestiones no procesales -sólo se atenderán consultas relativas a organización, horarios, lineamientos de trabajo y temas análogos, esto es, no se brindará información sobre el estado procesal de los asuntos- con el órgano en el teléfono institucional (662) 108 2100, extensión 1018. 10. Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Conforme al artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete. 11. Emplazamiento. Debido a la naturaleza del acto reclamado no se advierte la existencia de terceros interesados. 12. Información de contacto. En apego al artículo 23, fracciones I y III, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazo y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se requiere a las partes para que proporcionen una dirección de correo electrónico y número telefónico. Se le tiene proporcionando a la parte quejosa número telefónico y correo electrónico, para establecer el contacto en caso de que este juzgado lo crea necesario. 13. Incidente de suspensión. Sin tramitarse incidente de suspensión, por no haberse solicitado. 14. Acceso al expediente electrónico y notificaciones electrónicas. Con fundamento en los artículos 35, 36, 37, 38, 39, 55, 57 y 58 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, y 26, fracción IV de la Ley de Amparo, se autoriza los usuarios ********************y ********************, para consultar el expediente electrónico y recibir notificaciones por la referida vía. Ilustra lo anterior el criterio I. 2º.P.34 K (10ª.), de rubro: "NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS EN EL JUICIO DE AMPARO. SUSTITUYEN A CUALQUIERA DE LAS EFECTUADAS POR LAS VÍAS TRADICIONALES (PERSONALES, MEDIANTE OFICIO Y POR LISTA), POR LO QUE EL ÓRGANO DE AMPARO DEBE PRACTICAR TODA CLASE DE COMUNICACIÓN CON LA PARTE QUE ASÍ LO DESIGNE, ÚNICAMENTE POR ESE MEDIO." 15. Autorizados. En el caso de que la parte quejosa sea el patrón, se tiene por autorizadas a las personas que menciona en su demanda, en términos del párrafo primero del artículo 12 de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; en caso contrario, para el sólo efecto de recibir notificaciones e imponer de los autos, atento a lo que se prevé en el segundo párrafo del precepto legal citado. En la inteligencia de que, dado el evento que la parte quejosa resulte ser el trabajador, se autorizan para oír y recibir notificaciones en su nombre, a cualquiera de las personas que indica con capacidad legal, con las facultades conferidas en el párrafo primero del precepto en cita. 16. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida la documental que acompaña al escrito de demanda; sin perjuicio de relacionarla durante la audiencia constitucional que se celebre en el presente juicio. 17. Presentación de documentos o valor. En el supuesto de que el órgano requiera por la exhibición físicamente de un documento o valor, las partes podrán presentarlo ante la Oficialía de Partes Común, salvo que elijan agendar una cita para hacerlo directamente, en cuyo caso será su responsabilidad cumplir el requerimiento dentro del plazo establecido. 18. Notificación a la autoridad. En términos de la jurisprudencia por contradicción de tesis 2ª./J.176/2012 (10ª), se hace del conocimiento de la autoridad responsable, que únicamente será notificada por oficio las determinaciones que por su importancia deban atenderse las reglas de aquellas que deban ser personales (admisión o ampliación de demanda, sentencia definitiva, recursos, requerimientos y determinaciones que por su trascendencia se deban hacer de su conocimiento mediante oficio que se envíe al tribunal de a su adscripción), y las restantes serán notificadas por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado. 19. Autorización a los actuarios adscritos. Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen para el adecuado despacho de los asuntos, incluyendo emplazamientos a cualquiera de las partes en el presente juicio de amparo y para que entreguen los oficios que deriven de este expediente. 20. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con apoyo en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes al respecto. 21. Expediente electrónico. Con fundamento en el artículo 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se instruye al secretario encargado del expediente, para efectos de que, en términos de la normativa establecida por el Consejo de la Judicatura Federal, se digitalicen todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones y toda información relacionada con el presente asunto; asimismo, en caso de que las promociones y documentos se presenten en forma electrónica se proceda a su impresión para ser incorporada al expediente físico. 22. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se ordena a la secretaría que, en su oportunidad, capture la sentencia que se dicte en el presente juicio y, a fin de corroborar que se llevó a cabo lo anterior, agregue la constancia que así lo acredite al expediente en que se actúa. 23. Exhortación a las partes. Se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, lo anterior, en cumplimiento al artículo 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARSCoV2. Notifíquese; personalmente al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y por oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · 9,432 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano