Enedina Rojas González
Expediente 948/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 948/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 17/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Enedina Rojas González
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación precedente, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el acuerdo dictado el veintidós de octubre del presente año, por el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo que dio origen al asunto en que se actúa, sin que la parte legitimada para hacerlo lo haya realizado. Por tanto, como la parte quejosa no interpuso queja contra el auto mencionado; con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles se declara que dicho auto causa estado para todos los efectos legales a que haya lugar. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Isela Estefanía Bueno Gallegos, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintidós de octubre de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Amparo, en relación con el precepto 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, agréguese el acta levantada por la actuaria judicial adscrita a este juzgado, quien en cumplimiento a lo ordenado en auto de veintiuno de los actuales, se presentó en las instalaciones del Hospital General "Dr. Miguel Silva", con sede en Charo, Michoacán, específicamente el área de ****, lugar donde encontró a quien dijo llamarse Enedina Rojas González (en compañía de su hija), quien manifestó que no es su deseo ratificar la demanda de amparo promovida a su favor por Luis Jonathan Guerrero Flores y José Manuel Guerrero Rascón; asimismo, manifestó que sí la están atendiendo. En consecuencia, con apoyo en el artículo 15 invocado, se tiene por no presentada la demanda de amparo promovida a favor de la referida quejosa y quedan sin efecto las providencias dictadas respecto de éste. Notifíquese por lista y personalmente. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armado, Díaz López Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Isela Estefanía Bueno Gallegos, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Vista la cuenta precedente, se recibe la demanda de amparo promovida por Luis Jonathan Guerrero Flores y José Manuel Guerrero Rascón a favor de Enedina Rojas González, contra actos del secretario de Salud del Estado de Michoacán, residente en esta ciudad y de otra autoridad. Fórmese expediente regístrese en el libro de gobierno con el número 948/2021 (SALUD). Ahora bien, analizada íntegramente la demanda se advierte que el promovente señala como acto reclamado: la negativa de proporcionarle atención médica integral, pues no le suministran el tratamiento completo para el padecimiento de trombosis pulmonar, entre otros padecimientos, poniendo en riesgo de manera inminente la pérdida de su propia vida, así como de otorgarle los medicamentos que requiere para garantizar su subsistencia personal. Además, la orden de enviarla a su casa y/o darla de alta en dicho nosocomio, bajo el argumento de su padecimiento y de su edad cronológica avanzada, así como que no existe un techo financiero o presupuestal para atender gente de su grupo etario. En tal virtud, con fundamento en los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo, SE DECRETA DE OFICIO LA SUSPENSIÓN DE PLANO, para el efecto de que se brinde a Enedina Rojas González, de inmediato la atención médica necesaria respecto del padecimiento que le aqueja y para que se garantice su vida e integridad física y mental, ya que la inactividad y falta de intervención oportuna se pueden traducir en el avance de las molestias que le afectan e incluso en su desenlace fatal, con lo que resultaría imposible restituirlos en el disfrute al derecho humano de la salud y la vida, por lo que la medida cautelar se otorga para el efecto de que las autoridades responsables provean las diligencias necesarias para vigilar y garantizar que se le proporcione la asistencia médica necesaria y le suministren los medicamentos que requiere para dicho padecimiento. En la inteligencia que la medida cautelar que se concede, NO desconoce la autoridad de los médicos tratantes de la quejosa para que conforme a la praxis médica y la lex artis ad hoc, otorguen la atención médica que requiere, atendiendo a su criterio, así como a los principios científicos y éticos que orientan la práctica médica; entendiendo a la primera (praxis médica) como la facultad que tiene el experto de la salud en anunciar, prescribir, indicar o aplicar cualquier procedimiento directo o indirecto de uso en el diagnóstico, pronóstico y/o tratamiento de las enfermedades de las personas o la recuperación, conservación, y preservación de la salud de las mismas; el asesoramiento público o privado, así como las pericias que practican. Y por la segunda (lex artis ad hoc) como el conjunto de reglas para el ejercicio médico contenidas en la literatura universalmente aceptada, en las cuales se establecen los medios ordinarios para la atención médica y los criterios para su empleo; dicho concepto puede resumirse en el deber de ajustar la actuación a las reglas técnicas, normas legales y principios deontológicos, el deber de preparación adecuada para adaptar los conocimientos al progreso científico y a la experiencia profesional, y el deber de omitir acciones peligrosas, es decir, actos para los que no se está suficientemente capacitado, atendiendo a las circunstancias del estado de la ciencia, de tiempo y lugar; sobre todo porque en materia sanitaria, es el médico tratante quien responde por el acto médico que realice. Se requiere a las autoridades responsables para que dentro del plazo de veinticuatro horas, rindan a este órgano jurisdiccional informe sobre el cumplimiento que den a la suspensión otorgada, en el entendido que esta orden deberá obedecerse bajo la más estricta responsabilidad de las responsables, con el apercibimiento que de no rendir su informe dentro del tiempo concedido se tramitara el incidente de exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión, culminando con la sanción establecida en el artículo 209, en relación con las fracciones III y IV del numeral 262, ambos de la Ley de Amparo, que imponen incluso penas privativas de la libertad e inhabilitación para ejercer cargos o comisiones públicas. Asimismo, con fundamento en el normativo 237, fracción III, de la Ley de Amparo, prevéngase a las autoridades responsables que de no informar sobre el cumplimiento de la medida cautelar o de las razones por las que se encuentren imposibilitadas para hacerlo, se hará del conocimiento de su superior jerárquico, para los efectos legales correspondientes. Se reitera que queda a cargo y bajo la más estricta responsabilidad de las autoridades responsables, la integridad física y salud de la quejosa, a fin de que no sufra algún atentado contra su salud o su vida, de conformidad con los artículos 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 15 de la Ley de Amparo. Lo anterior, en el entendido de que si la autoridad respectiva o sus subordinados, se niegan a recibir el oficio derivado del presente auto, el actuario hará del conocimiento del encargado de la oficina correspondiente que no obstante esta circunstancia, se tendrá por hecha la notificación. Si a pesar de esto subsiste la negativa, asentará la razón en autos y se tendrá por hecha la notificación de acuerdo con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, con lo que se dará cuenta al juez para derivar la responsabilidad penal y administrativa que corresponda. Se autoriza a las autoridades responsables para que rindan su informe por vía fax al número 443 3 21 54 41 (fax directo), o bien, al correo de la secretaria isela.bueno.gallegos@correo.cjf.gob.com, sin perjuicio de que confirmen su recepción en el propio número telefónico de fax directo, o en su caso, en teléfono móvil de dicha secretaria con número 443 528 1122, en caso de enviarse por vía electrónica. En virtud de lo anterior, resulta innecesario ordenar la apertura del incidente de suspensión respectivo, pues con el otorgamiento de la suspensión de oficio, se suspenden los actos reclamados, así como su ejecución, por lo que no procede decretar la medida cautelar provisional, ya que ésta se concede de plano de acuerdo con los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo. Ahora bien, toda vez que la presente demanda la promueve Luis Jonathan Guerrero Flores y José Manuel Guerrero Rascón, a favor de Enedina Rojas González, se comisiona al actuario de este juzgado para que realice lo siguiente: 1. Se constituya en las instalaciones que ocupa el Hospital General "Dr. Miguel Silva", con residencia en Charo, Michoacán y localice a la quejosa directa; 2. Hecho lo anterior, -siempre y cuando la directa quejosa esté en condiciones de ratificar la presente demanda-, con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Amparo, le requiera para que ante el actuario, o bien, dentro del término de tres días contado a partir de que surta sus efectos la notificación que se le realice del presente auto, manifieste si ratifica o no la demanda de amparo promovida a su favor, en la inteligencia que de no hacerlo así, se tendrá por no presentada la demanda y se dejarán sin efecto todas las providencias dictadas en relación con su trámite, así como todo requerimiento relativo formulado a las autoridades señaladas como responsables; 3. Se ordena al actuario que dé fe del estado físico en el que se encuentre la quejosa; 4. Con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se autoriza al actuario encargado de realizar la diligencia para que la efectúe aun en días y horas inhábiles, en la inteligencia de que si se entera de un domicilio diverso donde pueda localizar a la quejosa, se le faculta para constituirse en el lugar que se le informe y dé cumplimiento a lo encomendado, asentando la razón correspondiente; y, 5. Lo requiera para que manifieste si ratifica el domicilio que fue señalado para recibir notificaciones en esta ciudad de Morelia, Michoacán, así como a las personas designadas para tal efecto, con el apercibimiento de que en caso de no hacerlo al momento de la diligencia o dentro del plazo de tres días, contado a partir de que surta sus efectos la notificación que se le practique del presente auto, las subsecuentes notificaciones de carácter personal, se le harán por medio de lista que se publica en lugar visible de este juzgado, de conformidad con los artículos 27, fracción III, inciso a) y 29 de la Ley de Amparo, sin previo acuerdo. Se informa a las autoridades responsables que no es necesario que acusen recibo de los oficios derivados del presente juicio, salvo que les sea solicitado expresamente y se les proporcione plazo específico para ello. Con apoyo en los numerales 9 y 28, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, téngase como delegados a las personas que, en su caso, designen las autoridades responsables y por señalados los domicilios para recibir notificaciones que lleguen a designar en autos. En otro aspecto, con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, que establece entre las obligaciones de la parte quejosa, la de señalar con precisión a las autoridades responsables (tema sobre el que no opera la suplencia de la queja, como se advierte del numeral 79 del ordenamiento legal invocado), desde ahora se le apercibe, en el sentido de que en caso de que alguna autoridad responsable no exista en la denominación señalada en la demanda, mediante auto se suspenderá toda comunicación con la misma quedando fuera de juicio y en la audiencia constitucional que se celebre no se hará referencia a ésta, o bien, en la propia audiencia se hará el pronunciamiento respectivo sobre su inexistencia, sin que sea necesario realizar señalamiento alguno en la sentencia respecto de los actos reclamados que se le atribuyan, de acuerdo con los artículos 5°, fracción II y 108, fracción III, de la ley de la materia, interpretados en sentido contrario. Lo anterior, salvo prueba en contrario o que se corrija la denominación de la autoridad responsable relativa, previa vista que en su caso otorgue este juzgado, tomando en consideración que corresponde a la parte quejosa estar pendiente de la tramitación de su asunto, circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 Constitucional, que procura la impartición de justicia pronta, así como al principio de economía procesal ya referido en párrafos precedentes. En atención a la circular 12/2009 de la Secretaría Ejecutiva del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se hace saber a las partes que no existe inconveniente en que se les permita imponerse de los acuerdos dictados en los expedientes que se tramitan en los Juzgados de Distrito, mediante el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos. Se tiene por señalado el domicilio que indica la parte quejosa para recibir notificaciones en esta ciudad y como autorizada en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a la persona que señala, quien podrá gozar de dichas facultades siempre y cuando tengan registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, o bien, hasta que acredite dentro del presente expediente con documento idóneo estar facultada para ejercer la profesión de licenciado en derecho; ya que en caso contrario, solamente se le tendrá como autorizada para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos. De acuerdo con el artículo 21 de la Ley de Amparo, se autoriza la práctica de notificaciones personales aun en horas y días inhábiles. Por otro lado, en los supuestos previstos en el artículo 27, fracción I, incisos b) y c) de la Ley de Amparo, el plazo de dos días con que cuentan las partes para acudir al órgano jurisdiccional a notificarse de las resoluciones que requieran notificación personal, queda constreñido al lapso comprendido de las nueve a las quince horas en días hábiles, en virtud de que es el horario de atención al público establecido por el Consejo de la Judicatura Federal. En ese mismo sentido se hace notar que en términos del citado artículo 27, fracción III, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para recibir notificaciones o el señalado resulte inexacto, sin previo acuerdo, practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de Amparo con excepción del emplazamiento al tercero interesado y al particular que en su caso se hubiere señalado como responsable; caso en el cual de no ser hallados en el domicilio en el que se les haya buscado, deberán levantar razón circunstanciada a efecto de que se acuerde lo conducente. Se autoriza al actuario de este juzgado practicar notificaciones por lista a la parte quejosa de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo cuando para llevar a cabo una notificación personal se constituya en el domicilio correcto de lo cual deberá cerciorarse y no encuentre a persona alguna o nadie acuda a su llamado, previo aviso fijado en la puerta y las razones que al respecto se levanten. Hágase saber a la parte quejosa que de conformidad con los artículos 5, 6 y 7 del reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, las sentencias ejecutorias son públicas y de acuerdo con el artículo 8 del propio reglamento, puede ejercer el derecho que le confiere el artículo 8, en relación con el 6, ambos de la Ley Federal de Transparencia, para oponerse a la publicación de sus datos personales, en la medida que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional respectivo, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Notifíquese por lista e inmediatamente por oficio a las autoridades respectivas. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armado, Díaz López Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Isela Estefanía Bueno Gallegos, secretaria que autoriza y da fe.
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