Enedina Arroyo López

Expediente 796/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 5 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
796/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
08/11/2019

Partes del expediente

  • Enedina Arroyo López

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Agréguense en autos el oficio y anexo que remite el secretario de acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato, capital, mediante el cual envía testimonio de la ejecutoria pronunciada en el conflicto competencial 26/2019, suscitado entre el suscrito y el Juez Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, en relación a la demanda de amparo promovida por ***********, que en sus puntos resolutivos determinó: "PRIMERO. Existe conflicto competencial entre los Juzgados Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato y Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. SEGUNDO. Es competente el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, para conocer del juicio de amparo promovido por ***********." En ese sentido, acúsese recibo al tribunal de alzada y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo anterior, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. En atención a lo previsto en el punto vigésimo, fracción I del citado Acuerdo General, se ordena la destrucción del presente cuaderno en el plazo de seis meses. Finalmente, en virtud que las partes omitieron manifestar si están o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente, aparezcan sus datos personales, con fundamento en los artículos 3, 104, 113, 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, se les tiene aceptando que se publiquen dichos datos.

  2. Principal

    Agréguese en autos el oficio signado por el Actuario Judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, con residencia en Guanajuato, capital, mediante el cual comunica que se admitió a trámite el conflicto competencial, suscitado entre este órgano jurisdiccional y el Juez Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, para conocer del juicio de amparo promovido por ************.

  3. Principal

    Agréguese en autos el oficio remitido por el Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, al que acompaña los autos originales del juicio de amparo 1569/2019 del índice de ese órgano jurisdiccional, así como cuatro copias de la demanda, en virtud de no haber aceptado la competencia planteada por este Tribunal, con base en las consideraciones siguientes: - Que el acto reclamado en la presente instancia constitucional, consistente en la resolución dos de julio de dos mil diecinueve, emitida dentro del expediente 1938/16-10-01-1-OT por la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en esta ciudad, mediante la cual declaró infundado el recurso de queja por defecto en el cumplimiento interpuesto por la aquí quejosa; es un acto declarativo que carece de ejecución material. -Ello es así, -manifiesta el homólogo federal- porque contrario a lo afirmado por este tribunal, la resolución reclamada, es un acto meramente declarativo, debido a que el acto reclamando no tiene ejecución material y, por ende, debe aplicarse el contenido del artículo 37, último párrafo, de la Ley de Amparo en vigor; es decir, que es competente el juez en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Bajo ese contexto, el suscrito no comparte la opinión del Juez oficiante e insiste en declinar la competencia al Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales del Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula. Lo anterior es así, en virtud de que en la resolución reclamada la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa declaró infundada la queja interpuesta, por lo que se está dilucidando lo concerniente a la cuantificación de la pensión. De modo y manera que las consecuencias del acto reclamado implicarán la privación de disfrutar de una pensión correctamente cuantificada y el pago de la pensión jubilatoria, lo que está intrínsecamente ligado al domicilio del beneficiario por ser el lugar donde la cobra y la disfruta; por lo que es inconcuso que la ubicación en la que se desenvuelve la quejosa será el lugar en el que resienta la ejecución de las consecuencias materiales del acto reclamado. Por ello, se itera que el suscrito no comparte las razones vertidas por el Juez requerido para considerar que el acto que se reclama es de carácter meramente declarativo, cuyos efectos no requieren ejecución material. De ahí que, como se dijo en el auto de cinco de septiembre de dos mil diecinueve, este Juzgador estima carecer de competencia legal para conocer de la demanda que se estudia, dado que las consecuencias materiales de la resolución reclamada tendrán lugar en la ciudad de Puebla, Puebla; por lo que, se insiste en declinar la competencia. De conformidad con lo dispuesto en la segunda parte del párrafo segundo del artículo 48 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, y 37, fracción VI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se ordena remitir los presentes autos al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, en turno, del Decimosexto Circuito, con residencia en la ciudad de Guanajuato, a efecto de que tenga a bien resolver el conflicto de competencia que por territorio se presenta entre este órgano jurisdiccional y el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula. Comuníquese lo anterior al Juez Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula.

  4. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por *********, por su propio derecho, contra actos de la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa con sede en esta ciudad; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado con el número de expediente 796/2019-II. Ahora, dado que la competencia constituye un presupuesto de orden público, primeramente debe establecerse si este órgano jurisdiccional la tiene para conocer del presente juicio constitucional. Para tal efecto, es necesario traer a contexto el contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo que textualmente establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del precepto legal transcrito se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, las cuales se puntualizan en el orden siguiente: a) En el último párrafo del precepto en comento se establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de amparo no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. b) La segunda regla se encuentra contenida en el primer párrafo del citado numeral, la que se caracteriza porque el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito, consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. c) La tercera previsión normativa que se contiene en el comentado artículo 37 de la Ley de Amparo, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye un matiz de la regla anterior, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito, a que se ha hecho alusión en el inciso precedente, se establece que en el caso de que el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un distrito o si ha comenzado a ejecutarse en uno y sigue ejecutándose en otro, entonces es competente el Juez de Distrito ante quien se presentó la demanda. Bajo ese contexto legal, si la quejosa *********, esencialmente reclama la resolución de fecha dos de julio de dos mil diecinueve, emitida por la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa de esta ciudad, dentro del expediente 1938/16-10-01-4-OT de su índice, que se traduce en la indebida cuantificación de pensión por no aplicarse correctamente los aumentos que refiere tiene derecho y en su escrito de demanda manifestó tener su domicilio en Avenida *********, colonia *********, código postal *********, de la ciudad de Puebla, Puebla, lo que acreditó con la copia de la credencial para votar, expedida por el Instituto Federal Electoral, este Juzgado estima carecer de competencia legal, en razón de territorio, para conocer de la demanda que se estudia. Lo anterior, porque como el acto reclamado por la quejosa implica la privación de disfrutar de una pensión correctamente cuantificada, y el pago de la pensión jubilatoria esta intrínsecamente ligado al domicilio del beneficiario por ser razonablemente el lugar donde la cobra y la disfruta, esto es, el acto reclamado tiene ejecución en el lugar en el que se desenvuelve la impetrante, es inconcuso que el domicilio en el que se desenvuelve será el lugar en el que resienta la ejecución de las consecuencias materiales del acto reclamado. Además, esta conclusión es acorde con la voluntad del Constituyente acerca de que al atribuir competencia se atiende a la facilidad con que cuenta la agraviada para ocurrir al Juez de amparo del lugar en el que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, poniendo a su alcance un medio eficaz para dilucidar sobre la violación a sus derechos fundamentales. Entonces, si el domicilio de la solicitante del amparo se localiza en Puebla, Puebla, es incuestionable que este órgano jurisdiccional carece de competencia legal, en razón de territorio, para conocer de la demanda, pues los actos de que se duele tienen ejecución en la referida localidad, que se encuentra fuera de la jurisdicción de este tribunal. Luego, conforme al Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la república mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, los Juzgados de Distrito que se ubican en San Andrés Cholula, Puebla, ejercen jurisdicción territorial, entre otros municipios, en la ciudad del mismo nombre. Consecuentemente, en términos del artículo 37, en relación con el 48 de la Ley de Amparo, y el aludido Acuerdo General 3/2013, se ordena: a. Remitir los autos originales del presente controvertido al Juez de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y Juicios Federales, en turno en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, a quien se considera competente para conocer del presente juicio. b. Solicitarle comedidamente informe si acepta o no el conocimiento del mismo. c. Formar con copia de la aludida demanda el cuaderno de antecedentes respectivo; y, d. Realizar las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno correspondiente. Téngase a la quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda, y como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a José Guadalupe Jiménez Dávila, a María del Carmen Rico Torres, y a José Jesús García Rodríguez, al contar con cédulas profesionales 2474060, 7076533 y 8317655 registradas en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el Acuerdo 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y en términos de la última parte del segundo párrafo del precepto legal en cita a las diversas personas que menciona, por no encontrarse en ese supuesto. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE".

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