Emmanuel Maldonado Martínez

Expediente 775/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
775/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
23/10/2019

Partes del expediente

  • Emmanuel Maldonado Martínez

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese en autos el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Civil del Decimosexto Circuito, con residencia en la ciudad de Guanajuato, al que adjunta testimonio de la resolución pronunciada en el recurso de queja civil 126/2019, interpuesto por el quejoso **********, contra el auto de treinta de agosto de dos mil diecinueve, cuyo punto resolutivo es el siguiente: "ÚNICO.- Es infundado el recurso de queja interpuesto." En ese sentido, acúsese recibo a la Superioridad y háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Finalmente, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.

  2. Principal

    Agréguese en autos el oficio signado por el actuario judicial del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con residencia en la ciudad de Guanajuato, mediante el cual comunica que se admitió a trámite el recurso de queja hecho valer por el quejoso **********, en contra del proveído de treinta de agosto del año en curso, el cual se radicó bajo el número 126/2019 de su estadística.

  3. Principal

    Agréguese en autos el escrito signado por el quejoso **********; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97, fracción I, inciso a), 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, se acuerda: I. Se tiene por interpuesto el recurso de queja en contra del auto de treinta de agosto del año en curso, así como señalando las constancias que en copia certificada deberán remitirse al órgano jurisdiccional que deba resolver el referido medio de impugnación. II. En razón de lo anterior y dada la naturaleza de la resolución recurrida, esto es, que no existe parte alguna a la cual se haya emplazado a este juicio de amparo, remítase al Tribunal Colegiado en Materia Civil en turno del Decimosexto Circuito, con residencia en la ciudad de Guanajuato, el original del escrito del recurso, copia certificada de la demanda y resolución recurrida, con su respectiva notificación, para su substanciación. III. Ríndase el informe sobre la materia de la queja en el sentido de ser cierto el acto reclamado, toda vez que efectivamente el treinta de agosto del año en curso, se determinó desechar la demanda de amparo promovida por la parte quejosa.

  4. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por ***********, por su propio derecho, contra actos del Juzgado Primero Civil de Partido, con sede en la ciudad de Guanajuato; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 775/2019-III. Ahora bien, a efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del arábigo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, en la especie el suscrito estima que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6°, ambos de la Ley de Amparo que estatuyen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados. "Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." De la transcrita fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, se desprende que el juicio de amparo es improcedente en los casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley y, en el caso que se analiza, la causa que se manifiesta resulta del numeral 6° de dicho ordenamiento legal. De la literalidad de este último precepto se advierte que el juicio de amparo solamente lo puede promover la persona física o moral que con la norma general, el acto o la omisión reclamados de la autoridad, haya sufrido o sufra una lesión o una afectación personal y directa en alguno de sus derechos sustantivos fundamentales, que la Constitución tutela. Es decir, sólo lo puede promover la parte que con el acto reclamado sufra un agravio actual y no futuro e incierto, en forma directa e inmediata, ya sea en su libertad, en su persona, en su familia, en su domicilio, o bien, en sus propiedades o posesiones; y dicha promoción la puede hacer por derecho propio, por medio de su representante legal o apoderado, o por cualquier persona en los casos en que la ley lo permita expresamente. A contrario sensu, cuando el amparo lo promueve quien no sufre con el acto, la omisión o la norma general reclamados de la autoridad un agravio actual o inminente en forma directa e inmediata, ya sea en su libertad, en su persona, en su familia, en su domicilio, o bien, en sus propiedades o posesiones, el juicio de amparo resulta improcedente. De la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa esencialmente reclama la falta de emplazamiento al juicio ordinario civil C-483/2015, del índice del Juzgado Primero Civil de Partido, con sede en la ciudad de Guanajuato y como consecuencia, todo lo actuado dentro de ese procedimiento. Sin embargo, de los antecedentes que narró bajo protesta de decir verdad, se desprende que: La autoridad responsable dictó sentencia definitiva en la que determinó absolver al impetrante de la acción ejercitada en su contra. Tal decisión fue impugnada mediante recurso de apelación. El tribunal del conocimiento declaró la caducidad de la instancia. Contra ésta, se interpuso recurso de revocación, en cuya interlocutoria se decidió confirmar el auto impugnado. Bajo las consideraciones anteriores, se estima que la diligencia de emplazamiento que se reclama no le causa un agravio personal y directo, que para la procedencia del juicio de amparo establece el artículo 6º de la Ley de la materia, ya que no produce en su esfera jurídica una lesión o perjuicio que lo legitimen para solicitar la protección de la justicia federal. Ello es así, dado que con motivo de la absolución de las prestaciones que le fueron reclamadas, se tiene certeza de que no se le decretó condena alguna, por virtud de la cual se configure el agravio a sus derechos humanos; además al confirmarse la caducidad de la segunda instancia, la decisión adoptada por la responsable quedó firme. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6°, ambos de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. Con fundamento en el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa, como en los cuadernos incidentales derivados del mismo, incluyendo el emplazamiento a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la citada Ley de Amparo. Por otra parte, téngasele autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ************, al contar con cédula profesional *********, respectivamente, inscritas en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el Acuerdo 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y en términos de la última parte del segundo párrafo del precepto legal en cita a la diversa persona que menciona, por así haberlo solicitado. Asimismo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 18 y 37 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, se autoriza al licenciado ***********, el acceso al expediente electrónico que se lleva con motivo del presente juicio de amparo, así como para que se practiquen las notificaciones que a la parte quejosa corresponde por esa vía; para tal efecto se le tiene proporcionando su nombre de usuario dado de alta en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE".

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