Enedino Villegas Murillo

Expediente 880/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 5 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
880/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
05/12/2022

Partes del expediente

  • Enedino Villegas Murillo

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese en autos el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato, capital, al que adjunta el testimonio de la resolución pronunciada en el recurso de queja administrativo 677/2022 de su índice, interpuesto por ****************, en contra del auto de trece de septiembre pasado, cuyo punto resolutivo es el siguiente: ÚNICO. Es infundado el recurso de queja interpuesto por ****************, por lo que se confirma el auto de trece de septiembre de dos mil veintidós, dictado por el juez Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato, en el juicio de amparo 880/2022-II." En ese sentido, acúsese recibo al tribunal de alzada y háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. Archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se considera que no es de relevancia documental. El presente expediente a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 21, fracción d), del acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que el juicio se desechó. Finalmente, toda vez que el quejoso omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.

  2. Principal

    Agréguese en autos el oficio signado electrónicamente por el actuario judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato, capital, recibido a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito; en atención a su contenido, se acuerda: Téngasele informando que se admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por el quejoso ****************, en contra del proveído de trece de septiembre de dos mil veintidós, quedando registrado bajo el número 677/2022 de su índice.

  3. Principal

    Agréguese en autos el escrito de cuenta que dice suscribir el quejoso *****************; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, se acuerda: Se tiene a la parte quejosa presentando recurso de queja contra el proveído de trece de septiembre de dos mil veintidós, por el que se desechó la demanda de amparo por notoriamente improcedente, y señalando las constancias que en copia certificada deberán remitirse al órgano jurisdiccional que deba resolver el referido medio de impugnación. II. En razón de lo anterior, y dada la naturaleza de la resolución recurrida, remítase para su substanciación, al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en Turno del Décimo Sexto Circuito, el original del escrito del recurso, copia certificada de las constancias que obran en el expediente y de la resolución recurrida, con su respectiva notificación, todo ello para la substanciación del recurso interpuesto. III. Ríndase el informe sobre la materia de la queja en el sentido de ser cierto el acto reclamado, toda vez que efectivamente este juzgado el trece de septiembre de dos mil veintidós, dictó un acuerdo en el que determinó desechar la demanda de amparo presentada por ***********.

  4. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por ****************, por su propio derecho, contra actos del Jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene de la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado Delegación Celaya, Guanajuato; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 880/2022-II. A efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo citado, se desprende que el juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia la deseche de plano. Respecto al concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS". Esencialmente la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio, el cual debe ser manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. La improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver la cuestión de fondo planteada, o sea, para decidir el fondo de la controversia constitucional. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, el suscrito considera que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que estatuye: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia..." Como se puede ver, el texto del artículo transcrito consagra la improcedencia del juicio de amparo indirecto en materia administrativa, en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un juicio, recurso o medio ordinario de defensa mediante el cual se pueda modificar, revocar o nulificar dicho acto, sin exigir mayores requisitos que los previstos en la ley de la materia para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional. El motivo de improcedencia contenido en la fracción transcrita se encuentra motivado por el hecho de que el solicitante del amparo no haya agotado, previo acudir a la instancia constitucional, algún juicio, o los recursos o medios de defensa concedidos por la ley, con los que se pudiera modificar, revocar o nulificar la resolución reclamada, que no es otra cosa que la obligación de cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Ciertamente, el mencionado "principio de definitividad" supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los juicios o recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga la parte quejosa, el amparo es improcedente. El principio de mérito se fundamenta en la naturaleza misma del amparo. Es decir, éste es un medio extraordinario, sui géneris, como ya lo ha hecho notar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de invalidar los actos de las autoridades en las distintas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias, a virtud del ejercicio de los juicios o recursos ordinarios. De acuerdo con lo anteriormente expresado, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación del agraviado en agotar, previamente a la interposición de la acción de amparo, los recursos ordinarios tendientes a revocar o modificar los actos lesivos. Ahora, con el objeto de comprender porque el suscrito estima que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia referida, conviene establecer que del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa esencialmente reclama: El oficio DPSH/1559/2022 de dieciocho de agosto de dos mil veintidós, emitida por el jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado Delegación Celaya, Guanajuato, mediante la cual dio contestación al escrito presentado por el quejoso el cinco de julio hogaño. En ese contexto, el suscrito considera que en la especie se actualiza la causal de improcedencia invocada, toda vez que el quejoso alega que la autoridad responsable trasgredió su derecho de petición porque "[.] ha sido omisa en emitir respuesta congruente con la petición antes referida.". No obstante, se considera que con independencia de la respuesta que haya recaído a su petición, lo relevante es que la autoridad emitió un pronunciamiento, de modo que contra el oficio reclamado es procedente el juicio de nulidad, ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, para cumplir con el principio de defintividad que rige el juicio biinstancial. En ese sentido, resulta importante destacar el contenido del artículo 3, fracción VII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que dice: Artículo 3. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: VII. Las que se dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado;" Como se observa del precepto y fracción reproducido, las Salas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa son competentes para conocer de los juicios que se promuevan contra de las resoluciones dictadas en materia de pensiones a cargo al erario federal o del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Esto es, que los gobernados podrán promover el juicio contencioso administrativo y podrán solicitar la nulidad de la resolución cuando se haya emitido en contravención a las normas que lo rigen, por lo que la sentencia que al efecto se emita podrá modificar o nulificar, total o parcialmente dicha resolución. Además del examen al artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se pone de manifiesto que para otorgar la suspensión de la ejecución de los actos de las autoridades de la Administración Pública Federal no exige mayores requisitos de los establecidos en la Ley de Amparo para otorgar la suspensión, tal como lo estableció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA (REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE DICIEMBRE DE 2010) NO ESTABLECE MAYORES REQUISITOS QUE LA ABROGADA LEY DE AMPARO PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO. El citado artículo dispone que la solicitud de suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado debe presentarse por el actor o su representante legal en cualquier etapa del juicio, y que ésta se concederá si no se afecta el interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, además de que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al solicitante con esa ejecución. Asimismo, contempla su concesión en caso de determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones, aprovechamientos y otros créditos fiscales, si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos; si se trata de posibles afectaciones no estimables en dinero, la medida cautelar se concede fijándose discrecionalmente la garantía, y si pudiera causar daños o perjuicios a terceros, si se otorga garantía para reparar el daño o indemnizar el perjuicio que se cause. De ahí que el citado precepto legal no establece mayores requisitos que la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, para conceder la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado y, por consiguiente, atento al principio de definitividad, el juicio de amparo indirecto promovido contra actos de autoridades administrativas es improcedente si previamente no se agota el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa." Luego, si la parte quejosa pretende impugnar en la vía de amparo el acto de autoridad de que se habla, sin acudir previamente a aquel procedimiento mediante el cual se puede revocar, modificar o nulificar, es inconcuso que se actualiza la causal de improcedencia en estudio, al quedar incumplido el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, el amparo que se insta resulta improcedente. Máxime que en el caso no se actualizan las excepciones al aludido principio de definitividad contenidas en el segundo párrafo de la fracción en estudio, que señala que no es obligatorio agotar los recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Ello, porque de la lectura de la resolución reclamada se advierte que está fundada, por lo que será a través del juicio de nulidad citado en el cuerpo de esta resolución en que podrán atacarse los fundamentos invocados, así como los razonamientos jurídicos esgrimidos. Las excepciones a la regla general, tratándose de violaciones directas a la Constitución Federal, se actualiza cuando el acto reclamado carece de absoluta fundamentación y motivación, lo que encuentra su justificación porque esas carencias impedirían al particular hacer valer el medio de defensa idóneo para controvertir el acto reclamado, precisamente por desconocer los motivos y fundamentos del acto de autoridad. Otra excepción opera cuando únicamente se alega violación directa a la Constitución, como sucede, por ejemplo, cuando se atribuye infracción al derecho de audiencia. Tampoco está obligada la parte quejosa a observar el mencionado principio cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia, lo que en la especie no sucede, pues como ya se dijo la procedencia del juicio de nulidad se encuentra contenido en la citada ley orgánica. Fuera de las hipótesis destacadas, el particular se encuentra obligado a agotar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, es decir, debe atender primeramente el medio ordinario de defensa previsto por la ley secundaria, por lo que de no ser así, dicho juicio será improcedente. En otra perspectiva, si dentro de las violaciones alegadas se involucran aspectos de legalidad, necesariamente el gobernado deberá agotar el medio ordinario de defensa, en primer lugar, porque no se trata de absoluta falta de fundamentación y motivación o derecho de audiencia, como tampoco exclusivamente de una violación directa a la Constitución, sino que el afectado discute la actuación de la autoridad haciendo valer la vulneración a su derecho de legalidad pues la enmienda a dicha prerrogativa puede ser subsanada, en primera fase, ante la autoridad ordinaria, en donde el interesado debe expresar sus defensas y aportar las pruebas que legalmente procedan para nulificar el acto de autoridad. Sin que obste a lo anterior, el hecho de que la parte quejosa aduzca una violación directa a la Constitución en su arábigo 8 (derecho de petición), pues de los antecedentes narrados bajo protesta de decir verdad se advierte que la autoridad responsable contestó la petición formulada debido a que textualmente señaló: "B) La autoridad responsable: Jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene de la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado Delegación Celaya, Guanajuato; emitió el oficio DPSH/1559/2022 en el que se emitió una respuesta incompleta, ya que no se pronuncia respecto de diversas cuestiones planteadas en el escrito de petición, violentando los principios de congruencia y exhaustividad." por lo que, es evidente que no se trata de una omisión en dar contestación a su escrito de cinco de julio de dos mil veintidós, sino de la legalidad del oficio DPSH/1559/2022. Por lo tanto, al controvertir la respuesta que recayó a su petición en cuanto a su contenido y no a la falta de respuesta por parte de la autoridad, es evidente que las violaciones que reclama son de legalidad cuestiones que, como ya se dijo deberá hacer valer a través del juicio de nulidad. Consecuentemente, al quedar plenamente demostradas las causales de improcedencia previstas en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracción VI, este último aplicado a contrario sensu, así como la fracción XX del mismo numeral 61, todos de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 35, 36, 37, 39, 40 y 55 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencia en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se le autoriza el acceso al expediente electrónico que se lleva con motivo del presente juicio de amparo, así como para oír y recibir notificaciones por esta vía, para tal efecto se le tiene proporcionando el nombre de usuario ********************, dado de alta en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ************** en virtud de que obran sus cédulas profesionales números **************, inscritas en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el Acuerdo 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y a las diversas personas que menciona en términos limitados del numeral en cita por así solicitarlo. En términos del artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas tanto en el juicio en que se actúa, en los casos en que deban realizarse notificaciones personales y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la citada Ley de Amparo. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal. Finalmente, se instruye a los actuarios adscritos a este órgano jurisdiccional, para que cuando practiquen notificaciones personales, acaten el lineamiento de higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID-19), para notificadores y defensores públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones.

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