Emmanuel Óscar Vásquez Olmedo

Expediente 728/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 8 actuaciones registradas, la última del 25 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
728/2021
Año
2021
Actuaciones
8
Última actuación
25/08/2021

Partes del expediente

  • Emmanuel Óscar Vásquez Olmedo
  • Juez Sexto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    "S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 728/2021, promovido por ****************, por propio derecho contra actos de la titular del Juzgado Sexto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca. ANTECEDENTES De las constancias allegadas al sumario se tiene acreditado que por escrito presentado el dieciséis de abril de dos mil veintiuno, **********, por propio derecho y en representación de su menor hija L.M.V.M., demandó de ******************, la guarda y custodia, así como pensión alimenticia a favor de la menor. Asunto que por cuestión de turno correspondió conocer al Juzgado Sexto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, quien lo registró bajo el expediente familiar 165/2021. En proveído de veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno se radicó la demanda, se ordenó emplazar a la parte demandada, se pronunció sobre la petición de guarda y custodia de la menor concediendo el resguardo a su progenitora y se fijó una pensión alimenticia a favor de la citada infante de manera discrecional la cantidad equivalente a un salario mínimo diario vigente en la zona ($141.70 ciento cuarenta y un pesos con setenta centavos). TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO *****************, presentó un escrito el uno de julio de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, mediante el cual solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de la autoridad y por el acto que más adelante se precisará. Señaló como derechos fundamentales violados los contenidos en el artículo 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes del acto reclamado y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. La demanda fue turnada ese mismo día a este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca y en determinación de dos de julio siguiente se admitió a trámite y se registró bajo el número 728/2021; se ordenó el emplazamiento de la parte tercero interesada; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se otorgó intervención conducente al Agente del Ministerio Público adscrito; y, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo en los términos del acta que antecede. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción V de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto en el que se discute la legalidad de actos emitidos por autoridades residentes en el Estado de Oaxaca, donde este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues solo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada P. VI/2004, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En el caso, el contenido integral de la demanda de amparo permite sostener que el quejoso reclama de lo siguiente: Del titular del Juzgado Sexto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca. El auto de veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, dictado en el expediente familiar 165/2021, en el que se le impuso al aquí quejoso el pagar una pensión alimenticia de manera provisional a favor de su menor hija por la cantidad equivalente a un salario mínimo diario vigente en la zona ($141.70 ciento cuarenta y un pesos con setenta centavos). CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO El secretario encargado del despacho del Juzgado Sexto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, al rendir su informe justificado, aceptó el acto reclamado. Por ende, ese reconocimiento es suficiente y se debe tener por cierto el acto sometido a estudio constitucional. La determinación anterior tiene respaldo en la jurisprudencia 278 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que expone: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Lo que se corroboró con las copias certificadas del expediente 165/2021, que acompañó como justificación al rendir su informe de ley, que tienen pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. Cobra aplicación en tal supuesto, la tesis de jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que reza: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." PROCEDENCIA En el presente asunto no se advierte la actualización de ninguna causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61 de la Ley de Amparo. Tampoco se advierte la concurrencia de alguna de las causales de sobreseimiento previstas en el diverso artículo 63 de la misma ley reglamentaria que obliguen a dar por concluido el juicio sin hacer una declaratoria sobre el acto reclamado, por lo que, a consideración de quien aquí resuelve, el amparo es procedente. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Resulta innecesaria la transcripción de los conceptos de violación, al no existir dispositivo legal alguno que imponga esa obligación, máxime que a fin de cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad los mismos habrán de ser analizados al momento de estudiar la constitucionalidad de los actos reclamados. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, mayo de dos mil diez, página ochocientos treinta, cuyo rubro y texto indican: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." ESTUDIO DEL ASUNTO El solicitante del amparo en sus conceptos de violación expone de manera toral lo siguiente: El monto fijado como pensión alimenticia provisional a favor de la menor es desproporcional, ya que el salario mínimo no constituye un parámetro valido para fijarla. La autoridad responsable no tomó en consideración que tiene dos diversos acreedores alimentarios, como los son su esposa y su hija, por lo que lo deja imposibilitado para cumplir sus obligaciones con su ahora nueva familia, ya que el monto de pensión fijado asciende al más del 50% de sus ingresos mensuales. La determinación reclamada deviene de una inadecuada fundamentación y motivación. Como bien se especificó en el apartado de antecedentes del acto reclamado se advierte que por escrito presentado el dieciséis de abril de dos mil veintiuno, ***************, por propio derecho y en representación de su menor hija L.M.V.M., demandó de ****************, la guarda y custodia, así como una pensión alimenticia a favor de la menor. Asunto que por cuestión de turno correspondió conocer al Juzgado Sexto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, quien lo registró bajo el expediente familiar 165/2021. En dicho escrito de demanda la parte actora expuso que de su relación de concubinato con el aquí quejoso, nació la menor de iniciales L.M.V.M., el motivo de su separación y que desde ese entonces ***************, no se hace cargo de las obligaciones de su hija, pese a que le ha solicitado su apoyo. Refirió que desconoce a qué se dedica actualmente y su fuente de trabajo, expuso que se le dificulta el acreditar la capacidad económica del demandado; de ahí, que solicitó una pensión alimenticia a favor de su menor hija. En atención a dicha solicitud, en proveído de veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, la titular del Juzgado Sexto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro radicó la demanda y se pronunció sobre la materia del presente juicio de amparo, es decir la pensión alimenticia a favor de la menor. Dicha juzgadora ante la única prueba fehaciente que exhibió la parte actora que se hizo consistir en el atestado de nacimiento de la menor, en la que se acreditó que sus progenitores son ******************, expuso la institución jurídica de los alimentos, la obligación jurídica de proporcionarlos, la presunción que el obligado tiene capacidad económica para proveer una pensión a favor de su hija; por ende, estimó oportuno fijar de manera discrecional por la cantidad equivalente a un salario mínimo diario vigente en la zona ($141.70 ciento cuarenta y un pesos con setenta centavos), como pensión alimenticia provisional a favor de L.M.V.M. Para determinar si le asiste la razón al aquí quejoso, debemos precisar lo dispuesto por los numerales 962 y 965 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Oaxaca, que dispone lo siguiente: "Artículo 962. Todos los problemas inherentes a la familia se consideran de orden público, por constituir aquella base de la integración de la sociedad. En todo caso, el Juez oirá la solicitud y tomará las medidas urgentes que sean necesarias, para garantizar los alimentos o proteger la integridad personal de quien solicite su intervención. Cuando la solicitud se fundamenta en la existencia de violencia familiar, o para proteger a un menor sujeto a la patria potestad o tutela que reciba malos tratos o ejemplos perniciosos, o que se vea índucido a la vagancia, el alcoholismo, al consumo de drogas, inhalantes o cualquier otro producto tóxico, o que sea obligado a cometer actos reprobados por la Ley, el Juez está obligado a tomar todas las medidas necesarias para proteger a la persona solicitante y al menor afectado desde el momento en que se hizo el pedimento sin dilación alguna. Contra las medidas provisionales y urgentes que tome el Juez en los casos anteriores, no se admite más recurso que el de responsabilidad. Tratándose de situaciones en las que estén involucrados los derechos de niñas, niños y adolescentes, el órgano jurisdiccional deberá observar en todo momento el principio de interés superior de la niñez. "Artículo 965. Podrá acudirse al Juez de lo Familiar por escrito o por comparecencia personal en los casos urgentes a que se refiere el artículo anterior, exponiendo de manera breve y concisa los hechos de que se trate, con las copias respectivas de esa comparecencia y de los documentos que en su caso se presenten se correrá traslado a la parte demandada, la que deberá comparecer en la misma forma dentro del plazo de nueve días, en tales comparecencias las partes deberán ofrecer las pruebas respectivas. Al ordenarse ese traslado, el Juez deberá señalar día y hora para la celebración de la audiencia respectiva, tratándose de alimentos, ya sean provisionales o los que se deban por contrato, por testamento o por disposición de la Ley el Juez fijará a petición del acreedor, sin audiencia del deudor, y mediante la prueba que estime necesaria, una pensión alimenticia provisional, mientras se resuelve el juicio. El juez que conozca de un juicio en materia de alimentos para un niño, niña o adolescente, dictará la pensión alimenticia provisional, dentro del plazo de cinco días hábiles, una vez que haga la petición la parte promovente. Será optativo para las partes acudir asesoradas, y en este supuesto, los asesores necesariamente deberán ser Licenciados en Derecho, con título profesional legalmente expedido, en caso de que una de las partes se encuentre asesorada y la otra no, se solicitará de inmediato los servicios de un defensor de oficio, el que deberá acudir, desde luego, a enterarse del asunto, disfrutando de plazo que no podrá exceder de tres días para hacerlo, por cuya razón se diferirá la audiencia en un plazo igual. En los casos de investigación de la paternidad, por su especial naturaleza, se dará al Ministerio Público la intervención que a su representación corresponda. El Juez deberá proveer lo necesario para el perfeccionamiento de la prueba pericial genética o cualquiera otra que resulte necesaria o idónea. De esos preceptos se advierte que, para efectos de resolver sobre los alimentos provisionales, el juzgador no debe dar audiencia a la parte demandada y fijara la pensión, atendiendo a la petición del acreedor y mediante la prueba que estime necesaria. Ahora, de su interpretación, se concluye que la pensión alimenticia provisional se fija con base en la información con que se cuenta hasta el momento de la presentación de la demanda (compuesta por los hechos narrados y pruebas) relacionados a la posibilidad económica del deudor, así como a las necesidades de los acreedores alimenticios. Ello, en virtud de que la pensión alimenticia provisional es una medida cautelar y urgente, con matices especiales porque con ella se garantiza la subsistencia del acreedor alimenticio, que en este caso es un menor de edad, respecto del cual, sus alimentos comprenden la comida, el vestido, la habitación y la asistencia en caso de enfermedad, los gastos necesarios para la educación y para proporcionarle un oficio, arte o profesión honestos y adecuados a sus capacidades, potencialidades y circunstancias personales, así como las atenciones a las necesidades psíquicas, afectiva y de sano esparcimiento y en su caso los gastos de funerales de conformidad con el artículo 320 del Código Civil para el Estado de Oaxaca. Es cierto, la aludida medida cautelar es determinada por el juzgador en el auto que admite la demanda en el juicio de origen, sólo con base en datos proporcionados por la parte actora en su demanda y sin garantía de audiencia del demandado (deudor alimenticio), en virtud de que al estar inmiscuidas las necesidades más elementales de quien acude al juicio, no sería jurídicamente válido generar un procedimiento para que se aporten pruebas al controvertido, pues ello trastocaría su naturaleza de medida provisional, cautelar y urgente, que tiene por objeto preservar la vida, salud y desarrollo de la persona en estado vulnerable. Al respecto, debe decirse que para fijar la pensión alimenticia provisional, dada su naturaleza de medida cautelar, deben analizarse dos extremos: la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. En conceptos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la apariencia del buen derecho se basa en un conocimiento superficial del asunto dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso, de modo tal que, según un cálculo de probabilidades, sea posible anticipar que en la sentencia se reconocerá el mismo; y el segundo, sustentado en la posible frustración de los derechos del solicitante de la medida cautelar, que puede darse como consecuencia de la tardanza en el dictado de la resolución de fondo. Acorde con ello, en aplicación del artículo 965 del código procesal civil para el estado de Oaxaca, la apariencia del buen derecho se acredita con la petición del acreedor y la información que haga del conocimiento del juez en la demanda; y, el peligro en la demora por las circunstancias del caso, donde está en juego la subsistencia y eventual daño ocasionado por la falta de alimentos, en caso de no decretarse urgentemente la medida cautelar. Así, de lo antes narrado e interpretación de los numerales expuesto, se concluye que los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa deviene infundados y jurídicamente ineficaces, sin que se advierta queja que suplir en términos del numeral 79, fracción VI de la Ley de Amparo. El concepto señalado en el inciso i), referente a que el monto fijado como pensión alimenticia provisional a favor de la menor es desproporcional, ya que el salario mínimo no constituye un parámetro valido para fijarla. Es infundado. Se afirma lo anterior, porque no debe perderse de vista que por un lado: (1) se trata de una medida provisional, urgente y necesaria puesto que está de por medio la subsistencia de la acreedora alimentaria, de modo que es una providencia cautelar y transitoria que decreta el juzgador por virtud de la petición de alimentos de la acreedora alimentaria y con el objeto de que durante el tiempo del juicio, la acreedora que necesita alimentos, obtenga en forma provisional el medio de subsistencia a sus necesidades. En un segundo aspecto: (2) que la controversia familiar se trata precisamente del reclamo de alimentos por parte de la acreedora alimentaria hija del demandado, se encuentra en un estado de necesidad, en correlación al deber que tiene el demandado en proporcionarle alimentos por virtud del vínculo familiar al que la ley le reconoce e impone tal deber; y, (3) precisamente por el carácter urgente y necesario de los alimentos provisionales, el legislador determinó que esta medida cautelar que responde al interés social y es de orden público en protección del acreedor de alimentos, no está condicionada a la audiencia del deudor alimentario, sino que el juez Familiar debe decretarla mediante la prueba que estime necesaria; de modo que en atención a esos tres aspectos, que se trata de una medida provisional, urgente y necesaria, que responde al estado de necesidad del deudor alimentario que impone al juzgador decretarla sin audiencia del deudor alimenticio y con la prueba que estime necesaria, el juez Familiar debe valorar las pruebas de la solicitante de alimentos como ocurrió en la especie al tener por acreditado el vínculo filial de la demandante con el quejoso en su calidad de hija y la existencia de la obligación alimenticia con el atestado de nacimiento, el cual se acredita que es menor de edad y cuenta con diez años cumplidos, es evidente que se encuentra en estado de necesidad como así lo indicó la resolutora de origen y este juzgador de amparo coincide. De igual forma es atinado lo expuesto por la juez familiar de origen, al indicar que es de presumirse la capacidad económica del deudor alimentario, porque ésta no se refiere únicamente a una connotación pecuniaria, sino a la aptitud o posibilidad de los demandados para generar riqueza; por ende, determinó una pensión alimenticia provisional a cargo del demandado en un salario mínimo diario a cubrirse quincenalmente. En apoyo a ello, citó las tesis siguientes: "ALIMENTOS. LA CAPACIDAD DEL DEUDOR PARA SUMINISTRARLOS NO TIENE UNA CONNOTACIÓN ESTRICTAMENTE ECONÓMICA. La capacidad del deudor de alimentos para proporcionarlos, como elemento de esta acción, no tiene una connotación estrictamente pecuniaria, sino más bien está referida a la aptitud, posibilidad o talento de todo sujeto para trabajar y generar riqueza; por tanto, si se trata de una persona capaz de emplearse en alguna actividad, aun cuando con motivo de ella no cuente con ingresos fijos, o no tenga un caudal o hacienda determinados para hacer frente a sus obligaciones en esta materia, debe cubrir las necesidades de sus acreedores, pues de lo contrario, se llegaría al extremo de que a fin de evadir su responsabilidad se declarara insolvente, o bien, ocultara sus ingresos. De esta manera, si la prueba de la capacidad de que se trata se obtiene del hecho de que el deudor es propietario o copropietario de determinado bien mueble o inmueble, poco importa si el mismo lo tiene o no en posesión o, incluso, si éste le reporta alguna renta, ya que lo que se obtiene de tal circunstancia es que se trata de una persona con aptitudes, talento y cualidades para ocuparse en algo y, que con motivo de ello puede generar recursos económicos, lo que, en todo caso, le permite dar sustento a su familia." "PENSIÓN ALIMENTICIA. DEBE FIJARSE, EN LOS CASOS QUE ASÍ PROCEDA, TOMANDO COMO BASE O REFERENCIA EL SALARIO MÍNIMO Y NO LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (UMA). El artículo 26, apartado B, penúltimo párrafo, de la Constitución General de la República establece a la Unidad de Medida y Actualización (UMA), como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas y del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, así como en las disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores. Sin embargo, dicha unidad no es aplicable tratándose de la fijación de pensiones alimenticias, toda vez que acorde con el artículo 123, apartado A, fracción VI, de la Carta Magna, la naturaleza del salario mínimo es la de un ingreso destinado a satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social, cultural y para proveer a la educación obligatoria de los hijos (ámbito en el cual entran, sin lugar a dudas, sus propios alimentos y los de su familia), a más de que esa propia disposición señala específicamente que el salario mínimo puede ser utilizado como índice, unidad, base, medida o referencia para fines acordes a su naturaleza y, en esa tesitura, la base o referencia para establecer una pensión alimenticia, en los casos que así proceda, no es la Unidad de Medida y Actualización, sino el salario mínimo, pues éste, dado lo expuesto, va más acorde con la propia naturaleza y finalidad de dicha pensión." Consideraciones probatorias y jurídicas de la pensión alimenticia provisional que se apegan a lo dispuesto en los numerales y criterios jurisprudenciales invocados ya identificados, que como se explicó, se trata de una medida provisional, urgente y necesaria respecto de los alimentos de quien acreditó su vínculo filial y estado de necesidad respecto de la cual la ley no exige mayores requisitos que los datos aportados en el escrito presentado ante el juez, dada su naturaleza de urgente y de orden público, de conformidad con lo preceptuado en el invocado artículo 965 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado; máxime que si bien en la ley no existen normas acerca de la cuantía de la pensión alimenticia, ni tampoco sobre el modo de determinarla, lo pertinente es acudir a soluciones prácticas para fijar su monto, de acuerdo con las circunstancias particulares de cada caso, como en el caso concreto acorde a lo analizado, que en este momento debe tenerse por justificada presuncionalmente la proporcionalidad de los alimentos decretados en forma provisional. Apoyan lo antedicho, la jurisprudencia 1a./J. 41/2016 (10a.) emitida por la misma Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2012502, Libro 34, septiembre de 2016, Tomo I, materia Civil, página 265, ya citada con el rubro: "ALIMENTOS. EL ESTADO DE NECESIDAD DEL ACREEDOR DE LOS MISMOS CONSTITUYE EL ORIGEN Y FUNDAMENTO DE LA OBLIGACIÓN DE OTORGARLOS" La institución jurídica de los alimentos descansa en las relaciones de familia y surge como consecuencia del estado de necesidad en que se encuentran determinadas personas a las que la ley les reconoce la posibilidad de solicitar lo necesario para su subsistencia. En consecuencia, podemos concluir que para que nazca la obligación de alimentos es necesario que concurran tres presupuestos: (i) el estado de necesidad del acreedor alimentario; (ii) un determinado vínculo familiar entre acreedor y deudor; y (iii) la capacidad económica del obligado a prestarlos. En este sentido, es claro que el estado de necesidad del acreedor alimentario constituye el origen y fundamento de la obligación de alimentos, entendiendo por éste aquella situación en la que pueda encontrarse una persona que no puede mantenerse por sí misma, pese a que haya empleado una normal diligencia para solventarla y con independencia de las causas que puedan haberla originado. Sin embargo, las cuestiones relativas a quién y en qué cantidad se deberá dar cumplimiento a esta obligación de alimentos, dependerán directamente de la relación de familia existente entre acreedor y deudor; el nivel de necesidad del primero y la capacidad económica de este último, de acuerdo con las circunstancias particulares del caso concreto. Así como la diversa jurisprudencia 1a./J. 42/2016 (10a.) de la misma Primera Sala del Máximo Órgano Judicial, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2012503, Libro 34, septiembre de 2016, Tomo I, materias Constitucional y Civil, página 288, de rubro y texto siguiente: "ALIMENTOS. LA OBLIGACIÓN DE PROPORCIONARLOS DENTRO DE LAS RELACIONES PATERNO-FILIALES SURGE DE LA PATRIA POTESTAD". Esta Primera Sala advierte que la obligación alimentaria que tienen los progenitores en relación con sus hijos, surge como consecuencia de la patria potestad, esto es, como resultado de un mandato constitucional expreso que les vincula a procurar el mayor nivel de protección, educación y formación integral, siempre en el marco del principio del interés superior del menor y con la característica de que recae en cualquiera de los padres, es decir, es una obligación compartida sin distinción de género. Además, si bien la obligación de alimentos en este supuesto surge y se desarrolla en el marco de la patria potestad, ésta no termina cuando los hijos alcanzan la mayoría de edad, sino que se mantiene mientras éstos finalizan sus estudios y encuentran un trabajo que les permita independizarse económicamente, siempre y cuando satisfagan los requisitos establecidos tanto en la ley como en la jurisprudencia de este alto tribunal." Sin que pueda estimarse que por ello se afecte el mínimo vital del demandado de alimentos ya que será mediante las pruebas que se alleguen al juicio como se conocerá las condiciones económicas reales del deudor alimentario, sobre todo si se toma en cuenta que igualmente está de por medio la subsistencia, manutención y escolaridad de la hija del demandado, cuyos alimentos provisionales se fundan en el estado de necesidad urgente y necesario para satisfacer el derecho al mínimo vital de la acreedora alimenticia, ya que ambos, deudor alimentario y acreedora alimentista ameritan la consideración en el mínimo vital que se traduce en permitir o prever el mínimo de condiciones para la subsistencia digna y autónoma de la persona con el objeto de pueda llevar una vida libre de temor y de las cargas de la miseria. En consecuencia, contrario a lo tildado por el quejoso, no puede estimarse desproporcionada, excesiva o exorbitante la fijación de un salario mínimo diario, por concepto de pensión alimenticia provisional, en tanto que, como lo indicó la resolutora natural, apenas se estima suficiente para involucrar al demandado e los gastos elementales alimenticios de la citada menor. Apoya lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 44/2001 pronunciada por la Primera Sala del Máximo Órgano Judicial, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, agosto de 2001, Materia(s): Civil, página 11, del tenor siguiente: "ALIMENTOS. REQUISITOS QUE DEBEN OBSERVARSE PARA FIJAR EL MONTO DE LA PENSIÓN POR ESE CONCEPTO (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y DEL ESTADO DE CHIAPAS). De lo dispuesto en los artículos 308, 309, 311 y 314 del Código Civil para el Distrito Federal y sus correlativos 304, 305, 307 y 310 del Estado de Chiapas, se advierte que los legisladores establecieron las bases para determinar el monto de la pensión alimenticia, las cuales obedecen fundamentalmente a los principios de proporcionalidad y equidad que debe revestir toda resolución judicial, sea ésta provisional o definitiva, lo que significa que para fijar el monto de esta obligación alimentaria debe atenderse al estado de necesidad del acreedor y a las posibilidades reales del deudor para cumplirla, pero, además, debe tomarse en consideración el entorno social en que éstos se desenvuelven, sus costumbres y demás particularidades que representa la familia a la que pertenecen, pues los alimentos no sólo abarcan el poder cubrir las necesidades vitales o precarias del acreedor, sino el solventarle una vida decorosa, sin lujos, pero suficiente para desenvolverse en el status aludido; de ahí que no sea dable atender para tales efectos a un criterio estrictamente matemático, bajo pena de violentar la garantía de debida fundamentación y motivación consagrada en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, eventualmente, hacer nugatorio este derecho de orden público e interés social". En esas condiciones, no beneficia al quejoso la cita de la tesis 1a./J. 172/2007 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del rubro: "ALIMENTOS. PARA DETERMINAR EL MONTO DE LA PENSIÓN CUANDO NO SE HAYAN ACREDITADO LOS INGRESOS DEL DEUDOR ALIMENTARIO, DEBE ATENDERSE A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 311 TER DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL"; ya que dicho criterio refiere que se deberán recabar medios de pruebas durante la tramitación del juicio, no así de primer momento al fijar el monto de la pensión provisional como es el caso concreto en estudio. Máxime que la juez de origen cumplió con las condiciones para fijar el monto de la pensión alimenticia provisional con el elemento probatorio allegado a ese momento por la demandante y en todo caso será en la sentencia definitiva en donde deberá resolverse con elementos plenos de convicción respecto de la capacidad económica del demandado. Tocante al concepto de violación marcado en el inciso ii), en el que expresa que la autoridad responsable no tomó en consideración que tiene dos diversos acreedores alimentarios, como los son su esposa y su hija, por lo que lo deja imposibilitado para cumplir sus obligaciones con su ahora nueva familia, ya que el monto de pensión fijado asciende al más del 50% de sus ingresos mensuales. Dicho concepto es jurídicamente ineficaz. Como bien se explicó en párrafos que anteceden, la naturaleza jurídica del acto reclamado, en términos de los artículos 962 y 965 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca, la fijación provisional de una pensión destinada a los alimentos de un hijo, es una medida provisional, urgente y necesaria, prevista en las controversias del orden familiar, que tiende a proteger y garantizar el derecho fundamental de obtener alimentos de inmediato por parte del acreedor alimentario para su subsistencia y en forma transitoria durante la tramitación del juicio, por lo que no puede considerarse una determinación privativa de algún derecho, sino solo constituye una medida provisional legalmente instituida a favor de los acreedores alimentarios en las controversias de orden familiar. En ese orden, es evidente que la juez natural debe resolver con los elementos allegados a la demanda en pro de las necesidades de subsistencia de la menor y sin audiencia de la parte demandada; de ahí, que es inconcuso que la resolutora de origen pudiera contar con los elementos que aquí expone el quejoso, como lo son diversos acreedores alimentarios y la certeza de los ingresos del demandado. Elementos de convicción que podrá aportar en el juicio durante la secuela procesal para acreditar su dicho y se tome en consideración al momento de resolver en definitiva. Apoya lo expuesto la jurisprudencia P./J. 21/98 pronunciada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo VII, marzo de 1998, Materia(s): Constitucional, Común, página 18, registro 196727, Novena Época, de rubro y texto siguiente: "MEDIDAS CAUTELARES. NO CONSTITUYEN ACTOS PRIVATIVOS, POR LO QUE PARA SU IMPOSICIÓN NO RIGE LA GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA. Conforme a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la garantía de previa audiencia, establecida en el segundo párrafo del artículo 14 constitucional, únicamente rige respecto de los actos privativos, entendiéndose por éstos los que en sí mismos persiguen la privación, con existencia independiente, cuyos efectos son definitivos y no provisionales o accesorios. Ahora bien, las medidas cautelares constituyen resoluciones provisionales que se caracterizan, generalmente, por ser accesorias y sumarias; accesorias, en tanto la privación no constituye un fin en sí mismo; y sumarias, debido a que se tramitan en plazos breves; y cuyo objeto es, previendo el peligro en la dilación, suplir interinamente la falta de una resolución asegurando su eficacia, por lo que tales medidas, al encontrarse dirigidas a garantizar la existencia de un derecho cuyo titular estima que puede sufrir algún menoscabo, constituyen un instrumento no sólo de otra resolución, sino también del interés público, pues buscan restablecer el ordenamiento jurídico conculcado desapareciendo, provisionalmente, una situación que se reputa antijurídica; por lo que debe considerarse que la emisión de tales providencias no constituye un acto privativo, pues sus efectos provisionales quedan sujetos, indefectiblemente, a las resultas del procedimiento administrativo o jurisdiccional en el que se dicten, donde el sujeto afectado es parte y podrá aportar los elementos probatorios que considere convenientes; consecuentemente, para la imposición de las medidas en comento no rige la garantía de previa audiencia". Finalmente, se atiende el diverso concepto de violación marcado en el inciso iii), en el que indica que la determinación en estudio deviene de una inadecuada fundamentación y motivación, el cual se considera infundado. Contrario a tal aseveración, la juez responsable sí precisó los preceptos legales y jurisprudenciales que fundamentaron su determinación, así como las circunstancias particulares que basaron su aplicación al fijar la pensión alimenticia provisional. A saber: los artículos 315, 320 y 323, del Código Civil para el Estado de Oaxaca, en relación con los diversos 962, 963 y 965, del Código de Procedimientos Civiles para la entidad, 4 y 10, de la Convención Interamericana sobre las Obligaciones Alimentarias. Citó las tesis aislada VI.2o.C.489 C del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito del rubro: "ALIMENTOS. LA CAPACIDAD DEL DEUDOR PARA SUMINISTRARLOS NO TIENE UNA CONNOTACIÓN ESTRICTAMENTE ECONÓMICA.", visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 175157, Tomo XXIII, mayo de 2006, materia Civil, página 1674; y la diversa tesis aislada II.2o.177 C del Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en el mismo medio oficial de difusión, Octava Época, registro 213047, Tomo XIII, marzo de 1994, materia Civil, página 305, del título: "ALIMENTOS. FIJAR SU MONTO EN UN DIA DE SALARIO MÍNIMO, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD EN EL PAGO DE.". Criterio los cuales se deriva que los jueces en materia familiar están facultados para dictar las medidas provisionales, urgentes y necesarias para garantizar los alimentos y específicamente para fijar una pensión alimenticia provisional a petición del acreedor alimentario, sin audiencia del deudor y con la prueba que estimen necesaria mientras se resuelve el juicio, lo que constituye la fundamentación de la medida provisional. La juez responsable consideró también en el caso las particularidades y circunstancias siguientes: Con el atestado del registro civil anexo a su demanda, la actora demostró que la menor es hija del demandado (el aquí quejoso). El demandado como deudor alimentista le debe proporcionar lo necesario "para satisfacer sus necesidades básicas de comida, vestido, habitación, a fin de lograr su debida educación y sano desarrollo integral, así como atención médica que le garantice su salud física y emocional; y adicionalmente a la comida, vestido y habitación, requiere de los recursos didácticos necesarios para su debida educación y sano desarrollo integral. La capacidad económica del deudor alimentario no tiene una connotación estrictamente pecuniaria, sino está referida a la aptitud, posibilidad o talento de todo sujeto para trabajar y generar riqueza. Con los elementos que contó y la naturaleza urgente de la medida solicita, de manera discrecional determinó una pensión alimenticia provisional por el monto de un salario mínimo diario vigente en la región que multiplicado por lo establecido por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos equivale a ciento cuarenta y un pesos con setenta centavos; lo que constituye la motivación de la medida provisional. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 139/2005 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, diciembre de 2005, Materia(s): Común, Página 162, registro 176546, de rubro y texto siguiente: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso". DECISIÓN Al resultar infundados y jurídicamente ineficaz los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, sin que se advierta queja que suplir a su favor, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal a *********************, en contra del acto que reclamó de la titular del Juzgado Sexto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca. En mérito de lo expuesto, fundado y motivado, y con apoyo, además, en los artículos 73, 74, 75 y 76 de la Ley de Amparo se: RESUELVE ÚNICO. Se niega el amparo y protección de la justicia federal ******************, en contra del acto que reclamó de la titular del Juzgado Sexto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, por los argumentos que se esgrimen en el apartado VIII de esta resolución. Notifíquese."

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de julio de dos mil veintiuno. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo, agréguese el informe justificado de cuenta y téngase al secretario de acuerdos encargado del Juzgado Sexto Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, ofreciendo como medio de convicción la documental que exhibe, sin perjuicio de relacionarla en la audiencia constitucional. Para un mejor manejo fórmese por separado tomo I de pruebas, el cual formará parte de este expediente; con el informe de ley y la documental referida con antelación, dese vista a las partes. Notifíquese.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de julio de dos mil veintiuno. Del estado de autos se advierte que se encuentra transcurriendo el plazo previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo para que la autoridad responsable rinda su informe justificado. En consecuencia, la audiencia constitucional señalada para hoy se difiere para las catorce horas con veinticinco minutos del veinticinco de agosto de dos mil veintiuno. Notifíquese.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de julio de dos mil veintiuno. Agréguense los escritos señalados en la cuenta para que surtan sus efectos legales correspondientes; en relación a su contenido, se provee: 1) En relación al escrito de la tercera interesada ***-en cumplimiento al requerimiento realizado el pasado doce de julio- se le tiene por autorizado con las amplias atribuciones del precepto 12 de la Ley de Amparo a ***, por acreditar encontrarse legalmente facultado para ejercer la profesión de licenciado en derecho, con la documental que en copia certificada anexa. 2) Respecto al ocurso del autorizado del quejoso, se le hace saber que en determinación emitida el pasado dos de julio, se procedió a hacer del conocimiento a la analista jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, a fin que realizara el alta del usuario que proporcionó para la consulta del expediente electrónico. Notifíquese.

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