EMPEÑOS ÚTILES S.A.P.I. de C.V.
Expediente 431/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 11 actuaciones registradas, la última del 20 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 431/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 20/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- EMPEÑOS ÚTILES S.A.P.I. de C.V.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Incidental
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de junio de dos mil veintidós. En atención a la cuenta que antecede, se advierte que se concedió la suspensión provisional y la definitiva solicitada; y que en el cuaderno original y duplicado del incidente de suspensión no obra documento alguno considerado como original que las partes hayan exhibido. Por tanto, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Ahora bien, debido a que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y que se concedió la suspensión provisional y en parte la definitiva, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del referido acuerdo, se ordena la depuración del original del presente incidente de suspensión, ya que encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) de la fracción I, artículo 18 del citado Acuerdo General . Por otro lado, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en comento, se ordena la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, transcurridos seis meses a partir de la notificación de este acuerdo. Asimismo, se estima que este incidente carece de relevancia documental, en razón que el acto reclamado no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Por tanto, transcurridos el plazo de conservación de tres años, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la depuración del cuaderno original, para lo cual se ordena conservar la demanda de amparo, el proveído de veintiséis de abril de dos mil veintidós e interlocutoria de cuatro de mayo siguiente, de conformidad con lo establecido con los criterios de valoración a que alude el séptimo transitorio del multicitado acuerdo en relación con lo dispuesto por el capítulo 7.5. punto 1 relativo al tratamiento del incidente de suspensión original del "Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal" aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de junio de dos mil veintidós. Vistos los autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que el quejoso interpusiera el recurso de revisión contra la sentencia donde se le negó el amparo y protección de la Justicia Federal, sin que lo haya hecho. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Por tanto, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en razón que el acto que se reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, debido a que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y que se negó el amparo y protección de la Justicia Federal, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, este asunto encuadra en la hipótesis prevista en el inciso b), de la fracción I, del numeral 18 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su depuración, por lo que deberá conservarse la demanda de amparo y la sentencia. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la depuración de este expediente. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Devuélvase a la autoridad responsable el medio de convicción que acompañó a su informe justificado, por carecer de objeto que continúe en este órgano jurisdiccional. Notifíquese.
- Principal
S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 431/2022, promovido por Empeños Útiles, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable, por conducto de su apoderada legal, contra actos de la Administración Desconcentrada de Recaudación de Oaxaca 1, con sede en Oaxaca de Juárez. ANTECEDENTES De las documentales aportadas al sumario se tiene acreditado que por oficio 500-44-00-04-02-2021-01163 de diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, la Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Oaxaca "1", fincó al contribuyente Empeños Útiles, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable, un crédito fiscal por la omisión de enterar las retenciones del impuesto sobre la renta por sueldos y salarios del periodo del uno de abril de dos mil veinte al treinta de septiembre de dos mi veinte, por la cantidad de $2,254,387.14 (actualizado al diez de febrero de dos mil veintiuno). Por escrito presentado ante la autoridad hacendaria el dieciséis de febrero de dos mil veintidós, la apoderada legal de Empeños Útiles, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable, solicitó la aclaración del crédito fiscal y la reducción de las multas impuestas precisadas en párrafo que antecede. En atención a ello, la Administradora Desconcentrada de Recaudación de Oaxaca "1" emitió el comunicado 400-45-00-02-00-2022-1836 de tres de marzo de dos mil veintidós, en el que determinó improcedente la solicitud planteada por las razones siguientes: No es procedente los pagos realizados el veinticinco de junio de dos mil veintiuno, a cuenta del crédito fiscal 500-44-00-04-02-2021-01163, al no haber sido realizados mediante el formato de pago con línea de captura emitido por la Administración Desconcentrada de Recaudación. Se negó la reducción de multas toda vez que derivan de omisiones que implicaron la existencia de agravantes en la comisión de infracciones establecidas en el numeral 75, fracción III del Código Fiscal de la Federación. (Determinación que constituye el acto reclamado) TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO Empeños Útiles, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable, por conducto de su apoderada legal, presentó un escrito el dieciocho de abril de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, mediante el cual solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de la autoridad y por el acto que más adelante se precisará. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 1, 4, 16 y 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes del acto reclamado; y, expresó los conceptos de violación que estimó pertinente. La demanda se turnó el mismo día de su presentación a este Jugado de Distrito quien la registró bajo el consecutivo 431/2022. En proveído de diecinueve de abril de dos mil veintidós, se admitió a trámite; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se otorgó intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación; y, se señaló fecha para la audiencia constitucional. Seguida la secuela procesal del juicio de amparo, la audiencia constitucional prevista por el numeral 124 de la Ley de Amparo, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto en el que se discute la constitucionalidad de diversas disposiciones de observancia general, las cuales su acto de aplicación tendrá ejecución dentro de la jurisdicción de este Juzgado. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues solo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada P. VI/2004, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En el caso, el contenido integral de la demanda de amparo permite sostener que la parte quejosa reclama de la Administradora Desconcentrada de Recaudación de Oaxaca "1", con sede en Oaxaca de Juárez, lo siguiente: El comunicado oficial 400-45-00-02-00-2022-1836 de tres de marzo de dos mil veintidós, en el que determinó improcedente los pagos realizados por la parte contribuyente el veinticinco de junio de dos mil veintiuno, a cuenta del crédito fiscal 500-44-00-04-02-2021-01163, al no haber sido realizados mediante el formato de pago con línea de captura emitido por la Administración Desconcentrada de Recaudación; así como negar la reducción de multas toda vez que derivan de omisiones que implicaron la existencia de agravantes en la comisión de infracciones establecidas en el numeral 75, fracción III del Código Fiscal de la Federación. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS La Administradora Desconcentrada de Recaudación de Oaxaca "1", con sede en Oaxaca de Juárez, por conducto de la administradora desconcentrada jurídica, el rendir su informe de ley, aceptó la existencia del acto que se le atribuye. Por tanto, se le tiene como plenamente probado en términos de la Tesis Jurisprudencial número 305, que sustentó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración, visible en la foja 206 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, de rubro y texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse ésta como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Lo anterior, se corroboró con copia certificada de diversas documentales relacionadas al crédito fiscal materia del asunto, que adjuntó la autoridad responsable a su informe justificado, la cual tienen pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. Cobra aplicación en tal supuesto, la tesis de jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice lo siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." PROCEDENCIA Sea que las partes lo aleguen o no, en el presente caso se examinará si en la especie opera alguna causal de improcedencia, por mediar el orden público en dicha cuestión, de acuerdo con lo dispuesto en el arábigo 62, de la Ley de Amparo vigente; por consiguiente, este juzgador no advierte motivo de sobreseimiento o la actualización de alguna causal de improcedencia del amparo y se procede a realizar el estudio del asunto. ESTUDIO DEL ASUNTO Los conceptos de violación formulados por la parte quejosa contenidos en su escrito de demanda, se tienen por reproducidos en este considerando en obvio de repeticiones innecesarias, por no ordenar su transcripción precepto legal alguno, y no disponerlo así el artículo 74 de la Ley de Amparo, además de que con ello no se afectan las defensas de las partes. No obstante, sus argumentos torales son los siguientes: La resolución controvertida viola el principio de proporcionalidad tributaria previsto en la fracción IV del numeral 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La determinación en estudio carece de fundamentación y motivación. La autoridad responsable contrario a lo que expone en la resolución controvertida, debió tomar los pagos realizados por mi representada pese a que no se realizaron en los formatos de pago establecidos, para que el fisco no siguiera sufriendo agravio o daño alguno. Lo determinado por la autoridad hacendaria obliga a la parte quejosa a cubrir un crédito fiscal que ya fue pagado (doble tributación). Los conceptos de violación hechos valer por la moral quejosa son infundados e inoperantes. Para sustentar dicha afirmación resulta importante señalar la naturaleza jurídica de la condonación de multas prevista en el artículo 74 del Código Fiscal de la Federación. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que el Estado tiene a su cargo la rectoría económica y el desarrollo nacional, el cual deberá ser integral y sustentable y, uno de los instrumentos de política financiera, económica y social lo constituyen las disposiciones con fines que plasman la política fiscal en una época determinada, las cuales podrán hacerse patentes en cualquiera de los elementos del diseño impositivo, o bien, en la extinción de la obligación tributaria, en este último supuesto como sucede con el establecimiento de beneficios como la condonación. En ese sentido, la condonación de multas implica el perdón o la remisión de una deuda, es decir, se trata de una renuncia al cobro por parte del Estado a través de un acto voluntario, esencialmente unilateral, excepcional y discrecional, por virtud del cual se exime al deudor del pago de la carga tributaria, lo que necesariamente debe responder a criterios de conveniencia o política económica, conforme a los artículos 25 (relativo a la rectoría del económica del Estado) y 73, fracciones VII y XXX (respecto de las facultades tributarias y legislativas del Congreso), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De lo expuesto, es dable concluir que la parte quejosa parte de una premisa equivocada y debe declararse infundado el concepto de violación sintetizado en el inciso a), (La resolución controvertida viola el principio de proporcionalidad tributaria previsto en la fracción IV del numeral 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos), ya que no es dable exigir su establecimiento coactivamente por los sujetos pasivos de la carga tributaria, pues, por regla general, responde a cuestiones de política fiscal; en otras palabras, no existe un derecho constitucionalmente tutelado a la condonación, en tanto que todos los contribuyentes están obligados a contribuir al sostenimiento del gasto público. Así, la condonación fiscal tiene por objeto forjar criterios y políticas en cuanto a su recaudación, las cuales encuentran justificación en razones de interés público y son susceptibles de establecerse por la Administración Pública en sus diversos niveles de competencia, federal, estatal o municipal. Lo cual implica que dicho beneficio no obedece a una prerrogativa constitucional de justicia tributaria en favor del justiciable, sino más bien a la obligación del Estado de planear, conducir, coordinar y orientar la actividad económica, dentro del marco de libertades que otorga la propia Constitución. Lo expuesto, encuentra sustento en la jurisprudencia P./J. 3/2016 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que puede localizarse en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 33, Agosto de 2016, Tomo I, página 9, registro 2012227, de rubro y texto siguiente: "CONDONACIÓN DE DEUDAS TRIBUTARIAS. LAS NORMAS QUE LA PREVÉN NO SE RIGEN POR LOS PRINCIPIOS DE JUSTICIA TRIBUTARIA ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Los beneficios otorgados por razones no estructurales de la contribución son producto de una sanción positiva contenida en una norma típicamente promocional, y pueden ubicarse entre los denominados "gastos fiscales", es decir, los originados por la extinción y disminución de tributos, traducidos en la no obtención de un ingreso público como consecuencia de la concesión de beneficios fiscales orientados al logro de la política económica o social adoptada en una época determinada. Así, este tipo de beneficios, como la condonación de deudas tributarias, puede equipararse o sustituirse por subvenciones públicas, pues tienen por objeto prioritario plasmar criterios de política fiscal en cuanto a la recaudación de tributos, justificados en razones de interés público. De ahí que la condonación importa un beneficio que no obedece a una exigencia constitucional de justicia tributaria, si se toma en cuenta que se establece con una intención promocional en cumplimiento de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al precisar que el Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional, y llevará a cabo la regulación y el fomento de las actividades que demande el interés general en el marco de libertades que otorga la propia Ley Suprema. Por consiguiente, al no ser la condonación un ajuste a la estructura, al diseño o al monto de un impuesto, sino la acción unilateral del Estado que, como instrumento de índole excepcional, se emplea para no hacer efectiva la deuda fiscal al renunciarse a la recepción del pago de la obligación pecuniaria del contribuyente, es inconcuso que las normas que la prevén no se rigen por los principios de justicia fiscal contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, pues su otorgamiento no obedece a razones de justicia tributaria, ni al ajuste que corresponde para que el gravamen se determine conforme a la capacidad contributiva que dio lugar al tributo; sin embargo, lo anterior no implica que las normas que establezcan condonaciones escapen al control de la constitucionalidad, ya que la delimitación de quienes pueden contar con tal beneficio y su implementación, excluyendo o incluyendo a ciertos sectores o personas, desde luego, puede analizarse desde el ámbito más amplio correspondiente al principio de igualdad, y no al de equidad tributaria." De igual forma, sirve de apoyo la tesis aislada 1a. CCCLXXXIX/2014 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, página 709, registro 2007975, de contenido siguiente: "CONDONACIÓN DE DEUDAS TRIBUTARIAS. CONSTITUYE UN BENEFICIO OTORGADO VOLUNTARIAMENTE POR EL LEGISLADOR, POR LO QUE NO ES EXIGIBLE AL ESTADO DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL PRINCIPIO DE GENERALIDAD TRIBUTARIA. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el Estado tiene a su cargo la rectoría económica y el desarrollo nacional, el cual deberá ser integral y sustentable, y que uno de los instrumentos de política financiera, económica y social lo constituyen las disposiciones que plasman la política fiscal en una época determinada, las cuales podrán hacerse patentes en cualquiera de los elementos del diseño impositivo, o bien, en la extinción de la obligación tributaria; en este último supuesto se tiene el establecimiento de beneficios como la condonación, la cual implica el perdón o la remisión de una deuda, esto es, una renuncia al cobro por parte del acreedor. Ahora bien, dicha figura se identifica como un beneficio fiscal concedido por el Estado a través de un acto voluntario, esencialmente unilateral, excepcional y discrecional, por virtud del cual se exime al deudor del pago de la carga tributaria, lo que necesariamente debe responder a criterios de conveniencia o política económica, conforme a los artículos 25 y 73, fracciones VII y XXX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De ahí que no sea dable exigir su establecimiento coactivamente por los sujetos pasivos de la carga tributaria pues, por regla general, responde a cuestiones de política fiscal; en otras palabras, los contribuyentes no tienen un derecho a recibir condonaciones, en razón del lugar que la Constitución otorga al principio de generalidad tributaria. Lo anterior obliga a enfatizar que no existe un derecho constitucionalmente tutelado a la condonación, en tanto que todos están obligados a contribuir al sostenimiento del gasto público." Por consiguiente, la condonación se trata de la acción unilateral del Estado que, como instrumento de índole excepcional, se ha empleado para no hacer efectiva la deuda fiscal al renunciarse al pago de la obligación pecuniaria del contribuyente. Tocante al concepto de violación señalado en el inciso b), en el que aduce que la determinación en estudio carece de fundamentación y motivación, de igual forma deviene infundado. Para demostrarlo es necesario traer a colación el primer párrafo del precepto constitucional 16, que dispone: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. (.)" La porción normativa transcrita contiene la garantía de legalidad consistente en que todo acto de molestia que se dirija a los gobernados debe estar debidamente fundado y motivado; lo primero se refiere a la obligación de la autoridad de citar con precisión el precepto legal aplicable al caso y lo segundo a expresar los razonamientos lógico-jurídico por los que se considera que el caso concreto se ajusta a la hipótesis normativa; pero, además, debe existir adecuación entre ambos conceptos. Asimismo, debe distinguirse entre la falta y la indebida fundamentación y motivación. La falta de fundamentación y motivación se traduce, en la ausencia total en el acto de autoridad tanto de preceptos legales en los que la autoridad base su actuación como de las circunstancias especiales que se tuvieron en cuenta para su emisión; mientras que el indebido cumplimiento de aquellos aspectos constitucionales se actualiza cuando, si bien existe una cita de preceptos legales, éstos no son aplicables al caso en concreto y, aun cuando se dan razones o argumentos, ellos no correspondan a los hechos o a las normas aplicadas. En lo conducente, se cita en la jurisprudencia I.3o.C. J/47 sostenida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, Febrero de 2008, página 1964, que es de rubro y texto siguientes: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. LA DIFERENCIA ENTRE LA FALTA Y LA INDEBIDA SATISFACCIÓN DE AMBOS REQUISITOS CONSTITUCIONALES TRASCIENDE AL ORDEN EN QUE DEBEN ESTUDIARSE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Y A LOS EFECTOS DEL FALLO PROTECTOR. La falta de fundamentación y motivación es una violación formal diversa a la indebida o incorrecta fundamentación y motivación, que es una violación material o de fondo, siendo distintos los efectos que genera la existencia de una u otra, por lo que el estudio de aquella omisión debe hacerse de manera previa. En efecto, el artículo 16 constitucional establece, en su primer párrafo, el imperativo para las autoridades de fundar y motivar sus actos que incidan en la esfera de los gobernados, pero la contravención al mandato constitucional que exige la expresión de ambas en los actos de autoridad puede revestir dos formas distintas, a saber: la derivada de su falta, y la correspondiente a su incorrección. Se produce la falta de fundamentación y motivación, cuando se omite expresar el dispositivo legal aplicable al asunto y las razones que se hayan considerado para estimar que el caso puede subsumirse en la hipótesis prevista en esa norma jurídica. En cambio, hay una indebida fundamentación cuando en el acto de autoridad sí se invoca el precepto legal, sin embargo, resulta inaplicable al asunto por las características específicas de éste que impiden su adecuación o encuadre en la hipótesis normativa; y una incorrecta motivación, en el supuesto en que sí se indican las razones que tiene en consideración la autoridad para emitir el acto, pero aquéllas están en disonancia con el contenido de la norma legal que se aplica en el caso. De manera que la falta de fundamentación y motivación significa la carencia o ausencia de tales requisitos, mientras que la indebida o incorrecta fundamentación y motivación entraña la presencia de ambos requisitos constitucionales, pero con un desajuste entre la aplicación de normas y los razonamientos formulados por la autoridad con el caso concreto. La diferencia apuntada permite advertir que en el primer supuesto se trata de una violación formal dado que el acto de autoridad carece de elementos ínsitos, connaturales, al mismo por virtud de un imperativo constitucional, por lo que, advertida su ausencia mediante la simple lectura del acto reclamado, procederá conceder el amparo solicitado; y en el segundo caso consiste en una violación material o de fondo porque se ha cumplido con la forma mediante la expresión de fundamentos y motivos, pero unos y otros son incorrectos, lo cual, por regla general, también dará lugar a un fallo protector, sin embargo, será menester un previo análisis del contenido del asunto para llegar a concluir la mencionada incorrección. Por virtud de esa nota distintiva, los efectos de la concesión del amparo, tratándose de una resolución jurisdiccional, son igualmente diversos en uno y otro caso, pues aunque existe un elemento común, o sea, que la autoridad deje insubsistente el acto inconstitucional, en el primer supuesto será para que subsane la irregularidad expresando la fundamentación y motivación antes ausente, y en el segundo para que aporte fundamentos y motivos diferentes a los que formuló previamente. La apuntada diferencia trasciende, igualmente, al orden en que se deberán estudiar los argumentos que hagan valer los quejosos, ya que si en un caso se advierte la carencia de los requisitos constitucionales de que se trata, es decir, una violación formal, se concederá el amparo para los efectos indicados, con exclusión del análisis de los motivos de disenso que, concurriendo con los atinentes al defecto, versen sobre la incorrección de ambos elementos inherentes al acto de autoridad; empero, si han sido satisfechos aquéllos, será factible el estudio de la indebida fundamentación y motivación, esto es, de la violación material o de fondo." Ahora, en la resolución administrativa reclamada la autoridad responsable, resolvió improcedente la condonación de las multas que pretendía la parte quejosa, al considerar que, de conformidad con los artículos 74 y 75, fracción III del Código Fiscal de la Federación, así como en la fracción IX, de la regla 2.14.6 de la Resolución Miscelánea Fiscal 2022, las multas que deriven de actos u omisiones que impliquen la existencia de agravantes no son susceptibles de ser reducidas. A fin de evidenciar lo infundado del referido concepto de violación, es preciso analizar los preceptos en que se sustentó el acto reclamado, los cuales disponen: Código Fiscal de la Federación "Artículo 74. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá reducir hasta el 100% las multas por infracción a las disposiciones fiscales y aduaneras, inclusive las determinadas por el propio contribuyente, para lo cual el Servicio de Administración Tributaria establecerá, mediante reglas de carácter general, los requisitos y supuestos por los cuales procederá la reducción, así como la forma y plazos para el pago de la parte no reducida. La solicitud de reducción de multas en los términos de este artículo, no constituirá instancia y las resoluciones que dicte la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al respecto no podrán ser impugnadas por los medios de defensa que establece este Código. La solicitud dará lugar a la suspensión del procedimiento administrativo de ejecución, si así se pide y se garantiza el interés fiscal. Sólo procederá la reducción de multas que hayan quedado firmes, siempre que un acto administrativo conexo no sea materia de impugnación, o bien, de un procedimiento de resolución de controversias establecido en los tratados para evitar la doble tributación de los que México es parte." "Artículo 75. Dentro de los límites fijados por este Código, las autoridades fiscales al imponer multas por la comisión de las infracciones señaladas en las leyes fiscales, incluyendo las relacionadas con las contribuciones al comercio exterior, deberán fundar y motivar su resolución y tener en cuenta lo siguiente: [.] III. Se considera también agravante, la omisión en el entero de contribuciones que se hayan retenido o recaudado de los contribuyentes." Resolución miscelánea fiscal "2.14.6 Para los efectos del artículo 74 del CFF, no procederá la reducción de multas en cualquiera de los siguientes supuestos: [.] IX. Tratándose de multas que deriven de actos u omisiones que impliquen la existencia de agravantes en la comisión de infracciones en términos del artículo 75 del CFF." De las porciones normativas reproducidas, se observa que la autoridad hacendaria tiene la facultad de condonar hasta el cien por ciento de las multas que hayan sido impuestas por infracciones a disposiciones fiscales y aduaneras, e inclusive aquellas determinadas por el propio contribuyente; empero, el primero de los dispositivos transcritos delega la regulación de los requisitos y supuestos en que procederá tal remisión, así como los plazos y formas de pago de la parte no condonada, a la reglas de carácter general que emite el Servicio de Administración Tributaria. Por tanto, para conocer las particularidades del sistema de condonación fiscal se debe acudir a la miscelánea fiscal del año que corresponda, en este caso, la de dos mil veintidós. Luego, la novena fracción de la regla 2.14.6 de la Resolución Miscelánea Fiscal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno, establece que no procederá la condonación de multas, cuando éstas deriven de actos u omisiones que impliquen la existencia de agravantes en la comisión de infracciones en términos del artículo 75 del Código Fiscal de la Federación. Como se observa, tal precepto remite nuevamente al Código Fiscal de la Federación, específicamente a su precepto 75, el cual contempla en su fracción tercera, que se considera también agravante, la omisión en el entero de contribuciones que se hayan retenido o recaudado de los contribuyentes. De tales consideraciones, es evidente que, contrario a lo sustentado por la quejosa, el acto reclamado satisface los principios de fundamentación y motivación que regula el artículo 16 constitucional, pues la autoridad responsable indicó los preceptos en los que apoyó su determinación, así como las circunstancias que la motivaron a considerar que, en el caso, las multas que derivan de omisiones que implicaron la existencia de agravantes no son susceptibles de ser reducidas. Se afirma lo anterior, en virtud de que la autoridad responsable, tomó en cuenta la resolución determinante objeto de condonación en las que analizó la obligación omitida, la motivación por la que se impuso la multa, la infracción, la sanción, así como los ejercicios en que se cometieron las infracciones, para arribar a su conclusión. La anterior información consta en el oficio 500-44-00-04-02-2021-01163 de diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, en el cual la Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Oaxaca "1", fincó al contribuyente Empeños Útiles, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable, un crédito fiscal por la omisión de enterar las retenciones del impuesto sobre la renta por sueldos y salarios del periodo del uno de abril de dos mil veinte al treinta de septiembre de dos mi veinte. Con base en los datos expuestos, la responsable concluyó que conforme a la fracción IX de la regla 2.14.6 de la resolución de la miscelánea fiscal 2022, las multas que deriven de actos u omisiones que impliquen la existencia de gravámenes no son susceptibles de ser reducidas en términos del numeral 74 del Código Fiscal de la Federación. Respecto al concepto de violación precisado en el inciso c), tendente a evidenciar que la autoridad responsable contrario a lo que expone en la resolución controvertida, debió tomar los pagos realizados por la moral quejosa pese a que no se realizaron en los formatos de pago establecidos, para que el fisco no siguiera sufriendo agravio o daño alguno, de igual forma deviene infundado. Debemos recordar que por oficio 500-44-00-04-02-2021-01163 de diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, la Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Oaxaca "1", fincó al contribuyente Empeños Útiles, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable, un crédito fiscal por la omisión de enterar las retenciones del impuesto sobre la renta por sueldos y salarios del periodo del uno de abril de dos mil veinte al treinta de septiembre de dos mi veinte, por la cantidad de $2,254,387.14 (actualizado al diez de febrero de dos mil veintiuno). En dicha determinación existe un apartado de "condiciones de pago", en el que se detalla la forma de cubrir los montos señalados. No obstante ello, la moral quejosa optó por realizar diversos pagos vía declaración complementaria. En ese orden de ideas, es evidente que la forma en que deben realizarse los pagos a la autoridad hacendaria no es a capricho de los contribuyentes si existen formas oficiales establecidas para tal efecto. Apoya lo anterior en lo conducente, la tesis de jurisprudencia sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Octubre de 2004, página 2067, registro 180364, Novena Época, de rubro y texto siguiente: "DECLARACIONES, SOLICITUDES O AVISOS PRESENTADOS A NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE. SON VÁLIDOS SI PARA ELLO SE UTILIZARON LAS FORMAS AUTORIZADAS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, NO OBSTANTE QUE LAS MISMAS HAYAN SIDO FIRMADAS POR PERSONA DIVERSA A SU REPRESENTANTE LEGAL (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO). De la interpretación armónica de los artículos 6o., 18 y 31 del Código Fiscal de la Federación, en vigor hasta la citada fecha, se deduce que corresponde a los contribuyentes, salvo disposición expresa en contrario, determinar el monto de las contribuciones a su cargo y efectuar los pagos correspondientes, cuya validez sólo queda supeditada a que en las declaraciones, solicitudes o avisos correspondientes se hayan utilizado las formas aprobadas para tal efecto por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y haberse presentado ante las oficinas autorizadas igualmente para tal objeto por dicha secretaría, las cuales no estaban en aptitud de hacer observación ni objeción alguna, sino únicamente devolver copia sellada a quien la presentara, es decir, no podían rechazar la documentación, excepto cuando no se proporcionara el número de ejemplares, los datos e informes, o bien, no se adjuntaran los documentos que las formas así lo requirieran, concretamente, no se precisara el nombre, denominación o razón social del contribuyente, clave del registro federal, domicilio fiscal, faltaran los anexos y, finalmente, no estuviera debidamente firmada. De ahí que cuando las declaraciones hayan sido firmadas por diversa persona al representante legal del contribuyente, tal circunstancia no resta valor probatorio a la declaración complementaria y pagos presentados a nombre de aquél, si el precitado artículo 31 no lo exigía en la época de su presentación, ya que es partir de su reforma, que entró en vigor el primero de enero de mil novecientos noventa y nueve, cuando ya se exige la firma del contribuyente o de su representante legal debidamente acreditado en los referidos documentos." Máxime que el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación establece la obligación de las autoridades de devolver las cantidades pagadas indebidamente, bajo dos formas, de oficio o a petición del interesado; último caso en el que podrá requerir datos, informes, documentos, etc.; ello, obviamente, para verificar la procedencia de la devolución y contemplándose los términos para ello. Así, la contribuyente tiene la opción de solicitar un pago indebido y realizarlo correctamente bajo las formas establecidas en ley. Finalmente, la parte solicitante del amparo en su concepto de violación indicado en el inciso d), refiere que lo determinado por la autoridad hacendaria, la obliga a cubrir un crédito fiscal que ya fue pagado (doble tributación). Dicho concepto deviene inoperante. Se estima declararlo así, al resultar un argumento sustentado en una premisa falsa. Basta con imponerse de la resolución sometida a estudio Constitucional, en la cual en ninguna parte refiere que deba pagarse una doble tributación como lo refiere la parte quejosa. Simplemente la autoridad hacendaria le expone que los pagos realizados vía complementarían no son procedentes para efectuarlos al crédito fiscal 500-44-00-04-02-2021-01163 de diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, al no haberlos realizados mediante los formatos de pago establecidos; empero, ello no significa que requiera una doble tributación. Apoya lo anterior las tesis siguientes: "AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE SE SUSTENTAN EN PREMISAS FALSAS. Los agravios cuya construcción parte de premisas falsas son inoperantes, ya que a ningún fin práctico conduciría su análisis y calificación, pues al partir de una suposición que no resultó verdadera, su conclusión resulta ineficaz para obtener la revocación de la sentencia recurrida." "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE TIENEN COMO SUSTENTO UN POSTULADO NO VERÍDICO [APLICACIÓN ANALÓGICA DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 108/2012 (10a.)]. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia en cita, determinó que los agravios cuya construcción parte de premisas falsas son inoperantes, ya que a ningún fin práctico conduciría su estudio pues, al partir de una suposición no verdadera, su conclusión es ineficaz para obtener la revocación de la sentencia recurrida; principio que aplica a los conceptos de violación cuyo sustento es un postulado que resultó no verídico; de ahí que sea ocioso su análisis y, por ende, merecen el calificativo de inoperantes." DECISIÓN En consecuencia, al resultar infundados e inoperantes los conceptos de violación que hizo valer la parte quejosa, lo que procede es negar el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE ÚNICO. Se NIEGA el amparo y protección de la Justicia Federal a Empeños Útiles, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable, contra el acto, autoridades y motivos señalados en el apartado VII de este fallo. Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de mayo de dos mil veintidós. Del estado procesal de autos, se advierte que se encuentra transcurriendo el plazo de ocho días previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo para que las partes tengan conocimiento del informe justificado que se agregó en determinación emitida el pasado dieciséis de mayo. En consecuencia, la audiencia constitucional señalada para hoy se difiere para las doce horas con quince minutos del treinta y uno de mayo de dos mil veintidós. Notifíquese.
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