Emmanuel German Bracamontes Luis

Expediente 573/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de junio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
573/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
29/06/2017

Partes del expediente

  • Emmanuel German Bracamontes Luis

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de junio de dos mil diecisiete. Agréguese el oficio señalado en la cuenta al cuaderno de antecedentes en que se actúa y téngase al secretario de acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca acusando recibo de la demanda de amparo promovida por Emmanuel Germán Bracamontes Luis. Ahora, en cumplimiento a lo señalado en los puntos vigésimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, archívese el presente asunto como concluido. En razón que este expediente se considera un expediente auxiliar, acorde a lo dispuesto en el punto segundo, fracción XX, del aludido acuerdo, pues es un cuaderno de antecedentes, que contiene actuaciones procesales vinculadas a los procedimientos de que conoció este órgano jurisdiccional, y no se resolvió el asunto planteado por haberse declarado este juzgado incompetente para conocer de este. Se considera que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, pues no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. De igual forma, se indica que, conforme a la certificación de cuenta, en este expediente no existen documentos considerados originales en términos del punto segundo fracción XVIII, del mencionado acuerdo. Por tanto, transcurridos más de seis meses, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción de este cuaderno de antecedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el licenciado Leonel Medina Rubio, titular del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, asistido de la secretaria licenciada Ana Gabriel Toral Peralta que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Mesa IV-A * "...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de junio de dos mil diecisiete. Agréguese el oficio señalado en la cuenta; téngase al secretario del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca acusando recibo de la demanda de amparo promovida por *********, e informando que requirió al juez Séptimo de lo Civil del distrito judicial del Centro, para que proceda en términos del artículo 178 de la Ley de Amparo, para proveer en relación a la confirmación o revocación del auto dictado por este juzgado el pasado doce de junio. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    Mesa IV-B * "San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, doce de junio de dos mil diecisiete. Vista la demanda de amparo promovida por Emmanuel German Bracamontes Luis, contra actos del Juez Séptimo de lo Civil del distrito judicial del centro. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 573/2017 que le corresponde. Del texto integral de la demanda de amparo, se advierte la parte quejosa reclama la resolución dictada el veintiocho de abril del año en curso, en la tercería excluyente de dominio anexa al juicio ejecutivo mercantil número 408/2005, la cual resuelve el recurso de revocación interpuesto por el tercero interesado Heriberto Hedi Matadamas Vargas, contra el acuerdo de trece de enero de dos mil dieciséis que admite a trámite dicha tercería y, en su lugar, declara procedente dicho recurso, modifica el acuerdo recurrido y desecha la citada tercería. Ahora bien, los artículos 34, 47 y 170, de la Ley de Amparo vigente, en lo conducente señalan: "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia. En materia agraria y en los juicios en contra de tribunales federales de lo contencioso administrativo, es competente el tribunal colegiado de circuito que tenga jurisdicción en donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un circuito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el tribunal colegiado de circuito que primero hubiere recibido la demanda; en su defecto, aquél que dicte acuerdo sobre la misma". "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. El presidente del tribunal decidirá, sin trámite alguno, si acepta o no la competencia. En el primer caso, mandará tramitar el expediente y señalará al quejoso un plazo de cinco días para la presentación de las copias, notificará a la autoridad responsable para que en su caso, provea respecto a la suspensión del acto reclamado y le otorgará un plazo de diez días para que rinda el informe correspondiente. En el caso que decida no aceptar la competencia, remitirá los autos al juzgado o tribunal que estime competente, sin perjuicio de las cuestiones de competencia que pudieran suscitarse entre jueces de distrito o tribunales unitarios de circuito. Si la competencia del tribunal colegiado de circuito aparece del informe justificado de la autoridad responsable, el juez de distrito o tribunal unitario de circuito se declarará incompetente conforme a este artículo, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito que estime competente para el efecto previsto en el párrafo anterior y lo comunicará a la autoridad responsable para que ésta en su caso, continúe lo relativo a la suspensión del acto reclamado conforme a lo establecido en esta Ley". "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional; II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo". Luego, de la interpretación sistemática de los artículos 34 y 170, de la Ley de Amparo, se concluye que la procedencia del juicio de amparo directo se limita a la impugnación de algunos actos provenientes de tribunales judiciales (comprendiendo entre ellos a los tribunales ordinarios civiles), administrativos o del trabajo, y que son: a) Sentencias definitivas o laudos. b) Resoluciones que pongan fin al juicio sin resolverlo en el fondo. En el entendido que por sentencia definitiva se comprende aquella resolución lato sensu, que resuelve el fondo de la cuestión debatida, es decir, que se pronuncia acerca de la relación material que constituye la litis; en otras palabras, en ella debe existir pronunciamiento referente a las acciones y a las defensas y excepciones opuestas (en su caso) dentro del procedimiento; y contra las resoluciones que proceda recurso ordinario alguno (principio de definitividad). En tanto que las resoluciones que ponen fin al juicio son aquéllas que sin decidir el juicio en lo principal, lo dan por concluido y respecto de las cuales las leyes comunes no conceden ningún recurso ordinario por virtud del cual pueden ser modificadas o revocadas. En esa virtud, la resolución dictada el veintiocho de abril del año en curso, en la tercería excluyente de dominio anexa al juicio ejecutivo mercantil número 408/2005, la cual resuelve el recurso de revocación interpuesto por el tercero interesado Heriberto Hedi Matadamas Vargas, contra el acuerdo de trece de enero de dos mil dieciséis que admite a trámite dicha tercería y, en su lugar, declara procedente dicho recurso, modifica el acuerdo recurrido y desecha la misma, es de aquellas contempladas en el artículo 170, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, es decir, de las que si bien no deciden el problema planteado en la demanda, dan por terminado el juicio relativo, y respecto de la cual procede el recurso de apelación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1399 bis del Código de Comercio; empero, no corresponde a este órgano de control constitucional pronunciarse al respecto, ya que aun cuando la parte quejosa no agotara el medio de impugnación ordinario, es al órgano colegiado correspondiente a quien compete analizar en primero término la procedencia de la vía, luego la competencia y finalmente la procedencia del juicio, esto es, a que antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable, para cumplir con el principio de definitividad. Bajo esos presupuestos procesales del juicio de amparo directo, las demandas promovidas contra resoluciones que ponen fin al juicio, inclusive cuando no se hubiera agotado el medio ordinario de defensa previsto en el Código de Comercio, torna procedente la vía de tramitación directa ante el Tribunal Colegiado, quien cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo, incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Sirve invoca en apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la jurisprudencia P./J. 6/2015 (10a), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página noventa y cinco, tomo uno, abril de dos mil quince, , décima época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor". Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la jurisprudencia por contradicción de tesis 3a./J. 23/92, sustentada por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 20, volumen 59, Noviembre de 1992, Materia Civil, octava época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "AMPARO DIRECTO, PROCEDE EN CONTRA DE SENTENCIAS CIVILES QUE SIN DECIDIR EL JUICIO EN LO PRINCIPAL, LO DAN POR CONCLUIDO. AUNQUE EN ELLAS SE DEJEN A SALVO DERECHOS DEL ACTOR PARA EJERCITARLOS. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 46, último párrafo, de la Ley de Amparo, procede el amparo directo en contra de las resoluciones que sin decidir el fondo del juicio en lo principal lo dan por concluido y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún recurso o medio de defensa ordinario, por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas. De lo anterior se sigue que la sentencia definitiva de segunda instancia en la que se confirma la de primer grado que declara improcedente la vía ejercitada, dejando a salvo los derechos del actor en el juicio natural, para que los haga valer en la vía que legalmente corresponda, goza de tal naturaleza y por lo mismo es a través del amparo directo ante el Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda en que puede reclamarse, pues aun cuando no resuelvan el fondo de la cuestión principal ejercitada en el juicio, la sola circunstancia de que den por concluido o pongan fin al juicio, es suficiente para que proceda el amparo directo, de acuerdo con la interpretación de las reformas realizadas a los artículos 107, fracción V, de la Constitución General de la República y 44, 46 y 158 de la Ley de Amparo, publicadas en el Diario Oficial de la Federación de fecha cinco de enero de mil novecientos ochenta y ocho, vigentes el quince de enero de mil novecientos ochenta y ocho." En esas condiciones, este juzgado se declara legalmente incompetente para avocarse al conocimiento de la demanda de amparo; y, estima que el legalmente competente para conocer la misma, es el Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, con residencia en esta ciudad, conforme a lo dispuesto en los artículos 34 y 47 de la Ley de Amparo; a quien deberá remitirse la demanda de mérito y copias que acompaña, para que en caso de considerarlo procedente, se avoque al conocimiento de ésta, solicitándole el acuse de recibo correspondiente. Fórmese cuaderno de antecedentes. Sin que este juzgado esté facultado a realizar requerimiento de ninguna naturaleza a la promovente, en virtud que al declararse legalmente incompetente para conocer de la demanda intentada, acorde a lo previsto en el artículo 47 de la Ley de Amparo, que dispone que cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declarará carecer de competencia y de inmediato remitirá la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. Téngase a la quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica y como autorizados para tales efectos a las personas que designa. Protección de datos. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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