Emmanuel Ortiz Ortiz y Otros.

Expediente 750/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
750/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
10/08/2022

Partes del expediente

  • Emmanuel Ortiz Ortiz y Otros.
  • Junta Especial número dos bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado

Actuaciones

  1. Principal

    PRAL 750/2022 MESA 7 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de agosto de dos mil veintidós. 1. Causa ejecutoria la sentencia. Vistos los autos y la certificación que antecede, se advierte que ha fenecido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión contra la sentencia dictada el veintidós de julio del año en curso, en la que se sobreseyó en el juicio de amparo, sin que lo hubiere hecho. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria la referida sentencia. 2. Precisión. Resulta jurídicamente innecesario hacer pronunciamiento respecto al plazo de la I) autoridad responsable y II) agente del Ministerio Público adscrita al Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca; ello, dado el sentido de la sentencia dictada en este juicio de amparo, pues ningún agravio les genera, en términos del artículo 87 de la Ley de Amparo. Se invoca como apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Nación, Quinta Época, tomo CXXX, página 676, de rubro: "REVISIÓN INTERPUESTA POR LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE, EN CASOS DE SOBRESEIMIENTO". 3. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la sentencia ejecutoriada estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 3.1. Instrucción Secretaría y Actuaría. Por otra parte, se instruye a la secretaria (o) y actuario (a), que se atiendan los lineamientos precisados en la circular DGGJ/STG/17/2020, de quince de octubre de dos mil veinte, para que la versión publica de la sentencia sea consultable por internet. 4. Archivo del expediente. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado contrario sensu), 21, inciso a) y 24, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, archívese este expediente como definitivamente concluido. 5. Destino. Transcurrido el plazo de tres años, a partir de la fecha en que se dicta este proveído, procédase a su destrucción, conforme a los artículos 21 y 24 del referido acuerdo. 6. Archivo reciente. Conforme al artículo 21, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, dentro de los treinta días siguientes será destruible, remitiendo el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste la leyenda de que el mismo es destruible. 7. Instrucción (certificación). Se instruye al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente para que verifique que, previo al archivo del mismo, haga la revisión y verifique que, como se precisó en el auto inicial, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso se haya incorporada (o) cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad; hecho lo cual, realice la certificación correspondiente. Lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35, último párrafo, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte. 8. Anotaciones. Realícense las anotaciones respectivas en la carátula del expediente y en los libros de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese. Así lo proveyó Guadalupe Mishell Zavaleta Reyes, secretaria del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, encargada del despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, como lo acordó la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de once de julio de dos mil veintidós, comunicado por la secretaria Técnica de la Comisión Permanente mediante oficio número CCJ/ST/2918/2022, de la misma fecha, y firma ante Sandra Guzmán Rueda, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  2. Principal

    pral.750/2022 mesa 7 AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siendo las nueve horas con diecisiete minutos del veintidós de julio de dos mil veintidós, *** Vistos, para resolver el juicio de amparo 750/2022; y R E S U L T A N D O S: Primero. Demanda de amparo. Mediante demanda de amparo depositada el veinticuatro de junio del año en curso, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio, y turnada a este órgano jurisdiccional el veintisiete de junio siguiente, 1)*** por propio derecho, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal contra la autoridad responsable y el acto reclamado que se precisarán en el considerando segundo de esta sentencia. Dicha parte quejosa narró los antecedentes del acto reclamado e invocó como derechos fundamentales vulnerados los contenidos en los artículos 1 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; además, expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. Segundo. Trámite de la demanda de amparo. En auto de veintiocho de junio de dos mil veintidós se registró la demanda de amparo en el libro de gobierno impreso y electrónico con el número 750/2022 y se admitió a trámite; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se dio la intervención que legalmente le corresponde a la agente del Ministerio Publico de la Federación adscrita y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, misma que se llevó a cabo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O S: Primero. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 49, 50 y 61, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, conforme a lo dispuesto en el artículo quinto transitorio del Decreto por el que se expide la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y se reforman diversos ordenamientos, publicado en el mencionado medio de difusión oficial el siete de junio de dos mil veintiuno; en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y el Acuerdo General 3/2021, que adiciona el primero (3/2013), publicado en el aludido medio de difusión oficial, el veintidós de abril de este año, por tratarse de un asunto de naturaleza laboral y la omisión se reclama de una autoridad con residencia en la ciudad de Oaxaca, lugar en el que ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito en materia mixta. Segundo. Precisión del acto reclamado. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, y 76, de la Ley de Amparo, se establece que el acto reclamado por la parte quejosa y por el cual se realizará el análisis relativo es el siguiente: La omisión de señalar nueva fecha y hora para llevar a cabo la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas en el juicio laboral 552/2020 (2) Bis. Misma que se atribuye a la Junta Especial número Dos Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en la ciudad de Oaxaca. Es aplicable la tesis del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Tercero. Existencia del acto reclamado. Al rendir su informe justificado, el presidente de la Junta Especial número Dos Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en la ciudad de Oaxaca, aceptó en parte la existencia del acto reclamado. En tanto que de las manifestaciones vertidas por dicha autoridad, se concluye que, a la fecha de la presentación de la demanda de amparo (24-junio-2022), no se había señalado fecha y hora para llevar a cabo la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas en el juicio laboral 552/2020 (2) Bis; sin embargo, en auto de doce de julio de dos mil veintidós, dictado en el referido expediente, se señalaron las doce horas del diecisiete de agosto de este año para que tenga verificativo dicha audiencia; acuerdo que se notificó a las partes el doce y trece de julio de este año, respectivamente. Por lo anterior, dicha aceptación parcial se desvirtúa y se tiene por cierto el acto reclamado. Cuarto. Causal de sobreseimiento. Previo al estudio de fondo del asunto, se analizará si, en la especie, se actualiza alguna causa de improcedencia del juicio de amparo, ya sea porque las partes las hagan valer o se realice de oficio, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo que, textualmente, establece: "ART. 61.- El juicio de amparo es improcedente: - - - [.] XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. [.]". A manera de referencia, cabe destacar que los efectos de un acto reclamado no cesan, sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o, también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso al cesar su actuación, lo que, debe entenderse, implica no sólo la detención definitiva de la autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla, no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá. Efectivamente, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que actúe en el sentido de respetar el derecho humano de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que ese derecho exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, es patente que de la interpretación relacionada con lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI, y 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando, ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. En este juicio se actualiza dicha hipótesis de improcedencia porque la parte quejosa, como ya se precisó, reclama la omisión de señalar nueva fecha y hora para llevar a cabo la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas en el juicio laboral 552/2020 (2) Bis, misma que atribuyó a la Junta Especial número Dos Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en la ciudad de Oaxaca. En tanto que de las documentales exhibidas por el presidente de la referida Junta responsable, con valor probatorio pleno en su calidad de documental pública, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que en auto de doce de julio de dos mil veintidós, dictado en el expediente 552/2020 (2) Bis: Señaló las doce horas del diecisiete de agosto de dos mil veintidós para que tenga verificativo la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas. Notificó ese acuerdo a las partes los dias doce y trece de julio de este año, respectivamente. De lo anterior se establece que han cesado los efectos del acto reclamado en este juicio de amparo; por lo que se determina que se extinguieron las violaciones a los derechos fundamentales que pudieron haberse cometido con el mismo. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en este juicio. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia número 2ª /J 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página treinta y ocho, tomo IX, junio de 1999, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en términos del transitorio sexto de la Ley de Amparo, con el rubro siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Quinto. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, la publicación de la referida resolución se realizará en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Por lo expuesto y fundado legalmente, con apoyo, además, en los artículos 1°, fracción I, 73, 74 y 75, de la Ley de Amparo; se: R E S U E L V E: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por 1) ****, contra la omisión de señalar nueva fecha y hora para llevar a cabo la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas en el juicio laboral 552/2020 (2) Bis, misma que atribuyó a la Junta Especial número Dos Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en la ciudad de Oaxaca; por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta sentencia. Segundo. En su oportunidad, dése cumplimiento al considerando último de este fallo, en los términos ahí precisados. Notifíquese.

  3. Principal

    PRAL 750/2022 MESA 7 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de julio de dos mil veintidós. 1. Informe justificado. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese el oficio número 2550/2022, suscrito por el presidente de la Junta Especial número Dos Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en la ciudad de Oaxaca, recibido vía correo electrónico mediante el que rinde informe justificado, con el mismo, dése vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia respectiva. 2. Prueba. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba documental de la autoridad oficiante, la que acompaña a su informe de cuenta, misma que se desahoga en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarla en la audiencia respectiva. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Sandra Guzmán Rueda, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  4. Principal

    PRAL.750/2022 MESA 7 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de junio de dos mil veintidós. Demanda de amparo y registro. Vista la demanda de amparo depositada el veinticuatro de junio de este año en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio, y turnada a este órgano jurisdiccional el veintisiete de junio siguiente, promovida por 1) *** por propio derecho, una omisión de Junta Especial Número Dos Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca; fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso en el libro de gobierno con el registro 750/2022. Integración del expediente. Se instruye a los (as) secretarios (as) y actuarios (as) para que, tan pronto como se normalicen de forma presencial las actividades jurisdiccionales, o se hagan presentes en el órgano jurisdiccional dentro de los días y horario establecido, y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, se deberá incorporar a éste la totalidad de las constancias que falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al (la) fedatario (a) correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. Asimismo, se instruye al (a la) secretario (a) de Juzgado adscrito (a), que lleva el trámite de este expediente, para que, en su oportunidad, haga la revisión en el sistema integral de seguimiento de expedientes (sise) y verifique que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan y, una vez concluido el asunto, realice la certificación correspondiente; lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo. 3. Admisión de la demanda. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal; 1º, fracción I, 35, 37, 108, 110, 112, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo. 4. Incidente de suspensión. Sin que haya lugar a formar incidente de suspensión, dado que la parte quejosa no lo solicita de manera expresa y tampoco se actualiza alguno de los supuestos previstos en el artículo 127 de la Ley de Amparo, que establece su tramitación de oficio. 5. Petición de informe justificado. Solicítese informe justificado a las autoridades responsables, que deberán rendir dentro del plazo de quince días siguientes al en que reciban la notificación correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 115, 116 y 117, párrafo primero, de la Ley de Amparo. Además, conforme a lo dispuesto en el cuarto párrafo del invocado numeral 117, de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables para que al rendir el informe justificado acompañen a) copia certificada de las constancias que sean necesarias para apoyarlo y b) que las copias sean íntegras y legibles. 5.1. Apercibimiento. Con los propios fundamentos legales invocados, apercíbase a las responsables que, de no cumplir con lo anterior, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario; además, de no rendirlo o no hacerlo en el término señalado (quince días) o lo hagan sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la resolución del juicio constitucional, o de no comunicar el cambio de situación jurídica de la parte quejosa, o de alguna causal notoria de sobreseimiento que se produzca, con fundamento en los artículos 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se les impondrá multa equivalente al importe de cien días valores diarios de la unidad de medida y actualización, en el entendido de que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha de este auto. 5.2.1. Medios habilitados para remitir comunicaciones. 5.2.2 Correo electrónico institucional. Con fundamento en los artículos 17 de la Constitución Federal; 3 y 28, fracción III, de la Ley de Amparo, así como 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, tomando en consideración el alto riesgo de infección y propagación que, en el marco de la pandemia ocasionada por el virus COVID-19, representa no sólo para el personal de este órgano jurisdiccional, sino también para las partes, el llevar a cabo las notificaciones y entrega de oficios de manera impresa en papel, se requiere a la(s) autoridad(es) para que a) rinda(n) informe(s), b) reciba(n) toda clase de notificaciones y c) acuse(n) recibo preferentemente mediante oficio con firma electrónica digitalizada, a través del correo electrónico institucional del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca: 10jdo13cto@correo.cjf.gob.mx 5.2.3. Oficialía de partes común. Asimismo, se hace de su conocimiento que de existir imposibilidad para remitir vía electrónica algún oficio o constancias relativas, podrá(n) presentarlas físicamente ante la Oficialía de Partes Común (OPC), que se habilitó en el edificio sede. 5.3. Datos reservados. Con fundamento en los artículos 1, 9, 16, 17, 97, 99, 107, 110, 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las autoridades responsables que, para el caso de exhibir documentación o información que tenga el carácter de reservada o confidencial, lo indiquen con la leyenda respectiva, como parte de las medidas necesarias que le corresponde tomar para asegurar su conservación, para lo cual expresará las razones que lo justifiquen y el plazo de reserva; en tal caso, deberán emitir la versión pública de las constancias que tomaron en cuenta para emitir los actos reclamados. Además, se hace del conocimiento de la parte quejosa que, para el caso de que exhiba alguna prueba documental, deberá indicar expresamente si contiene información confidencial o que deba tener un tratamiento especial, argumentando los motivos y fundamentos en los que se sustente su dicho, así como exhibirlas en sobre cerrado, a fin de proveer lo procedente. 5.4. Informe de diverso juicio de amparo. Se solicita a la responsable que comunique si la parte quejosa promovió diverso juicio de amparo en relación con el acto reclamado, sus antecedentes o asuntos relacionados, o derivados de la carpeta de investigación o expediente de origen; en su caso, precisen el Juzgado que conoce o conoció del mismo, y el número de expediente. 5.5 Causa de improcedencia. Con fundamento en el numeral 64, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se requiere a las partes para que comuniquen cuando cesen o hayan cesado los efectos del acto reclamado o se actualice alguna causa notoria de sobreseimiento. 6. Audiencia constitucional. Se señalan las nueve horas con diecisiete minutos del veintidós de julio de dos mil veintidós, para la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 115 de la Ley de Amparo. 7. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la parte quejosa la 1) instrumental de actuaciones y 2) presuncional legal y humana; mismas que se tienen por admitidas; no obstante, al no tener vida propia, llegado el momento procesal oportuno, se tomarán en consideración la totalidad de las actuaciones de este juicio y se deducirá las presunciones que en su favor se aprecien; como así lo ilustra la tesis de rubro siguiente: "PRUEBAS INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES Y PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. NO TIENEN VIDA PROPIA LAS.". 8. Se reserva emplazamiento de tercero (s) interesado (s). Se reserva pronunciarse sobre el emplazamiento de a quién (es) le (s) resulte el carácter de tercero (s) interesado (s), hasta en tanto obre el informe justificado de las autoridades responsables o transcurra el plazo concedido para tal efecto. 9. Vista a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. Con fundamento en el artículo 5º, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde con copia de la demanda de amparo. 10. Notificación al (la) agente del Ministerio Público de la Federación adscrito (a), autoridades responsables, autoridades que tengan el carácter de terceros interesados y diversas autoridades. Con fundamento en el artículo 28, fracción III, de la Ley de Amparo, se ordena que las notificaciones que deban practicarse a a) la agente del Ministerio Público Federal adscrita a este órgano jurisdiccional, b) autoridad (es) responsable (s), c) autoridades que tengan el carácter de terceros interesados y d) autoridades que, sin tener este último carácter, deban tener intervención en este juicio de amparo, se realicen preferentemente vía correo electrónico, para lo cual, el (la) actuario (a) adscrito (a) a este Juzgado deberá cerciorarse de las direcciones de correo electrónico de los destinatarios, para posteriormente elaborar la razón en la que conste nombre y cargo de la persona que reciba las comunicaciones oficiales que se envíen. En ese sentido, se faculta al (la) actuario (a) adscrito (a) a este Juzgado para que consulte los concentrados de correos electrónicos institucionales de las dependencias federales y de las entidades federativas, publicados en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para efectos de la práctica de notificaciones en términos de los artículos 28 y 30 de la Ley de Amparo. O, en su caso, para que verifique en el portal de servicios en línea si la autoridad responsable tiene celebrado convenio de interconexión, pues, de ser así, podrá realizar la notificación por ese medio. Asimismo, se hace del conocimiento de las autoridades de los tres niveles, federal, estatal o municipal, que deseen incorporarse a dicho directorio, o que quieran actualizar el correo electrónico en el que deban ser notificadas, podrán realizar la solicitud de incorporación o modificación al siguiente correo electrónico: casesoresp@correo.cjf.gob.mx. Se faculta al (a la) actuario (a) judicial adscrito (a) para que, en caso de que no sea posible notificar a dichas partes procesales vía correo electrónico, fax, interconexión o algún otro medio tecnológico, practique la notificación correspondiente, en su domicilio oficial (si se tratan de autoridades locales), con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen esa diligencia y de las personas justiciables, conforme a lo establecido en el artículo 23, fracción I, del acuerdo general 21/2020; así como vía mensajería ordinaria o acelerada (si se tratan de autoridades foráneas). 11. Precisión en la denominación de la(s) autoridad(es) responsable(s). Con apoyo en lo dispuesto por el numeral 108, fracción III, de la Ley de Amparo (que establece entre las obligaciones de la parte peticionaria de amparo, la de señalar con precisión a la(s) autoridad(es) responsable(s), tema sobre el que no opera la suplencia de la queja como se advierte en el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo), se apercibe a la parte quejosa que si la(s) autoridad(es) responsable(s) no existe(n) con la denominación que indica en su demanda, previo requerimiento respectivo, se le(s) tendrá por inexistente(s), suspendiéndose toda comunicación con la(s) misma(s) y, en su oportunidad, se resolverá conforme a tal situación, salvo prueba en contrario o señalamiento corregido. 12. Exhortación para continuar el trámite del juicio en línea mediante el uso de Firel o e.firma (antes Fiel). Con fundamento en los artículos 22 y 29 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal (reformado y adicionado por el diverso 9/2022), se exhorta a la parte quejosa para que continúe con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su firma electrónica avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL) u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal; lo que podrá llevar a cabo en cualquier momento. 13. Precisión sobre Acuerdo General aplicable. Hágase del conocimiento de las partes procesales que, respecto a las cuestiones relativas a la a) atención al público, b) funcionamiento de buzones judiciales y oficialías de partes, c) publicación de lista de acuerdos, d) tramitación de asuntos promovidos físicamente y e) desahogo de actuaciones presenciales, entre otras cuestiones, deberán estarse a lo indicado en el referido acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, reformado en su periodo de vigencia por su similar 9/2022. 14. Domicilio y autorizados. a) Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su demanda de amparo. b) Se tiene por autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Artemio Hernández Hernández (cédula profesional 8825169, registro 154731), por encontrarse registrada su cédula profesional en el registro único de profesionales del derecho, ante los órganos jurisdiccionales, mediante el acceso informático ciber.cjf.gob.mx/regprof, que la faculta para ejercer legalmente la profesión de licenciado en derecho. c) Con fundamento en el precepto 24 de la Ley de Amparo, se autoriza únicamente para recibir notificaciones a las diversas personas que se nombran en el escrito de demanda, por así solicitarlo expresamente la parte quejosa. 15. Representante común de la parte quejosa. Con fundamento en el numeral 13 de la Ley de Amparo, téngase a *** como representante común de la parte quejosa; sin perjuicio de que, en lo posterior, la parte quejosa lo substituya por diverso promovente. 16. Comunicación no procesal. En términos del artículo 22, fracción II, del acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, se tiene a la parte quejosa proporcionando los números telefónicos y el correo electrónico que cita como medios que, de ser necesario, podrán emplearse para establecer comunicación no procesal y atender a la pronta administración de justicia, con el único propósito de poder brindar atención mediante estas herramientas tecnológica; en el entendido que, sólo de estimarse necesario, este órgano conservará los registros de las comunicaciones y las certificará para incorporarlas al expediente respectivo. Lo anterior, hágase del conocimiento del (la) actuario (a) adscrito a este Juzgado, para los efectos legales a que haya lugar. 17. Publicación de datos personales. En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II, apartado A, de la Constitución Federal; 113, fracción I, 116 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de las partes que los documentos y resoluciones que se encuentren en este expediente, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite y conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en dicha ley; que puede manifestar expresamente su consentimiento para permitir o no permitir el acceso a información confidencial que en su caso exista, salvo excepción prevista en el numeral 120 de la ley invocada; pero tratándose de esta resolución, se elaborará la versión pública a que se refiere la legislación respectiva, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 18. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Debido a la situación de contingencia sanitaria que atraviesa el país por el virus covid-19, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en este juicio de amparo. 19. Autorización para firmar comunicaciones oficiales. Se faculta al (la) secretario (a) de guardia o al (la) actuario (a) adscrito (a) a este Juzgado para que firme los oficios y copias autorizadas necesarias para la debida notificación de las determinaciones que se emitan en este expediente. 20. Anotaciones. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese.

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