Emperatriz Calixto Muñoz

Expediente 442/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 9 actuaciones registradas, la última del 27 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
442/2019
Año
2019
Actuaciones
9
Última actuación
27/08/2019

Partes del expediente

  • Emperatriz Calixto Muñoz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    PRAL.442/2019-6A*San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de agosto de dos mil diecinueve. Vista la razón de veintiséis de este mes y año, de la que se advierte la imposibilidad de la actuaria adscrita a este Juzgado para realizar la notificación personal del auto de veintitrés del actual (fojas 83 a 85), en el que causó ejecutoria la sentencia dictada en este juicio; en consecuencia, al no constar en autos el domicilio para oír y recibir notificaciones, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, realícese la notificación de que se trata, así como las subsecuentes, por lista de acuerdos que se fije en los estrados de este Juzgado, conforme a lo previsto en el artículo 29 de la citada ley; y hasta en tanto la parte quejosa señale nuevo domicilio. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Ponciano Velasco Velasco, juez Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante el licenciado Juan Gabriel Monterrubio Bohórquez, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    PRAL.442/209-6A*San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de agosto de dos mil diecinueve. 1. Causa ejecutoria sentencia. Vistos los autos y advirtiéndose de la certificación que antecede, que ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de revisión contra la sentencia dictada el quince de julio de este año, engrosada el veintiséis siguiente (fojas 60 a 72), en la que se sobreseyó en el juicio de amparo promovido por el quejoso Emperatriz Calixto Muñoz; sin que las partes lo hubieren hecho en ese plazo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria la referida sentencia; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales procedentes. 2. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con fundamento en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, la publicación de la referida sentencia se realizará en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 3. Archivo del expediente. Ahora bien, como se advierte de la certificación que antecede, no existe asunto pendiente por diligenciar; por tanto, con fundamento en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo primero, fracción I, y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese este expediente como definitivamente concluido. 4. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último del Acuerdo General citado. 5. Destino. Transcurridos más de cinco años, a partir de la fecha en que se dicta este proveído, procédase a su destrucción, conforme el artículo vigésimo primero, fracción I, del referido acuerdo. 6. Archivo reciente. Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno impreso y electrónico. 7. Devolución de documentos. Por otro lado, como la parte quejosa anexó a su demanda de amparo, los acuses de recibo de los escritos de dos y veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, así como el oficio SSP/PE/CDP/DP/0710/2019, de nueve de mayo de esta anualidad (fojas 11 a 12, 14 a 15 y 19); se ordena su devolución (previa identificación y razón de entrega que se dejen en este expediente), los cuales quedarán a su disposición por el plazo de noventa días, contado a partir de aquél en que surta efectos la notificación de este proveído, en el entendido que podrá comparecer en días y horas hábiles (lunes a viernes, de 9:00 am a 15:00 pm); apercibida que de no hacerlo en dicho plazo, sin ulterior acuerdo, serán destruidos junto con este expediente. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Ponciano Velasco Velasco, juez Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante Juan Gabriel Monterrubio Bohórquez, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    NOTIFICACION A LA PARTE QUEJOSA. PRAL.442/209-6A*San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de agosto de dos mil diecinueve. 1. Causa ejecutoria sentencia. Vistos los autos y advirtiéndose de la certificación que antecede, que ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de revisión contra la sentencia dictada el quince de julio de este año, engrosada el veintiséis siguiente (fojas 60 a 72), en la que se sobreseyó en el juicio de amparo promovido por el quejoso Emperatriz Calixto Muñoz; sin que las partes lo hubieren hecho en ese plazo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria la referida sentencia; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales procedentes. 2. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con fundamento en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, la publicación de la referida sentencia se realizará en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 3. Archivo del expediente. Ahora bien, como se advierte de la certificación que antecede, no existe asunto pendiente por diligenciar; por tanto, con fundamento en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo primero, fracción I, y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese este expediente como definitivamente concluido. 4. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último del Acuerdo General citado. 5. Destino. Transcurridos más de cinco años, a partir de la fecha en que se dicta este proveído, procédase a su destrucción, conforme el artículo vigésimo primero, fracción I, del referido acuerdo. 6. Archivo reciente. Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno impreso y electrónico. 7. Devolución de documentos. Por otro lado, como la parte quejosa anexó a su demanda de amparo, los acuses de recibo de los escritos de dos y veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, así como el oficio SSP/PE/CDP/DP/0710/2019, de nueve de mayo de esta anualidad (fojas 11 a 12, 14 a 15 y 19); se ordena su devolución (previa identificación y razón de entrega que se dejen en este expediente), los cuales quedarán a su disposición por el plazo de noventa días, contado a partir de aquél en que surta efectos la notificación de este proveído, en el entendido que podrá comparecer en días y horas hábiles (lunes a viernes, de 9:00 am a 15:00 pm); apercibida que de no hacerlo en dicho plazo, sin ulterior acuerdo, serán destruidos junto con este expediente. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Ponciano Velasco Velasco, juez Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante Juan Gabriel Monterrubio Bohórquez, secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    PRAL.442/2019-6A*San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, seis de agosto de dos mil diecinueve. Vista la razón de cinco de este mes y año, de la que se advierte la imposibilidad de la actuaria adscrita a este Juzgado para realizar la notificación personal de la sentencia dictada el quince de julio de esta anualidad, engrosada el veintiséis siguiente (fojas 60 a 72), en la que se sobreseyó en el juicio; en consecuencia, con fundamento en el artículo 29 de la Ley de Amparo, realícese la notificación de que se trata, por lista de acuerdos que se fije en los estrados de este Juzgado. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Julissa Nohemí Pérez Salinas, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe. NOTIFICACION A LA PARTE QUEJOSA: SE INSERTA SENTENCIA DE QUINCE DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE, FIRMADA Y AUTORIZADA EL VEINTISÉIS DEL MISMO MES Y AÑO. VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 442/2019; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el diecisiete de mayo del año en curso (fojas 3 a 9), en la oficina de correspondencia común a los juzgados de distrito con residencia en esta población y turnada a este órgano jurisdiccional en esa misma fecha, la quejosa Emperatriz Calixto Muñoz, por propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra un acto del Departamento adscrito a la Coordinación de Desarrollo de Personal de la Policía Estatal en Oaxaca, con residencia en Oaxaca de Juárez, que se precisará en el considerando segundo de esta sentencia. SEGUNDO. Trámite de la demanda. En proveído de veinte de mayo del año en curso (fojas 21 a 26), se admitió la demanda de amparo, misma que registró con el número 442/2019; asimismo, se dio al agente del Ministerio Público de la Federación la intervención que legalmente corresponde (foja 24); se solicitó el informe justificado a la autoridad señalada como responsable y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional; una vez integrado el expediente, se llevó a cabo la audiencia, en los términos del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, es legalmente competente para conocer, tramitar y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo previsto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción V, de la Constitución Federal; 6º, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción V, 108, 110, 112, 113, 115, 117 y demás relativos aplicables de la Ley de Amparo; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el artículo sexto transitorio del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el acuerdo 3/2013, en sus numerales SEGUNDO, fracción XIII, números 1, 2 y 3, así como el CUARTO, fracción XIII, segundo párrafo, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, por tratarse de un asunto de naturaleza administrativa; además, la autoridad responsable tiene su residencia dentro de la demarcación territorial en la que este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación clara y exacta del acto reclamado por la parte quejosa, mismo que se hace consistir en el auto de nueve de mayo de dos mil diecinueve, en el que la autoridad responsable, negó a la quejosa Emperatriz Calixto Muñoz, la entrega de constancia de haberes mensuales, constancia de antigüedad, copia certificada de contrato de enganche y hoja de servicios, todos a nombre de Amando García Pacheco, porque determinó la responsable contiene datos personales y la aquí quejosa, no tiene la calidad de representante legal. En ese contexto, el acto que reclama la parte quejosa, se traduce en una negativa de hacerle entrega de diversos documentos y no es una violación directa al derecho de petición contenido en el artículo 8° constitucional, ya que este último caso, sólo se actualiza cuando existe omisión de la autoridad de responder la solicitud; lo que en el caso no aconteció, pues de algún modo dio respuesta a su solicitud. Es aplicable la Tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2014, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro 181810, cuyo rubro y texto son: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." TERCERO. Certeza del acto reclamado. La existencia del acto que la parte quejosa atribuyó a la jefa del Departamento adscrito a la Coordinación de Desarrollo de Personal de la Policía Estatal, con residencia en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, quedó acreditado con el informe justificado que rindió al respecto (fojas 31 a 33); además, con las propias constancias que adjuntó al oficio SSP/PE/CDP/DP/879/2019 (fojas 47 a 56). Documentales con valor probatorio, en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su numeral 2°. Es aplicable la Jurisprudencia 226, publicada en el Tomo VI, página 153, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyo rubro y texto son: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". CUARTO. Estudio de las causas de improcedencia. Previo al análisis de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, es necesario abordar el estudio de las causas de improcedencia hechas valer por las partes, o bien, que este tribunal llegara a advertir de manera oficiosa, ya que, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, deben estudiarse de oficio y en forma preferente. En el caso, respecto al acto reclamado por la quejosa, se estima actualizada la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, al no haber agotado el principio de definitividad, que rige al juicio de amparo en materia administrativa. A fin de dar claridad a esta determinación, conviene destacar los principales antecedentes del caso, que se advierten de las copias certificadas enviadas por la autoridad responsable y las que exhibió la parte quejosa, siendo las siguientes: 1) Escrito de la quejosa Emperatriz Calixto Muñoz, presentado el dos de abril de dos mil diecinueve, ante la Coordinación de Desarrollo de personal de la Policía Estatal, con residencia en Oaxaca de Juárez, por el que solicitó diversos documentos (fojas 11 y 12, 47 y 48). 2) Oficio SSP/PE/CDP/DP/0590/2019, de ocho de abril de dos mil diecinueve, signado por la jefa del Departamento adscrito a la Coordinación de Desarrollo de Personal de la Policía Estatal, con residencia en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, por medio del cual requirió a Emperatriz Calixto Muñoz, para que en el plazo de cinco días hábiles, acreditara con documento idóneo la personalidad con la que promovía (foja 50). 3) Escrito de la quejosa, presentado el veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, ante la jefa del Departamento adscrito a la Coordinación de Desarrollo de Personal de la Policía Estatal de Oaxaca, en el que solicitó la entrega de la constancia de haberes mensuales, constancia de antigüedad, copia certificada de contrato de enganche y hoja de servicios, todos a nombre de Amando García Pacheco; además, anexó copia certificada de su identificación, así como copia simple del acta de defunción a nombre de Amando García Pacheco y de su identificación oficial (fojas 51 a 53, 55 y 56). 4) Oficio SSP/PE/CDP/DP/0710/2019, de nueve de mayo de dos mil diecinueve, signado por la jefa del Departamento adscrito a la Coordinación de Desarrollo de Personal de la Policía Estatal de Oaxaca, en la que hizo saber a Emperatriz Calixto Muñoz, que los documentos que solicitaba contenían datos personales, los que hacían que una persona física pueda ser identificada o identificable, por lo que conforme a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Oaxaca, únicamente su titular o su representante legal, podían solicitar el acceso, rectificación, cancelación u oposición de datos y toda vez que los documentos que anexaba no se advertía que tuviera la calidad de representante legal de Amando García Pacheco, no era posible proveer favorablemente su petición. Lo cual fundamentó en lo dispuesto por los artículos 3, fracciones VII y XXXIII, 5, 31, 36, 37 y demás aplicables de la Ley de Protección de Datos personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Oaxaca, 1, 46, último párrafo, 47, fracción XXXVIII y último párrafo de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Oaxaca, así como 19, fracciones I a X y XIII, del Reglamento interno de la Secretaría de Seguridad Pública (foja 54). Hechas estas precisiones, como quedó puntualizado, se actualiza la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, toda vez que no se agotó el principio de definitividad. En efecto, el referido artículo prevé lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;" (Énfasis añadido). Del mencionado numeral se puede advertir que el juicio de amparo es improcedente, contra actos emitidos por autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, contra los cuales proceda algún recurso o medio de defensa legal por medio del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre y cuando conforme a las mismas leyes de oficio o con la sola interposición del recurso se suspendan los efectos del acto. En ese sentido, el principio de definitividad, que rige al juicio de amparo en materia administrativa, encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, la parte quejosa, previo a su promoción, debe acudir a las instancias ordinarias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación. En el caso, mediante escrito presentado por la quejosa Emperatriz Calixto Muñoz, el veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, ante la jefa del Departamento adscrito a la Coordinación de Desarrollo de Personal de la Policía Estatal de Oaxaca, solicitó la entrega de la constancia de haberes mensuales, constancia de antigüedad, copia certificada de contrato de enganche y hoja de servicios, todos a nombre de Amando García Pacheco; además, anexó copia certificada de su identificación, así como copia simple del acta de defunción a nombre de Amando García Pacheco y de su identificación oficial (fojas 51 a 53, 55 y 56). Al respecto, la autoridad responsable, jefa del Departamento adscrito a la Coordinación de Desarrollo de Personal de la Policía Estatal de Oaxaca, mediante oficio SSP/PE/CDP/DP/0710/2019, de nueve de mayo de dos mil diecinueve, hizo saber a la ahora quejosa Emperatriz Calixto Muñoz, que los documentos que solicitaba contenían datos personales, los que hacían que una persona física pueda ser identificada o identificable, por lo que conforme a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Oaxaca, únicamente su titular o su representante legal, podían solicitar el acceso, rectificación, cancelación u oposición de datos y toda vez que los documentos que anexaba no se advertía que tuviera la calidad de representante legal de Amando García Pacheco, no era posible proveer favorablemente su petición. Lo cual fundamentó en lo dispuesto por los artículos 3, fracciones VII y XXXIII, 5, 31, 36, 37 y demás aplicables de la Ley de Protección de Datos personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Oaxaca, 1, 46, último párrafo, 47, fracción XXXVIII y último párrafo, de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Oaxaca, así como 19, fracciones I a X y XIII, del Reglamento interno de la Secretaría de Seguridad Pública (foja 54). Ahora, a fin de establecer cuáles son los datos personales de una persona que se encuentran protegidos, es dable transcribir lo previsto en el artículo 6, fracción VII, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca, que dispone: "Artículo 6. Además de las definiciones contenidas en el artículo 3 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para efectos de esta Ley, se entenderá por: (.) VII. Datos Personales: Toda información numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, acústica o de cualquier otro tipo concerniente a una persona física, identificada o identificable, entre otra, la relativa a su origen étnico o racial, o que esté referida a las características físicas, morales o emocionales, a su vida afectiva y familiar, domicilio, número telefónico, patrimonio, ideología y opiniones políticas, creencias o convicciones religiosas, o filosóficas, los estados de salud físicos o mentales y las preferencias sexuales." En relación a la ley que rige la materia del acto reclamado, los artículos 1°, 82, 85, 89 a 91, de la Ley de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados del Estado de Oaxaca, disponen: "Artículo 1.- La presente Ley es de orden público y de observancia general, reglamentaria de los artículos 6 y 16, párrafo segundo de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como del artículo 3° y 116 apartado C de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, en materia de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados. Tiene por objeto garantizar y la privacidad y autodeterminación informativa de toda persona, mediante el establecimiento de bases, principios, obligaciones y procedimientos para asegurar el derecho a la protección de los datos personales que se encuentren en posesión de sujetos obligados en el ámbito estatal y municipal. El Instituto ejercerá las atribuciones y facultades que le otorga esta Ley, independientemente de las otorgadas en las demás disposiciones aplicables. Todas las disposiciones de la presente Ley, según corresponda, y en el ámbito de su competencia, son de aplicación y observancia directa para los sujetos obligados. Son sujetos obligados por esta Ley, en el ámbito estatal y municipal, cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos." (.) "Artículo 77.- El Instituto es un organismo público autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propios, con autonomía en sus funciones e independencia en sus decisiones y tiene como funciones, promover la transparencia, garantizar el acceso a la información pública de libre acceso y proteger los datos personales en posesión de los sujetos obligados." (.) "Artículo 82.- El titular o su representante podrán interponer un recurso de revisión ante el Instituto o ante la Unidad de Transparencia, según corresponda, a través de los siguientes medios: I. Por escrito libre en el domicilio del Instituto o la Unidad de Transparencia según corresponda, o en las oficinas habilitadas que al efecto establezcan; II. Por correo certificado con acuse de recibo; III. Por los formatos habilitados que para tal efecto emita el Instituto; IV. Por los medios electrónicos que para tal fin se autoricen; o V. Cualquier otro medio que al efecto establezca el Instituto o el Instituto Nacional. Se presumirá que el titular acepta que las notificaciones le sean efectuadas por el mismo conducto que presentó su escrito, salvo que acredite haber señalado uno distinto para recibir notificaciones." (.) "Artículo 85.- La interposición de un recurso de revisión de datos personales concernientes a personas fallecidas, podrá realizarla la persona que acredite tener un interés jurídico o legítimo. "Artículo 89.- En la sustanciación de los recursos de revisión, las partes podrán ofrecer las siguientes pruebas: I. La documental pública; II. La documental privada; III. La inspección; IV. La pericial; V. La testimonial; VI. La confesional, excepto tratándose de autoridades; VII. Las imágenes fotográficas, páginas electrónicas, escritos y demás elementos aportados por la ciencia y tecnología; y VIII. La presunción legal y humana. El Instituto podrá allegarse de los medios de prueba que considere necesarios, sin más limitaciones que las establecidas en la ley." "Artículo 91.- El recurso de revisión procederá en los siguientes supuestos: I. Se clasifiquen como confidenciales los datos personales sin que se cumplan las características señaladas en las leyes que resulten aplicables; II. Se declare la inexistencia de los datos personales; III. Se declare la incompetencia por el responsable; IV. Se entreguen datos personales incompletos; V. Se entreguen datos personales que no correspondan con lo solicitado; VI. Se niegue el acceso, rectificación, cancelación u oposición de datos personales; VII. No se dé respuesta a una solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO dentro de los plazos establecidos en la presente Ley y demás disposiciones que resulten aplicables en la materia; VIII. Se entregue o ponga a disposición datos personales en una modalidad o formato distinto al solicitado, o en un formato incomprensible; IX. El titular se inconforme con los costos de reproducción, envío o tiempos de entrega de los datos personales; X. Se obstaculice el ejercicio de los derechos ARCO, a pesar de que fue notificada la procedencia de los mismos; XI. No se dé trámite a una solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO; y XII. En los demás casos que dispongan las leyes. Los artículos transcritos, entre otras cuestiones, revelan que la autoridad es sujeto obligado para garantizar la protección de datos personales que se encuentren en su posesión; que el titular o su representante, podrán interponer recurso de revisión ante el Instituto o ante la Unidad de Transparencia; que contra la negativa a permitir la consulta directa de la información de una persona fallecida; y la falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación o motivación en la respuesta, puede ser combatida por la persona que acredite tener un interés jurídico o legítimo, a través del recurso de revisión, al ser un instrumento idóneo y efectivo de protección al derecho de acceso a la información; y que el referido recurso se interpondrá ante el Instituto o ante la Unidad de Transparencia. En el caso específico, al tratarse de un acto en el que la autoridad responsable consideró que los documentos que solicitaba contenían datos personales, la parte quejosa, estaba jurídicamente obligada a agotar el recurso de revisión ante el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca, conforme a las citadas normas, a través del cual, al analizar el caso, la autoridad ordinaria podría determinar si confirma, revoca o modifica esa resolución, conforme a lo señalado en el artículo 98 de la Ley de Protección de datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Oaxaca; incluso, contra esta última, podrá impugnarla ante el Poder Judicial de la Federación, mediante el juicio de amparo pero, indubitablemente, después de promover el recurso respectivo. Tiene aplicación la Jurisprudencia I.6o.C. J/37, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 902, Tomo XV, Mayo 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Registro 187016, cuyo contenido dice: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Asimismo, es ilustrativa, la Tesis Aislada 2a. XVIII/2016 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1373, Libro 30, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Mayo de 2016, Tomo II, Décima Época, Registro 2011609, cuyo rubro y texto son: "DECLARACIÓN DE INEXISTENCIA DE INFORMACIÓN. LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL PREVÉ UN RECURSO EFECTIVO PARA COMBATIRLA. De la interpretación conforme y sistemática de los artículos 37, fracciones I y II, 42 a 46, 49, 56 y demás relativos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se advierte que si un sujeto obligado declara la inexistencia de la información solicitada por un particular, dicha declaratoria puede ser combatida a través del recurso establecido en el artículo 49 de la citada ley, de cuyo análisis es posible concluir que constituye un instrumento idóneo y efectivo de protección al derecho de acceso a la información. En este sentido, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales debe valorar la litis planteada (integrada por las manifestaciones del recurrente, la resolución de la autoridad, las pruebas aportadas y los alegatos de las partes) para determinar en cada caso concreto si la resolución de inexistencia de información es válida." En ese contexto, si la parte quejosa tiene a su alcance el medio ordinario de defensa mencionado para combatir el acto de molestia aquí reclamado, es inconcuso que previo a la promoción del juicio de amparo, debió agotar el principio de definitividad prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Máxime que no se encuentra en ninguno de los casos de excepción establecidas en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, a saber: a) Cuando el acto reclamado carece de fundamentación; b) cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o; c) cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Lo anterior es así, porque la contestación dada por la responsable, quedó fundamentada en lo dispuesto por los artículos 3, fracciones VII y XXXIII, 5, 31, 36, 37 y demás aplicables de la Ley de Protección de Datos personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Oaxaca, 1, 46, último párrafo, 47, fracción XXXVIII y último párrafo, de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Oaxaca, así como 19, fracciones I a X y XIII, del Reglamento interno de la Secretaría de Seguridad Pública (foja 54). Asimismo, el acto reclamado, consistente en la negativa de hacerle entrega de diversos documentos, no es una violación directa al derecho de petición contenido en el artículo 8° constitucional, ya que ello sólo se actualiza cuando existe omisión de la autoridad de responder la solicitud; lo que en el caso no aconteció, pues de algún modo dio respuesta a su solicitud; tampoco se transgrede directamente el artículo 17 constitucional que señala en su demanda, porque la respuesta dada, fue emitida de forma rápida y le fue notificada personalmente a través de su autorizada (fojas 54). Finalmente, el recurso o medio de defensa, no se encuentra previsto en un reglamento; por el contrario, está establecido en la Ley de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados del Estado de Oaxaca, que contiene el recurso idóneo y efectivo para recurrir el acto que se reclama. En ese sentido, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en este juicio de amparo, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la referida ley. Por otro lado, es importante mencionar que el sobreseimiento impide emprender el análisis de las cuestiones de fondo planteadas; atento a la tesis 509, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 335, Tomo VI, Parte SCJN, Apéndice de 1995, Registro 394465, del texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." QUINTO. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con fundamento en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional al resolver el asunto, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Por lo expuesto, con fundamento en los artículos 1º, fracción I, 73, 74, 75 y 124 de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por la quejosa Emperatriz Calixto Muñoz, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. Publíquese esta resolución en términos de lo establecido en el considerando quinto de esta sentencia. Notifíquese personalmente; anótese en el registro y en la estadística; hágase la captura respectiva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) de este órgano jurisdiccional; remítase copia certificada de esta resolución a la autoridad responsable y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido. Así lo resolvió y firma Beatriz Bernardita Martínez Martínez, secretaria del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, encargada del despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, como lo acordó la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de nueve de julio de dos mil diecinueve, comunicado por el secretario técnico de dicha Comisión mediante oficio CCJ/ST/3555/2019, ante el licenciado Juan Gabriel Monterrubio Bohórquez, secretario que autoriza y da fe, hasta el veintiséis de julio de dos mil diecinueve, en que lo permitieron las labores de este juzgado.

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